Un durísimo e inesperado embate sacudió el escenario político nacional.
El expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, rompió el silencio para alinearse con la postura del Gobierno nacional y apuntar con munición pesada contra la decisión de suspender la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso para combatir la delincuencia juvenil en el territorio bonaerense.
«Inaceptable»: el duro descargo de Mauricio Macri contra la jueza Pascual
El exmandatario cuestionó abiertamente a la magistrada Marta Elba Pascual, responsable de frenar por 60 días la vigencia de la norma. A través de sus redes sociales, calificó el fallo como una aberración institucional: «Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires».
Macri arremetió contra los argumentos de la jueza al remarcar que ella misma reconoce basar su dictamen únicamente en presunciones. «La magistrada dice que el Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca cuando cuenta con elementos que hacen presumir que sucederá, pero esos elementos que dice tener no fueron presentados», fustigó el referente del PRO.
Un llamado a respetar la Constitución en la provincia más violenta
Para fundamentar su rechazo, el líder opositor recordó las bases del sistema republicano: «Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas. Simplemente, no puede hacer eso. Los tribunales solo ejercen el control de constitucionalidad en el marco de causas».
Con marcada preocupación, sintetizó la gravedad de la situación advirtiendo que una ley del Congreso y promulgada por el Ejecutivo queda anulada por la sola voluntad de un tribunal local «nada menos que en la jurisdicción más poblada y con mayores índices de violencia del país». La arremetida de Macri se suma a un frente judicial y político al rojo vivo: la Libertad Avanza impulsará el juicio político contra la jueza, la ONG Usina de la Justicia la denunció penalmente y el fiscal de menores Hernán Ceruti ya apeló formalmente la cuestionada resolución.