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Una grave denuncia presentada en el Consejo de la Magistratura contra el jefe de los fiscales de Puerto Madryn Daniel Báez en la que se lo acusa de haberse negado investigar un caso de abuso sexual de un menor podría complicarse la candidatura a ministro de Superior Tribunal de Justicia de Chubut para la que viene trabajando desde el último año con el apoyo explícito del gobernador Mariano Arcioni.

Trelew (Agencia) justo el consejo empieza hoy sus reuniones y uno de los temas a tratar sería la admisibilidad o no de esa denuncia que impulsa entre otros por la asociación “Madres víctimas de Trata”.

A Báez ya lo han denunciado varias veces por “mal desempeño de sus funciones”, en todas esas presentaciones las denuncias han sido desestimadas de cuajo. Ni siquiera han llegado a ser investigadas, lo que siempre dejó entrever una suerte de “protección corporativa” hacia el Fiscal.

En la investigación del asesinato del empresario pesquero Raúl “Cacho” Espinosa, ocurrida la noche del 30 de enero de 2013 en Puerto Madryn le endilgaron por ejemplo, que por su culpa el caso quedó impune que apelando algunas llamativas maniobras que hizo en la causa beneficio al que se tenía individualizado como el presunto autor del homicidio: al que le disparó a “Cacho» Espinosa afuera de su casa y adelante de su mujer y a sus cómplices.

La denuncia fue impulsada por los abogados de la querella que se representaron la viuda y nunca prosperó la rechazaron automáticamente en el Consejo de Magistratura sin quisiera mirarla.

Campaña al superior tribunal de justicia

Ahora, ayudado por algunos comunicadores amigos, Báez ha empezado su campaña cómo miras a llegar a ser ministro de la Corte Provincial dicen que cuenta con el respaldo del gobierno de Mariano Arcioni, pero si prospera la denuncia que le hicieron por negarse a investigar el caso de abuso sexual de Puerto pirámides su ambición podría diluirse.

Hoy se sabrá qué decisión tomará el Consejo de la Magistratura. Capaz deciden protegerlo como ya lo han hecho otras veces.

Según algunas publicaciones que en su momento tuvieron poca trascendencia pero que ahora ha tomado mucha fuerza la asociación “Madre Víctimas de Trata” presentó al pedido (de investigación ante el consejo) debido a la inacción del Ministerio Público fiscal de Puerto Madryn a cargo Báez en causa de abuso sexual infantil.

El caso que involucra a Báez

“El hecho se explica en esas publicaciones que tratan el tema ocurrió en Puerto Pirámides en el 2016. En 2019 hubo dos sentencias de distintos tribunales que consideraron culpables a la madre del menor víctima a la pareja las condenas ratificadas por la cámara penal fueron de 16 y 14 años de prisión respectivamente.

Y el próximo 30 de marzo el superior tribunal de justicia de Chubut fijo la audiencia para tratar la apelación que hizo la defensa de los condenados pasaron 7 meses para que se haga una revisión debido a la recusación que realizó la defensa sobre el Ministro del Superior Tribunal Alejandro Javier Panizzi”.

Una denuncia sobre abuso sexual infantil radicada en Puerto Madryn en noviembre del 2016, derivó en la condena a una pareja residente en Puerto Pirámides. En cámara Gesell la víctima relató haber sido abusado por su madre la pareja de ella y allegados al entorno familiar, según se detalla.

Se realizó la apertura de investigación solicitada por la jueza Estela Eizmendi y el plazo fijado fue de 6 meses antes de llegar a ese plazo de tiempo la fiscalía de Puerto Madryn cuyo jefe es Daniel Báez pidió sobre y miento de la pareja.

Pese a ello y tras cumplirse los 6 meses de investigación ante el impulso de la parte querellante la Jueza Eizmendi decidió extender los plazos hasta completar el año para continuar con la causa y la recolección de pruebas se consigna.

“Fue allí cuando la fiscalía “se corrió” aduciendo que ya se había expedido en la materia transcurrir el tiempo con la con más elementos a su disposición, la jueza determinó elevar la causa de juicio cuando corría el año 2018 el juicio finalmente y sin presentación de la fiscalía se realizó en abril del 2019 en donde el tribunal decidió condenar por abuso agravado por el vínculo a la pareja imputada 16 años para la mujer y 14 para el hombre.

La sanción fue ratificada por el por la Cámara Penal I de la ciudad”, se aclara en la publicación.

