La tensión entre el Gobierno nacional y la cúpula sindical escaló a niveles inéditos tras un explosivo intercambio de acusaciones que incluye denuncias por extorsión, amenazas de acciones legales y una marcha en puerta.
En el centro de la tormenta se ubica el cruce entre Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo por el control institucional y la validez de las elecciones en el gremio de los gastronómicos.
La ministra de Capital Humano salió con los tapones de punta a responderle al histórico dirigente de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), advirtiendo que «no es correcto mentir ni presionar, y es aún más intolerable hostigar».
Denuncia por hostigamiento y advertencia por la marcha del lunes
A través de un contundente descargo en sus redes sociales, Pettovello aseguró haber recibido presiones para «desistir de un recurso extraordinario que el Ministerio ha presentado conforme a la ley» y reclamó que sea exclusivamente la Justicia —y no las maniobras de terceros— quien resuelva el litigio electoral dentro de UTHGRA.
La funcionaria también apuntó directamente contra la movilización que el sindicato convocó para este lunes a las 16:00,desde Avenida de Mayo 930 hasta la Secretaría de Trabajo: «La movilización que se pretende impulsar, en un contexto de hostigamiento tanto personal como a través de los medios de comunicación, responde a intereses particulares que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores.
Analizaré la posibilidad de efectuar una presentación judicial o denuncia para proteger mi integridad moral y física», lanzó, antes de exigir: «Exhorto a que cesen las insistentes presiones y agresiones hacia mi persona».
El tenso cara a cara en la UCA y la batalla en la Corte Suprema
Este nuevo estallido reconoce un antecedente inmediato de alto voltaje: días atrás, en la antesala del encuentro que el papa León XIV mantuvo con dirigentes laborales en la Universidad Católica Argentina (UCA), ambos protagonizaron un áspero cruce por la falta de homologación de las paritarias del sector.
Allí, la ministra le espetó sin filtros: «A mí no me extorsiones porque vamos mal», sugiriéndole que pida una excepción judicial si los trabajadores no perciben el aumento y aclarando que la demora en entregar el certificado de autoridades responde a razones estrictamente jurídicas y no políticas.
En paralelo, la Secretaría de Trabajo —conducida por Julio Cordero— lleva adelante una firme ofensiva judicial para frenar la conducción de Barrionuevo. Según consta en el expediente presentado por la abogada María Fernanda Penas,el organismo acudió a la Corte Suprema de Justicia con un recurso de inconstitucionalidad para revertir un fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Dicha cámara había dictado una medida cautelar ordenando emitir en diez días hábiles un certificado provisorio de autoridades, resolución que el Ejecutivo cuestiona por vulnerar las leyes 26.854, 23.551 y 26.944, los artículos 195 y 230 del Código Procesal Civil y Comercial y el Decreto 342/25.