El escenario político volvió a encenderse tras un duro enfrentamiento virtual entre la diputada nacional de La Libertad Avanza, Patricia Vásquez, y la exdirectora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta.
El conflicto reflotó una polémica solicitud de acceso a la información pública formulada durante el aislamiento por pandemia en 2020, en relación con la entrega de documentos de identidad y el cobro de beneficios sociales en zonas fronterizas del norte argentino.
Polémica entrega de DNI en las fronteras y cruce en redes
El cruce dialéctico comenzó cuando la legisladora oficialista recordó las sospechas planteadas años atrás respecto al accionar del organismo en provincias limítrofes. Vásquez fundamentó su reclamo señalando: «Yo le pedí información pública a Fernanda Raverta en 2020, en plena pandemia, para saber por qué entregaba DNI en las fronteras de Formosa, Salta y Jujuy. Quería conocer cuántos documentos se habían entregado, a cuántos extranjeros, cuántos habían ingresado al país, quiénes tenían domicilio en la Argentina y quiénes no, porque la mayoría no lo tiene».
La respuesta de Raverta no tardó en llegar a través de la red social X, donde desestimó los cuestionamientos acusando a la diputada de ignorar los procesos del Estado: «Sra., no diga pavadas. ANSES nunca fue el organismo encargado de tramitar DNI, ni ahora ni durante la pandemia. Cuando uno no conoce cómo funciona el Estado, tiene dos opciones: informarse o hacer el ridículo. Usted eligió la segunda».
La prueba documental y la intimación oficial del Estado
Ante la descalificación de la exfuncionaria, la diputada libertaria redobló la apuesta y difundió la documentación que respaldaba sus dichos. «Mirá, @FerRaverta, parece que tenés mala memoria. Acá tenés la prueba. Ni hablo pavadas ni miento. Saludos», replicó Vásquez, adjuntando cuatro imágenes del dictamen dictado por la Agencia de Acceso a la Información Pública.
El documento exhibido corresponde a una resolución con fecha del 21 de agosto de 2020, en la cual el órgano garante dio lugar al reclamo presentado contra la ANSES por incumplimiento de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. La resolución concluyó de forma categórica que la contestación brindada originalmente por la ANSES bajo la gestión de Raverta había sido insuficiente e incompleta, ordenando al organismo estatal intimar a entregar la información requerida en un plazo máximo de diez días hábiles.