El magistrado federal Paul Engelmayer ordenó entregar el memorando confidencial redactado por el Departamento de Justicia. El tribunal busca revisar bajo qué autoridad legal el Ejecutivo ejecuta ataques militares letales en aguas internacionales.
La Administración del presidente Donald Trump sufrió un revés en los tribunales estadounidenses luego de que un juez federal de Nueva York le fijara un plazo estricto de 14 días para presentar el documento secreto que contiene la justificación jurídica de sus ataques militares contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales.
La resolución, firmada por el magistrado Paul Engelmayer, ordena a los Departamentos de Justicia y de Defensa poner a disposición del tribunal el memorando confidencial para un examen privado. La medida busca determinar con qué sustento legal el Poder Ejecutivo recurre al uso de fuerza letal en estas operaciones marítimas.
Un memorando secreto bajo la lupa del tribunal
En su fallo, el juez Engelmayer exigió información complementaria para precisar cómo circuló el texto dentro del Gobierno nacional y evaluar el rol que desempeñó este informe en el asesoramiento directo hacia la Presidencia. La intención del tribunal es analizar en detalle los argumentos legales antes de resolver si el documento debe mantener su carácter reservado.
El informe en disputa fue elaborado en septiembre de 2025 por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia. Según constató la propia resolución judicial, el Pentágono adoptó este escrito como el marco doctrinario que define y delimita la autoridad de sus fuerzas en alta mar.
Conflicto armado y el debate sobre los poderes presidenciales
Desde el inicio de las incursiones militares en septiembre de 2025, la Casa Blanca sostuvo públicamente que Estados Unidos se encuentra inmerso en un «conflicto armado» con determinadas organizaciones criminales transnacionales calificadas como terroristas. Sin embargo, el Gobierno jamás dio a conocer el análisis jurídico integral que respalda su posición.
Esta interpretación del Ejecutivo despertó severas controversias entre juristas e instituciones internacionales sobre el alcance de las facultades presidenciales y el cumplimiento de las normas que regulan el uso de la fuerza fuera del territorio estadounidense. Si bien la orden judicial no declara ilegales los bombardeos, representa un avance decisivo para exigir la rendición de cuentas que la Administración mantiene bajo secreto de Estado.