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Este lunes a la mañana, en la Escuela 143, un niño de sexto grado le contó a una maestra que cuando estaba en el baño, un hombre lo abordó e intentó encerrarlo.

La denuncia está radicada en la seccional Tercera. La directora del colegio señaló que el hombre podría haber entrado por la puerta de ingreso del establecimiento que se encuentra rota.

Por estas horas se investiga un confuso episodio que sucedió el lunes a la mañana en la Escuela N° 143 «Petróleo Argentino» de la ciudad. El hecho ocurrió cerca de las 09:30 horas cuando un niño de sexto grado estaba en el baño y un hombre lo abordó e intentó encerrarlo.

Daiana la mamá del nene, relató: «Lo fui a dejar a la escuela, lo despedí y me fui a eso de las 08:30 horas. Cerca de las 9:30, cuando termina el recreo, estaban volviendo al aula y antes fue al baño. Cuando estaba haciendo pis un hombre entró, lo agarró y lo quiso meter a uno de los baños con puerta».

Asimismo, la señora explicó que su hijo «empezó a llorar y gritar y pudo zafar» y agregó que él lo alcanzó a ver y el hombre andaba con un jean, una camisa roja y visera. Cuando logró escapar se fue corriendo al aula y se quedó callado. Después le contó a la maestra y ella a la vicedirectora».

Daiana además dijo que «como era la entrega de boletines había muchas mamás y papás por todos lados. No sabemos quién puede ser, nadie lo vio», y agregó: «Después me enteré que había un hombre alcoholizado cerca de la Escuela. Lo único que pude hacer es estar con mi hijo y acompañarlo».

Una puerta rota

Por su parte, la directora del establecimiento Raquel Fernández, informó que tras el hecho «se dio aviso a la policía de la Seccional Tercera, mientras la docente se comunicaba con la mamá del nene. Luego se dio a conocer a Supervisión de Escuelas y se habló con la Delegación Administrativa».

En este marco dijo que «hay una puerta de la escuela que está rota y hace tiempo estamos esperando que la reparen» y agregó: «No sabemos (si el agresor) entró por por esa puerta u otra. Esta puerta funciona con una cerradura magnética y tiene un portero eléctrico, pero está rota».

El agresor del niño habría entrado por una puerta rota del colegio
Finalmente señaló que «me comuniqué con la delegada Laura Longo y hoy se comprometió a enviar una cerrajería a la Escuela pero aún no llegó. También tuvimos una reunión de padres y se determinó colocar cámaras de seguridad».

Con información del Diario ADNSUR

La mujer policía que denunció a un jefe de la Agencia de Seguridad Vial de Chubut acusándolo de acoso sexual y violencia de género rompió el silencio y al salir a hablar públicamente de lo que está padeciendo por no haberse quedado callada, desmintió que el funcionario acusado haya sido desplazado o suspendido.

Aseguró que solo lo cambiaron de lugar y que lo están protegiendo. “Hoy soy yo la culpable y él es víctima”, dijo.

La sargento Noelia Arrative ahora no tiene la luz ni gas en su casa porque le cortaron esos servicios por falta de pago. Antes que denunciara y desatara un verdadero escándalo en la Administración Provincial de Seguridad Vial, ella podía afrontar esas deudas porque hacia servicios adicionales de vigilancia fuera del horario de trabajo y con eso lograba un ingreso extra.

“Lo que quiero aclarar es que mi denuncia no apunta al director Ejecutivo Leonardo Das Neves”, aseguró al comienzo de su diálogo con EL CHUBUT y continuó diciendo que el caso que la perjudicó lo puso en conocimiento de la segunda jefe del organismo un mes antes de que se presentara a denunciarlo en la Comisaría de la Mujer.

Ella esperaba que como la funcionaria es mujer “tomara cartas en el asunto” para que el hecho “no pasara a mayores”, pero nada de eso ocurrió.

