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Palabras del expresidente César Gaviria ante la bancada liberal esta semana. Fue así que decidí hacer esta bancada porque los hechos en relación con el paro siguen demandando la necesidad de opinar de manera permanente para señalar caminos al Gobierno y a la sociedad, para ejercer el papel que nos corresponde en este complejo problema, y porque tenemos que estar preparados todo el tiempo para explicar los principios que guían nuestro comportamiento en esta difícil coyuntura.

Quiero comenzar por expresar lo que ellos constituyen para contribuir a enfrentar una crisis que tal vez no sea la más grande ni la más grave, pero sí más amenazante que muchas del pasado, porque tenemos enormes incertidumbres que pueden empeorar por razones de índole internacional y por las condiciones sociales y económicas del país. Y además porque el país acepta nuestras críticas, pero en todo caso espera que nos comportemos con patriotismo y no contribuyamos a sacrificar la estabilidad política, la gobernabilidad ni nuestra democracia, que tenemos que contribuir a preservar.

En mi condición de director del Partido Liberal, quiero ser enfático en rechazar todas las formas de violencia y abuso. Son inaceptables los abusos de la Fuerza Pública y es inaceptable abusar del derecho a la protesta para realizar bloqueos. Sobre los vándalos y violentos debe caer todo el peso de la ley.

El arzobispo de Cali nos ha dejado hoy valiosas recomendaciones de cómo debemos contribuir a desbloquear a Cali, no por la vía armada, sino usando métodos de diálogo y de reconocer que quienes protestan tienen derechos consagrados en nuestra Constitución, además de las consideraciones humanitarias. Pero para salir de esta crisis es necesario ir más allá. Hay que acometer acciones para resolver problemas de fondo para los que la gente del paro y muchos otros demandan solución.

Tampoco sirve si ellas se leen como algo para defender a los más pudientes de nuestra sociedad, quienes tienen derechos y también deben ser amparados, pero que por la inacción del Estado se sienten hoy desprotegidos.

Ellos deben ser conscientes de que acudir a defenderse por la vía de las armas generará consecuencias devastadoras. Ese riesgo es mucho más grave en Cali y ya está ocurriendo.

Manejo económico

Sigo con dudas sobre la sabiduría de la decisión de responder con otra reforma tributaria que ya respaldaron varios partidos y el Banco de la República. No me atravesaré insistiendo en nuestros puntos de vista. Votaremos la propuesta del Gobierno, a condición de que se limite a lo estrictamente necesario, porque a eso me comprometí y porque lo creo necesario, pero no vamos a participar en el diseño de la nueva reforma ni tomamos responsabilidad sobre las consecuencias. Ese es mi compromiso con el nuevo ministro de Hacienda, con quien hemos logrado acuerdos en pocos días. Con el anterior no logré ninguna comunicación e hizo hasta lo imposible para evitar cualquiera. Aún no entiendo su actitud.

Mantenemos la idea, sin embargo, de que propusimos el camino correcto. Siempre pensamos que el proyecto de reforma tributaria era inconveniente en esta coyuntura porque teníamos la certeza de que la tensión social que ha generado la pandemia y la indignación con varias de las políticas oficiales había incubado un malestar que la propuesta de impuestos a las clases medias iba a convertir en movilizaciones que desafortunadamente algunos querían empañar con violencia.

Tuve la ocasión de hablar con el expresidente Uribe a propósito de la reforma tributaria. Charlamos telefónicamente algo así como 14 horas y sin duda fue de lejos la persona que más trabajó en convencernos de la necesidad de que los liberales apoyáramos los cambios contenidos en la propuesta gubernamental. Que diferencia porque antes no logramos siquiera que el Ministerio de Hacienda tuviera la cortesía de enviarnos el texto que sometió a la consideración del Congreso.

Me satisface que el expresidente Uribe le haya solicitado al Presidente en varias oportunidades que retirara el proyecto por el gigantesco rechazo que él recibió, pero el ministro Carrasquilla se opuso. El terrible paro que estamos viviendo se hubiera podido evitar. Quienes me critican que haya juzgado con tanta severidad al exministro entenderán ahora los inmensos daños que le hizo a nuestra nación. El Partido Liberal no tiene una actitud negativa frente a los impuestos, siempre y cuando esos recursos tengan origen en sectores más pudientes y no en la clase media, y se gasten en apoyar a quienes han sido víctimas de la pandemia, a los millones de ciudadanos afectados por el desabastecimiento y a la población vulnerable que vive en la miseria.

No queríamos votar el proyecto porque contuviera impuestos ni porque fuera impopular, sino porque no creíamos que fuera el camino por seguir. Si la plata es para guardarla, no veo porque vamos a cambiar los liberales nuestra posición. Los impuestos que votemos no pueden ser para guardarlos, son para apoyar a los vulnerables, para las pequeñas y medianas industrias que no recibieron el apoyo del Estado. En eso nos identificamos con la Andi.

Desafíos

Todos estamos obligados a aceptar que la mayoría de los problemas que enfrenta Colombia no son sino en una parte o ninguna, en algunos casos, responsabilidad del presidente Duque, ni la pandemia ni el significativo menoscabo de la OMC, especialmente por la política de cerrar comercio en tantos productos y países que tanto nos ha perjudicado. La crisis económica internacional originada en la pandemia y en las decisiones del entonces presidente Trump tampoco son de su responsabilidad.

La caída de los precios de los productos básicos, como el petróleo, ha deteriorado el ingreso por exportaciones de Colombia.

Hay que recuperar la confianza en el Gobierno. El Presidente tiene una responsabilidad muy grande y nuestro inmediato futuro depende de que acierte en sus políticas de ahora en adelante. En eso lo queremos acompañar. En la bancada pasada realizamos muchas de nuestras críticas y yo siempre he creído que ellas sirven para que el Gobierno evalúe sus políticas. Es lo que nos corresponde en nuestra condición de independientes del Gobierno en nuestro sistema político. Una crisis como la que vivimos impone necesaria e inevitablemente un gran desgaste; trae el cansancio, el empobrecimiento y la desesperanza de grandes grupos sociales afectados por la crisis. Va a ser bien difícil que el país regrese a una nueva forma de normalidad.

