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En Chubut la voluntad popular frenó el avance de la minería a cielo abierto. Pero las empresas transnacionales no se resignan y, en alianza con los gobiernos locales más el aval de la Nación, avanzan sobre los recursos naturales en busca de dólares frescos. Mientras tanto les vecines luchan por apagar incendios forestales, padecen el retraso de los salarios estatales e intentan repeler el insistente lobby minero. Desde Esquel, un informe sobre la letra chica de un conflicto que seguirá provocando pasiones.

Pan American Silver es una empresa canadiense propietaria del yacimiento Navidad, un proyecto minero que abarca ocho depósitos minerales, cinco de los cuales se encuentran en una misma línea continua de casi seis kilómetros de largo. Se ubica en el centro de la meseta chubutense, “cerca” –diríamos aquí en la Patagonia– de las localidades de Telsen, Gan Gan y Gastre. De acuerdo al informe técnico preliminar encargado por Pan American Silver, Navidad contiene un estimado de 52.874.000 toneladas de mineral de cobre-plata, 36.571.000 toneladas de plata y 418.083.000 toneladas de material “no mineralizado” o “no económico”. Esto lo coloca como uno de los más grandes yacimientos argentíferos de América. Si bien las estimaciones varían de acuerdo al conocimiento del subsuelo y la inversión que se esté dispuesto a realizar, se calculan las reservas de plata por encima de los 600 millones de onzas (cada onza pesa 31.1 gr). La onza de plata vale hoy 26 dólares en el mercado internacional.

Minería sin códigos

Pero Navidad está prohibido. Pan American Silver reconoce en su página web: “La provincia de Chubut aprobó una ley en 2003 (Ley 5001) que prohíbe en toda la provincia la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en el procesamiento de minerales, obstaculizando por ende el desarrollo de Navidad. Hasta la fecha esta ley permanece vigente. Nuestras actividades en Navidad en este momento están orientadas por un plan de inversión que tiene por objetivo satisfacer los requerimientos legales necesarios para mantener las propiedades mineras de acuerdo con la ley de minería actual. Planeamos continuar cumpliendo con estos requisitos de mantenimiento, permanecer comprometidos con Navidad y contribuir con el desarrollo económico y social de Chubut, en el caso de que se adopte un marco legislativo favorable”.

La ley 5001 (para ser rigurosos, su nombre actual es Ley XVII-N° 68) fue una consecuencia inmediata de la movilización antiminera de Esquel. Entre 2002 y 2003 la población rechazó, mediante la acción callejera, la instalación de una mina de oro y plata que pretendía ubicarse a escasos seis kilómetros del centro de la ciudad. Un plebiscito, forzado por esta movilización y realizado en la ciudad el 23 de Marzo de 2003, arrojó un 81% de rechazo. Sobre estos cómputos el diputado (PJ) Eduardo de Bernardi propuso un proyecto de ley que prohibiera el uso de cianuro al oeste de la Ruta Nacional 40 y que, por contraposición, lo permitiera hacia el este. Sin embargo, como no se llevó adelante –luego de aprobada la ley– la zonificación provincial que el proyecto establecía, la prohibición de cianuro quedó vigente para todo el territorio provincial.

¿Por qué la prohibición del uso de cianuro es tan determinante para la actividad minera? Porque el cianuro se utiliza para separar químicamente los metales de la roca minada de una manera que resulta para las empresas práctica y rentable. Si no pueden usar cianuro el margen de ganancia se achica tanto que prefieren no invertir.

La minería en gran escala y a cielo abierto en Argentina es relativamente nueva. Existió una guía para inversores, “Diez razones para invertir en Minería Argentina”, publicada en 2001 por la Subsecretaría de Minería, perteneciente en aquel entonces al Ministerio de Infraestructura y Vivienda, que trazó los lineamientos generales de esta explotación. Si bien hay tradición minera en ciertas regiones, el incentivo y desarrollo de la actividad se inició a mediados de la década del noventa, gracias a la reforma de la Constitución de 1994 que asigna a las provincias el control del subsuelo, hasta entonces de potestad nacional. También la reforma del Código de Minería fue un impulso, pues garantizó a las empresas “derechos de propiedad perpetuos, transferibles y no discriminatorios: el derecho a explotar y usar la mina es exclusivo y su espectro es amplio, es perpetuo y transferible sin discriminación de nacionalidad del comprador, permitiendo la venta y leasing del activo, siendo también susceptible de hipoteca y demás derechos reales sin necesidad de autorización previa”. Se suma, a diferencia de otros países, la inexistencia de restricciones por sustancia: el código de Minería se basa en la posibilidad de explotación privada sin exclusiones de cualquier sustancia mineral (inclusive estratégicas, nucleares y otras). A su vez, las barreras de acceso a las tierras son casi inexistentes. Así lo deja en claro la guía: “Hay pocos límites para acceder a las áreas mineras, a diferencia de lo que sucede en otros países como consecuencia de los derechos de los aborígenes y temas relacionados con Parques Nacionales”.