“Venía hace un mes aguantando malos tratos”, contó Noelia, “aguantando que me dejen sin servicio adicional siendo que todos mis superiores tenían conocimiento de que estaba pasando una situación económica mala. Y por eso llegué a la Agencia, pidiendo un horario de mañana para poder conseguir un segundo trabajo que me permitiera solventar mis gastos, ya que no percibo cuota alimentaria del padre de mis hijos, y tengo que mantener a un nieto”, explicó.

“Entonces el señor Leonardo Das Neves fue muy amable en ese momento, me ofreció que quedara a disposición de la Agencia y que él arbitraría los medios como para que yo hiciera un servicio (de vigilancia adicional) en los molinos (de viento cercanos a Trelew)”, siguió relatando.

“Hay un tercer jefe civil de la Agencia, ese señor comenzó a enviarme mensajes de texto subidos de tono mientras nos encontrábamos en una comisión de servicio junto a una pareja suya.

Digamos que gambeteé la situación”, confió y acotó: “Tengo 41 años y no me voy a asustar por algo que ya me ha sucedido otras veces, como es el hecho de que un compañero me quiera levantar, hablando vulgarmente”.

Seguidamente contó: “El hecho es que ahora se metieron con mi trabajo, con mis servicios adicionales que son un derecho adquirido que me gané. Y más grave aún lo veo cuando el comisario que está a cargo nuestro me llama por teléfono y me dice: ‘Presentate una carpeta médica, porque acá te van a hacer la vida imposible’”, relató.

“A mí, a partir del momento en que me niego a tener algún tipo de relación no laboral con este señor (por el denunciado), me empezó a cortar los servicios. Y así me tuvieron un mes. Yo actualmente me encuentro con una carpeta médica, con ataques de pánico. Está todo certificado por el médico. No estoy bien porque a eso se suma toda la situación que estoy viviendo en mi casa porque a mí este servicio adicional que me sacaron me ayudaba a solventar gastos de comida, de luz, de gas que hoy no puedo afrontar».

Tengo todos los servicios cortados y no he recibido llamados de nadie”, aseguró.

“Hoy soy yo la culpable y él es víctima; él sigue trabajando, lo corrieron hacia otro puesto y sigue dando órdenes”, afirmó.

“¿Pero entonces todo lo que se dijo públicamente después de su denuncia es mentira?”, se le consultó.

“Cuando el director de la Agencia salió a decir que estaba separado de su cargo, yo sé que lo habían mandado a Comodoro a reparar una camioneta y tengo entendido que al día de la fecha lo movieron hacia otro puesto, pero sigue trabajando ahí.

Tampoco es mi intención quitarle el trabajo a alguien; lo que quiero es que se respete lo que ordenó un juez y que se salga a decir mentiras, como, por ejemplo, que habían resguardado a la víctima cuando a mí nadie me preguntó nada”, aseguró.

“Es más, estoy reclamando un servicio que se me adeuda porque 3.500 pesos para ellos no es nada, pero a mí me sirve para solventar mis gastos diarios, y no me los reconocen. No me los quieren pagar”, denunció.

Al finalizar Noelia Arrative expresó: “Yo simplemente hubiera querido que se dijera la verdad, aunque sea que me hubiesen llamado por teléfono para preguntarme cómo estaba, porque el señor Leonardo Das Neves -de quien tengo aprecio, desde antes de ingresar a la Agencia- él nunca dio la cara, no me llamó”, concluyó.

Los depredadores online crean y comparten el material ilegal, que cada vez está más oculto por la tecnología. Las empresas de tecnología, el gobierno y las autoridades no son rivales.

Las imágenes son espantosas. Niños y niñas, algunos de apenas 3 y 4 años, aparecen siendo víctimas de abuso sexual y, en algunos casos, torturados.

Imágenes de abuso sexual infantil llevan mucho tiempo siendo producidas y compartidas para satisfacer perversas obsesiones adultas.

