Una contundente advertencia institucional sacude los cimientos del Poder Judicial en la Patagonia. Los Colegios Públicos de Abogados de Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew y Puerto Madryn enviaron una dura misiva al presidente de la Legislatura provincial, Gustavo Menna, para frenar la reforma del Código Procesal Civil y Comercial promovida por el Superior Tribunal de Justicia.
Los profesionales del derecho señalaron que la propuesta empeorará drásticamente el servicio de justicia, desprotegerá a la ciudadanía y provocará un colapso operativo absoluto en menos de cuatro años si se aprueba sin un debate participativo.
Colapso operativo, falta de presupuesto y atropello a las garantías
Los letrados enfatizaron que la imposición de un proceso oral no soportaría más de 200 juicios anuales por jurisdicción, cifra que actualmente se supera ampliamente en toda la provincia. Además, cuestionaron la falta de estudios estadísticos u oficiales que justifiquen derogar el código vigente. La iniciativa exige la creación masiva de juzgados, la contratación de nuevos jueces y personal administrativo, junto con la edificación de infraestructura en un plazo de implementación de apenas seis meses, lo que resulta inviable frente a las sucesivas leyes de emergencia económica. Los profesionales sostienen que la demora en los procesos actuales se resolvería nombrando apenas cuatro o cinco jueces de refuerzo y fiscalizando el uso de licencias magistrales.
El texto también denuncia que la redacción —elaborada por solo tres jueces de alzada sin convocar a universidades ni asociaciones civiles— otorga facultades disciplinarias desmedidas a los magistrados sobre los abogados, restringe la doble instancia recursiva e ignora herramientas tecnológicas modernas como la inteligencia artificial. Asimismo, el proyecto sobre-regula los procesos colectivos creando un «Fondo de Procesos Colectivos» financiado con una sobretasa del 2% y redirigiendo fondos de condenas lejos de las víctimas damnificadas.
Fallas técnicas graves: jurados populares decidiendo sobre leyes
Uno de los puntos más alarmantes remarcado por los Colegios es el artículo 103, que pretende incorporar jurados populares legos para juzgar la constitucionalidad o convencionalidad de las leyes, así como la responsabilidad civil o disciplinaria de funcionarios públicos. Esta atribución, reservada por la Constitución a especialistas del derecho, representa un descuido técnico insostenible que genera una peligrosa inseguridad jurídica.
Los abogados lamentaron que el Estado garantice un proceso adversarial puro cuando se juzga la libertad en materia penal, pero niegue esa misma protección cuando los ciudadanos litigan por su patrimonio, familia o derechos laborales. Ante este escenario, la colegiación exigió suspender el tratamiento acelerado y abrir un debate plural que contemple a todos los actores del sistema judicial para no condicionar los próximos cuarenta años de la institución.