El organismo asentado en Hamburgo debe decidir si el proyecto Sea Lion puede avanzar según su cronograma o si será paralizado hasta que se resuelva la disputa de fondo por la soberanía del archipiélago.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó para el sábado 28 de noviembre la fecha de lectura de su fallo sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina para suspender de forma inmediata el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
Así lo anunció el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, al término de la segunda jornada de audiencias en Hamburgo, Alemania. La confirmación abre un plazo de 17 días de deliberación para los jueces del tribunal, tras escuchar los alegatos orales presentados por la delegación argentina conducida por el agente y asesor legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal.
Alerta de la delegación argentina por daños irreparables
Durante las exposiciones finales, los juristas que representan al país remarcaron el carácter de «urgencia» y el riesgo de un perjuicio irreparable sobre la plataforma continental en disputa si no se dictan medidas cautelares:
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Suspensión de las obras: Impedir el inicio o la continuidad de la explotación hidrocarburífera en el yacimiento Sea Lion.
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Preservación del statu quo: Prohibir el uso de la información obtenida durante las fases de exploración y frenar decisiones unilaterales del Reino Unido que profundicen la controversia.
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Protección ambiental: Garantizar la participación argentina en la preservación del medio marino.
El jurista Nicolaas Jan Schrijver advirtió ante el tribunal que «una vez que se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar». El desarrollo del proyecto —aprobado en 2025 y liderado por la israelí Navitas (65%) y la británica Rockhopper (35%)— contempla la extracción de más de 300 millones de barriles de crudo mediante 26 pozos y sistemas de producción en el lecho marino.
Por su parte, el internacionalista Marcelo Kohen recordó la vigencia de la Resolución 31/49 de la ONU, la cual insta a las partes a abstenerse de modificar unilateralmente la situación del archipiélago mientras persista la disputa de soberanía.