Un terremoto judicial sacude al sistema previsional argentino y abre una puerta de esperanza para miles de adultos mayores que vieron pulverizados sus ingresos frente a la inflación.
En una resolución sin precedentes, la Cámara Federal de la Seguridad Social anuló el esquema de actualización sancionado durante la gestión de Alberto Fernández y ordenó recalcular los haberes con la fórmula anterior, marcando un hito tras declararse inconstitucional la movilidad jubilatoria.
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, con las firmas de los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, declaró la inconstitucionalidad de la ley 27.609 (vigente entre 2021 y mediados de 2024) y dispuso reemplazarla por el mecanismo previsto en la ley 27.426, aprobada durante la presidencia de Mauricio Macri.
Una pérdida real del 46,83% en el bolsillo de los jubilados
La sentencia fue dictada en el marco de una demanda iniciada contra la ANSES por la jubilada Carmen Galletta,revocando un fallo de primera instancia que había desestimado el reclamo.
Los magistrados determinaron que el haber de la demandante deberá ser recalculado con el régimen anterior desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive, para luego empalmar con las subas mensuales por inflación establecidas mediante el decreto 274/2024.
En sus fundamentos, el juez Fantini advirtió que la fórmula sancionada en 2020 —basada en la evolución de los salarios y la recaudación tributaria— carecía de cláusulas gatillo o pisos de garantía ante una aceleración inflacionaria.
Al auditar el período comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2024, el tribunal comprobó que los haberes acumularon un alza del 553,55% frente a una escalada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1.129,07%, lo que provocó un derrumbe real del poder adquisitivo del 46,83%. Asimismo, subrayaron que los aumentos posteriores atados al IPC no repararon ese daño al aplicarse sobre una base ya depreciada.
Cómo se calculará el reajuste y qué alcance tiene la sentencia
Para recomponer el ingreso previsional, la Cámara optó por reinstalar la pauta de la ley 27.426 —que combinaba trimestralmente un 70% de inflación (IPC) y un 30% de variación salarial (RIPTE)— por contar con aval previo del Congreso Nacional. Los parámetros fijados para la liquidación establecen:
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Descuentos para evitar duplicaciones: Deberán restarse las sumas ya percibidas por movilidad, adelantos y bonos extraordinarios.
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Límite a topes confiscatorios: Se declaró inconstitucional el tope del artículo 9 de la ley 24.463 en caso de que genere una quita igual o superior al 15%.
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Intereses y prescripción: Se aplicará la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central, aunque se admitió la excepción de prescripción planteada por la ANSES para acotar el período exigible de retroactivos.
Si bien la resolución tiene efecto exclusivamente sobre el expediente particular de Galletta y no implica un incremento automático generalizado, consolida un antecedente jurídico de enorme peso para miles de juicios previsionales actualmente en trámite.