La pandemia

Es hora ya de aceptar que la siuación de la pandemia es más grave de lo que la mayoría de colombianos cree. Desde nuestra convención dijimos que deberíamos cambiar de indicadores de cómo iba variando la amenaza de la pandemia e insistimos en que se usara el índice de muertos diarios por millón de habitantes.

Entonces señalamos que el Gobierno decía que la situación de Colombia era similar a la de otros países del mundo y que no tenía nada de excepcional. Eso no era así. Hoy seguimos apareciendo en los lugares altos de muertos por millón de habitantes. En septiembre resolvimos que nuestra cifra de contagios ya se había aplanando. Nuestra curva no era plana. Subía a un ritmo alto.

Hoy más que nunca es válida la política de primero la pandemia. No creo que el Gobierno vaya a pensar distinto. Como lo señalé en septiembre, no veo cómo elevar responsabilidades (…)

Los que protestan

La declaración del ministro de Defensa de que la obstrucción de cualquier vía pública es terrorismo es equivocada y solo le generará enormes dificultades a la justicia, que tendría que abrir miles y miles de procesos. Esa es una posición equivocada y es urgente que el Gobierno la desvirtúe, algo que el Presidente empezó a corregir en su último viaje a Cali.

Esas declaraciones del mindefensa pueden conducir a abusos de la Fuerza Pública, amparados en la declaración del ministro. No creo que el ministro haya considerado los peligros que tal declaración puede generar, y la debe corregir de inmediato.

Pero que en ocasiones se haya abusado del derecho no legitima al ministro para hacer las generalizaciones que ha hecho. Estoy seguro de que el presidente Duque está en desacuerdo. Ayer lo dijo en Cali, pero que corrija al ministro. En un par de veces en que se ha alterado el orden público, el Gobierno encabezado por el mindefensa ha ordenado enviar batallones. Cuando hay 10 enfrentamientos en el Cauca se necesitan más negociadores que batallones.

Se necesita con máxima urgencia un ministro que pueda asegurar las acciones en esta materia por corregir de inmediato. El hecho de que la policía se haya acuartelado en algunas regiones es muy delicado porque se siente que no hay suficiente protección, y hasta comprendo las razones humanas, pero estoy totalmente en desacuerdo con que el ministro no corrija. Se necesita que el Gobierno, a la brevedad posible, corrija esta situación que es casi tan grave como lo que ocurre en Cali. Se necesita también que el Gobierno evite abusos policiales de una manera que castigue, por iniciativa suya, cualquier abuso de manera inmediata y que la justicia ordinaria investigue y juzgue. Si queremos fortalecer la policía, lo primero que tenemos que hacer es rechazar las actuaciones abusivas.

Sacar soldados a la calle, como en algún momento lo aconsejó el expresidente Uribe, implica muchos riesgos en este momento. En los momentos de mayor gravedad de alteraciones de orden público es cuando más estricto hay que ser en el cumplimiento de los protocolos del uso legítimo de la fuerza del Estado.

Proceso de paz

Si queremos avanzar en los orígenes de la protesta y si queremos contrarrestar la muerte de líderes sociales y la de muchos otros ciudadanos, hay que culminar el proceso de paz. El Gobierno debe aceptar que mantener una oposición ciega a algunos puntos del acuerdo solo aumenta la polarización y agrava las tensiones políticas. Fueron muy desafortunadas y no fue responsabilidad del Presidente que hubiera objeciones a la ley estatutaria que, entre otras ideas dañinas, buscaban menoscabar las funciones de la JEP. Que la gran mayoría de los miembros de las Farc se desmovilizaron es meridianamente claro.

Pero no hemos resuelto ninguno de los conflictos rurales que han generado centenares de miles de muertos a lo largo de varias décadas. El punto uno del acuerdo que contiene un ambicioso programa de desarrollo rural no puede ser letra muerta. Confiaría en que el partido de gobierno deje avanzar al Presidente en este punto. De otra parte, algunos dirigentes nacionales, muy conocidos y respetados, de manera equivocada aconsejaron a los hacendados quedarse en la justicia ordinaria. El acuerdo señala que todo aquel que haya sido víctima de intimidación está exento de responsabilidad.

Rechazamos enfáticamente la idea repetida por algunos funcionarios gubernamentales de que la culpa de las disidencias es un incumplimiento de las Farc. Eso demuestra una enorme ignorancia o un evidente intento para hacerle daño a lo pactado. Denunciaremos sin contemplaciones esa aseveración falsa y sin duda perversa. Hay que concluir el proceso de paz.

Creo, aunque no me corresponde a mi decirlo, que la paz es el tema más importante para esos sectores contestatarios que son parte del paro. Haber propuesto las objeciones a la ley estatutaria fue un pésimo comienzo que mostró las grandísimas distancias del Gobierno con el proceso. Todos los funcionarios que se han expresado contra el proceso, que discrepan de ese compromiso, deberían irse del gobierno de manera inmediata. Es función del Presidente encontrar cómo hacerlo. Estas son apenas nuestras opiniones. Pero no tengo duda de que la culminación del proceso será bien recibida por parte de los organizadores del paro, algunos partidos de izquierda y nosotros los liberales le damos la mayor importancia si queremos paz en nuestros campos.

Confió en que el expresidente Uribe no se opondrá a la culminación del proceso de paz. Él apoyó los procesos que se adelantaron en el gobierno de Barco y dicen que ahora ha buscado facilitar un acercamiento con el Eln. Somos conscientes y mucho nos preocupa que él a veces use expresiones que a mi juicio inducen a la Fuerza Pública a acciones que la mayoría de los colombianos rechazamos y que algunas son sin duda crímenes de Estado. En esto la justicia internacional es mucho más severa. Y serviría que él les pidiera a algunos de los miembros de su partido que no se pronuncien contra el proceso de manera casi incendiaria. Sus opiniones como dirigente político son importantes, así tengamos con él grandes diferencias. Y no dudo de que será importantísimo que se vincule a los acuerdos a los que hemos hecho referencia. Es cierto que durante su gobierno mejoró muchísimo la seguridad en el país, pero los abusos que se cometieron por la Fuerza Pública no permitiremos que se vuelvan a repetir.

