Tag

protestas

Browsing

Manifestantes arrojaban piedras contra el Parlamento y la policía de la Ciudad arribó al lugar para mantener la seguridad.

Escenas de tensión se vivieron en las inmediaciones del Congreso en el marco de una protesta contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que terminó con incidentes y enfrentamientos con la Policía.

Poco después de que iniciara el debate en el recinto de la Cámara de Diputados, cerca de las 15, manifestantes que se habían concentrado en las inmediaciones del Parlamento comenzaron a arrojar piedras y bombas molotov contra la fachada, lo que provocó rotura de ventanas. También incendiaron neumáticos.

Ante la llegada de personal de la Policía de la Ciudad con escudos, la protesta se alejó del edificio hacia la zona de la Plaza del Congreso. Sin embargo, un grupo de manifestantes continúo arrojando piedras contra el personal policial. La tensión se mantuvo casi hasta las 17.

La protesta había comenzado antes del mediodía con organizaciones sociales y políticas de Izquierda que rechazan el acuerdo con el FMI. Entre los asistentes estuvieron el Polo Obrero y el MST, que se despegaron de los incidentes y acusaron a grupos aislados.

Dentro del Congreso, mientras tenían lugar los incidentes, los diputados continuaron con la discusión del proyecto, que fue consensuado entre los bloques mayoritarios.

Según se supo de fuentes policiales, «el Congreso no estaba vallado por decisión del Gobierno Nacional».

La Policía monitoreaba la situación desde la Sala de Operaciones cuando comenzaron a arrojar piedras y prender fuego gomas, por lo que se decidió montar un operativo.

Fuentes de la Policía de la Ciudad señalaron que «se pudo individualizar a los agresores y se avanzó restableciendo el orden de manera gradual».

Además, confirmaron que «se produjeron detenciones», aunque sin precisar la cantidad.

El presidente del país, Kasim-Yomart Tokáev, decretó el estado de emergencia en todo el territorio nacional para hacer frente a los disturbios.

Fuertes protestas sacuden a Kazajistán por cuarto día consecutivo y ya han desembocado en la toma de aeropuertos, incendios en la antigua sede presidencial y otras edificaciones.

Asimismo, se han registrado saqueos masivos y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y algunos manifestantes. Las manifestaciones empezaron el 2 de enero tras la drástica subida de precios del gas licuado del petróleo, pero pronto adquirieron matices políticos, lo que ha conllevado a la dimisión de los miembros del Gobierno y el apartamiento definitivo del poder del expresidente Nursultán Nazarbáyev.

Pese a las concesiones de las autoridades, las protestas se recrudecieron y el mandatario actual del país, Kasim-Yomart Tokáev, decretó el estado de emergencia en todo el territorio nacional.

Hoy se convoca a una movilización provincial en Rawson donde van a participar también comodorenses.

La comunidad de Comodoro Rivadavia volvió a marchar nuevamente en pedido de la derogación de la ley XVII Nº 149 que permite la explotación megaminera en la meseta chubutense; de igual manera en varias ciudades anunciaron estado de movilización permanente y convocaron a realizar una actividad todos los días hasta obtener respuestas favorables a sus reclamos.lunes 20 de diciembre de 2021

Se cumple el quinto día de protestas  contra la ley de zonificación minera

Ayer se cumplió el quinto día consecutivo de protestas donde las asambleas, movilizaciones, concentraciones y vigilias se realizaron en varias ciudades provinciales, tanto de la cordillera, el valle, la costa y la meseta, la mayoría de manera pacifica y en un ambiente familiar. Al cierre de esta edición los manifestantes decidieron en asamblea en la plaza de la Escuela 83 convocarse nuevamente hoy a las 19 en la misma plaza.

Por otra parte, un sector del Partido Justicialista convoca a afiliados y agrupaciones a movilizarse a las 19 afuera del Consejo de Localidad ubicado en calle Sarmiento para manifestar su rechazo a la ley y el repudio a sus compañeros diputados que apoyaron la iniciativa en la Legislatura.

Marcha a Rawson

Para hoy se espera una movilización multitudinaria a Rawson, que recibirá delegaciones de varias ciudades. De Comodoro Rivadavia hasta el momento se confirmó que saldrá una trafic del gremio ATECH y asistirían otras personas en vehículos particulares.

El epicentro de las protestas está en la capital provincial donde la noche del miércoles un reducido grupo de manifestantes incendiaron y causaron daños a varios edificios y vehículos gubernamentales.

Tanto en Rawson como en Trelew la policía reprimió las protestas con gases y balas de goma, dejando varios heridos y detenidos. Por los hechos de Trelew fueron desplazaron tres jefes policiales, ya que se consideró que hicieron abuso de la fuerza contra una manifestación pacífica.

Otras declaraciones de apoyo

Fueron muchas las organizaciones, agrupaciones e instituciones que se pronunciaron contra la minería en los últimos días, entre ellos la Universidad Nacional de la Patagonia y los institutos del CONICET, la Iglesia Católica, varios sindicatos y comercios particulares.