La facilidades impositivas y tributarias garantizadas por estas reformas incluyen bajísimos cánones, retenciones nimias, reembolsos varios y plazos de explotación ilimitados. Al mismo tiempo, los planes PASMA I y PASMA II (Programa de Apoyo al Sector Minero Argentino), financiados por el Banco Mundial, “modernizaron” agencias como el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), vinculándolas directamente (también al mapa geológico minero argentino y los conocimientos producidos por universidades y agencias estatales específicas) con el capital transnacional.

Como en tantas otras áreas, Menem lo hizo pero los demás lo continuaron. Entre 1994 y 2021 ocuparon el cargo presidencial Carlos Menem (dos mandatos), Fernando de la Rúa, Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saá (muy efímeramente), Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández (en dos oportunidades), Mauricio Macri y Alberto Fernández. Más allá de mover para arriba o para abajo el porcentaje de retenciones, la política minera se mantuvo intacta, en una clara muestra de que cuando se quiere sostener una política de Estado, se puede.

Papá Noel (ex)trae juguetes

Pan American Silver (PAS) se llama parecido a Pan American Energy (PAE), la empresa petrolera de Bulgheroni, que también actúa en Chubut, pero no tienen nada que ver. PAS es una empresa canadiense fundada por Ross Beaty en 1994. Beaty –quien está próximo a retirarse– hace gala de una imagen de empresario innovador, “self-made”, comprometido y preocupado por el medio ambiente, al punto de regentear una fundación que se dedica a la conservación de panteras, por lo que recibió un premio.

En 2016 se viralizó una foto de Ross Beaty dialogando con el entonces presidente Mauricio Macri en el marco del “Mini-Davos” realizado en septiembre de 2016. También se lucían en la fotos el Ministro Juan José Aranguren y Eduardo Elzstain, de IRSA, que compró el 40% del Proyecto Suyai para explotar el Cordón Esquel en 2016. En esa ocasión se informó que Beaty le había agradecido al presidente “los esfuerzos realizados por el Gobierno nacional para promover el desarrollo de la minería responsable en todo el país”. Mientras que Macri confirmó que “a partir del diálogo, la transparencia de los procesos y una operación ambientalmente impecable, se lograrán condiciones necesarias para generar nuevas fuentes de trabajo en Chubut”.

Además de PAS, Beaty fundó y dirigió varias empresas mineras que explotan yacimientos en diferentes lugares del mundo, como Equinox Gold Corp. y Lumina Copper Corp. Beaty suele dar entrevistas, a través de las que cultiva su perfil entrepreneur, de hombre de negocios dinámico y sin pelos en la lengua. “Yo soy un ambientalista y creo que hay algunos emprendimientos mineros que no deberían hacerse”, declaró en una entrevista en La Nación. Claro que los yacimientos que desde su perspectiva no deberían explotarse no suelen coincidir con los que gestionan sus empresas.

El discurso de Beaty sobre los proyectos mineros no se diferencia demasiado de los de otros CEOs colegas ni de los promotores mineros locales: habla de crear trabajo, de aprovechar lugares donde aparentemente “no hay nada”, de ir por los “grandes proyectos” y no por los “chicos” que tienen los mismos problemas pero menores retribuciones e incluso que hay que ir a trabajar a lugares “duros” como Rusia, Indonesia o China.

Si bien dice estar enamorado de la Argentina desde que escaló el Aconcagua en la década del setenta, comenzó a invertir en el país durante el kirchnerismo y Manantial Espejo, la mina que PAS controla en Santa Cruz, está activa desde 2009. Supuestamente está próxima a cerrar pero constantemente se le estira la vida útil. Haber hecho buenos negocios no le impide ser un rabioso crítico del kirchnerismo: “El sector minero no se desarrolló por culpa del gobierno anterior. Ellos Kirchner fueron pro minería, pero sus políticas no lo fueron. Muchas compañías se quemaron en los años de Cristina Kirchner, y es difícil hacer que vuelvan a confiar”.

Desde 2009 Manantial Espejo declara haber minado del suelo cruceño 2,6 millones de onzas de plata. Es un caso extraño de un Papá Noel que no trae regalos sino que los extrae y se los lleva lejos.

No es No

Mariano Arcioni llegó a la vicegobernación de Chubut en la fórmula que Mario Das Neves encabezó en 2015. Das Neves fue el responsable del endeudamiento en dólares que hoy jaquea a la provincia, pero se murió y dejó a su vice con la misión de pagar los platos rotos.

