A casi tres años del crimen de Martin Alejandro «Tino» John, la causa judicial avanza con dificultades y cambios significativos. Con un nuevo fiscal, Martín Robertson, se suman imputaciones y se reconoce que la muerte de Tino pudo haberse evitado. Se investiga a los comisarios Cristian Alejandro Soto y Omar Eduardo Martínez por «homicidio culposo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia judicial». Sin embargo, el proceso se ha visto ralentizado por problemas de conectividad en las audiencias virtuales y recusaciones a jueces. A pesar de las dificultades, la viuda de John, Claudia Costa Basso, se muestra esperanzada ante el nuevo panorama judicial.

Por Lola Sánchez

A casi tres años del crimen de Martin Alejandro «Tino» John a manos del GEOP, en el marco de un operativo fuertemente cuestionado, se abre un nuevo capítulo en la causa y se suman imputaciones, con un nuevo fiscal al frente que reconoce que hubo excesos y sostiene lo que la familia denuncia desde el primer día: la muerte de Tino podía haberse evitado. E incluso reconoce tres instancias previas que podrían haber resuelto la situación sin perder ninguna vida. La causa estuvo cerrada más de un año, se abrió gracias a las presiones de la familia y las organizaciones de Derechos Humanos, con resistencias del entonces fiscal Carlos Díaz Mayer, quien sostenía una versión distinta de los hechos e incluso llegó a pedir la absolución del primer -y hasta hace poco único- imputado, Luis Moggiano, supuesto tirador y autor material de la muerte del vecino de la comarca.

La viuda de John, junto a su querella, había pedido en noviembre del año pasado la ampliación de la imputación, que en principio fue denegada. En marzo, el Procurador General, Jorge Miquelarena, dispuso el cambio de fiscal, por lo que la causa ahora quedó en manos de Martín Robertson, quien entiende que existieron acciones de omisión y desobediencia judicial el día del operativo. De esta manera, la Fiscalía de Esquel abrió la investigación contra otros dos comisarios, Cristian Alejandro Soto y Omar Eduardo Martínez.

Claudia Costa Basso, viuda de «Tino» John, dialogó con El Extremo Sur, para dar cuenta del largo proceso judicial que atraviesa desde mayo del 2021, y aunque sabe que la cadena de omisiones y acciones no se agota en los policías acusados Luis Moggiano, Cristian Soto y Omar Martínez, dijo sentirse más esperanzada ante el recambio de fiscal y un nuevo panorama.

«En noviembre, pedimos que se imputen a estos dos comisarios, lo cual fue rechazado por el fiscal (Carlos Díaz) Mayer. Entonces desde mi querella se solicitó a la jueza (Silvana Vélez) que de curso al procurador general (Jorge Miquelarena) para que se cambie el fiscal, porque entendíamos que teníamos pruebas suficientes para que estas personas sean imputadas, o al menos investigadas, que nunca lo fueron en estos tres años. Finalmente se aprobó, el procurador dijo que sí, y solicitó que se nombre nuevo fiscal, Martin Robertson», fiscal de Esquel que «también entendió que era lógico y necesario investigar e imputar a estas dos personas».

Como todas las instancias judiciales previas del caso, no estuvo exenta de decisiones y ausencias que la ralentizaron.

Costa Basso menciona que la audiencia de imputación «llevó su tiempo» y, aunque finalmente se llevó a cabo el 15 de marzo, se imputó sólo a uno de los comisarios.

«Estaba (Omar) Martínez de forma presencial, y (Cristian) Soto de manera virtual, con su abogado. Estuvimos casi dos horas estuvimos esperando porque el abogado de Soto tenía problemas de conectividad, aparecía y desaparecía hasta que la jueza le dijo a Soto que tenía que retirarse, porque no tenía abogado», detalla.

«Mi abogado le dijo a la jueza que citara a Soto de forma presencial para una audiencia rápida; no puede ser que, si elegís presentarte en forma virtual ante una imputación, no asegures conectividad», sin embargo, ese día sólo se logró la imputación de Martínez.

Por cuestiones de agenda de la jueza Silvana Vélez, la audiencia de Soto se movió al 22 de marzo. «Ahí estábamos todos; viene el oficial de Justicia y dice que es posible que no se haga la audiencia, porque el día anterior Soto y su abogado habían recusado a la jueza Vélez».