Además el Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut pidió “el cese inmediato de la represión y la toma de conciencia respecto al impacto en nuestra subjetividad y tejido social que tienen estas vulneraciones de derechos humanos”. Asimismo exigieron: “Políticas públicas que fortalezcan proyectos productivos existentes, que protejan la biodiversidad y el ambiente, y garanticen derechos”.

Policías, trabajadores de Salud y auxiliares de Educación se manifestaron este miércoles en Casa de Gobierno, reclamando por recomposiciones salariales y rechazando el aumento en cuotas del 30%.

Este miércoles, diferentes sectores de trabajadores del Estado provincial se manifestaron y confluyeron en Casa de Gobierno, en Rawson.

Se trató de los trabajadores de la Salud (SiSaP), auxiliares de la Educación y Policías del Chubut, que reclamaron por recomposición salarial y en rechazo al aumento del 30% en cuotas que pretende el Ejecutivo.

En el caso de Salud, hubo una marcha que partió desde el Ministerio y se anticiparon nuevas asambleas para resolver medidas de fuerza para las próximas semanas. Esta semana el SiSaP realiza un paro de 120 horas. “No solo no tenemos respuestas sino que también tenemos un ataque mediático de un Ministro”, repasó Noelia Domenech.

En el caso de los auxiliares de la Educación, se encuentran en estado de asamblea y movilización desde el martes. La manifestación comenzó en el Ministerio, desde donde luego se trasladaron a la sede gubernamental.

Por último, los policías se trasladaron desde Puerto Madryn y Trelew, y encabezaron una manifestación frente a la Jefatura de Policía y Legislatura, para luego llegar a Casa de Gobierno. En este caso, representantes fueron recibidos por el Ministro de Seguridad.

En este caso, uno de los representantes repasó que “hablamos con el Ministro, porque muchas reuniones y nunca fuimos llamados para un aumento salarial”. Transmitió que “se van a juntar para un incremento y hay buena predisposición, por lo que comentó”.

En este contexto, advirtió que “el Policía hoy salió a la calle pero se viene el acuartelamiento. Se lo advertimos al ministro y al jefe, el malestar que hay en la policía, y se comprometieron a empezar tocar el tema”.

El Consejo de Bienestar Policial pidió tener una reunión de «carácter de urgente» con el Gobierno Provincial para tratar los puntos fijados en plenario, entre ellos, retroactivos , clausula gatillo y antigüedad.

En ese marco, el ministro de Gobierno, José María Grazzini, confirmó una reunión para el próximo miércoles en Casa de Gobierno en Rawson.

Claudio López, referente del Consejo de Bienestar Policial por los activos, manifestó en Red 43 que se acercaron a Casa de Gobierno para pedir una reunión con el gobierno, que finalmente fue comprometida para la próxima semana y donde se tratarán «los retroactivos 2019, el incremento salarial y el 2 por ciento de antigüedad».

Posteriormente explicó que en su momento habían solicitado un 35 por ciento en su momento «pero ahora quedamos muy abajo».

Por otra parte, el referente reconoció que en la charla diaria con los trabajadores de la fuerza «se nota que no se llega a fin de mes», y por ello, pidió que las demandas sean escuchadas porque «la canasta básica nos está comiendo».

Julio César Moreira, retirado de policía, reconoció sumamente necesario que el gobierno de respuesta en materia económica porque «Hoy sabemos que el policía esta abajo del sueldo de la pobreza. No estamos bien económicamente, el policía en actividad y el retirado», cerró.

Fuente: El Patagónico

El Sindicato de la Salud Pública, que conduce Carlos Sepúlveda, declaró un nuevo paro para este miércoles y jueves en los hospitales, ante la falta de respuesta del gobierno de Mariano Arcioni a los reclamos de las deudas salariales y el pedido de una recomposición salarial. Los trabajadores reclaman el cumplimiento de compromisos asumidos en la paritaria del 2019, que todavía no se efectivizaron.

La semana pasada, la conducción del Sisap se presentó a la apertura de la paritaria convencional con representantes el gobierno, pero no concurrieron los demás gremios. Desde la conducción de Carlos Sepúlveda advirtieron que no se presentaron a la mesa ATE, Atsa, Upcn y Soyeap. «No solo peleamos contra la patronal estatal, sino que dirigentes de esos gremios nos están discriminando y es una clara manifestación antisindical y funcional», denunciaron desde el Sisap.

Fuente: El Chubut

El consejo directivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) volverá a realizar una jornada de movilizaciones ante la falta de respuestas del Gobierno provincial. Así quedó decidido por las regionales y la Junta Ejecutiva del gremio, luego de analizar el estado de situación y lo expresado por los mandatos escolares.