La dupla gubernamental había basado su campaña y los primeros tramos de gestión en un discurso fuertemente asociado a la defensa del agua y el no a la minería. En aquel momento las fuerzas del Partido Justicialista más cercanas al kirchnerismo gobernaban la provincia e impulsaban las transformaciones legales que permitieran el desembarco minero. Una situación en negativo de lo que ocurre hoy.

Chubut produce primordialmente petróleo, aluminio, electricidad y pesca. Pero no captura prácticamente nada de dichas rentas. Es la provincia más lanera y ovejera del país, aunque ello apenas significa un 2% de su producto geográfico bruto. Tiene condiciones ecológicas como para autoabastecer sus necesidades alimentarias, pero importa frutas y verduras desde el norte del río Colorado. Con estos recursos y una población de apenas 600.000 personas, no puede hacer frente a sus gastos corrientes. Sin embargo, la propuesta no es construir un modelo productivo sino profundizar un esquema de enclave extractivo con la promesa de un futuro derrame de empleos y bienestar que ya se ha demostrado fallido en Catamarca, San Juan o Santa Cruz.

Frente a lo que parecía ser una derrota inminente, en 2019 Arcioni se lanzó como candidato a gobernador con el apoyo de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados por el oficialismo. Acordó paritarias superiores al 40% con todos los gremios estatales y se puso al día con el pago de salarios atrasados. Pero apenas ganó volvió al pago escalonado que llevó en 2020 y 2021 a un retardo de dos y tres meses en los haberes.

Durante 2020, en plena pandemia, comenzó con ímpetu su carga para sancionar la ley de zonificación minera, normativa hecha a la medida de Pan American Silver y sobre la que todos sospechamos que se trata de la cabeza de playa que prepara un desembarco masivo para todas las regiones de la provincia. Entre diciembre y marzo, cuatro veces estuvo a punto de votarse en la Legislatura Provincial el proyecto de zonificación repudiado por la población. Las cuatro veces la movilización popular, forzada a organizarse a pesar del riesgo de contagio y el hastío de no ser escuchada, obligó a suspender su tratamiento.

El ingenio popular bautizó como “Traicioni” al escribano oriundo de Comodoro Rivadavia, que ha tenido la habilidad de sobrevivir en el cargo de gobernador a pesar de haber tenido a todos los gremios estatales en contra, haber perdido meses de clases en la escuelas y tener paralizados a los hospitales y los tribunales.

Los que nunca se pelearon con Arcioni fueron los petroleros. Todo parece apuntar a que la alianza entre el petróleo, la pesca, el aluminio y el latifundio ha liado un sólido nudo en la hegemonía provincial. Por más que los trabajadores y las trabajadores estatales recurran a las medidas más extremas, no bastan para romper el balance que sostiene la espiral descendente del Chubut.

El Desquite

Lo que detuvo en 2003 al proyecto minero El Desquite, en Esquel, fue una masiva movilización que forzó al poder municipal a realizar un plebiscito que adoptó forma de ley en la 5001. Una resistencia ciudadana similar pudo detener el proyecto de zonificación minera necesario para la operatoria legal de Pan American Silver. Pero estas demandas no encuentran canalización posible en el marco institucional chubutense. No es que formalmente los canales no existan sino que están bloqueados, ocluidos o distorsionan todo lo que allí circula.

El proyecto de ley de iniciativa popular es un ejemplo. Chubut prevé constitucionalmente que la ciudadanía pueda presentar directamente proyectos de ley si los avalan con una cantidad de firmas proporcional a la población. Las asambleas de la provincia presentaron dos veces un proyecto para prohibir la minería a cielo abierto. La primera terminó en un escándalo cuando los legisladores no sólo pervirtieron la letra del proyecto para convertirlo en una zonificación encubierta sino que un fotógrafo registró en el recinto a Gustavo Muñiz recibiendo instrucciones por celular de parte de un gerente minero durante el tratamiento de la ley. La segunda iniciativa popular está en comisiones en este momento, durmiendo el sueño de los justos mientras con la mano izquierda se apura el proyecto de zonificación de PAS.

Las marchas y actos se repiten regularmente, pero ni los votos, ni las movilizaciones, ni la presentación de proyectos de ley conlleva efecto alguno para formalizar las decisiones de una mayoría de la población que las instituciones se niegan a reconocer. Hoy el conflicto está cada vez más en manos de la represión policial, alimentada por la actitud que el ministro de Seguridad Federico Massoni le imprime a una dirigencia que no puede dar respuestas políticas.

Las piruetas discursivas de los actores políticos son otro índice de la degradación de la dirigencia chubutense. Desde Sebastián López (PRO), que pedía “cien lucas” para hacer lobby minero hasta Carlos Linares (FdT), quien pasó de reunirse en Telsen con el exministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, a ser antiminero ahora que tiene aspiraciones a Gobernador. Y por supuesto “Traicioni”, quien puede decir una cosa como la otra.