“El caso Pirámides” tuvo variados ribetes porque entre los denunciados había funcionarios el municipio de Puerto Pirámides y hasta un legislador ese momento provincial.

Hubo personas que atestiguaron en la causa que debieron abandonar su residencia al sentirse amenazados por su parte la cobertura mediática de los medios tradicionales sostuvieron la postura de allegados a la pareja que sostienen que existió una falsa denuncia de abuso.

El hecho tendrá pues dos importantes definiciones Durante este mes la propia de la audiencia de revisión de las condenas en el superior tribunal de justicia y la admisibilidad o no de la denuncia en contra del jefe de fiscales de Puerto Madryn Daniel Báez ante el Consejo de Magistratura se anticipa.

El miércoles 23 de diciembre la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn resolverá si ratifica el fallo de primera instancia o no, respecto a la condena de ocho años de prisión para Juan Luis Ale, ex comisario de la Policía del Chubut, por abuso de dos menores de edad al momento de los hechos, los cuales se dieron entre 1998 y 2001.

No obstante, este último dato es el que sería clave para definir la libertad o no del también ex diputado provincial. Lo que sucede es que, al igual que lo que ocurrió en primera instancia, la estrategia de la defensa es solicitar la prescripción de los hechos.

De esta manera, la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn podría hacer lugar al planteo de la defensa, que se sostiene en la cantidad de tiempo que pasó antes de que se radique una denuncia. En el caso de que esto ocurriera, se acabaría el proceso penal y Ale quedaría en libertad.

El dato a resaltar es que el Tribunal de primera instancia no hizo lugar a este pedido, aunque la instancia de revisión podría tener una postura diferente y sí fallar en sintonía con lo que solicita el abogado defensor. No obstante, hasta el momento son solo especulaciones respecto de lo que podría suceder, ya que esto se definirá recién el 23 de diciembre en la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn.

En tanto que el Tribunal de revisión no solo se encargará de analizar este supuesto, sino que también tendrá que definirse respecto a las pruebas presentadas por la defensa, desde donde se argumentó que hasta el momento no se han valorado como debían. Por último, se analizará la pena privativa de libertad, en caso de que esto ocurriera, que tendrá que purgar el ex comisario de la Policía del Chubut, quien fue encontrado culpable en primera instancia de los delitos de abuso deshonesto y de abuso sexual gravemente ultrajante hacia dos menores.

Este lunes 30 de noviembre se realizará en Comodoro la “Marcha de la Gorra”, una convocatoria a nivel nacional en contra de la violencia institucional.

En Comodoro el encuentro está previsto para este lunes a las 10 horas en la Plaza Kompuchewe (Escuela 83) y está organizado por la Juventud del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

A nivel local se trata de la segunda movilización que se hace bajo este nombre y lleva como lema la consigna “Ya dijimos nunca más”.

Entre otras cuestiones, repudian el gatillo fácil, “la doctrina Chocobar”, la desaparición forzada de personas, la detención “por portación de rostro» y la persecución policial a los trabajadores de la vía pública.

Principalmente en la convocatoria nacional se criticó el accionar de las fuerzas de seguridad en casos de detenciones arbitrarias, abuso de autoridad y los desalojos a personas sin techo, además de señalar que durante el Aislamiento social, preventivo y obligatorio se registraron en Argentina ocho casos de “gatillo fácil”, es decir muertes por parte de agentes de las fuerzas.

Fuente: ADNSur

Los diputados provinciales de Juntos por el Cambio sostiene que el Gobierno es quien «debe garantizar que los debates y las expresiones pacíficas de los ciudadanos sean respetadas», en el marco de un nuevo conflicto, esta vez por la explotación de la minería que el gobierno chubutense vuelve a impulsar, y enfrenta un marcado rechazo ciudadano. Por lo menos, eso es lo que se viene observando en los últimos días en las principales ciudades de la provincia, donde en forma masiva la ciudadanía se ha volcado a las calles para ratificar el NO a la explotación minera en Chubut.

«Hoy se discute nuevamente sobre la posibilidad de zonificar y permitir la actividad minera en zonas de nuestra provincia, y en este debate son libre de expresarse quienes están a favor o en contra» señala el documento emitido por el bloque de diputados de JxC.

En ese marco los legisladores señalan que «hemos recibido denuncias de distintas personas que habrían sido maltratadas por personal de seguridad de la Provincia». En ese sentido, los diputados María Andrea Aguilera, Sebastián López y Manuel Pagliaroni exigen a las autoridades provinciales «evitar cualquier tipo de abuso de autoridad o acción que menoscabe los derechos garantizados por nuestra Constitución Provincial, Constitución Nacional y leyes en general».