La medida de fuerza se desarrollará el jueves con asambleas de media jornada y en reclamo de la devolución de los descuentos realizados por retención de servicios o dispensa. También demandan recomposición salarial, aumento de partidas escolares, infraestructura y que se garantice el transporte escolar en toda la provincia. Además, habrá movilizaciones, caravanas e iniciativas para visibilizar la situación de las escuelas.

Paro por 48 horas

El gremio docente también advirtió que, si el Gobierno provincial sigue sin brindar una respuesta a sus reclamos e insiste en pagar el bono, se avanzará con un paro de 48 horas que se desarrollará del 17 al 20 de agosto, con actividades unificadas en la provincia.

“Seguimos insistiendo que luego de 19 meses sin recomposición salarial, el Gobierno provincial debe entender la importancia de priorizar la educación que viene castigando hace años, y donde pretende que los trabajadores paguemos este ajuste salvaje sin ningún tipo de respuesta concreta a las necesidades que atravesamos”, sostiene el comunicado de ATECh.

“Chubut es la única provincia que no ha discutido la recomposición salarial en todo el país. Llamamos a la reflexión al gobierno en este sentido, a comprender la importancia de cumplir con sus obligaciones de pago en tiempo y forma, y de realizar propuestas que tengan que ver con la actualización de nuestro salario y que también beneficie a los jubilados de nuestra provincia”, subraya el documento.

“Reclamemos juntos, construyendo y fortaleciendo la unidad en la defensa de nuestros derechos y de la Educación Pública”, afirma el gremio docente.

Fuente: Canal12Web

Palabras del expresidente César Gaviria ante la bancada liberal esta semana. Fue así que decidí hacer esta bancada porque los hechos en relación con el paro siguen demandando la necesidad de opinar de manera permanente para señalar caminos al Gobierno y a la sociedad, para ejercer el papel que nos corresponde en este complejo problema, y porque tenemos que estar preparados todo el tiempo para explicar los principios que guían nuestro comportamiento en esta difícil coyuntura.

Quiero comenzar por expresar lo que ellos constituyen para contribuir a enfrentar una crisis que tal vez no sea la más grande ni la más grave, pero sí más amenazante que muchas del pasado, porque tenemos enormes incertidumbres que pueden empeorar por razones de índole internacional y por las condiciones sociales y económicas del país. Y además porque el país acepta nuestras críticas, pero en todo caso espera que nos comportemos con patriotismo y no contribuyamos a sacrificar la estabilidad política, la gobernabilidad ni nuestra democracia, que tenemos que contribuir a preservar.

En mi condición de director del Partido Liberal, quiero ser enfático en rechazar todas las formas de violencia y abuso. Son inaceptables los abusos de la Fuerza Pública y es inaceptable abusar del derecho a la protesta para realizar bloqueos. Sobre los vándalos y violentos debe caer todo el peso de la ley.

El arzobispo de Cali nos ha dejado hoy valiosas recomendaciones de cómo debemos contribuir a desbloquear a Cali, no por la vía armada, sino usando métodos de diálogo y de reconocer que quienes protestan tienen derechos consagrados en nuestra Constitución, además de las consideraciones humanitarias. Pero para salir de esta crisis es necesario ir más allá. Hay que acometer acciones para resolver problemas de fondo para los que la gente del paro y muchos otros demandan solución.

Tampoco sirve si ellas se leen como algo para defender a los más pudientes de nuestra sociedad, quienes tienen derechos y también deben ser amparados, pero que por la inacción del Estado se sienten hoy desprotegidos.

Ellos deben ser conscientes de que acudir a defenderse por la vía de las armas generará consecuencias devastadoras. Ese riesgo es mucho más grave en Cali y ya está ocurriendo.

Manejo económico

Sigo con dudas sobre la sabiduría de la decisión de responder con otra reforma tributaria que ya respaldaron varios partidos y el Banco de la República. No me atravesaré insistiendo en nuestros puntos de vista. Votaremos la propuesta del Gobierno, a condición de que se limite a lo estrictamente necesario, porque a eso me comprometí y porque lo creo necesario, pero no vamos a participar en el diseño de la nueva reforma ni tomamos responsabilidad sobre las consecuencias. Ese es mi compromiso con el nuevo ministro de Hacienda, con quien hemos logrado acuerdos en pocos días. Con el anterior no logré ninguna comunicación e hizo hasta lo imposible para evitar cualquiera. Aún no entiendo su actitud.

Mantenemos la idea, sin embargo, de que propusimos el camino correcto. Siempre pensamos que el proyecto de reforma tributaria era inconveniente en esta coyuntura porque teníamos la certeza de que la tensión social que ha generado la pandemia y la indignación con varias de las políticas oficiales había incubado un malestar que la propuesta de impuestos a las clases medias iba a convertir en movilizaciones que desafortunadamente algunos querían empañar con violencia.

Tuve la ocasión de hablar con el expresidente Uribe a propósito de la reforma tributaria. Charlamos telefónicamente algo así como 14 horas y sin duda fue de lejos la persona que más trabajó en convencernos de la necesidad de que los liberales apoyáramos los cambios contenidos en la propuesta gubernamental. Que diferencia porque antes no logramos siquiera que el Ministerio de Hacienda tuviera la cortesía de enviarnos el texto que sometió a la consideración del Congreso.