Y es que no se pueden ganar elecciones en Chubut con un discurso prominero. De manera que la parábola es recurrente para la clase política local: es antiminera en la oposición y prominera en el gobierno, con las honrosas excepciones de algunos legisladores y legisladoras y cuadros intermedios y territoriales.

En definitiva, aquí la antipolítica nace desde las instituciones políticas. El fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras sobrevuela la provincia únicamente detenido por una ciudadanía que ha fijado el No a la Mina como unas de esas líneas que se trazan en el suelo e indican que, más allá de este punto: no se puede.

Tierra de fuego y rocas

A mediados de marzo, Alberto Fernández y una comitiva llegaron al noroeste de Chubut unos días después de que el fuego destruyera más de 360 casas, miles de hectáreas de bosques y toda la infraestructura habitacional de la región. Pese a la voluntad presidencial de anunciar subsidios y apoyos para la reconstrucción, el vehículo en que se trasladaba a Fernández resultó apedreado por “militantes antimineros”.

Este es un hecho nuevo. Otros presidentes y altos funcionarios han estado cerca de la zona, incluso en momentos complicados, y nunca resultaron agredidos. Las asambleas y los movimientos antimineros siempre fueron pacíficos en sus modos de manifestación y protesta. De hecho, repetidamente han resultado víctimas de las agresiones, sea por la policía o por patotas políticas o sindicales promineras. No es un medio propio de las asambleas antimineras el recurso a la acción violenta.
Pero es necesario comprender el contexto en que una decena de manifestantes agredieron a la comitiva presidencial. Los últimos años han sido dramáticos en el Chubut, especialmente en la zona cordillerana: incendios, desalojos, represiones, desapariciones y muertes se han sucedido sin tregua. A nivel provincial la conflictividad asociada a la falta de pago de salarios, que se ha extendido por más de tres años, determina el ánimo social en las últimas épocas.

Sumado a ello, todo el verano pandémico estuvo atravesado por marchas, manifestaciones, escraches y movilizaciones destinadas a frenar un madrugazo legal que habilite el proyecto de zonificación en todas las ciudades de la provincia.

En este marco, diferentes interpretaciones -algunas más, otras menos aberrantes- se suceden como explicaciones posibles de los incendios. Una versión muy extendida en la comarca cordillerana afirma que los fuegos en Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, el paraje Golondrinas (que es parte de Puelo) y Cholila, fueron no sólo intencionales sino una forma de represalia por manifestarse contra la megaminería; que los mineros quemaron la Cordillera. Otra, complementaria, dice que el presidente comparte la vocación minera de Arcioni y que su supervivencia como gobernador sólo responde al apoyo que ha recibido por parte del gobierno nacional. Si bien Alberto dice que es un tema de los chubutenses, las acciones del Secretario de Minería parecen indican otra cosa.

Este estado de efervescencia y posdesastre, caldo de cultivo para operaciones policiales, judiciales y políticas de diversa índole, quizás aporte elementos para interpretar lo acontecido con la caravana presidencial así como el carácter que podrían asumir las confrontaciones en el Chubut en adelante.

En Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew, Puerto Madryn y Rawson, se llevaron adelante movilizaciones para rechazar una vez más la zonificación minera que el Gobierno de Arcioni pretende instaurar en la provincia.

En las primeras horas de la tarde de este miércoles se conoció el resultado de la Comisión de Ambiente, donde descansa el proyecto prominero. Se confirmó que consiguió dictamen positivo para su tratamiento y ante tal situación se generó una alerta en la ciudadanía, que una vez más se organizó para protestar en contra de la zonificación minera.

De manera simultanea, se llevaron adelante movilizaciones en Esquel, Trelew, Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia. En la ciudad cordillerana, la marcha estuvo custodiada por un amplio operativo de las fuerzas armadas.

Movilización en Esquel

A pesar de la falta de información oficial de parte de la Legislatura y el Gobierno provincial, lo que ha sido una constante desde el mes de noviembre que se presentó el proyecto; trascendió cómo fue la votación en comisión.

Los diputados que votaron a favor de la aprobación fueron Roddy Ingram, Carlos Gómez, Mariela Williams y Carlos Eliceche (Frente de Todos); Sebastián López (ex PRO que apareció en un video pidiendo coimas por lobby minero y ahora en bloque unipersonal también acompaña); y Tatiana Goic, quien se vio envuelta en el escándalo por la vacunación VIP en la obra social de Camioneros.

Marcha en Comodoro

Por la negativa y el rechazo total a la zonificación se manifestaron la diputada de la UCR, Andrea Aguilera, y el petrolero del Frente de Todos, Mario Mansilla. La única ausente fue la diputada capitalina, Rossana Artero.

Se prevé que para este jueves el proyecto oficialista sea aprobado, aunque el dictamen necesita de la mayoría simple de los presentes, lo que significará una nueva variable según la cantidad de ausentes o abstenciones que haya durante la votación virtual.