Pero nunca a este grado: las compañías de tecnología reportaron el año pasado una cifra récord de 45 millones de fotografías y videos online de abuso sexual.

Hace más de 10 años, cuando el número reportado era menos de 1 millón, la proliferación de imágenes explícitas ya había llegado a un punto de crisis. Las compañías tecnológicas, las agencias de imposición de la ley y los legisladores en Washing­ton respondieron, aprobando legislación trascendental en 2008 cuya intención era contener el flagelo.

No obstante, la explosión de contenido detectado siguió creciendo —de manera exponencial.

Una investigación realizada por The New York Times encontró un inframundo criminal insaciable que explotó los esfuerzos fallidos e insuficientes para contenerlo. Muchas compañías de tecnología no estuvieron atentas de forma adecuada a las imágenes de abuso sexual en sus plataformas o no cooperaron lo suficiente con las autoridades cuando las encontraron.

Las agencias de imposición de la ley dedicadas al problema se quedaron con personal y financiamiento insuficientes, incluso mientras se les pedía que manejaran una cantidad mucho mayor de casos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no escribió reportes de monitoreo obligatorios y tampoco nombró a un funcionario a nivel ejecutivo para que guiara la implementación de medidas severas. Y el grupo encargado de actuar como oficina de información federal para las imágenes —el intermediario entre las compañías de tecnología y las autoridades) estaba mal equipado para las crecientes exigencias.

Un estudio publicado recientemente con ese grupo, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, describió un sistema a “punto de quiebre”.

Mientras que el problema es de alcance global —la mayoría de las imágenes halladas el año pasado provenían de otros países— está firmemente arraigado en Estados Unidos debido al papel central que ha jugado Silicon Valley en facilitar la difusión de las imágenes y en reportarlas a las autoridades.

Aunque el material, comúnmente conocido como pornografía infantil, precede a la era digital, las cámaras de teléfonos inteligentes, las redes sociales y el almacenamiento en la nube han permitido que las imágenes se multipliquen a un ritmo alarmante. Tanto imágenes recirculadas como nuevas ocupan todos los rincones de Internet, incluyendo Facebook Messenger, el motor de búsqueda Bing de Microsoft y el servicio de almacenamiento Drop­box.

Hay grupos online dedicados a compartir imágenes de niños más pequeños y formas más extremas de abuso. Los grupos usan tecnologías encriptadas y la web oscura, el inmenso lado oculto de Internet, para enseñar a pedófilos a llevar a cabo los delitos y cómo grabar y compartir imágenes del abuso en todo el mundo. En algunos foros online, los niños son forzados a sostener rótulos con el nombre del grupo u otra información de identificación para probar que las imágenes son nuevas.

Con tantos reportes de abuso, las agencias de imposición de la ley en todo Estados Unidos dijeron que a menudo estaban rebasadas. Algunas han manejado la excesiva carga de trabajo enfocándose en las imágenes que retratan a las víctimas más jóvenes.

“Nos vamos a casa y pensamos, ‘el hecho de que tengamos que priorizar por edad es realmente perturbador’”, dijo la detective Paula Meares, quien lleva más de 10 años investigando crímenes sexuales contra niños en el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Las compañías de tecnología están legalmente obligadas a reportar imágenes de abuso infantil cuando las descubren; no están obligadas a buscarlas. Puede tomar semanas o meses para que respondan a las preguntas de las autoridades, si es que lo hacen.

Aún cuando cooperen las compañías de tecnología, el encriptado y el anonimato pueden crear escondites para los criminales. En marzo, Facebook anunció planes para encriptar Messenger, que el año pasado fue responsable de casi 12 millones de los 18,4 millones de reportes a nivel mundial de material relacionado con abuso sexual infantil, según personas familiarizadas con los reportes.

La ley aprobada por el Congreso de EE.UU. en 2008 anticipó muchos de los problemas actuales, pero el gobierno no ha cumplido con aspectos importantes de la legislación. El Departamento de Justicia produjo sólo dos de los seis reportes requeridos que buscan reunir datos sobre crímenes vía Internet contra niños y establecer objetivos para eliminarlos, y ha habido una rotación constante de personas nombradas para encabezar los esfuerzos del departamento.