Me satisface que el expresidente Uribe le haya solicitado al Presidente en varias oportunidades que retirara el proyecto por el gigantesco rechazo que él recibió, pero el ministro Carrasquilla se opuso. El terrible paro que estamos viviendo se hubiera podido evitar. Quienes me critican que haya juzgado con tanta severidad al exministro entenderán ahora los inmensos daños que le hizo a nuestra nación. El Partido Liberal no tiene una actitud negativa frente a los impuestos, siempre y cuando esos recursos tengan origen en sectores más pudientes y no en la clase media, y se gasten en apoyar a quienes han sido víctimas de la pandemia, a los millones de ciudadanos afectados por el desabastecimiento y a la población vulnerable que vive en la miseria.

No queríamos votar el proyecto porque contuviera impuestos ni porque fuera impopular, sino porque no creíamos que fuera el camino por seguir. Si la plata es para guardarla, no veo porque vamos a cambiar los liberales nuestra posición. Los impuestos que votemos no pueden ser para guardarlos, son para apoyar a los vulnerables, para las pequeñas y medianas industrias que no recibieron el apoyo del Estado. En eso nos identificamos con la Andi.

Desafíos

Todos estamos obligados a aceptar que la mayoría de los problemas que enfrenta Colombia no son sino en una parte o ninguna, en algunos casos, responsabilidad del presidente Duque, ni la pandemia ni el significativo menoscabo de la OMC, especialmente por la política de cerrar comercio en tantos productos y países que tanto nos ha perjudicado. La crisis económica internacional originada en la pandemia y en las decisiones del entonces presidente Trump tampoco son de su responsabilidad.

La caída de los precios de los productos básicos, como el petróleo, ha deteriorado el ingreso por exportaciones de Colombia.

Hay que recuperar la confianza en el Gobierno. El Presidente tiene una responsabilidad muy grande y nuestro inmediato futuro depende de que acierte en sus políticas de ahora en adelante. En eso lo queremos acompañar. En la bancada pasada realizamos muchas de nuestras críticas y yo siempre he creído que ellas sirven para que el Gobierno evalúe sus políticas. Es lo que nos corresponde en nuestra condición de independientes del Gobierno en nuestro sistema político. Una crisis como la que vivimos impone necesaria e inevitablemente un gran desgaste; trae el cansancio, el empobrecimiento y la desesperanza de grandes grupos sociales afectados por la crisis. Va a ser bien difícil que el país regrese a una nueva forma de normalidad.

La pandemia

Es hora ya de aceptar que la siuación de la pandemia es más grave de lo que la mayoría de colombianos cree. Desde nuestra convención dijimos que deberíamos cambiar de indicadores de cómo iba variando la amenaza de la pandemia e insistimos en que se usara el índice de muertos diarios por millón de habitantes.

Entonces señalamos que el Gobierno decía que la situación de Colombia era similar a la de otros países del mundo y que no tenía nada de excepcional. Eso no era así. Hoy seguimos apareciendo en los lugares altos de muertos por millón de habitantes. En septiembre resolvimos que nuestra cifra de contagios ya se había aplanando. Nuestra curva no era plana. Subía a un ritmo alto.

Hoy más que nunca es válida la política de primero la pandemia. No creo que el Gobierno vaya a pensar distinto. Como lo señalé en septiembre, no veo cómo elevar responsabilidades (…)

Los que protestan

La declaración del ministro de Defensa de que la obstrucción de cualquier vía pública es terrorismo es equivocada y solo le generará enormes dificultades a la justicia, que tendría que abrir miles y miles de procesos. Esa es una posición equivocada y es urgente que el Gobierno la desvirtúe, algo que el Presidente empezó a corregir en su último viaje a Cali.

Esas declaraciones del mindefensa pueden conducir a abusos de la Fuerza Pública, amparados en la declaración del ministro. No creo que el ministro haya considerado los peligros que tal declaración puede generar, y la debe corregir de inmediato.

Pero que en ocasiones se haya abusado del derecho no legitima al ministro para hacer las generalizaciones que ha hecho. Estoy seguro de que el presidente Duque está en desacuerdo. Ayer lo dijo en Cali, pero que corrija al ministro. En un par de veces en que se ha alterado el orden público, el Gobierno encabezado por el mindefensa ha ordenado enviar batallones. Cuando hay 10 enfrentamientos en el Cauca se necesitan más negociadores que batallones.

