Puerto Madryn fue sede del cierre de la IV Mesa Federal de Organización y Administración de Juicio por Jurados, un encuentro de significación nacional que reunió a magistrados y funcionarios judiciales de diversas provincias.
Durante dos jornadas de talleres y actividades académicas, se compartieron conclusiones orientadas a fortalecer el sistema de juzgamiento popular en el país.
El evento contó con la participación de ministros de las cortes provinciales de Chubut, Neuquén, Mendoza y Santa Fe, además de representantes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cambio de paradigma y gestión judicial
La realización de la Mesa Federal coincidió con un aniversario significativo para el sistema procesal de la provincia anfitriona. Valeria Vázquez, directora de la Oficina Judicial de Puerto Madryn, resaltó el impacto de las trasformaciones en la administración de justicia:
«Este año era un año muy importante para nosotros como sede, porque se cumplen 20 años de un proceso de gestión que cambió el paradigma del procedimiento penal, a partir de la división de las tareas jurisdiccionales y administrativas», expresó Vázquez.
La funcionaria destacó que el lema del encuentro combinó la experiencia en administración con los desafíos de la implementación del juicio por jurados:
«El lema que se eligió en este trabajo de interacción entre jurisdicción y gestión era una combinación de resaltar toda esa experiencia que, como provincia, tenemos quienes estamos en la administración y en la gestión, puesta a disposición de la implementación del juicio por jurados en estos años que lo llevamos adelante», afirmó.
El modelo de provincias y el valor democrático
Por su parte, Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, enfatizó el liderazgo regional en la materia y el valor de la participación ciudadana en el sistema penal.
«Las provincias están a la vanguardia. Chubut es un ejemplo. Estamos festejando 20 años de la implementación del acusatorio, incluso de la creación de las oficinas judiciales y esto tiene mucho que ver con los juicios por jurados populares, que es el modelo que impone la Constitución, no solo para lo penal, sino para todos los fueros», sostuvo Erbetta.
Respecto a los ejes del encuentro, el magistrado indicó que se analizaron dos temáticas centrales: la calidad en la litigación y la gestión judicial.
«Sin una gestión de calidad no hay posibilidad de que funcione adecuadamente el jurado popular, y sin una buena litigación no existe un puente entre lo que sería el derecho y la ciudadanía, la visión ciudadana», detalló el ministro santafesino.
Asimismo, ponderó el impacto del jurado en la percepción pública:
«Esta dimensión democrática obviamente le da una gran legitimidad al Poder Judicial y permite achicar esa brecha tan enorme que existe entre el descontento social y el funcionamiento de la administración de justicia», concluyó Erbetta.
Una visión institucional de la soberanía popular
En esa misma línea, José Virgilio Valerio, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, analizó la fundamentación constitucional de este tipo de procesos y remarcó su alcance institucional:
«Hace varias décadas que vengo insistiendo ya que soy un partidario del juicio por jurados, en que no es un tema procesal, es un tema institucional», expresó el magistrado mendocino.
Para fundamentar su postura, Valerio remitió al articulado de la Carta Magna nacional:
«El artículo 22 habla de que el pueblo no delibera ni gobierna, pero no dice que no juzga. No delibera, que es legislativo; ni gobierna, que es ejecutivo. Y no dice que no juzga, porque está previsto el juzgamiento por el propio pueblo: soberanía popular con el juicio por jurados», concluyó.