Debido a la falta de jueces en Lago Puelo para tratar la recusación, se solicitó la presencia de jueces de Esquel, quienes se pronunciaron expresando que se tomaban los tres días que permitía la ley, decisión que alargó aún más el proceso: «Terminaban el día que empezaba Pascuas, y después teníamos feriado. Se tomaron todos esos días. Recién el 3 de abril se pronunciaron, rechazaron la recusación, y a partir de ese rechazo continuó el proceso y se pidió nueva audiencia para Soto. Es todo muy desprolijo», agregó Costa Basso.

El pasado viernes se concretó esa audiencia y finalmente Soto fue imputado. Para ambos, Soto y Martínez, quedó la calificación provisoria de «homicidio culposo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia judicial», por lo que ahora resta esperar que continúe la investigación y un posible juicio en el futuro.

Al respecto, Costa Basso mencionó que en la audiencia de imputación de Martínez se acordó la posibilidad de unificar los juicios de los tres efectivos, por una cuestión de economía procesal, y que aún queda por resolver si se llevará adelante mediante un juico por jurados u otro formato.

«Se pudo haber hecho todo distinto»

«Tristemente impecable el detalle de la imputación que redactó el fiscal Martín Robertson, porque es impresionante el detalle de todas las oportunidades de (Omar) Martínez para hacer las cosas distintas, por las cuales hoy ´Tino´ estaría vivo, eso es terrible», opinó Costa Basso en relación con la postura del fiscal.

El análisis del discal Martín Robertson presenta una nueva dimensión de los hechos, o al menos, una dimensión que no había sido tomada en cuenta por ahora ex fiscal de la causa Carlos Díaz Mayer, quien defendió el accionar de los efectivos y perfiló a «Tino» John como un hombre extremadamente peligroso. Para Costa Basso, implica un reconocimiento de las autoridades de la justicia del sinfín de irregularidades que ella denunció desde el día uno.

«Se pudo haber hecho todo distinto, simplemente cumplir la ley. No había que hacer demasiadas cosas. (Omar) Martínez se comunicó con (Cristian) Soto, por eso están imputados. Llegó la orden de allanamiento tarde, tenían 48 horas para hacer ese allanamiento que decía solamente debían tomar nombre del propietario y requisar armas, si las hubiera. Nada más. Y entraron, me ataron, mataron a Tino en 15 minutos y se fueron. Es brutal», expresó Costa Basso.

«Ver cómo el procurador (Jorge Miquelarena) permitió que se nombre otro fiscal y el nuevo fiscal (Martín Robertson) entiende lo mismo que mis abogados y yo, me da esperanza. El camino fue largo. La verdadera justicia seria que ´Tino´ resucite, pero por lo menos alcanzar al máximo de los responsables, para mi hay otros», agregó Costa Basso. Además, comentó que está en proceso la incorporación de Amnistía Internacional como amicus curiae, a la par de la Secretaría de Derechos Humanos, que asumió ese lugar.

«Contenta no estoy, pero son las cosas que me dan fuerza o un poco de motivación para seguir. La causa no se abrió por un año y medio. Tendrían que haber sido investigados todos los que participaron. Cuando pidió testimonio mi abogado de todos los del GEOP, no fueron. Se abrió a regañadientes, por la actuación de la senadora Edith Terenzi, del entonces senador Ignacio Torres, de los organismos de Derechos Humanos, de los periodistas. Toda esa movida logró que se abra, un año y medio después. Si no, no se abría», remarcó Costa Basso.

Si bien se logró la ampliación de la imputación, Costa Basso insiste en que deben ser investigados todos los que ese día participaron en el operativo: «Hay una cadena larga de acción y omisión que llevaron a que a ´Tino´ lo asesinen, tendrán otro tipo de pena, no lo sé. Mi idea es llegar a todo».

A nivel personal, contó que fue su primera experiencia judicial con el imputado en la misma sala, ya que las instancias anteriores habían sido virtuales: «Fue muy fuerte. Para mí, fue ayer. Estoy luchando como el día que empecé. Me mantiene en pie esa fuerza. ´Tino´ no puede defenderse, de ahí saco la fuerza. Todos los días me vienen imágenes, y vuelvo a ese día».

El rol de los imputados y la nueva calificación

En el pedido de imputación, el nuevo fiscal, Martín Robertson, repasó lo investigado hasta el momento, y en una revisión de los hechos, planteó un análisis muy similar a lo que vienen sosteniendo las querellas y la familia.