Se necesita con máxima urgencia un ministro que pueda asegurar las acciones en esta materia por corregir de inmediato. El hecho de que la policía se haya acuartelado en algunas regiones es muy delicado porque se siente que no hay suficiente protección, y hasta comprendo las razones humanas, pero estoy totalmente en desacuerdo con que el ministro no corrija. Se necesita que el Gobierno, a la brevedad posible, corrija esta situación que es casi tan grave como lo que ocurre en Cali. Se necesita también que el Gobierno evite abusos policiales de una manera que castigue, por iniciativa suya, cualquier abuso de manera inmediata y que la justicia ordinaria investigue y juzgue. Si queremos fortalecer la policía, lo primero que tenemos que hacer es rechazar las actuaciones abusivas.

Sacar soldados a la calle, como en algún momento lo aconsejó el expresidente Uribe, implica muchos riesgos en este momento. En los momentos de mayor gravedad de alteraciones de orden público es cuando más estricto hay que ser en el cumplimiento de los protocolos del uso legítimo de la fuerza del Estado.

Proceso de paz

Si queremos avanzar en los orígenes de la protesta y si queremos contrarrestar la muerte de líderes sociales y la de muchos otros ciudadanos, hay que culminar el proceso de paz. El Gobierno debe aceptar que mantener una oposición ciega a algunos puntos del acuerdo solo aumenta la polarización y agrava las tensiones políticas. Fueron muy desafortunadas y no fue responsabilidad del Presidente que hubiera objeciones a la ley estatutaria que, entre otras ideas dañinas, buscaban menoscabar las funciones de la JEP. Que la gran mayoría de los miembros de las Farc se desmovilizaron es meridianamente claro.

Pero no hemos resuelto ninguno de los conflictos rurales que han generado centenares de miles de muertos a lo largo de varias décadas. El punto uno del acuerdo que contiene un ambicioso programa de desarrollo rural no puede ser letra muerta. Confiaría en que el partido de gobierno deje avanzar al Presidente en este punto. De otra parte, algunos dirigentes nacionales, muy conocidos y respetados, de manera equivocada aconsejaron a los hacendados quedarse en la justicia ordinaria. El acuerdo señala que todo aquel que haya sido víctima de intimidación está exento de responsabilidad.

Rechazamos enfáticamente la idea repetida por algunos funcionarios gubernamentales de que la culpa de las disidencias es un incumplimiento de las Farc. Eso demuestra una enorme ignorancia o un evidente intento para hacerle daño a lo pactado. Denunciaremos sin contemplaciones esa aseveración falsa y sin duda perversa. Hay que concluir el proceso de paz.

Creo, aunque no me corresponde a mi decirlo, que la paz es el tema más importante para esos sectores contestatarios que son parte del paro. Haber propuesto las objeciones a la ley estatutaria fue un pésimo comienzo que mostró las grandísimas distancias del Gobierno con el proceso. Todos los funcionarios que se han expresado contra el proceso, que discrepan de ese compromiso, deberían irse del gobierno de manera inmediata. Es función del Presidente encontrar cómo hacerlo. Estas son apenas nuestras opiniones. Pero no tengo duda de que la culminación del proceso será bien recibida por parte de los organizadores del paro, algunos partidos de izquierda y nosotros los liberales le damos la mayor importancia si queremos paz en nuestros campos.

Confió en que el expresidente Uribe no se opondrá a la culminación del proceso de paz. Él apoyó los procesos que se adelantaron en el gobierno de Barco y dicen que ahora ha buscado facilitar un acercamiento con el Eln. Somos conscientes y mucho nos preocupa que él a veces use expresiones que a mi juicio inducen a la Fuerza Pública a acciones que la mayoría de los colombianos rechazamos y que algunas son sin duda crímenes de Estado. En esto la justicia internacional es mucho más severa. Y serviría que él les pidiera a algunos de los miembros de su partido que no se pronuncien contra el proceso de manera casi incendiaria. Sus opiniones como dirigente político son importantes, así tengamos con él grandes diferencias. Y no dudo de que será importantísimo que se vincule a los acuerdos a los que hemos hecho referencia. Es cierto que durante su gobierno mejoró muchísimo la seguridad en el país, pero los abusos que se cometieron por la Fuerza Pública no permitiremos que se vuelvan a repetir.

Reforma policial

Nada justifica la violencia contra manifestantes o miembros de la Fuerza, ni la afectación a bienes públicos o el saqueo de comercios. Fue excelente la actuación del Fiscal el jueves pasado, tanto para la opinión nacional como la internacional. Era en extremo necesaria. Después de que el ministro de Defensa solo hablara de los policías muertos y heridos y cuando le preguntaran por las víctimas civiles dijera que eran un asunto del Fiscal. Y lo repitió antes de viajar a Cali, poniendo en aprietos al Fiscal, a quien ni le informaron que repetirían la prueba a la que ya lo habían sometido.

No puede haber duda sobre el hecho de que al Gobierno le preocupan tanto las muertes de civiles como las de los policías. Y el ministro de Defensa no se ha logrado sintonizar con un asunto que puede originar un inmenso daño internacional, además del nacional. La Cancillería debe inmediatamente informar a través de sus embajadores cuál es la política oficial. La imagen de nuestra policía será difícil de mejorar y la reforma de la Policía es un anuncio y decisión imprescindibles.