Reforma policial

Nada justifica la violencia contra manifestantes o miembros de la Fuerza, ni la afectación a bienes públicos o el saqueo de comercios. Fue excelente la actuación del Fiscal el jueves pasado, tanto para la opinión nacional como la internacional. Era en extremo necesaria. Después de que el ministro de Defensa solo hablara de los policías muertos y heridos y cuando le preguntaran por las víctimas civiles dijera que eran un asunto del Fiscal. Y lo repitió antes de viajar a Cali, poniendo en aprietos al Fiscal, a quien ni le informaron que repetirían la prueba a la que ya lo habían sometido.

No puede haber duda sobre el hecho de que al Gobierno le preocupan tanto las muertes de civiles como las de los policías. Y el ministro de Defensa no se ha logrado sintonizar con un asunto que puede originar un inmenso daño internacional, además del nacional. La Cancillería debe inmediatamente informar a través de sus embajadores cuál es la política oficial. La imagen de nuestra policía será difícil de mejorar y la reforma de la Policía es un anuncio y decisión imprescindibles.

Recuperar su prestigio nacional e internacional va a ser una tarea larga y difícil pero urgente como ninguna. No puede ser que el ministro hable solo de policías muertos y de CAI destruidos y tome distancia de la muerte de civiles. No puede haber ninguna duda de que al Gobierno le preocupan la vida de los ciudadanos tanto como la de los policías.

La condición de civil del ministro de Defensa es precisamente para eso, para servir de control de la actuación de la policía; si fuera para dirigir operaciones, es mejor un oficial preparado para eso. La impresión que se tiene es que se necesita un ministro que sea capaz de medir los peligros por enfrentar y que imponga una política que no siga agravando la amenaza de rebelión. Es muy grave también que haya quejas de inacción de la policía y que en algunas regiones digan que esta acuertelada.

Eso es casi tan grave o igual de grave a lo que está ocurriendo en Cali. Estoy seguro de que hoy la inmensa mayoría de las personas que protestaron en Cali quieren paz y no guerra, y necesitan un ministro que use un lenguaje de paz, no que incite a la confrontación. Los ciudadanos esperan eso y no lo contrario. En esa cartera se necesita alguien que mande, pero no para que nos lleve a una mayor confrontación.

No está de más que lean los atinados consejos del arzobispo de Cali. Ahora que Estados Unidos dejó saber los límites que tiene la ayuda militar norteamericana, ¿si será que los ministros del presidente Duque están notificados de que el gobierno del presidente Biden tiene una política de respeto a los derechos humanos prioritaria?

También creo que el Esmad es necesario, pero es urgente que tenga una cabeza que garantice que la gran cantidad de problemas que se han presentado se corrijan de inmediato (…)

Fuente: El Tiempo

El país que hizo la paz es hoy, de nuevo, el que viola los derechos humanos. Al menos así lo han denunciado la ONU, la OEA, la CIDH y una porción importante del partido demócrata de Estados Unidos.

Casi un cuarto —55— de los congresistas en la Cámara del partido Demócrata firmaron una carta este viernes expresando “serias preocupaciones sobre la situación política y de derechos humanos en Colombia”. Dirigida al Secretario de Estado, Antony Blinken, los congresistas del sector más a la izquierda del partido del presidente Joe Biden le piden que suspenda toda la asistencia a la Policía Nacional, en medio de las acusaciones por brutalidad policial durante las manifestaciones del paro.

Desde el 2008, cuando el gobierno de Álvaro Uribe intentaba lograr la aprobación del TLC, no llegaba un mensaje similar de Washington. En esa ocasión 67 demócratas le escribieron a Uribe criticando los señalamientos que había hecho su asesor, Jose Obdulio Gaviria, de que una marcha contra el paramilitarismo, promovida por Iván Cepeda, estaba organizada por las Farc.

Al final, los demócratas frenaron la aprobación del TLC. Hoy el panorama es incluso más difícil.

En ese entonces estaba George Bush, aliado de Uribe, en la Casa Blanca. Hoy está Joe Biden, quien no le ha recibido una llamada telefónica al presidente Iván Duque desde que se posesionó, un gesto duro para un aliado tan cercano. Además, la carta llega cuando el Gobierno colombiano está internamente acorralado, y es incapaz de frenar un paro sostenido durante 19 días.

Todo esto agarra al Gobierno, además, en medio de una crisis interna de política exterior creada por una seguidilla de errores.

Crisis dentro de la crisis

Claudia Blum, la cara de Colombia ante el mundo, se fue esta semana del Gobierno en medio de críticas reiterativas sobre su ausencia. La imagen de la canciller dando declaraciones en video, frente a una biblioteca y un cuadro de Simón Bolívar en el Palacio de San Carlos se volvió repetitiva. Durante la pandemia salió una vez de Colombia, y dentro de Colombia salió poco incluso de la sede de la Cancillería.

Luego llegó el paro. En dos semanas el legado internacional que Duque había reconstruido —a través del estatuto para regularizar a casi 2 millones de migrantes venezolanos— se vino al piso. Con él cayó la canciller Claudia Blum.

Pero esto no fue lo que precipitó su salida, la segunda de un miembro del gabinete en medio de esta crisis. Blum se fue molesta, —y entregándole su cabeza al paro— porque su vicecanciller, Adriana Mejía, estaba actuando sin su autorización en temas públicos y delicados desde hace tiempo, con la mirada pasiva de la presidencia Duque. El episodio que detonó la renuncia fue una carta que envió la vicecanciller Mejía, sin la autorización de Blum, a Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU.