Ante este contexto, los distintos sectores sociales de Chubut ya alertaron y se movilizaron en las distintas ciudades para hacer respetar la voluntad popular que en innumerables manifestaciones se expresó en contra de la megaminería y a favor de los recursos naturales de la provincia; que hasta el momento no fue tenida en cuenta por el gobernador Mariano Arcioni.

Fuente: Con Sello Patagónico

Sin confianza respecto al pago de aguinaldos para este viernes, los Judiciales ratificaron medidas de fuerza con la continuidad de retención de servicios y paro para este viernes. Sigue vigente el pedido de recomposición salarial.

Los empleados judiciales mañana realizarán un paro total de actividades, y habrá manifestaciones en todos los tribunales de la provincia. Piden que los recibe el Superior Tribunal de Justicia para discutir una recomposición social. Ponen en duda que el gobierno de Mariano Arcioni vaya a depositar los aguinaldos este viernes, y reclaman los sueldos adeudados.

El dirigente de Sitrajuch, Raúl Belcastro, dijo en diálogo con El Chubut que hasta ayer no había ninguna información del área contable del STJ de que el Gobierno provincial vaya a depositar los aguinaldos.

«No lo escuché al Gobernador decir que este viernes estaría pagando el aguinaldo a todos los estatales», desconfió el gremialista. Además, remarcó que aún pagando una masa salarial los primeros días de marzo saldarían las deudas de diciembre para los empleados de los rangos 3 y 4.

ENDURECEN MEDIDAS DE FUERZA

Belcastro ratificó que los judiciales siguen con retención de servicios y mañana harán un «paro activo» al igual que el lunes 8 de marzo. También reflotó el reclamo que llevaron al Superior Tribunal de Justicia para que se investigue la deuda contraída por la Provincia.

Junto con la regularización de los haberes, los empleados judiciales piden al Superior Tribunal una recomposición salarial del 20 por ciento a cuenta del año pasado, que se sumaría al 10 por ciento que ya percibieron.

El pedido de recomposición es sobre la base del IPC de la Patagonia 2020 que establece una pérdida del valor adquisitivo del salario del 32,3 por ciento.

Los judiciales vienen realizando protestas periódicas en los tribunales para expresar su descontento con la falta de respuestas del gobierno de Arcioni al reclamo de sueldos. También siguen gestionando reuniones con el Superior Tribunal de Justicia para aplicar la recomposición que entienden que está contemplada dentro del Presupuesto 2021.

El lunes los estudiantes realizarán una protesta en la sede de la UNPSJB por la falta de políticas para realizar prácticas profesionales. Son 20 alumnos de cuarto y quinto año que esperan novedades.

El 15 de marzo se podría tener novedades sobre la posibilidad de que los estudiantes de la carrera de Medicina puedan realizar sus prácticas profesionales para culminar sus estudios. Así quedó determinado en la reunión que mantuvieron las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud (FCNyCS), la Federación Universitaria Patagónica (FUP) y estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera.

En el encuentro estuvieron presentes el director del Departamento de Medicina, Gabriel Sebastián; la decana de la FCNyCS, Lidia Blanco; la vicedecana, Olga Herrera, y la secretaria académica, Bárbara Rueter.

“Si bien en muchas de las cuestiones se han puesto a resolver, o por lo menos dieron la información al respecto, lo que no nos encontramos es con la posibilidad de decir que ahora empezamos con las prácticas. Sí nos dijeron que el 15 de marzo podría haber una posibilidad de arrancar”, sostuvo Matías Silvera, presidente de la FUP, en diálogo con El Patagónico.

“Estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de Medicina vienen enviando notas para que puedan realizar sus prácticas profesionales. En mi caso, como presidente de la FUP, elevé la nota a la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud y al rector de la Universidad (Carlos De Marziani) para que nos puedan dar algún tipo de respuestas pero hasta el momento esa nota no tuvo respuesta”, cuestionó Silvera.

“Lo que hicimos fue comunicarnos mediante correo por la pandemia. Lamentablemente por la burocracia que implican los protocolos sanitarios, no nos contestaron los correos. La Universidad está actuando muy mal porque uno cumple un rol estudiantil y recibimos constantes mensajes con estos problemas y necesitamos una respuesta”, acotó.

Ahora, los estudiantes convocaron a manifestarse el lunes en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco para pedir que les permitan realizar sus prácticas profesionales para finalizar sus estudios.

PEDIDOS DE LOS ESTUDIANTES

Las prácticas no se realizan desde el año pasado y los alumnos temen que pasen más tiempo sin prácticas profesionales teniendo en cuenta que el próximo ciclo lectivo comienza en mayo. “No queremos que esto se retrase aún más. Estamos entrando a marzo y no hay ninguna respuesta”, aseveró Silvera.