El gobierno federal tampoco ha cumplido con los objetivos de financiamiento de la ley, obstaculizando los esfuerzos por acabar con la actividad.

El Congreso habitualmente ha destinado alrededor de la mitad de los 60 millones de dólares en fondos anuales a los esfuerzos de imposición de la ley locales y estatales. Este año, el Departamento de Seguridad Nacional desvió casi 6 millones de dólares de sus unidades dedicadas a los crímenes cibernéticos a los esfuerzos antiinmigratorios.

Alicia Kozakiewicz, quien fue raptada por un hombre que conoció en Internet cuando tenía 13 años, dijo que no poder llevar las cosas a término era desalentador. Hoy dedicada a abogar por leyes que evitan los crímenes contra niños, ella testificó en apoyo a la legislación de 2008.

“Recuerdo haber mirado a todos en la sala y todos tenían lágrimas en los ojos”, dijo Kozakiewicz, quien contó cómo fue encadenada, violada y golpeada mientras su abusador transmitía en vivo el abuso en Internet. “El proyecto de ley federal fue aprobado, pero no recibió fondos. Así que no significó nada”.

Lo que también obstaculiza la respuesta federal son las limitantes en el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que revisa los reportes que recibe y luego los distribuye a agencias de imposición de la ley federales, estatales y locales y a socios internacionales.

El centro sin fines de lucro ha dependido en gran medida en tecnología con 20 años de edad, tiene dificultades para retener a ingenieros con experiencia y, por definición propia, considera el detener la distribución online de fotos y videos como algo secundario a rescatar niños.

“Para ser honestos, es una cuestión de recursos y volumen”, dijo John Shehan, uno de los vicepresidentes del centro. “La primera prioridad es asegurarnos que evaluamos el riesgo de los niños. Estamos entregando esta información a las agencias de imposición de la ley”.

Múltiples investigaciones policiales en los últimos años han desmembrado enormes foros de la red oscura, incluyendo una conocida como Child’s Play que se reportó tenía más de un millón de cuentas de usuarios.

Los infractores pueden ocultar sus movimientos al conectarse a redes privadas virtuales que disfrazan sus ubicaciones; utilizando técnicas de encriptado, que pueden ocultar sus mensajes y volver impenetrables sus discos duros; y poniendo posts en la red oscura, que es inaccesible a los motores de búsqueda convencionales.

Un hombre en Ohio, un administrador de sitio llamado Jason Gmoser que ayudaba a operar un sitio en la red oscura conocida como Love Zone, tenía más de 3 millones de fotos y videos en sus computadoras y “llegó a grandes extremos para ocultar” su conducta, según documentos.

El testimonio en su caso criminal reveló que le hubiera tomado a las autoridades “millones de millones de años” descifrar la contraseña de 41 caracteres que había usado para encriptar el sitio. Terminó por proporcionársela a las autoridades, y fue sentenciado a cadena perpetua en 2016.

Las compañías de tecnología llevan años sabiendo que sus plataformas son utilizadas por depredadores, pero muchas de ellas hicieron la vista gorda. Y mientras que muchas compañías han logrado avances recientes para identificar el material, fueron lentas en responder.

Hany Farid, que trabajó con Microsoft para desarrollar tecnología en 2009 para detectar material relacionado con abuso sexual infantil, dijo que las compañías de tecnología se habían mostrado renuentes durante años a profundizar en el asunto.

“Las compañías sabían que la casa estaba llena de cucarachas, y tenían miedo de encender la luz”, dijo. “Y luego cuando sí encendieron la luz, el asunto era peor de lo que se imaginaban”.

Cuando Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Microsoft, anunció en marzo que Messenger sería encriptado, reconoció el riesgo que presentaba para “cosas realmente terribles, como la explotación infantil.