“El Estado colombiano observa con suma preocupación las aseveraciones formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada, (…) y lamenta profundamente que la Oficina haya decidido emitir este comunicado sin verificar, con fuentes oficiales”. La carta respondía en un tono poco diplomático a las críticas que había hecho esa oficina, que denunció que la Policía “abrió fuego contra manifestantes” en Cali y mató e hirió a varios de ellos.

La versión del desencuentro de Blum con Mejía circuló en las secciones de confidenciales de Camila Zuluaga, Darcy Quinn y María Isabel Rueda, y La Silla Vacía la confirmó con dos personas dentro de la Cancillería.

Tras la salida de Blum el presidente Duque encargó temporalmente de la Cancillería a Mejía, una señal de que avalaba su gestión a la sombra. Luego del incidente de la carta, según le dijo una persona de la Cancillería a La Silla Vacía a condición de no ser nombrada, Mejía consiguió el apoyo de la Jefa de Gabinete, María Paula Correa. Esta, afirma esa fuente, viene concentrando poder en el manejo de las relaciones internacionales, especialmente, la relación con Estados Unidos.

Por eso el peso de los retrocesos en política exterior de las últimas dos semanas no caen solo sobre los hombros de la canciller. Varias decisiones cruciales ya no pasaban por sus manos. Y su salida del Gobierno hará poco para darle un giro a la posición internacional en la que queda el Gobierno.

Según Sandra Borda, experta en relaciones internacionales, la renuncia de Blum “demuestra un desbarajuste dentro del Gobierno. En Palacio se arrogaron la formulación de la política exterior”. Pese a que la cabeza que rodó fue la de la canciller, las responsabilidades del golpe internacional se encuentran en la Casa de Nariño.

El golpe internacional a Duque

La prensa internacional ha sido dura con Duque. Como nos confirmó un embajador, responder al cubrimiento negativo fue el mensaje principal que envió al Gobierno a sus representantes en el exterior. El presidente fue retratado ante el mundo como un político débil y cabeza de un aparato oficial represivo.

“La Policía colombiana responde a las protestas con balas”, tituló el New York Times, el diario más influyente del mundo, en un artículo de portada. “Duque da marcha atrás”, escribió en su editorial el diario El País, de España, luego del retiro de la tributaria. Agregó que “sacarla adelante requería de un enorme esfuerzo didáctico, altas dotes negociadoras y acertar con el momento adecuado. No ha sido el caso”.

La Silla consultó a dos corresponsales extranjeros, que pidieron no ser identificados para no comprometer la posición de sus medios. Ambos coinciden en que el paro borró lo que el Gobierno Duque había logrado con su Estatuto de Migrante. “Todo eso quedó hecho trizas”, nos dijo uno de los periodistas.

El Gobierno ha intentado ser más proactivo. Duque apareció esta semana, por ejemplo, en una entrevista con Christiane Amampour, de CNN en inglés. Amampour había entrevistado antes a Claudia López. Cuando le llegó el turno a Duque, sin embargo, el reconocimiento de la violencia policial del Gobierno llegó de nuevo en tono condicional. “Si hay conductas ilegales de la Policía y el Ejército, esas conductas están siendo investigadas y judicializadas”, le dijo a la periodista.

Pero a las cuentas de Twitter de los poderes en Washington en cambio ya acusaron recibo de las imágenes inequívocas de excesos policiales. En la carta de los 55 congresistas gringos mencionan “cientos de videos ciudadanos” que muestran el uso indiscriminado de armas letales y no letales.

El Gobierno ya había recibido mensajes diplomáticos duros de sus aliados. Desde la Cancillería de Estados Unidos, en los primeros días del paro, salió un pronunciamiento urgiendo a “la Fuerza Pública máxima moderación para evitar más pérdidas de vidas”. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue más lejos: “condenamos especialmente los casos por tortura y asesinato por las fuerzas del orden”, dijo en un video.

Además, en Washington hoy son los Demócratas los que controlan la Cámara, el Senado y la Casa Blanca. “El uso de videos de celulares ha tenido un impacto enorme en afectar la percepción acá”, dice Adam Isacson, analista de seguridad de Wola, una ONG con sede en Washington especializada en América Latina.

De la capital de Estados Unidos han llegado mensajes críticos también de otros congresistas demócratas influyentes y más de centro. Por ejemplo, de Patrick Leahy presidente pro tempore del Senado, y de Gregory Meeks, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara gringa. Ambos presiden comités claves para la aprobación de recursos para Colombia.

La Casa Blanca está aún por tomar una posición más decidida en medio de la presión que recibe de sus congresistas. Según Isacson, “Biden ha sido muy cauteloso en no marcar mucha distancia con Duque”. Pero agrega que “eso puede cambiar” ante la creciente presión y la posición del Centro Democrático que justifica los excesos. De hecho, en una columna publicada en The New York Times este fin de semana, Isacson escribe que “Biden debe ayudar a impulsar un diálogo”.

Primero tendría que hablar con Duque por primera vez.

La internacionalización del paro

Esto no será fácil. El Gobierno de Duque tuvo una visión clara de política internacional al comienzo de su mandato: el cambio de régimen en Venezuela. Lideró con éxito el Grupo de Lima y contó con el apoyo de la administración Trump. Pero, como contamos Duque se fue quedando solo. Y la apuesta al final fracasó, con Maduro atornillado en el poder.

La muestra más elocuente de este cambio fue la reacción de Almagro, el Secretario de la OEA, durante el paro.

Hace poco más de dos años él estaba en Cúcuta, con Juan Guaidó y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aplaudiendo la iniciativa de Colombia para liderar el cruce de ayuda humanitaria. Hoy condena a Duque con palabras similares a las que ha utilizado contra Nicolás Maduro.

Luego llegaron las elecciones de Estados Unidos. Algunos miembros del Centro Democrático —y, según señalamientos del expresidente Santos, también el embajador de Duque en Estados Unidos, Francisco Santos— le hicieron campaña a Trump. Pero ganó Biden, y quedaron heridas importantes en la relación bilateral.

Desde entonces, Duque ha caminado una delgada línea en la escena internacional, llena de dilemas. Según Sandra Borda, el Gobierno se debate entre “la necesidad de satisfacer el manual de Uribe en las relaciones internacionales y enfrentar un nuevo escenario global”.

