El fallo de la jueza Ana Karina Breckle calificó como “sesgada” la investigación contra el dirigente y puntualizó que la víctima de la causa por presunta administración fraudulenta, es decir la conducción del gremio ATE, aseguró que no fue perjudicado su patrimonio.
Este miércoles en horas del mediodía se realizó la audiencia de cierre en el juicio oral contra Guillermo Quiroga, en la que la jueza penal de Rawson, Ana Karina Breckle, leyó a las partes la sentencia en la que absolvió al dirigente de ATE por los hechos por los que estaba imputado, sucedidos entre noviembre de 2019 y mayo de 2023, presuntamente constitutivos del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
La magistrada señaló que la sentencia se dicta “al haberse alcanzado certeza negativa absoluta respecto a la inexistencia de delito penal”.
La acusación de la fiscalía y el centro de la controversia
La teoría del caso encabezada por el fiscal general Lucas Papini encuadraba la conducta de Quiroga en el delito de defraudación por administración fraudulenta (Art. 173, inc. 7° y Art. 45 del Código Penal), al considerar acreditado un perjuicio patrimonial superior a los veintidós millones de pesos ($22.000.000), el desvío sistemático de fondos y el quebrantamiento de los deberes de fidelidad hacia los agremiados.
La imputación afirmaba que los fondos desviados provenían de las cuotas sindicales de los afiliados del Estado provincial y que el titular del gremio había transferido más de $22,7 millones desde las cuentas institucionales de ATE hacia cuentas de su titularidad en distintas entidades financieras. Durante el debate, los acusadores intentaron demostrar que el dinero se usó para cancelar tarjetas de crédito personales, compras ajenas a los fines estatutarios, transferencias a sus hijos, membresías deportivas y pasajes.
Sin embargo, la jueza Breckle determinó que esto no pudo ser probado y cuestionó severamente la labor del Ministerio Público Fiscal (MPF), al que calificó de haber llevado adelante una investigación “sesgada” y carente de objetividad.
Inexistencia de víctima y cuestionamientos al MPF
Uno de los ejes centrales del fallo recayó en la postura de la propia entidad sindical. La magistrada sostuvo que ATE —la supuesta víctima— respondió desde los primeros requerimientos de la fiscalía que el patrimonio de la asociación no sufrió perjuicio alguno.
“Quien representa a la víctima del delito, al sujeto pasivo de este, eligió desconocerlo y optó por quedarse con una víctima más cómoda a sus intereses en el presente proceso”, fustigó Breckle, coincidiendo con el abogado defensor Edgardo Oscar Romero Bruno en que, al no haber perjuicio ni querellante que reconozca un daño, no existe delito que perseguir.
Asimismo, la jueza recordó que la carga de la prueba recae exclusivamente sobre el acusador y desestimó el argumento fiscal que exigía al imputado justificar el destino de los fondos. También cuestionó la pericia contable presentada por los acusadores, señalando que buscó forzar un número para sostener la acusación en lugar de buscar la verdad de manera objetiva.
Cuentas claras, nivel de vida y denuncia con trasfondo gremial
En su resolución, la jueza consideró erróneo el punto de partida del fiscal al asumir que los únicos ingresos legítimos de Quiroga provenían de su sueldo en el Ministerio de Salud, omitiendo que podía procurarse otros medios lícitos. Tras evaluar los resúmenes de tarjetas de crédito de los últimos cuatro años, concluyó que los gastos correspondían al flujo de vida ordinario de una persona “que no mantuvo excesos”.
El fallo destacó además que ATE mantiene un riguroso control cruzado en sus cuentas, tal como lo ratificaron empleados bancarios y el actual secretario de finanzas de ATE Nación, Damián De Gennaro.
Finalmente, la magistrada apuntó contra la denunciante y también dirigente gremial Claudia Barrionuevo —a quien le cabía la responsabilidad directa sobre los fondos como secretaria de finanzas— y concluyó que la causa judicial “fue armada, falsa y con una finalidad específica que en definitiva era desprestigiar a un contrincante de la política gremial” de cara a las elecciones internas del período 2023-2027.