Recuperar su prestigio nacional e internacional va a ser una tarea larga y difícil pero urgente como ninguna. No puede ser que el ministro hable solo de policías muertos y de CAI destruidos y tome distancia de la muerte de civiles. No puede haber ninguna duda de que al Gobierno le preocupan la vida de los ciudadanos tanto como la de los policías.

La condición de civil del ministro de Defensa es precisamente para eso, para servir de control de la actuación de la policía; si fuera para dirigir operaciones, es mejor un oficial preparado para eso. La impresión que se tiene es que se necesita un ministro que sea capaz de medir los peligros por enfrentar y que imponga una política que no siga agravando la amenaza de rebelión. Es muy grave también que haya quejas de inacción de la policía y que en algunas regiones digan que esta acuertelada.

Eso es casi tan grave o igual de grave a lo que está ocurriendo en Cali. Estoy seguro de que hoy la inmensa mayoría de las personas que protestaron en Cali quieren paz y no guerra, y necesitan un ministro que use un lenguaje de paz, no que incite a la confrontación. Los ciudadanos esperan eso y no lo contrario. En esa cartera se necesita alguien que mande, pero no para que nos lleve a una mayor confrontación.

No está de más que lean los atinados consejos del arzobispo de Cali. Ahora que Estados Unidos dejó saber los límites que tiene la ayuda militar norteamericana, ¿si será que los ministros del presidente Duque están notificados de que el gobierno del presidente Biden tiene una política de respeto a los derechos humanos prioritaria?

También creo que el Esmad es necesario, pero es urgente que tenga una cabeza que garantice que la gran cantidad de problemas que se han presentado se corrijan de inmediato (…)

Fuente: El Tiempo

El país que hizo la paz es hoy, de nuevo, el que viola los derechos humanos. Al menos así lo han denunciado la ONU, la OEA, la CIDH y una porción importante del partido demócrata de Estados Unidos.

Casi un cuarto —55— de los congresistas en la Cámara del partido Demócrata firmaron una carta este viernes expresando “serias preocupaciones sobre la situación política y de derechos humanos en Colombia”. Dirigida al Secretario de Estado, Antony Blinken, los congresistas del sector más a la izquierda del partido del presidente Joe Biden le piden que suspenda toda la asistencia a la Policía Nacional, en medio de las acusaciones por brutalidad policial durante las manifestaciones del paro.

Desde el 2008, cuando el gobierno de Álvaro Uribe intentaba lograr la aprobación del TLC, no llegaba un mensaje similar de Washington. En esa ocasión 67 demócratas le escribieron a Uribe criticando los señalamientos que había hecho su asesor, Jose Obdulio Gaviria, de que una marcha contra el paramilitarismo, promovida por Iván Cepeda, estaba organizada por las Farc.

Al final, los demócratas frenaron la aprobación del TLC. Hoy el panorama es incluso más difícil.

En ese entonces estaba George Bush, aliado de Uribe, en la Casa Blanca. Hoy está Joe Biden, quien no le ha recibido una llamada telefónica al presidente Iván Duque desde que se posesionó, un gesto duro para un aliado tan cercano. Además, la carta llega cuando el Gobierno colombiano está internamente acorralado, y es incapaz de frenar un paro sostenido durante 19 días.

Todo esto agarra al Gobierno, además, en medio de una crisis interna de política exterior creada por una seguidilla de errores.

Crisis dentro de la crisis

Claudia Blum, la cara de Colombia ante el mundo, se fue esta semana del Gobierno en medio de críticas reiterativas sobre su ausencia. La imagen de la canciller dando declaraciones en video, frente a una biblioteca y un cuadro de Simón Bolívar en el Palacio de San Carlos se volvió repetitiva. Durante la pandemia salió una vez de Colombia, y dentro de Colombia salió poco incluso de la sede de la Cancillería.

Luego llegó el paro. En dos semanas el legado internacional que Duque había reconstruido —a través del estatuto para regularizar a casi 2 millones de migrantes venezolanos— se vino al piso. Con él cayó la canciller Claudia Blum.

Pero esto no fue lo que precipitó su salida, la segunda de un miembro del gabinete en medio de esta crisis. Blum se fue molesta, —y entregándole su cabeza al paro— porque su vicecanciller, Adriana Mejía, estaba actuando sin su autorización en temas públicos y delicados desde hace tiempo, con la mirada pasiva de la presidencia Duque. El episodio que detonó la renuncia fue una carta que envió la vicecanciller Mejía, sin la autorización de Blum, a Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU.

“El Estado colombiano observa con suma preocupación las aseveraciones formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada, (…) y lamenta profundamente que la Oficina haya decidido emitir este comunicado sin verificar, con fuentes oficiales”. La carta respondía en un tono poco diplomático a las críticas que había hecho esa oficina, que denunció que la Policía “abrió fuego contra manifestantes” en Cali y mató e hirió a varios de ellos.