Ahora, además de una crisis interna sin solución a la vista, el paro se metió en la discusión internacional y está haciendo estragos en esa fina línea. Borra la cómoda distancia que generalmente existe en Colombia entre la política internacional y la interna. Lo hace justo cuando hay un aparato diplomático en crisis. Y ahora, por ejemplo, la reticencia de Duque para condenar los abusos policiales no será ahora solo gasolina en las calles y alimento a sus bases. También podría terminar por amenazar la cooperación de Estados Unidos para la Policía, como lo piden más de 50 congresistas en Washington.

Fuente: La Silla Vacía

La bandera de Colombia, cuyo color amarillo representa la riqueza del país, el azul el agua que posee en sus dos océanos y el rojo la sangre de los héroes patrios que pelearon por la independencia, es expuesta al revés por miles de colombianos estos días, en el marco de las protestas y como forma de llamar la atención de la comunidad internacional.

«La propuesta de invertir la bandera es un llamado de los manifestantes hacia la esperanza y a la vez una expectativa para que se solucionen los problemas que tenemos», explicó a Sputnik el analista y exembajador de Colombia en Hungría Alonso Ojeda.

Según Ojeda, «una expresión tan fuerte deja ver que se requiere que la comunidad internacional abra los ojos, nos observe y comprenda nuestras dificultades».

Desde el pasado 28 de abril, cuando iniciaron en el país una serie de manifestaciones en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo, la bandera de Colombia es usada al revés en medio de las manifestaciones y en redes sociales, donde miles de personas la usan incluso como foto de perfil.

«Usarla de ese modo, además, significa que hoy en día la sangre se está derramando en el país en el marco de las protestas, manchando así el azul y el amarillo del símbolo patrio», indicó Ojeda.

Incluso, la bandera también ha sido distorsionada en sus proporciones, y el amarillo, que predomina frente a los otros dos colores, ahora se observa minimizado frente al rojo por cuenta de las modificaciones hechas por los manifestantes tanto en la práctica como en redes sociales.

Según medios locales, sólo al día 2 de mayo, es decir, cuando el paro nacional completaba cinco días, la bandera invertida fue compartida unas 300.000 veces y tuvo más de siete millones de visualizaciones para entonces.

Algunas versiones indicaron que puesta de ese modo, la bandera significaba un llamado de ayuda a la comunidad internacional de acuerdo con la Carta Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero dicho precepto fue desmentido por el propio organismo.

«Tengo que reconocer que me impactó la primera vez que vi la bandera al revés. En la cantidad de situaciones en las que he estado, jamás había visto una propuesta de esta naturaleza», dijo Ojeda.

El analista agregó que invertir la bandera es sólo un mecanismo más de protesta pacífica, como, consideró, lo es también derribar estatuas alegóricas al colonialismo, como lo hicieron en Cali (suroeste) decenas de indígenas el pasado 28 de abril, quienes derrumbaron la efigie del conquistador español y fundador de la ciudad, Sebastián de Belalcázar.

«Se derriban las estatuas que están comprometidas con un estado genocida sobre las comunidades indígenas, se invierten los colores de la bandera, lo que yo pienso es que todos esos esfuerzos van a ir calando en una comunidad internacional que realmente decidirá escuchar las voces clamorosas de este país», expresó Ojeda.

En redes sociales, la explicación de la bandera invertida de Colombia, con el rojo en la parte superior, es a su vez una denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública en el marco de las protestas, por lo que varios sectores políticos y sociales piden una reforma al interior de las mismas y que se desarticule el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, señalado de ser el principal responsable de los abusos.

«El uso de la bandera al revés fue un útil símbolo para la visibilización de la sistemática violación de los DDHH de los manifestantes y, a su vez, un llamado urgente y enérgico a organismos internacionales para que intermedien con las desconectadas autoridades nacionales», escribió en Twitter el periodista colombiano Samuel Vargas.

Fuente: Sputnik Mundo

Este último viernes, mediante un pronunciamiento, la Secretaria General de Amnistía Internacional (AI), Agnés Callamard, envió una carta abierta al presidente de Colombia, Iván Duque, solicitando que se ponga fin a las violaciones de derechos humanos y al uso excesivo de la fuerza por la policía contra personas que se manifiestan.

“Callmard envió una carta en la que expresa la preocupación del movimiento por la grave crisis de derechos humanos que vive Colombia en el contexto del Paro Nacional y las multitudinarias manifestaciones que vienen celebrándose en todo el país desde el 28 de abril y le pide al presidente que intervenga inmediatamente para poner fin a las violaciones de derechos humanos”, señaló.

Además, este comunicado indica que Amnistía Internacional tiene documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, así como las múltiples violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional que se han cometido durante las movilizaciones.

Callamard exhortó a las autoridades colombianas a que realicen “investigaciones imparciales y creíbles sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”, así como denunciar y castigar a los responsables de estos hechos.

También pidió que se comprometan “con el escrutinio internacional permitiendo el acceso de mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos”.

Fuente: Radio Nacional

La crisis colombiana alcanzó a la Copa Libertadores cuando un grupo de manifestantes se instaló a las puertas del estadio en Barranquilla donde jugó River y terminó siendo reprimido con gases lacrimógeno por la Policía para permitir el inicio del partido.

El humo de los gases llegó al campo de juego mientras River hacía la entrada en calor. El alcalde Jaime Pumarejo dijo que el partido nunca estuvo en riesgo y que se trató únicamente de un grupo de «unos 200 jóvenes que la fuerza pública separó para que no ingresaran».

«Cuando vimos que se acercaba la hora del partido y no abandonaban el lugar, empezamos a repeler y retirar a la gente. Ya se han dispersado a las personas y seguimos manteniendo el perímetro de seguridad. La fuerza pública no va a responder al choque con violencia, sino con disuasión», afirmó.

