El gigante de las redes sociales se encuentra en el ojo de la tormenta judicial en Europa.
La fiscalía española y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrieron una investigación formal contra TikTok en España tras destaparse un aberrante informe periodístico que sacó a la luz la circulación masiva de material de abuso sexual infantil dentro de la plataforma. La noticia generó un fuerte revuelo político, al punto que el propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó la medida de «gran noticia» y sentenció que «se acabó la impunidad en las redes sociales».
El lapidario informe de Maldita.es y el rol del algoritmo
Las pesquisas comenzaron luego de que la fundación Maldita.es presentara un detallado informe elaborado entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de 2026. La investigación destapó cifras escalofriantes: la plataforma albergaba más de 1.000 videos de abuso sexual infantil los cuales acumulaban más de 48 millones de visualizaciones y detectó más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos operando en el sitio.
El informe advirtió que el buscador y los propios algoritmos de recomendación de TikTok actuaban como facilitadores, empujando a los usuarios hacia el acceso a este contenido ilícito. Ante semejante escenario, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, le encomendó las actuaciones a la fiscal de sala coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente. Asimismo, el Ejecutivo español le solicitó a la AEPD evaluar una medida de excepción drástica: la paralización de la actividad de la plataforma, recordando que la Comisión de Protección de Datos irlandesa (DPC) es la autoridad principal en la Unión Europea debido a que la compañía europea opera desde Irlanda.
La respuesta de la empresa y los canales de denuncia en Argentina
Voceros oficiales de TikTok salieron al cruce asegurando que implementaron medidas de manera inmediata para identificar, borrar el contenido infractor y derivarlo al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). La empresa reiteró que estas prácticas están tajantemente prohibidas y prometieron plena colaboración con la AEPD, destacando que desde el 10 de noviembre restringieron globalmente la búsqueda de términos clave vinculados a estos delitos.
Mientras el escándalo escala a nivel internacional, especialistas recuerdan que en Argentina la producción, tenencia y distribución de material de explotación infantil contempla penas severas de hasta 8 años de prisión según el Código Penal. Para alertar sobre la presencia de estos contenidos nocivos en el entorno digital, se encuentran habilitados los canales de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), las herramientas de Grooming Argentina y la Línea 137 para la asistencia en casos de violencia y delitos sexuales.