Por último el comunicado del bloque de JxC sostiene que «cada chubutense tiene derecho a expresar su opinión en un marco de respeto y sin violencia», y afirma que «es responsabilidad del Gobierno Provincial garantizar plenamente la libre expresión ciudadana».

Fuente: Politica Chubut

 

Un comodorense que integra la Asociación Civil por los Derechos Constitucionales y el Respeto al Ciudadano denunció al ministro de Seguridad de Chubut Federico Massoni de “abuso de poder” entendiendo que “desde un cargo público se creen juez y con licencia para hacer cualquier cosa en desmedro del ciudadano chubutense”.

Mansilla goza de prestigio en Comodoro Rivadavia, por lo menos así lo reejan los comentarios que ha recibido en las redes sociales, con motivo de otras presentaciones judiciales.

Él sostiene que ya no se pueden aguantar más los atropellos de quienes desde un cargo público se creen jueces y con licencia para hacer cualquier cosa en desmedro del ciudadano chubutense reriéndose a Massoni y a Gómez, a quienes en un dialogo que mantuvo con Crónica trató de “cuatros de copa”.

“Este scal trabaja con el Gobierno, evidentemente”, dijo señalando al scal Héctor Iturrioz ante quien pretendió ampliar la denuncia, pero terminó yéndose sin hacerlo y muy enojado.

“Me presenté por una invitación que me hizo el scal Iturrioz, del cual ya me habían dicho que era amigo” de Massoni y Gómez, y que “estaba entongado con el Gobierno”, indicó.

“Le dije que quería ampliar la denuncia y salió con que no entendía (lo que decía) el escrito y le expliqué que lo había hecho una abogada que trabaja conmigo, a la que pretendió desacreditar”, contó Mansilla, reseñando momentos de ese desafortunado encuentro con el scal Iturrioz.

Más adelante, sospechando quizás que “no va a pasar nada” con su denuncia, contó que le dijo al fiscal: “Cuando alguien no quiere investigar puede pasar dos cosas, está entongado o es u cagón y le pedí que me explicara dónde lo encuadraba a él.

Muy enojado con Iturrioz, por la actitud intimidatoria que dice que tuvo él y un secretario, al pretender lmarlo mientras hacía la denuncia, Juan Mansilla recordó que tiempo atrás denunció también a un juez que terminó yéndose de la Justicia.

“Esta gente está acostumbrada a atemorizar y conmigo no lo van a lograr; yo pertenezco a una asociación, que es la Asociación Civil por los Derechos Constitucionales y el Respeto al Ciudadano y vamos a hacer la persecución hasta donde tengamos que hacerla”, prometió.

“Yo le pedí abiertamente (al scal Iturrioz) que se apartara de la causa” añadió, “y que si no va a investigar que no investigue, a mí no me importa. Ya estamos acostumbrados a que estos funcionarios se ganen el sueldo sin trabajar”, se quejó Mansilla.

“Hasta cuándo vamos a aceptar el abuso de poder de este ´cuatro de copas´ y de los que están en la Jefatura de Policía, del “Tero” Gómez y su relación con el narcotráco. ¿Hasta cuándo vamos a admitirlo?”, preguntó muy indignado.

Finalmente, dijo que esta gente está cansando a la ciudadanía y que eso podría llevar a que “saliera a la calle, pero en un estado de Derecho no podemos terminar rompiéndonos la cabeza entre los ciudadanos comunes” sostuvo, “o pegándole al policía que está cumpliendo con sus funciones.

Yo echaría a todos estos policías por no defender su salario, por no defender el pan de sus hijos o a su familia porque ellos no están cubriendo las espaldas a estos nabos que son unos “cuatro de copas”, a los que4 me voy a llevar ouestos pero con la ley en mano” aseguró Mansilla.

Fuente: Diario Crónica

Se trata de Raúl Anatoly Sidders, quien fue docente y sacerdote del Colegio San Vicente de Paúl, de La Plata y en mayo último fue trasladado a Misiones, donde aguarda ser nombrado capellán del Escuadrón XIII de Gendarmería Nacional en Puerto Iguazú.

El sacerdote es investigado por el fiscal platense Alvaro Garganta por el delito de abuso sexual agravado contra una mujer entre sus 11 y 14 años, cuando asistía al establecimiento.