Pero a los 22 minutos del primer tiempo, el árbitro del encuentro se vio obligado a suspender el partido que entonces ganaba Junior ante la llegada de los gases al campo de juego que imposibilitaba el desarrollo del partido.

Así, el partido estuvo suspendido alrededor de tres minutos, mientras se escuchaba de fondo las detonaciones y la represión que se desarrollaba por fuera del estadio de Junior en Barranquilla.

En las redes circularon fotos de los jugadores de River y del entrenador Marcelo Gallardo cerrando o frotándose los ojos por la acción de los gases y el alcalde Pumarejo contó a TyC Sports que el DT pidió que pasaran reggaetón en el vestuario para que el equipo no escuchara los estruendos mientras se preparaba para salir a la cancha.

Ya iniciado el partido, la represión y las corridas afuera del estadio continuaban.

Por la tarde la Policía ya había actuado frente al Hilton Garden, el hotel donde se alojó el plantel argentino, ante otro grupo que pretendía bloquear el ingreso y la salida.

Otra protesta

En paralelo, escenas similares se están viviendo en la ciudad colombiana de Pereira, donde se tuvo que postergar otro partido de ese campeonato internacional por las crecientes protestas.

La Policía de Colombia dispersó a grupos de ciudadanos que rodeaban el hotel de la ciudad de Pereira en el que se encontraba el plantel de Nacional de Montevideo y que impedían la salida de los jugadores hacia el estadio donde se tuvo que retrasar una hora el inicio del partido frente a Atlético Nacional de Medellín por la Copa Libertadores.

Grupos de hinchas se habían instalado en las afueras del hotel al grito de «No se va a jugar» y sostenían que no habrá partido «mientras en las calles siguen asesinado a jóvenes que luchan por un futuro mejor».

De hecho, lograron demorar la salida primero de la utilería del club uruguayo y después del plantel mismo.

Pero la Policía dispersó a los hinchas a las puertas del hotel Movich y, aunque inicialmente los jugadores no fueron al estadio, la Conmebol decidió que el partido se jugaría, aunque con retraso.

En un punto, el titular de la delegación uruguaya, Enrique Campos, llegó incluso a decir que «no están dadas las garantías de seguridad para que se juegue».

Algo similar ocurrió frente al hotel Mora, donde estaba concentrada la delegación de Nacional de Medellín, pero los jugadores pudieron ir al estadio y esperaron allí la llegada de los uruguayos.

Ayer, un comunicado firmado por «Barristas pereiranos» bajo el título «Sin justicia no hay fútbol» había prometido que no se jugaría ese partido porque el fútbol, «el deporte más popular, vistoso y con más seguidores en el mundo, no puede servir para desviar o silenciar la atención del planeta entero sobre la situación que vive el pueblo colombiano».

Pereira fue sede hoy de una de enorme movilización como parte de la jornada de protestas convocada por el Comité Nacional del Paro, que incluyó también un Concierto por la Vida y la Resistencia en el Parque Olaya Herrera de la ciudad.

«Nuestra sede no será escenario de un partido de fútbol mientras la sangre de nuestros compatriotas sigue siendo derramada por el gobierno colombiano a manos de la Policía, el Ejército y los paramilitares», señaló el texto, que terminó con la sentencia «Si no hay pan, tampoco habrá circo».

Cuestionaron al intendente Sergio Ongarato por su falta de comprensión, la falta de comunicación y por no cumplir con sus promesas. “Desde los medios oficialistas de la Municipalidad y de parte del propio intendente mienten y no dicen que somos abiertos, uniformes y que tomamos decisiones dependiendo de las cuestiones que van sucediendo”, consideró Mariano, partícipe de la ocupación del municipio de Esquel.

Y es que este jueves se cumplirán siete días de la ocupación pacífica de la Municipalidad de Esquel por parte de integrantes de la asamblea de No a la Mina que demandan el tratamiento de la Iniciativa Popular en la Legislatura. La medida de protesta se mantiene y los manifestantes aseguraron que es una respuesta a “la traición y la inoperancia de los legisladores”.

En diálogo con El Patagónico, el integrante de la asamblea de No a la Mina manifestó que “esto empezó cuando nos habíamos apostado temprano para escuchar la sesión. Una vez que pasó lo que pasó en la Legislatura tomamos la decisión de entrar. Un rato antes habíamos hablado con el intendente y, delante nuestro, se había comunicado con su compañero de línea política (el diputado provincial, Manuel) Pagliaroni y con el vicegobernador Ricardo Sastre para decirle lo que nosotros estamos comunicando”.

Mariano recordó que cuando se realizó el plebiscito en 2003 Ongarato era concejal. “El conoce la lucha de esta ciudad y de la asamblea. Le ha mandado mensajes a algún que otro compañero pero no se ha acercado más a posicionarse y a hablar con la asamblea. El sabe que no es un acto hacia él y eso lo torna en una situación incomprensible de todo lo que estamos haciendo”.

FALTA DE COMPROMISO

El manifestante cuestionó la falta de compromiso al intendente de Esquel Ongarato por su posicionamiento. “Nosotros lo que esperábamos de él era el compromiso que asumió con nosotros, que era viajar ese mismo jueves a Rawson con los intendentes de Lago Puelo, El Hoyo y Trevelin para tener reuniones con el vicegobernador y el gobernador (Mariano Arcioni). Sin embargo, todavía no lo ha hecho aunque las noticias dicen que iría la semana que viene”, cuestionó.

Mariano también afirmó que “una vez que nos apostamos en la Municipalidad, la comunicación se cortó. No apareció más. Dictaminó que los empleados no trabajen cuando nosotros le dijimos en todo momento que íbamos a permitir trabajar normalmente. Incluso nosotros sacamos las cosas del lugar para que puedan trabajar pero él decidió no hacerlo y salió en conferencia de prensa diciendo que había presentado una denuncia en Fiscalía”, cuestionó.

“Nos enteramos de la denuncia por la conferencia de prensa y en ese momento se acercaron a hablar dos compañeros con él pero los evitó y les dijo que no iba a hablar con nosotros. Y se fue”, detalló.