Robertson remarca que ese día se requirió la asistencia de personal de Salud Mental del hospital local por orden de la funcionaria fiscal de turno, instancia que los efectivos ignoraron al ingresar de manera precipitada a la vivienda. Es uno de los múltiples puntos que la familia de «Tino» John denuncia desde hace tres años: la ausencia de un protocolo acorde al estado de salud mental de la víctima, así como el hecho de haber ignorado la posibilidad de contar con profesionales médicos o incluso los hijos del vecino, quienes ese día estaban de camino al lugar para intentar calmar a su padre.

En su cronología y análisis del operativo, el fiscal subraya que «los funcionarios policiales a cargo del operativo tenían en el abanico de las posibilidades razonables, varias alternativas previas razonables, destinadas a evitar la pérdida del bien jurídico vida, que en definitiva se perdió».

La posibilidad de que Costa Basso y los hijos de «Tino» John intervinieran para calmarlo era concreta y plausible, considerando la violencia -en ese escenario- como el último recurso posible.

Las consideraciones del fiscal Martín Robertson se contraponen a la versión que venía sosteniendo el ahora ex fiscal de la causa Carlos Díaz Mayer, quien había llegado a pedir la absolución de Luis Moggiano al entender que el operativo se había llevado a cabo respetando los protocolos y que la acción violenta había sido necesaria al agotar todos los recursos posibles. Esta versión fue cuestionada por la familia de la víctima, la querella e incluso los resultados del perito de parte, Enrique Prueger, además de varias organizaciones de Derechos Humanos que vienen acompañando el pedido de justicia.

En el pedido de apertura de investigación e imputación, el fiscal Robertson enumera las distintas instancias que podrían haberse agotado antes de optar por el uso de la fuerza. Al fracasar los dos primeros intentos de intervención familiar y de salud mental (que no fueron respetados), se podría haber tomado la «decisión razonable» de apostarse en las inmediaciones de la casa, sin ingresar.

En este sentido, contradice la postura del ahora ex fiscal Carlos Díaz Mayer que priorizaba la seguridad de familiares y vecinos, subrayando que la vivienda se encontraba en un terreno de unas cinco hectáreas, por lo que se deduce que no había riesgos de que otros pudieran ser alcanzados por un disparo.

El personal cubierto y apostado en las inmediaciones le habría dado ventaja táctica ante una eventual salida de «Tino» John al exterior, e incluso si eso sucedía, tenían la posibilidad -y obligación, por protocolo- de haber advertido al vecino de desistir de su salida y, en última instancia, acudir a un tiro de aviso y a disparos en las zonas bajas del cuerpo: «Todo esto hubiera evitado el tener que haber acudido a un disparo en zona letal.»

Para el fiscal Robertson, las tres alternativas previas a la irrupción eran «respuestas razonables, proporcionadas y echaban mano al principio de progresividad en la utilización de la fuerza».

De ahora en adelante, será necesario delimitar quién fue el principal responsable de las decisiones tomadas, aunque queda claro, hasta el momento, que todos los imputados violaron normas jurídicas internacionales, nacionales y provinciales en materia de protocolos de actuación policial. Se enfatiza, además, que se desobedeció una orden judicial, hecho que quedó debidamente reflejado en la imputación.

El escrito del fiscal Robertson indica igualmente el rol y conducta de los dos imputados el día del operativo.

Omar Martínez era jefe de la Comisaría de El Hoyo, y tenía el dominio de cuándo y cómo realizar el allanamiento. Conociendo los padecimientos mentales de «Tino» John, no evitó la irrupción del GEOP aun sabiendo que aún no estaba presente el personal médico, incumpliendo así una orden judicial.

Cristian Soto, por su parte, no esperó a recibir órdenes y decidió irrumpir unilateralmente, cuando Costa Basso ingresó a la vivienda. Para el fiscal Robertson, estas omisiones y decisiones apresuradas, «desencadenaron en el resultado muerte».

Por otro lado, además de reconocer a «Tino» John como víctima directa, reconoce también a las víctimas indirectas de esa serie de acciones y omisiones que llevaron a la muerte. Por ello, tanto Cristian Soto como Omar Martínez fueron imputados con la calificación legal provisoria de «homicidio culposo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia judicial».

Si bien hay otras actuaciones y responsabilidades que podrían ser investigadas a futuro, la postura del fiscal y las tres imputaciones van en línea con el pedido de justicia que la familia, las organizaciones de Derechos Humanos y la comunidad exigen desde el primer día.