Durante esta jornada, exalumnos y exalumnas y familiares dieron a conocer una carta en la que piden se investigue el accionar de Sidders «dentro de esta institución, en la que cumplió funciones entre los años 2002 y 2020, sometiendo a niños y niñas y adolescentes a numerosas situaciones de acoso, abuso y violencias»

«En particular, los testimonios reinciden es destacar la intromisión en la intimidad sexual de les alumnos y alumnas en el momento de la confesión y la incitación a determinadas prácticas sexuales, además del hostigamiento y el trato denigrante hacia mujeres y homosexuales», detalla la carta a la que accedió Télam.

Aseguran también que el sacerdote ejercía «un sistemático condicionamiento al desempeño de les docentes al frente de los cursos, en especial en lo referente a educación sexual, pero además en relación a diversas temáticas sobre las cuales impartía posiciones oscurantistas, agresivas y carentes de todo rigor científico».

«Se sumaba a ello un manifiesto desprecio hacia aquellas familias de menores ingresos económicos», denuncian, y expresan que «en ocasiones derivó en presiones al personal de la escuela y hasta en desvinculaciones de sus puestos de trabajo».

Advierten que recientemente, Sidders «ha sido trasladado a cumplir funciones como capellán de Gendarmería Nacional a Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, donde está en contacto con menores de edad que asisten a comedores comunitarios».

«Ellos están expuestos ahora a las mismas situaciones que padecieron por casi dos décadas les estudiantes del San Vicente de Paul. Por eso reclamamos que se investiguen las denuncias que se han realizado públicamente y se suspenda toda función en cargos de instituciones públicas o eclesiásticas», expresan.

Agregan que «quienes luego de años han podido vencer el temor, las presiones y procesar internamente lo que han padecido para formular acusaciones de notoria gravedad, merecen ser escuchados».

La mujer que hizo la denuncia contó que el sacerdote empezó a acosarla a los 11 años.

«En invierno, delante de todos, me hacía poner mis manos en los bolsillos de su sotana porque decía que yo tenía las manos frías, y me hacía sentir su erección», relató la joven a Prensa Obrera.

Contó que el sacerdote, durante la confesión, «me preguntaba si sabía masturbarme y como le decía que no, me explicó con sus dedos, sin tocarme, cómo tenía que hacer. Me sugirió que lo hiciera pensando en él y que en la próxima confesión le contara cómo me había sentido».

Según relataron otros ex alumnos varones a Prensa Obrera, el sacerdote era conocido como «Frasquito», porque los obligaba a masturbarse para guardarse su semen en un frasco.

Esta semana se dio a conocer un caso de abuso por parte de un funcionario de la Policía del Chubut de nombre Damian Llanos, quien irrumpió a través de un allanamiento la casa de los padres de Cintia Jaqueline Gonzalez en la Aldea Epulef.

Los hechos se desarrollaron este 20 de agosto en la Aldea Epulef, donde allanaron varios domicilios, pero el abuso se registró en la casa de Aladino Gonzalez.

El caso se hizo público a través de la cuenta de la abogada Cintia Jaqueline Gonzalez en la red social de Facebook.

La abogada colocó lo siguiente “que impotencia me da todo esto. Sé que la mayoría de la gente de la Aldea no nos quiere. ¿Pero es para tanto? Insistimos para llegar  a una solución, buscamos soluciones en las autoridades del pueblo. En el Ionco y la Comisión que son los principales en resolver los conflictos en una comunidad aborigen. Recurrimos a la Jueza de Paz, la Policía, Fiscalía, y al INAI”.

“Nadie hizo nada”, dijo la abogada.

Asimismo, indicó que “el policía de la Aldea Damian Llanos, muchas veces no nos quiso recibir las denuncias… recurrimos a todos lados en busca de una solución”.

“De un día para otro, la otra parte hace una denuncia, y van a destrozar la casa de mis papás. Buscaban armas… rifles o como se llamen. La verdad, es que de eso, mi mamá, Mijael, y yo no entendemos nada”, narró la abogada a través del texto.

“No era necesario tanta violencia. Ni destrozarnos la casa entera. Hubo otros allanamientos y fueron normales, pero en mi casa rompieron todo. Dejaron todo tirado, camperas, pinturas, toallitas higiénicas, rompieron la plancha de mi mamá, fotos, adornos, y todo lo que ella tenía. Todo”, señaló.

“Esto se llama abuso de autoridad señores. Abuso de autoridad que está penado por nuestro Código Penal Argentino, en Artículo 248”, dijo.

“Necesitamos policías de verdad, que velen y trabajen por la paz del pueblo, no por el beneficio de los suyos. Ni que abusen de los que no son de su agrado… Exigimos que se respeten nuestros derechos”, señaló.