“Está cortado el vínculo y la comunicación en este momento y esperamos que esta acción legal y por Fiscalía no tenga repercusiones hacia la asamblea y sus integrantes porque no es la intención terminar de esta manera ni ser perseguido por el propio intendente de la ciudad”, concluyó el manifestante.

Fuente: El Patagónico

Sindicatos y organizaciones sociales de Colombia llamaron a nuevas protestas, después de que el Comité Nacional del Paro y el presidente colombiano, Iván Duque, no lograsen ningún acuerdo en la reunión celebrada este lunes, tras trece días consecutivos de movilizaciones sociales.

Las protestas, menos intensas que en los días anteriores, persistieron a lo largo del país en medio de voces que llaman al diálogo para salir del atolladero, y después de que este domingo subiera la tensión en la ciudad de Cali por los enfrentamientos de supuestos civiles armados contra la marcha indígena.

Más de 370 personas han desaparecido en Colombia desde el pasado 28 de abril, día en el que comenzó en el país un paro nacional al que le siguieron una serie de manifestaciones y bloqueos de vías en contra de disposiciones del Gobierno, indicaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

«Las organizaciones de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada estamos entregando a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Defensoría del Pueblo una base de datos de 379 personas desaparecidas desde que iniciaron las manifestaciones el pasado 28 de abril hasta hoy», indicó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Twitter.

Al respecto, la UBPD, a través de un comunicado, hizo un llamado urgente al presidente Iván Duque para que abra «un espacio de escucha a la sociedad», y advirtió que «la crisis que vive el país no puede ser atendida bajo de la declaración de Estado de conmoción interior, porque agudiza la confrontación en las calles del país».

El miércoles, Duque dijo a la emisora local Blu Radio que como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna herramienta de la Constitución, como la conmocion interior, como búsqueda para detener las acciones violentas que se han presentado en varias ciudades (particularmente en Cali, suroeste) al margen de la protesta social.

Sin embargo, destacó que frente a la crisis actual su Gobierno ha aplicado otro tipo de instrumentos.

La UBPD agregó en su texto que «la experiencia ha mostrado que (medidas como el Estado de excepción) han puesto a la población en riesgo de violación de sus derechos, garantías y libertades ciudadanas».

Asimismo, agregó que «durante los últimos días, en el marco del ejercicio del derecho a la protesta social, 24 personas han perdido la vida y se desconoce la suerte y el paradero de al menos un centenar, así como también se tiene un reporte de personas desaparecidas, alguna de ellas cuyo cuerpo ha aparecido sin vida recientemente».

Por último, el organismo se dijo preocupado porque estos hechos ocurren durante la plena vigencia del Estado Social de Derecho, y que ante eventuales medidas excepcionales «la situación de violaciones a los derechos humanos puede agravarse».

Colombia cumplió el jueves 6 nueve días de manifestaciones que iniciaron en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo.

Sin embargo, las manifestaciones se han mantenido para exigir otras medidas al Gobierno, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz, y desmantelar las organizaciones criminales.

En el marco de esas movilizaciones nacionales, desde el pasado 28 de abril hasta la fecha, se han registrado al menos 27 muertos y 426 personas más han sido heridas en casos de abuso de la Fuerza Pública, según cifras reveladas por el Movimiento Nacional de Víctimas de

Sin embargo, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, señaló en la noche del jueves, a través de su cuenta en Twitter, que ese organismo ha «recibido denuncias sobre 36 muertes en Colombia».

Además, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.

Una selección de noticias para entender las protestas antigubernamentales avivadas por una fallida reforma tributaria, que dejan un balance de 24 muertos y más de 800 heridos en ciudades como Cali y Bogotá.

Desde el 28 de abril, en las calles de Colombia se han sucedido las manifestaciones detonadas por la reforma tributaria del presidente Iván Duque. Ante la presión de las protestas, el Gobierno ha decidido retirar la propuesta y llamar al diálogo a los distintos sectores de la sociedad colombiana, en un intento por lograr una reforma consensuada. Sin embargo, las movilizaciones masivas son un reflejo de un descontento más amplio frente al Ejecutivo de Duque.

Con su propuesta tributaria, el Gobierno se proponía recaudar el equivalente al 2% del PIB en una serie de nuevos impuestos para aliviar las presiones de deuda y preservar la calificación crediticia. Duque siempre intentó subrayar los componentes sociales de la reforma, que contemplan también una renta básica . Su iniciativa fue defendida por analistas económicos que la consideraban ambiciosa y necesaria, pero resultó inoportuna. En especial en un año previo a las elecciones presidenciales y legislativas del 2022. En una encuesta, el 82% de los consultados respondieron que no votarían por los candidatos que apoyaran la subida de impuestos.

Aunque la reforma fue el detonante de las protestas, como telón de fondo hay un enorme descontento social que aumentó en la pandemia. Colombia sufrió en 2020 una caída de 6,8% de su PIB, la mayor desde que lleva registros. El desempleo cerró el año en 15,9% y la pobreza monetaria escaló hasta el 42,5%, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Estas son las últimas noticias clave para entender qué pasa en Colombia:

Iván Duque propone una subida de impuestos para cubrir el hueco fiscal de la pandemia en Colombia. Para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, el Gobierno colombiano propuso la tercera reforma tributaria desde que Duque asumió la presidencia en 2018 y la primera en un país latinoamericano desde que el coronavirus trastocó las agendas políticas y económicas de la región. La llamada Ley de Solidaridad Sostenible aumentaba la canasta de bienes gravados con el IVA del 39% al 43%, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. También aumentaba de manera escalonada la base de contribuyentes que deben pagar renta, incluyendo a las personas que ganasen desde 2,5 millones pesos colombianos (unos 700 dólares) al mes.

La reforma tributaria reactiva las movilizaciones en Colombia en el pico de la pandemia.El 28 de abril, en plena tercera ola de la pandemia, las protestas sociales contra la reforma tributaria estallaron en Colombia. El llamado “paro nacional” que había puesto contra las cuerdas al Gobierno a finales de 2019 se reactivó con marchas masivas, bloqueos, enfrentamientos esporádicos con la policía y algunos disturbios.

