Este domingo, cuando en la Argentina se celebraba el día del niño, uno de los lemas que recorrió las redes fue #niñasnomadres. Es porque una nena brasileña de 10 años que quedó embarazada tras ser violada por un familiar tuvo que viajar miles de kilómetros para escapar de grupos religiosos y realizarse el aborto que le correspondía por ley y que -además- la Justicia había autorizado.
El caso salió a luz el 7 de agosto, cuando la pequeña acudió a un hospital de la localidad de Sao Mateus, en el sureste de Brasil, con fuertes dolores abdominales y reveló a los médicos que había sido violada por su tío. El hombre, de 33 años, fue detenido este martes.
Tras una examen de sangre, quedó comprobado el embarazo de cerca de tres meses de la niña y la Justicia autorizó el viernes a que se le practicara un aborto legal.
«La decisión de la niña es soberana»
En la decisión, el juez Antonio Moreira Fernandes, del Tribunal de Justicia del estado de Espírito Santo, determinó la realización «inmediata» del aborto por procedimiento inducido o por cirugía.
En Brasil, el aborto solo está permitido en casos de violación, si la gestante corre riesgo de vida o cuando el feto presenta anencefalia.
En su decisión, obtenida por el diario A Gazeta y el Grupo Globo, el magistrado tuvo en cuenta el deseo de la menor de interrumpir el embarazo y concluyó que «la voluntad de la niña es soberana, aunque se trate de incapaz».
El fiscal Fagner Cristian Andrade Rodrigues defendió el aborto como un derecho de la menor, incluso para que pueda recuperarse del daño psicológico que le provocó la violación.
Moreira Fernandes destaca en el documento que, durante una consulta de la Asistencia Social con la niña, cuando se le mencionó el embrazo, la pequeña se «agarró a un oso de peluche», «entró en profundo sufrimiento, gritó, lloró» y «reafirmó no querer» seguir con la gestación.
La pequeña llegó a ser internada en un hospital de Vitoria, capital del estado de Espírito Santo, pero pese a la decisión judicial, los médicos se negaron por motivos de conciencia y la nena y su familia enfrentaron un viacrucis que, desde el punto de vista clínico, terminó este lunes con el final del procedimiento quirúrgico en un centro médico de Recife, unos 2000 kilómetros al norte.
La menor «puede ser dada de alta a cualquier momento. Fue un procedimiento inducido, todo de acuerdo con el protocolo de seguridad y de forma efectiva, reduciendo al máximo el sufrimiento de la niña y hoy está muy aliviada», dijo el médico Olimpio de Moraes, a cargo de la realización del procedimiento.
Pese al intento de las autoridades de mantener bajo sigilo el centro médico donde tendría lugar el procedimiento, decenas de manifestantes a favor y en contra del aborto acudieron al hospital.
Cerca de una veintena de religiosos sostenían pancartas contra el aborto y recibieron al médico que trataría a la paciente bajo gritos de «asesino». Los grupos antiderechos también intentaron forzar las puertas del hospital, y la policía tuvo que intervenir.
«Algunos diputados y fundamentalistas intentaron invadir la maternidad, que es una maternidad de alto riesgo, llamando a la niña asesina», denunció Carol Virgulino, quien preside la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Pernambuco.
Cuando supo qué estaba pasando, la diputada se desplazó al lugar para ofrecer «apoyo» a la niña y hacer que «sea garantizada la ley», así como el concejal Iván Moraes, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
«Estamos hablando de la salud de una niña de 10 años que fue sistemáticamente violada y torturada y que no merece continuar sufriendo violencias», completó Moraes. Grupos feministas luego realizaron una cadena humana en el lugar para impedir el avance de los autodenominados «provida».
La Fiscalía regional de Espírito Santo abrió una investigación por la supuesta presión de grupos religiosos, tanto evangélicos como católicos, para intentar persuadir a la familia de la menor para que no se realizara el aborto.
Un médico excomulgado
Olimpio de Moraes, que es director del Centro Integrado de Salud Amaury de Medeiros (CISAM) de Recife, una clínica materna pública de referencia en el país para este tipo de procedimientos, ya fue excomulgado por la iglesia Católica después de practicar en 2009 un aborto legal de gemelos a una menor de nueve años.
«Ese caso tuvo una repercusión muy grande. Éste, con la niña de 10 años, también es uno de los casos más precoces. Lo más común es que sea de 12, 13 o 14 años para adelante, lo que también es violación», comentó el médico.
Según el director del CISAM, «cuanto menor es la edad, más riesgo hay para la niña y estamos acostumbrados a esta controversia y principalmente cuando hay una bola dividida como esta, que trae un desgaste muy grande para todos los que participan».
El medico respetó la decisión de sus colegas en Espírito Santo, porque algunos estados «tienen protocolos diferentes, más rígidos» y, en ese sentido, recalcó que Pernambuco, particularmente el CISAM, actúa desde 1996 como «referencia en atención de casos de violencia contra la mujer y para el aborto previsto en la ley».
«Esta repercusión ocurre cuando todo sale de lo normal, cuando hay fuerzas que quieren obstruir los derechos de la niña, de la mujer. Es un derecho humano a la dignidad, un derecho de todo Brasil», lamentó el ginecólogo y obstetra.
En el CISAM, subrayó Moraes, el procedimiento practicado a la niña «también está dentro de la ley, la norma técnica del Ministerio de Salud orienta que sea hasta las 22 semanas, pero no es impedimento hacer el aborto de una violación más allá de las 22 semanas».
«Este caso no era de seis meses (como se llegó a mencionar), en realidad era un feto de cinco meses, inviable, y nosotros estamos siguiendo nuestro protocolo del Ministerio de Salud del Gobierno Brasileño», con respaldo de la Fiscalía, representantes de sectores de la sociedad civil y de los consejos médicos, completó.
El Instituto Anis apuntó en 2019 que el 15 % de las mujeres negras y el 24 % de las indígenas ya hicieron por lo menos un aborto en su vida, comparado con el 9 % de las blancas.
En 2018, de acuerdo con el Anuario de Seguridad Pública, en el país se cometieron 66.000 violaciones , con un 54 % a menores de 13 años.
La publicación Cuaderno de Salud Pública de Río de Janeiro, en tanto, recopiló datos entre 2008 y 2015 en el que apunta que en ese periodo se presentaron casi 200.000 hospitalizaciones por aborto, de los cuales 1600 fueron por práctica legal, y ocurrieron entre el total 770 muertes de las mujeres.
