La recientemente reelegida al frente de la Federación Chubutense de Cooperativas, Valeria Lewis, analizó el impacto que tendrá la nueva legislación nacional —enmarcada en las modificaciones al régimen de zona fría y el mercado eléctrico— sobre las distribuidoras de la provincia que arrastran millonarias deudas con Cammesa.
El aspecto central que genera expectativas en el sector cooperativo es la inclusión de un mecanismo de reconocimiento por congelamientos tarifarios impuestos por distintos niveles del Estado en el pasado.
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Alivio financiero: La norma abre la puerta para que las distribuidoras puedan sanear parte de una deuda acumulada durante años por tarifas pisadas, intereses, embargos y juicios.
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La letra chica: El beneficio no será automático y exigirá una reglamentación rigurosa por parte de la Secretaría de Energía. Además, como condición previa para acceder al desendeudamiento, Cammesa exige firmar los acuerdos y desistir de los litigios judiciales vigentes contra el Estado y la compañía mayorista.
El desafío del mercado privado: comprar el 75% de la energía
A la par del alivio contable, la reforma impone un cambio estructural en la forma de abastecimiento. A partir de agosto del año próximo, las cooperativas deberán salir al mercado privado a adquirir hasta el 75% de la energía que consumen sus usuarios (Cammesa conservará solo el 25% restante).
Saneada la situación financiera, las entidades tendrían una mejor posición negociadora para conseguir proveedores con precios competitivos. Como contrapartida, Lewis advirtió sobre el riesgo de una posible concentración de la oferta por parte de actores privados y destacó el rol que comenzarán a jugar las comercializadoras de energía —como la Empresa Provincial de Energía de Chubut (EPECH)—, que operarán como intermediarias para conseguir mejores alternativas de abastecimiento.
Facturas y costos que no desaparecen
Pese a la apertura del mercado eléctrico, la titular de la Federación advirtió que la tarifa final seguirá sintiendo el peso de otros componentes clave que no están subsidiados:
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El transporte mayorista, cuyos costos se incrementaron fuertemente en los últimos años.
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La potencia y el costo del alumbrado público, cuyos subsidios fueron eliminados al inicio de la actual gestión nacional.
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Los costos locales de distribución y la rentabilidad de las inversiones, dejando abierta la discusión sobre si la competencia se traducirá efectivamente en una baja en las boletas para los usuarios residenciales.