La versión del desencuentro de Blum con Mejía circuló en las secciones de confidenciales de Camila Zuluaga, Darcy Quinn y María Isabel Rueda, y La Silla Vacía la confirmó con dos personas dentro de la Cancillería.

Tras la salida de Blum el presidente Duque encargó temporalmente de la Cancillería a Mejía, una señal de que avalaba su gestión a la sombra. Luego del incidente de la carta, según le dijo una persona de la Cancillería a La Silla Vacía a condición de no ser nombrada, Mejía consiguió el apoyo de la Jefa de Gabinete, María Paula Correa. Esta, afirma esa fuente, viene concentrando poder en el manejo de las relaciones internacionales, especialmente, la relación con Estados Unidos.

Por eso el peso de los retrocesos en política exterior de las últimas dos semanas no caen solo sobre los hombros de la canciller. Varias decisiones cruciales ya no pasaban por sus manos. Y su salida del Gobierno hará poco para darle un giro a la posición internacional en la que queda el Gobierno.

Según Sandra Borda, experta en relaciones internacionales, la renuncia de Blum “demuestra un desbarajuste dentro del Gobierno. En Palacio se arrogaron la formulación de la política exterior”. Pese a que la cabeza que rodó fue la de la canciller, las responsabilidades del golpe internacional se encuentran en la Casa de Nariño.

El golpe internacional a Duque

La prensa internacional ha sido dura con Duque. Como nos confirmó un embajador, responder al cubrimiento negativo fue el mensaje principal que envió al Gobierno a sus representantes en el exterior. El presidente fue retratado ante el mundo como un político débil y cabeza de un aparato oficial represivo.

“La Policía colombiana responde a las protestas con balas”, tituló el New York Times, el diario más influyente del mundo, en un artículo de portada. “Duque da marcha atrás”, escribió en su editorial el diario El País, de España, luego del retiro de la tributaria. Agregó que “sacarla adelante requería de un enorme esfuerzo didáctico, altas dotes negociadoras y acertar con el momento adecuado. No ha sido el caso”.

La Silla consultó a dos corresponsales extranjeros, que pidieron no ser identificados para no comprometer la posición de sus medios. Ambos coinciden en que el paro borró lo que el Gobierno Duque había logrado con su Estatuto de Migrante. “Todo eso quedó hecho trizas”, nos dijo uno de los periodistas.

El Gobierno ha intentado ser más proactivo. Duque apareció esta semana, por ejemplo, en una entrevista con Christiane Amampour, de CNN en inglés. Amampour había entrevistado antes a Claudia López. Cuando le llegó el turno a Duque, sin embargo, el reconocimiento de la violencia policial del Gobierno llegó de nuevo en tono condicional. “Si hay conductas ilegales de la Policía y el Ejército, esas conductas están siendo investigadas y judicializadas”, le dijo a la periodista.

Pero a las cuentas de Twitter de los poderes en Washington en cambio ya acusaron recibo de las imágenes inequívocas de excesos policiales. En la carta de los 55 congresistas gringos mencionan “cientos de videos ciudadanos” que muestran el uso indiscriminado de armas letales y no letales.

El Gobierno ya había recibido mensajes diplomáticos duros de sus aliados. Desde la Cancillería de Estados Unidos, en los primeros días del paro, salió un pronunciamiento urgiendo a “la Fuerza Pública máxima moderación para evitar más pérdidas de vidas”. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue más lejos: “condenamos especialmente los casos por tortura y asesinato por las fuerzas del orden”, dijo en un video.

Además, en Washington hoy son los Demócratas los que controlan la Cámara, el Senado y la Casa Blanca. “El uso de videos de celulares ha tenido un impacto enorme en afectar la percepción acá”, dice Adam Isacson, analista de seguridad de Wola, una ONG con sede en Washington especializada en América Latina.

De la capital de Estados Unidos han llegado mensajes críticos también de otros congresistas demócratas influyentes y más de centro. Por ejemplo, de Patrick Leahy presidente pro tempore del Senado, y de Gregory Meeks, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara gringa. Ambos presiden comités claves para la aprobación de recursos para Colombia.

La Casa Blanca está aún por tomar una posición más decidida en medio de la presión que recibe de sus congresistas. Según Isacson, “Biden ha sido muy cauteloso en no marcar mucha distancia con Duque”. Pero agrega que “eso puede cambiar” ante la creciente presión y la posición del Centro Democrático que justifica los excesos. De hecho, en una columna publicada en The New York Times este fin de semana, Isacson escribe que “Biden debe ayudar a impulsar un diálogo”.

Primero tendría que hablar con Duque por primera vez.

La internacionalización del paro

Esto no será fácil. El Gobierno de Duque tuvo una visión clara de política internacional al comienzo de su mandato: el cambio de régimen en Venezuela. Lideró con éxito el Grupo de Lima y contó con el apoyo de la administración Trump. Pero, como contamos Duque se fue quedando solo. Y la apuesta al final fracasó, con Maduro atornillado en el poder.