“La encriptación es una herramienta poderosa para la privacidad, pero eso incluye la privacidad de personas haciendo cosas malas”, dijo.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados ha luchado con demandas por contener la diseminación de las imágenes.

La tecnología que utiliza para recibir y revisar reportes del material fue creada en 1998, casi una década antes de que saliera a la venta el primer iPhone.

Pero los problemas van más allá de la tecnología. La policía se queja de que los reportes más urgentes no son priorizados o que son enviados al departamento equivocado.

“Estamos gastando una enorme cantidad de tiempo teniendo que repasarlos y reanalizarlos nosotros”, dijo Mike Edwards, comandante de policía de Seattle que supervisa la unidad de cibercrímenes del Estado de Washington.

El problema de las imágenes de abuso sexual infantil enfrenta un obstáculo particular: no recibe mucha atención porque pocas personas quieren confrontar la enormidad y el horror del contenido, o porque erróneamente creen que son en gran parte adolescentes que envían selfies inapropiadas. Algunos legisladores estatales, jueces y miembros del Congreso se rehúsan a hablar del problema en detalle, o evitan las reuniones cuando están en la agenda, dicen los funcionarios de imposición de la ley y las víctimas.

Steven J. Grocki, quien encabeza un grupo de expertos en políticas y abogados en la sección dedicada a explotación infantil del Departamento de Justicia, dijo que la renuencia a abordar el flagelo era un problema más amplio de la sociedad. “Le dan la espalda porque es un espejo demasiado feo”, dijo.

Sin embargo, el material está en todas partes y cada vez está más disponible. Un volumen de trabajo así ha obligado a las autoridades a tomar decisiones difíciles, incluyendo el hacer recortes a operativos como infiltrar los foros de chats.

“Creo que algunos de los peces más gordos allí afuera seguirán allí afuera”, dijo Yolanda Lippert, una fiscal en Cook County, Illinois, que encabeza un equipo que investiga abuso infantil online, informó El Clarín.

El acusado quedaba a cargo de la víctima de seis años cuando su padre iba a trabajar. La Cámara Penal de Esquel confirmó la sentencia por el delito de abuso sexual simple agravado, cometido por quien era el encargado de la guarda de la pequeña.

Los jueces Carina Estefanía, Adrián Barrios y Alejandro de Franco confirmaron este miércoles una sentencia de la jueza Fernanda Révori, quien dictó una condena de tres años y seis meses de prisión efectiva por el delito de abuso sexual simple agravado, cometido por quien era encargado de la guarda y por la situación de convivencia preexistente.

Los camaristas decidieron no hacer lugar al recurso de la Defensa que planteó cuestionamientos a la racionalidad de la pena. La investigación fue llevada a cabo por la fiscal María Bottini, en tanto que la defensa estuvo a cargo del defensor Marcos Ponce.

Tras repasar el análisis de la determinación de la pena por la juez, Estefanía indicó que no soslaya que los seis meses por encima de los tres años de prisión llevan a que la pena deba ser de cumplimiento efectivo. “Por mandato constitucional, toda pena privativa de la libertad está dirigida esencialmente a la reforma y readaptación social de los condenados y el tratamiento penitenciario debe orientarse a la reforma y readaptación social de los penados”, explicó.

“En virtud del reconocimiento implícito del hecho por parte del imputado, que fue manifestado por el defensor al explicar los motivos por los que solo se agravió de la pena no así de la declaración de responsabilidad y calificación legal, la pena de cumplimiento efectivo es necesaria y deberá incluir un tratamiento psicológico a fin de evitar que al momento de recuperar su libertad reincida en conductas disvaliosas para la convivencia en sociedad”, razonó.