“Se entiende lo que pasó el año pasado, pero este año los chicos estuvieron poniendo el cuerpo en situaciones como el Plan Detectar. Esa es la contradicción que nosotros planteamos. Así como se realiza el Plan Detectar, con voluntarios, estaría bueno que hagan otras acciones para que los alumnos puedan tener sus prácticas. Esperamos una solución sobre esto y que se abran los caminos de dialogo”, destacó.

“Los chicos se preguntan ‘¿qué va a pasar con mi carrera?’. Esto es un problema personal para cada una de las personas a la hora de conseguir trabajo. También hay estudiantes de otras localidades que pagan alquiler y quieren seguir con sus estudios. Las autoridades deben rever esta situación”, consideró Silvera.

Fuente: El Patagónico

En la mayor huelga general desde la revolución de 1988, millones de personas paralizan el país tras abatir los militares a dos manifestantes y herir a varias decenas en Mandalay.

Multitudes en Rangún, Mandalay, Naypyidaw, el lago Inle y, prácticamente, por toda Myanmar, nombre oficial de la antigua Birmania. Un río humano inunda este bello país del Sudeste Asiático para luchar por su joven democracia, amenazada por el golpe de Estado que el Ejército dio el 1 de febrero contra el Gobierno de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

Tras la represión del fin de semana, que se cobró al menos dos vidas y decenas de heridos, millones de personas han tomado las principales ciudades birmanas para sumarse a una nueva jornada de huelga general. Llamada la «Revolución de los Cinco Doses» por celebrarse este 22 de febrero, recuerda por su carácter masivo al Levantamiento de los «Cuatro Ochos» del 8 de agosto de 1988 contra la dictadura militar de aquel entonces, que acabó en un baño de sangre un mes después.

Pero ni siquiera tan trágico recuerdo ha amilanado a los manifestantes, quienes siguen desafiando a los soldados comandados por el general Min Aung Hlaing, el nuevo «hombre fuerte» del país. Según informa el periódico ‘The Irrawaddy’, la huelga general ha sido convocada por 25 organizaciones de todo tipo, desde partidos políticos hasta sindicatos estudiantiles y agrarios pasando por grupos religiosos, profesionales y de intelectuales, y es ya la mayor movilización desde el golpe. «Las protestas de hoy son mucho mayores que las de antes, con más carreteras y autopistas cortadas y tiendas cerradas por todos sitios. Hoy es más una huelga general en el sentido de que nadie ha ido a trabajar. Además de las tiendas, han cerrado las empresas estatales, los departamentos de Hacienda, los ingenieros, los médicos…», explica a la BBC Thompson Chau, periodista del medio local Frontier.

Tal y como muestran las redes sociales en internet, que han estado cortadas durante la noche y parte de la mañana, la muchedumbre se ha echado a las calles pese a la represión que el Ejército llevó a cabo durante el fin de semana. El sábado, al menos dos personas murieron tiroteadas por los antidisturbios en Mandalay, la segunda ciudad del país, durante un paro en unos astilleros.

A tenor del Relator Especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews, en el aplastamiento de esa protesta participó la infame División 33 de Infantería Ligera, más conocida por sus masacres en 2017 contra los musulmanes de la etnia rohinyá en el estado de Rajáin. Así se ve en algunas fotos de los soldados difundidas por las redes sociales, donde se distingue el emblema ’33’ en sus uniformes de camuflaje. «Estoy horrorizado con la pérdida de más vidas, incluida la de un adolescente, mientras la Junta militar aumenta su brutalidad en Birmania.

Desde cañones de agua hasta pelotas de goma y gases lacrimógenos y ahora tropas disparando a manifestantes pacíficos. ¡Esta locura debe acabar!», escribió Andrews en su Twitter. Además, mostró su preocupación por un aviso público de las autoridades, quienes advirtieron de que «los manifestantes están incitando a la gente a un camino de confrontación donde sufrirán la pérdida de más vidas». A su vez, Andrews recordó al Ejército birmano que, al contrario que en 1988, «las acciones de las fuerzas de seguridad están siendo grabadas y se os pedirán responsabilidades».

En un mundo globalizado a pesar de la pandemia del coronavirus, internet y la información al instante son las grandes diferencias con aquella revolución, que derrocó al dictador Ne Win, en el poder desde 1962, pero fue revelado por otra Junta de generales que aplastó a la oposición demócrata y encerró a su líder, Aung San Suu Kyi, bajo arresto domiciliario. Así se pasó 15 de los siguientes 20 años, hasta que fue liberada en 2010 y comenzó una tímida transición democrática que se confirmó en 2015 con las primeras elecciones libres. Tras ganar en noviembre las segundas por abrumadora mayoría, el Ejército ha vuelto a alzarse contra ella.