El presidente de Colombia saca a los militares a la calle para contener las protestas contra la reforma tributaria. La intensidad de las manifestaciones en diversas ciudades colombianas ha escalado y las protestas han tenido más seguimiento del esperado. El sábado, 1 de mayo, se produjeron incidentes entre policías y manifestantes en las principales ciudades del país. En Cali, se registraron al menos diez homicidios, de acuerdo con la policía. Duque entonces decidió sacar a los militares a la calle en un intento de mostrar que la situación estaba bajo control, pero esa decisión acentuó las tensiones.

Duque cede a las protestas y retira la reforma tributaria de Colombia. El domingo, 2 de mayo, Iván Duque decide dar marcha atrás en su propuesta de reforma tributaria. “Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera”, dijo el presidente. Un día después, dimitió el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien había elaborado la polémica reforma.

La violencia policial se descontrola en Colombia. El martes, 4 de mayo, Colombia vivió otra jornada de violencia que alertó a los organismos internacionales. La UE y la ONU condenaron el uso “desproporcionado” de la fuerza en las manifestaciones. Una de las imágenes más impactantes fue la de carros blindados y helicópteros dispersando a la multitud con gases lacrimógenos y detonaciones de armas en Cali. En ese momento, distintas organizaciones indicaron que al menos había 19 muertos, 87 desaparecidos y más de 800 heridos en el país.

El acoso policial a las mujeres que protestan en Colombia: “Si así son las marchantes, qué rico echarles gases”. Hasta el 4 de mayo, según la ONG Temblores, que documenta el abuso de autoridad, se habían producido una decena de casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública durante las protestas en Colombia. La mayoría de hechos de abuso policial contra las mujeres ha ocurrido de noche y cerca de estaciones de la policía.

La represión de las protestas sella el divorcio de Duque con los jóvenes. Después de una semana de protestas el balance es de 24 muertos, según informó la Defensoría del Pueblo, casi todos jóvenes. Son ellos quienes están en la primera línea de las marchas antigubernamentales que en algunos casos han acabado en violentos enfrentamientos con la fuerza pública. En una reciente encuesta de la consultora Cifras y Conceptos, el 74% de los consultados entre 18 y 25 años tenía una imagen desfavorable del mandatario.

Las réplicas internacionales sobre las movilizaciones en Colombia se han vuelto masivas. Colombianos presentes en otros países del mundo han salido también a las calles para apoyar a quienes dentro del país han marchado en contra de algunas políticas del Gobierno o iniciativas legislativas que estaban vigentes, como la reforma tributaria.

Esta vez, desde Buenos Aires, Argentina, los colombianos alzaron su voz para rechazar los actos de vandalismo que se ha presentado en los últimos días y, además, los actos de violencia a los que se habrían sometido ciertos grupos de ciudadanos en las capitales del país.

Junto a estos connacionales, también se han movilizado trabajadores argentinos que se desplazaron hasta el Consulado de Colombia en Buenos Aires para rechazar la “represión” que está sucediendo en el país.

“Abrazo fraternal y solidario de todos los trabajadores y trabajadoras de la CTA Autónoma de todo el país. No es simplemente una solidaridad pasiva, sino que es una solidaridad activa, estamos en las movilizaciones, pero también en contacto con las denuncias internacionales”, expresó el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, Ricardo Piedro.

En las imágenes se observa cómo la CTA se vinculó a la movilización pacífica que se realizó en la capital argentina y que llegó a las inmediaciones del Consulado de Colombia para pedir que se realicen más vulneraciones a los derechos humanos, como lo han pedido otros organismos internacionales durante este martes.

“Le decimos no a la represión, no a las muertes. Ese petitorio que han presentado las organizaciones y centrales sindicales, ese petitorio por la emergencia sanitaria, de educación, contra la violencia a las mujeres, ese petitorio fue respondido no con una mesa para discutir, sino con asesinatos, represión y prisión”, añadió el líder sindical argentino.

Entre los mensajes compartidos en las redes sociales por la CTA destaca el siguiente: “Se expresa en las calles de ·Argentina la solidaridad activa con las centrales sindicales y el pueblo colombiano. Basta de represión y ajuste por parte del gobierno de Duque, es el grito. #ColombiaEnAlertaRoja.

Otro de los líderes de la CTA en Argentina, Carlos Díaz, señaló a través de las redes sociales que el acompañamiento desde el sur del continente está fundamentado en que se termine con los actos de violencia y de enfrentamientos con la fuerza pública que se están presentando desde el 28 de abril. “Son momentos difíciles los que vive la humanidad”, expresó.

Ante estos mensajes, los sindicatos colombianos y las agremiaciones de trabajadores agradecieron la solidaridad expresada desde Argentina, como lo hizo la Central Unitaria de Trabajadores y Fecode, el gremio de los educadores colombianos.

“Gracias a la CTA Autónoma y a su secretario general Ricardo Piedro por el apoyo hoy en el acto frente al consulado de #Colombia en Buenos Aires, en solidaridad con el Paro Nacional en Colombia y de los trabajadores colombianos ante la represión del gobierno de Duque #SOSColombia”, expresaron los educadores a través de Twitter.

En la tarde de este martes, el presidente colombiano, Iván Duque, anunció que instalará una gran mesa de diálogo nacional en medio de los fuertes choques que se han registrado entre los manifestantes y los integrantes de la fuerza pública en varias regiones del país en el marco del paro nacional.

Duque manifestó que se creará un espacio con todos los sectores de la sociedad para realizar un gran diálogo en el que se rechace la violencia y se permita avanzar en la construcción de país escuchando las diferencias con respeto.

En su intervención, el jefe de Estado afirmó que no va a tolerar que se vulneren los derechos humanos de las personas que participan pacíficamente de las protestas en Colombia por parte de la fuerza pública. Asimismo, indicó que no se pueden aceptar las agresiones violentas en contra de los uniformados de la Policía Nacional.

Fuente: Semana