La sentencia

El relato de la única testigo, la propia víctima, superó sin dificultad el examen pericial. “En los casos de abuso sexual intrafamiliar, resulta exigencia ineludible el escrutinio estricto o riguroso sobre la consistencia y congruencia del relato del afectado, la univocidad de los signos detectados por los profesionales, el contexto y la circunstancia del suceso enrostrado y la eficacia demostrativa del testimonio de terceros en ponderación con la versión del acusado”, introdujo la juez. En el caso de niños y niñas el relato cobra un característica especial, “si se les permite contar su propia historia con sus palabras y sus propios términos, los niños pueden dar testimonios altamente precisos de cosas que han presenciado o experimentado, especialmente si para ellos son personalmente significativas o emocionalmente remarcables”.

El análisis se complementa con las pericias psicológicas. Estas además de analizar la versión de la niña o niño, buscan la presencia de indicadores específicos o inespecíficos de abuso. También son considerados los testimonios de oídas, las opiniones técnicas o el aporte de los familiares o docentes, en su carácter de prueba indirecta o indiciaria que adquiere potencia probatoria en la medida que el testimonio de la víctima tenga coherencia interna y externa.

El trabajo pericial es llevado al debate por la psicóloga forense interviniente. A criterio de Révori, la profesional fue sumamente clara al explicar el modo como se evalúa la credibilidad y la validez del relato, las distintas técnicas utilizadas, como la pericia le da un marco a la declaración y a los indicadores, los que dan cuenta en qué estructura de personalidad se hallan. Aclaró que en las técnicas surge si la nena fabula, está inventando o imaginando y nada de ello se constató.

Doble vulnerabilidad 

El análisis de la responsabilidad del autor, tomó en cuenta la vulnerabilidad de la víctima por tratarse de una niña y además por ser mujer. Entre otras citas legales, la juez transcribió la definición de violencia de género, contenida en la Declaración de las Naciones Unidas sobre eliminación de la violencia contra la mujer: “es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vía pública como en la vida privada”.

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, dice “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Revori indicó que en resguardo de los derechos humanos de la mujer y especialmente de los niños y niñas a una vida sin violencia, los instrumentos internacionales citados, imponen al estado el castigo de este tipo de conductas para evitar que su impunidad constituya una forma indirecta de tolerancia sobre esta clase de obrar.

Al momento de establecer la pena, la juzgadora no consideró como atenuante la calidad personal o el buen concepto que en el ámbito religioso tiene el imputado, como solicitó el defensor. A criterio de la magistrada,no se demostró cómo ello debería influenciar para la consideración de un menor grado de reproche de la conducta probada. Por el contrario, la calidad personal aparece en el caso determinante para que el papá confiara la custodia de su hija a su tío y aprovechada por este para llevar a cabo su conducta delictiva.

Se tuvo por atenuante la incidencia que tuvo en la vida adulta del imputado, la epilepsia que padece y su falta de antecedentes penales, informó ADN SUR.

Un hombre fue detenido tras discutir y violentarse contra su novia sobre Avenida Rivadavia al 100, a pocos metros de la Comisaría Primera de la ciudad.

Este domingo por la mañana, personal policial fue alertado sobre una pelea que se generaba a pocos metros de la dependencia, precisamente frente a la sucursal de la empresa OCA.

Al dirigirse al lugar, el personal policial constató quese trataba de una discusión de pareja en la que el hombre golpeaba bruscamente a su novia. La mujer contaba conlesiones notables en su rostro y fue trasladada al Hospital Regional, mientras que el agresor fue detenido. Minutos después la víctima se dirigió a la Comisaría de la Mujer a realizar la denuncia correspondiente.

Por esta situación fue puesta en conocimiento la fiscal Dra. Ponce y la Secretaria de Oficina Judicial, Dra. Gómez, informó ADN SUR.

La denuncia, según pudo saber ADNSUR, fue presentada en la Fiscalía.

Unapolicía de la Alcaidía de Comodorodenunció a otro efectivo y compañero de trabajo porsupuesto abuso. La denuncia, según pudo saber ADNSUR, ingresó este jueves a la agencia de Abuso y, según constaría en la misma, el compañero la habría «manoseado». 