Mencionó que “este chico no siga en este pueblo haciendo lo que se le dé la gana… abusando de su profesión, y permitiendo todo tipo de actividades ilegales…”

Este allanamiento fue hecho en presencia de un menor de 13 años de edad y un bebé de 8 meses, así lo dijo la abogada Cintia Jaqueline Gonzalez, con quien desde Cholila Online establecimos comunicación con ella a través de la publicación que ella hizo en su cuenta en la red social de Facebook.

Documentos de la denuncia

abuso de poder

Una madre descubrió que un hombre acosaba a su hija de 9 años por Whats App y Tik Tok, varios mensajes privados a través de la red Tik Tok y el aviso que la nena le dio, fueron los pasos previos a la denuncia que se presentó en la comisaría decimosexta dela ciudad de Mar del Plata con una gran cantidad de capturas de pantalla en las que se ven el hostigamiento y el pedido de imágenes a la menor.

La mujer se presentó el domingo por la noche en la dependencia con una gran cantidad de capturas de pantalla de las conversaciones que el sujeto –de 26 años según su relato- mantenía con la línea que usaba la menor.

La madre de la nena se hizo pasar por la víctima y obtuvo varias capturas de pantalla. Ellas viven en Mar del Plata y el sujeto llamaba desde un celular radicado en la provincia de Córdoba.

Las respuestas a los pedidos de fotos, videos, comentarios sobre la ropa interior que usaba y la “invitación” a ser novios virtuales estuvieron a cargo de la denunciante que capturaba las conversaciones para hacer la denuncia, informan los colegas de 0223.com.ar

“Si yo iba a denunciar solamente con el perfil de este hombre todo quedaba en la nada porque da de baja el perfil y listo. Lo hice para que se tome conciencia y porque no me puedo imaginar lo que un tipo así puede hacer en la calle”, dijo Natalia, la madre de la menor.

Desde un primer momento el sujeto sabía que hablaba con una nena de nueve años y sin imaginar que era la madre la que le respondía, le solicitaba de manera reiterada el envío de fotos o la realización de videollamadas. “Yo le decía que me iban a retar y el insistía porque dijo que íbamos a ser novios virtuales”, agregó.

En otras de las capturas aportadas en la denuncia el sujeto preguntaba a la niña si lo amaba o lo extrañaba y que no tenía que contar nada porque eran novios.

Luego de que Natalia descubrió lo sucedido amplió la denuncia este martes y sostuvo que la intención de dar a conocer lo sucedido es para tomar conciencia de la necesidad de estar en contacto con los chicos para evitar que sean víctimas de ese tipo de personas que generan diversos perfiles para acercarse a los menores.

El comisario Roman Macias, jefe de la Unidad Regional de Trelew, brindó detalles en FM EL CHUBUT sobre un hecho ocurrido sobre calle San Lorenzo de la localidad de Gaiman Nuevo, donde un efectivo policial fue denunciado por vecinos por abuso de arma.

Aparentemente, el hombre habría efectuado varios disparos al aire, no se registraron heridos. El episodio ocurrió esta mañana y se esta ivnestigando las causas del hecho.

El Ministerio Público Fiscal determinó la imposición de dos meses de prisión preventiva para un policía imputado por abuso sexual agravado en perjucio de una mujer en Trelew.

Una audiencia de revisión tuvo lugar hoy mediante el sistema de videoconferencias donde el Ministerio Público Fiscal representado por la funcionaria de fiscalía Viviana Díaz presentó nuevos elementos colectados en el transcurso de la investigación y solicitó la continuidad de la prisión preventiva para un policía que resulta ser comisario de la zona y está imputado por abuso sexual agravado por hechos ocurridos en perjucio de una mujer en Trelew.

La denuncia que permitió la correspondiente investigación se basa en hechos ocurridos en el mes de abril pudiéndose establecer la probabilidad de autoría. A esto se sumaron argumentos relacionados con los peligros procesales de fuga y entorpecimiento para solicitar la prisión preventiva del imputado, en tanto la defensa que fue ejercida por Martín Castro y Rodrigo Miquelarena pidieron el arresto domiciliario.

El Juez Fabio Monti tuvo en cuenta las presentaciones del Ministerio Público Fiscal y consideró que se reafirma la probabilidad de autoría, por lo que subsisten los riesgos procesales y determinó la imposición de dos meses de prisión preventiva, la que el imputado viene cumpliendo en el centro de detención en Trelew.