En esta ocasión, los militares saben que, si fracasa su golpe, serán castigados duramente y se quedarán sin el poder político y económico que habían conservado tras la llegada de la democracia. Para corregir la Constitución que el Ejército promulgó a su medida y aprobó en un «pucherazo» en 2008, los manifestantes piden su abolición y el establecimiento de un nuevo gobierno federal que firme la paz con las numerosas guerrillas étnicas que controlan amplias regiones de Birmania, que se han vuelto a rebelar contra los militares.

Menos a China, que definió al golpe como una «importante remodelación del Gobierno», el general Min Aung Hlaing tiene en contra a buena parte de la comunidad internacional, liderada por Occidente. La cuestión ahora está en saber hasta dónde son capaces de llegar unos y otros.

Entre los efectivos comenzaron a circular mensajes en rechazo a los dichos de Berni, que habló de “sacar a los tiros” a quienes tomen una comisaría.

El 11 de febrero podría realizarse una protesta de policías bonaerenses en la Costa Atlántica en reclamo de mejoras salariales y este viernes el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, advirtió que no tolerará ninguna medida de fuerza: “¿Qué voy a hacer si me toman una comisaría? Voy y los saco a tiros.”.

Luego de que se hicieran públicas estas palabras, en las redes los efectivos comenzaron a compartir mensajes que acusan a Berni de “amedrentar” y “despertar provocación”. También piden “escuchar y solucionar definitivamente las reales necesidades del personal” y critican las amenazas de abrir un sumario a agentes que se quejaron de que “no tenían combustible” para patrullar. En algunas localidades, como City Bell, vecinos también llaman a hacer un “alarmazo” contra la inseguridad.

Sergio Berni: “Si me toman una comisaría voy y los saco a los tiros”

En este contexto, en el Ministerio de Seguridad y la administración de Axel Kicillof, temen que se de una situación similar a la vivida en septiembre, cuando miles de agentes salieron a las calles sin conducción formal.

Desde la cartera que conduce Berni le brindaron a TN.com.ar una respuesta tajante: “Cualquiera que intente tomar una comisaria será tratado como lo que esta haciendo y obviamente tendremos el apoyo de aquellos que defienden la democracia frente a estos intentos. Los que se pongan del lado de los insurrectos deberán dar explicaciones a la sociedad”.

“La insurrección de septiembre fue un acto fuera de la ley. Si ellos están molestos que lean la ley y el reglamento”, recalcaron.

La convocatoria a la protesta se lleva adelante a través de las redes sociales y desde una página de Facebook llamada “Policías Reclamando”, que tiene 56 mil seguidores.

“Nos comprometimos a una reparación histórica”
“Nosotros con el gobernador Kicillof nos comprometimos a una reparación histórica: equiparar a los policías bonaerenses con los sueldos de las fuerzas federales, y ya empezamos por los escalafones más bajos”, aseguró Berni en diálogo con Clarín. El funcionario precisó que la propuesta de la Provincia debe ser aceptada ya que “esto no es una negociación”.

En septiembre de 2020, tras una semana de tensión y protestas, la gestión de Kicillof llegó a un acuerdo salarial con los uniformados. Allí anunciaron que el ingreso mínimo de bolsillo de un policía bonaerense trepaba a $44.000. Además se llevó a $5.000 el dinero estipulado para el uniforme y una mejora en las horas cores (extras), que pasaron de 40 a 120 pesos.

El jueves, en un acto de entrega de patrulleros en Escobar, Kicillof multiplicó la críticas contra la gestión anterior: “Veo los patrulleros y cuando Ariel (Sujarchuk) me dice que durante los cuatro años anteriores perdió efectivos policiales y que cuando asumimos en el distrito quedaban 20 patrulleros, yo me pregunto qué hubiera pasado si en vez de pagar publicidad en las redes sociales y llenar de carteles con lo que teóricamente estaban haciendo, ponían los patrulleros, los sueldos para la policía y se dedicaban a las cosas serias y reales en lugar de trabajar en la virtualidad, propaganda y el verso”.

La muerte de un hombre luego de un enfrentamiento con un policía chileno provocó una ola de protestas en el poblado de Panguipulli, en el sur de Chile, el viernes.

El hombre fallecido, un malabarista callejero, presuntamente rechazó un chequeo policial para una identificación adecuada, lo que resultó en un enfrentamiento con un policía, dijo el teniente coronel Boris Alegría Michellod en una conferencia de prensa. Luego, el agente de policía disparó múltiples tiros al suelo antes de disparar al hombre, según Alegría Michellod.

“Esta persona persistió en ir encima del policía blandiendo estos elementos que son armas blancas. Por eso, al resguardar su propia vida, los [policías] decidieron hacer uso de las armas de fuego en el marco de la legítima defensa”, dijo Alegría Michellod.