La denuncia fue presentada en Fiscalía y las autoridades de la Alcaidía ya están al tanto. Se desconoce qué acciones tomarán al respecto, informó ADN SUR.

Cerca de las 2:50 de la madrugada del lunes, en una vivienda de la calle Código 888 s/n. de la zona de extensión del barrio Moure , un hombre de nacionalidad boliviana, de 39 años, fue sorprendido  por su pareja en la habitación de una de sus hijas cuando intentaba abusar sexualmente de ella.

La mujer sorprendida por el episodio, comenzó a recriminar y gritar, y  obtuvo una violenta represalia de su pareja y la atacó  con un cuchillo, la mujer solo atinó a levantar los brazos y salir corriendo en busca de ayuda.

En inmediaciones andaba cerca un móvil policial de la Comisaría Sexta que se encontró con la mujer con los brazos ensangrentados, les explicó la situación y cuando los uniformados se acercaron el acusado intentó escaparse, pero lo persiguieron y pudieron detenerlo, indicó Crónica.

Se dio intervención a Fiscalía y ordenaron el traslado de la mujer herida al Hospital Regional para, posteriormente, trasladarla a la Comisaría de la Mujer junto a su hija menor de edad para radicar las denuncias.

Ya en horas del mediodía el detenido recuperó su libertad tras pasar por la audiencia de control de detención, y se le dictó prohibición de acercamiento al domicilio donde se desarrollaron los hechos.

El hecho fue calificado provisoriamente como “lesiones graves, agravadas por haber sido cometidas con alevosía, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser cometido contra un menor de 18 años y por la situación de convivencia preexistente”, en calidad de “autor” para A.E.O.

Este miércoles se efectivizó en Tribunales la tercera jornada de debate en relación al hecho de abuso sexual ocurrido en marzo de 2018 en perjuicio de un bebé de 7 meses en el barrio LU4 en Comodoro Rivadavia , que tiene como único imputado a A.E.O.. Entre los testimonios destacados de la fecha pudo escucharse a varias profesionales de la salud que atendieron a la víctima en diferentes centros de salud.

La primera testigo, médica, recordó que recibió al paciente el pasado 27 de marzo de 2018 en la Guardia de un sanatorio local y  que ingresó con una hemiplejia del lado izquierdo. Le ordenaron una tomografía y se procedió a su sedación ya que el estudio reveló un hematoma subdural del lado derecho de su cerebro. Esto debido, a su criterio, a una causa traumática, un golpe.

El paciente fue derivado hacia el Hospital Regional para que se lo intervenga quirúrgicamente. La profesional aseguró que al momento en que atendieron al paciente corría en riesgo su vida por esta lesión en el cerebro y se necesitaba con premura someterlo a cirugía por el hematoma.

La segunda testigo, también médica de la Guardia de La Española, recordó que recibieron al paciente no estable con una hemiplejia del lado izquierdo. Al entrevistarse con su madre le refirió que ella no estaba en su casa, salió a comprar y cuando volvió lo encontró con convulsiones. Luego le realizaron una tomografía que reveló un hematoma en el cráneo y el menor fue derivado al Hospital Regional para su intervención. «El paciente menor se encontraba en estado crítico por la hemorragia en el cerebro que puso en riesgo su vida», concluyó.

El hecho fue calificado provisoriamente como “lesiones graves, agravadas por haber sido cometidas con alevosía, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser cometido contra un menor de 18 años y por la situación de convivencia preexistente”, en calidad de “autor” para A.E.O.

Este miércoles se efectivizó en Tribunales la tercera jornada de debate en relación al hecho de abuso sexual ocurrido en marzo de 2018 en perjuicio de un bebé de 7 meses en el barrio LU4 de nuestra ciudad, que tiene como único imputado a A.E.O.. Entre los testimonios destacados de la fecha pudo escucharse a varias profesionales de la salud que atendieron a la víctima en diferentes centros de salud.