La muestra más elocuente de este cambio fue la reacción de Almagro, el Secretario de la OEA, durante el paro.

Hace poco más de dos años él estaba en Cúcuta, con Juan Guaidó y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aplaudiendo la iniciativa de Colombia para liderar el cruce de ayuda humanitaria. Hoy condena a Duque con palabras similares a las que ha utilizado contra Nicolás Maduro.

Luego llegaron las elecciones de Estados Unidos. Algunos miembros del Centro Democrático —y, según señalamientos del expresidente Santos, también el embajador de Duque en Estados Unidos, Francisco Santos— le hicieron campaña a Trump. Pero ganó Biden, y quedaron heridas importantes en la relación bilateral.

Desde entonces, Duque ha caminado una delgada línea en la escena internacional, llena de dilemas. Según Sandra Borda, el Gobierno se debate entre “la necesidad de satisfacer el manual de Uribe en las relaciones internacionales y enfrentar un nuevo escenario global”.

Ahora, además de una crisis interna sin solución a la vista, el paro se metió en la discusión internacional y está haciendo estragos en esa fina línea. Borra la cómoda distancia que generalmente existe en Colombia entre la política internacional y la interna. Lo hace justo cuando hay un aparato diplomático en crisis. Y ahora, por ejemplo, la reticencia de Duque para condenar los abusos policiales no será ahora solo gasolina en las calles y alimento a sus bases. También podría terminar por amenazar la cooperación de Estados Unidos para la Policía, como lo piden más de 50 congresistas en Washington.

Fuente: La Silla Vacía

La bandera de Colombia, cuyo color amarillo representa la riqueza del país, el azul el agua que posee en sus dos océanos y el rojo la sangre de los héroes patrios que pelearon por la independencia, es expuesta al revés por miles de colombianos estos días, en el marco de las protestas y como forma de llamar la atención de la comunidad internacional.

«La propuesta de invertir la bandera es un llamado de los manifestantes hacia la esperanza y a la vez una expectativa para que se solucionen los problemas que tenemos», explicó a Sputnik el analista y exembajador de Colombia en Hungría Alonso Ojeda.

Según Ojeda, «una expresión tan fuerte deja ver que se requiere que la comunidad internacional abra los ojos, nos observe y comprenda nuestras dificultades».

Desde el pasado 28 de abril, cuando iniciaron en el país una serie de manifestaciones en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo, la bandera de Colombia es usada al revés en medio de las manifestaciones y en redes sociales, donde miles de personas la usan incluso como foto de perfil.

«Usarla de ese modo, además, significa que hoy en día la sangre se está derramando en el país en el marco de las protestas, manchando así el azul y el amarillo del símbolo patrio», indicó Ojeda.

Incluso, la bandera también ha sido distorsionada en sus proporciones, y el amarillo, que predomina frente a los otros dos colores, ahora se observa minimizado frente al rojo por cuenta de las modificaciones hechas por los manifestantes tanto en la práctica como en redes sociales.

Según medios locales, sólo al día 2 de mayo, es decir, cuando el paro nacional completaba cinco días, la bandera invertida fue compartida unas 300.000 veces y tuvo más de siete millones de visualizaciones para entonces.

Algunas versiones indicaron que puesta de ese modo, la bandera significaba un llamado de ayuda a la comunidad internacional de acuerdo con la Carta Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero dicho precepto fue desmentido por el propio organismo.

«Tengo que reconocer que me impactó la primera vez que vi la bandera al revés. En la cantidad de situaciones en las que he estado, jamás había visto una propuesta de esta naturaleza», dijo Ojeda.

El analista agregó que invertir la bandera es sólo un mecanismo más de protesta pacífica, como, consideró, lo es también derribar estatuas alegóricas al colonialismo, como lo hicieron en Cali (suroeste) decenas de indígenas el pasado 28 de abril, quienes derrumbaron la efigie del conquistador español y fundador de la ciudad, Sebastián de Belalcázar.

«Se derriban las estatuas que están comprometidas con un estado genocida sobre las comunidades indígenas, se invierten los colores de la bandera, lo que yo pienso es que todos esos esfuerzos van a ir calando en una comunidad internacional que realmente decidirá escuchar las voces clamorosas de este país», expresó Ojeda.

En redes sociales, la explicación de la bandera invertida de Colombia, con el rojo en la parte superior, es a su vez una denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública en el marco de las protestas, por lo que varios sectores políticos y sociales piden una reforma al interior de las mismas y que se desarticule el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, señalado de ser el principal responsable de los abusos.

«El uso de la bandera al revés fue un útil símbolo para la visibilización de la sistemática violación de los DDHH de los manifestantes y, a su vez, un llamado urgente y enérgico a organismos internacionales para que intermedien con las desconectadas autoridades nacionales», escribió en Twitter el periodista colombiano Samuel Vargas.

Fuente: Sputnik Mundo