Protestando por la muerte del hombre a manos de la policía, la gente salió a la calle e incendió varios edificios en el municipio de Panguipulli.

Según el cuerpo de bomberos, las oficinas de Correos, el juzgado de policía local, el registro civil, entre otros edificios de la zona fueron incendiados, informó el cuerpo de bomberos a CNN Chile. Los manifestantes también intentaron prender fuego a la comisaría local, pero se desplegó personal militar para proteger la infraestructura.

Las autoridades locales investigan la muerte del malabarista callejero, según un tuit de la Fiscalía de Los Ríos.

Convocados por partidos y organizaciones de izquierda, unos 500 vehículos recorrieron en carvana la Explanada de los Ministerios y otras avenidas principales de Brasilia, con sus vidrios pintados con lemas como ‘Fora Bolsonaro’ (Fuera Bolsonaro), ‘Impeachment Já!’ (Impeachment Ya) o ‘Vacina para todos Já’ (Vacuna para todos Ya) entre un gran estruendo de bocinazos, precisó la agencia de noticias AFP.

Los asistentes protestaron también contra el fin de la ayuda de emergencia con la que 68 millones de brasileños, casi un tercio de la población, pudo sobrellevar desde abril hasta finales de diciembre los efectos sociales y económicos de la pandemia.

Manifestaciones similares, con caravanas de varios centenares de coches, se llevaron a cabo o estaban convocadas en otras ciudades del país, como Río de Janeiro o San Paulo.

Bolsonaro minimizó en varias ocasiones la gravedad del coronavirus, al que llegó a calificar de «gripecita».

También cuestionó la eficacia de las vacunas y recomendó «tratamientos precoces» con medicamentos cuya efectividad no había sido comprobada, además de criticar las medidas de aislamiento social, por sus efectos económicos, y el uso de mascarillas.

Su Gobierno es blanco de duras críticas por errores de gestión ante la crisis sanitaria y por el retardo en la vacunación, que empezó esta semana, mucho después que en otros países.

Las protestas seguirán este domingo en las principales ciudades, esta vez organizadas por organizaciones de derecha, como el Movimiento Brasil Livre (MBL) y Vem Para Rua (Ven a la calle), que apoyaron al mandatario a su llegada al poder en enero de 2019 pero que luego se alejaron por su gestión de la pandemia.

Fuente: AFP

Los episodios ocurridos hoy en el Capitolio entregaron imágenes que dieron la vuelta al mundo. Quizás una de las más reproducidas sea la de Jake Angeli, también conocido como el QAnon Shaman.

Este miércoles el Congreso de Estados Unidos iba a sesionar y confirmar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre. Sin embargo las objeciones de un grupo de senadores republicanos, dispuestos a no reconocer el resultado, avivó a quienes se manifestaban afuera a intentar evitar el desarrollo del encuentro. Todo terminó en un escandalo de alcance mundial.

El historiador argentino, Felipe Pigna, recordó en las redes sociales que sólo existe un antecedente de «toma» del edificio del Congreso (Capitolio) de los Estados Unidos. «Hasta hoy, una sola vez fue tomado el capitolio de Washington.»

Los episodios ocurridos hoy en el Capitolio entregaron imágenes que dieron la vuelta al mundo, y quizás una de las más reproducidas sea la de Jake Angeli, también conocido como el QAnon Shaman.

Ese señor con cuernos que parece un loco suelto, no es nuevo ni surgió hoy

QAnon Shaman es el líder de un movimiento que asegura que el mundo es gobernado por una conspiración de pederastas y que el presidente Donald Trump busca salvarlos de esa situación. Ese movimiento que puede para los ojos de muchos puede parecer un disparate, tiene dinámicas y antecedentes con mucho arraigo en algunos sectores ultra conservadores en los Estados Unidos y con las acciones de este miércoles demuestra tener cada vez más peso significativo en la política domestica norteamericana.

Agneli había sido visto y registrado participando en las protestas también violentas del 4 de enero en Maricopa, Phoenix. El presidente Trump hace varios años que viene haciéndese eco de las teorías de QAnon en Twitter. Hace algunos meses atrás durante una entrevista para la prensa local, Trump fue consultado al respecto, su comentario fue: «Son personas que aman a nuestro país».

También existen varios antecedentes de Agneli participando de actos durante la campaña de Trump.

Este miércoles fue hasta el hemiciclo del Senado y gritó: Make America Great Again (Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande).

Fuente : Mil Patagonias

La calles céntricas de Comodoro nuevamente se vieron repletas de manifestantes que marcharon en defensa del agua y por ende, contra la megaminería.

El desembarco de la industria minera en la provincia del Chubut es un tema que está cada vez más presente en la agenda política provincial y nacional, y desde diversas partes de Chubut se han realizado numerosas movilizaciones.

Fuente: Mil Patagonias