La primera testigo, médica, recordó que recibió al paciente el pasado 27 de marzo de 2018 en la Guardia de un santorio local y  que ingresó con una hemiplejia del lado izquierdo. Le ordenaron una tomografía y se procedió a su sedación ya que el estudio reveló un hematoma subdural del lado derecho de su cerebro. Esto debido, a su criterio, a una causa traumática, un golpe.

El paciente fue derivado hacia el Hospital Regional para que se lo intervenga quirúrgicamente. La profesional aseguró que al momento en que atendieron al paciente corría en riesgo su vida por esta lesión en el cerebro y se necesitaba con premura someterlo a cirugía por el hematoma.

La segunda testigo, también médica de la Guardia de La Española, recordó que recibieron al paciente no estable con una hemiplejia del lado izquierdo. Al entrevistarse con su madre le refirió que ella no estaba en su casa, salió a comprar y cuando volvió lo encontró con convulsiones. Luego le realizaron una tomografía que reveló un hematoma en el cráneo y el menor fue derivado al Hospital Regional para su intervención. «El paciente menor se encontraba en estado crítico por la hemorragia en el cerebro que puso en riesgo su vida», concluyó.

Casin Sebastián Quinteros fue condenado a 8 años de prisión efectiva, aunque purgará esa pena en su domicilio. El sujeto reconoció haber abusado de una niña desde que la misma tenía apenas 5 años. Fue en el juicio abreviado que firmó durante la feria judicial y en el que se autorizó el cumplimiento de la pena en su domicilio, a raíz del certificado de incapacidad que presentó su defensa.

El juicio abreviado al que fue sometido Casin Sebastián Quinteros se llevó a cabo el 10 de julio, en plena feria judicial de invierno. El resultado se conoció ayer.

En ese contexto el acusado reconoció su participación y responsabilidad en los hechos que se le imputaron y también aceptó voluntariamente la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo que convino su defensa con la Fiscalía.

La calificación legal que escogió el fiscal general Martín Cárcamo fue la de promoción de corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años, en concurso ideal con suministro de material pornográfico, en concurso ideal con abuso sexual simple, en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante. Todo ello en calidad de autor para Quinteros.

9 AÑOS DE ABUSOS

Según la información a la que accedió El Patagónico, los hechos fueron cometidos en fechas indeterminadas, entre julio de 1998 y noviembre de 2008, cuando la niña víctima tenía entre 5 y 14 años de edad.

Asimismo, se indicó que fue el imputado quien solicitó la aplicación del procedimiento abreviado y aceptó la declaración de su responsabilidad penal en los hechos relatados y la pena de ocho años de prisión propuesta por el fiscal general, la que se meritó como adecuada en su monto por las partes atendiendo a las características graves de los hechos y la extensión del daño causado a la menor.

Además, aceptó durante el término de la misma a someterse a tratamiento psicológico, previo informe de una psicóloga forense que acredite su necesidad y eficacia y a abstenerse de relacionarse con la víctima.

También en razón del estado de salud actual de Quinteros y la declaración de incapacidad, Ley 24.901, debidamente certificada, se estableció como modo de cumplimiento de pena bajo la modalidad de arresto domiciliario en función de lo establecido en el Artículo 10 inciso a) y c) del Código Penal de la Nación y en el Artículo 32 inciso a) y c) de la Ley de Ejecución Penal (Ley 24.660).

A su vez la víctima prestó su consentimiento al presente acuerdo abreviado, el imputado soportará las costas del proceso y las partes renuncian expresamente a los plazos de impugnación.

Por último la jueza penal resolvió homologar el presente juicio abreviado condenando a Quinteros a la pena de 8 años de prisión efectiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, declarando a su vez firme la sentencia desde el momento de su notificación.

El acuerdo abreviado fue homologado por la jueza penal Mónica García y en representación de Quinteros actuó la defensora pública, Viviana Barillari.