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Realizan la apertura de la investigación por el asesinato a Alejandro «Tino» John. Claudia Costa Basso era su novia y, en diálogo con Red 43, remarcó que «hay que aclamar y rogar Justicia en este país».

El 27 de mayo 2021 Alejandro «Tino» John murió por un impacto de bala en el marco de un operativo policial en Las Golondrinas. Claudia Costa Basso era su novia y, en diálogo con Red 43, habló sobre la apertura de la investigación que se realizará este martes a las 9 hs.

A un año y tres meses del hecho, este martes se llevará a cabo la apertura de la investigación del asesinato de «Tino John». «Es difícil, un año y tres meses luchando para que se abra la causa, aparte del dolor. Tino no está terrenalmente más», expresó angustiada Claudia Costa Basso. Asimismo, manifestó su agradecimiento «a todo el Organismo de Derechos Humanos del Chubut, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a los senadores Ignacio Torres y Edith Terenzi, a la APDH del noroeste de Chubut y Nación que se presentaron como querellantes».

«La secretaría se presenta como Amicus Curiae, la APDH como querellante, el senado de la Nación van a seguir de cerca la investigación con el proyecto de Tenenzi y Torres que se aceptó por unanimidad», señaló Costa Basso.

«Lo sorprendente es que se demoró un año y tres meses en esta lucha».

«No paré desde el 27 a la noche cuando hice la primera denuncia. Hay que aclamar y rogar Justicia en este país», remarcó y agregó que «encima sale la apertura para el alma oscura que asesinó a Tino. Ese nombre lo teníamos en junio del año pasado y no lo dije hasta que no lo dijera el fiscal».

¿Por qué se demoró 15 meses para algo que se sabía en junio?

En relación a esto, Claudia Costa Basso dijo: «hay una cadena de errores por acción y por omisión en diferentes ámbitos administrativos, judiciales, policiales y quizás gubernamentales que llevaron a ese disparo y yo voy a luchar por eso».

«Tino no va a estar más terrenalmente, pero yo quedé viva por eso. Mi vida es para eso, para que no vuelva a suceder», remarcó.

«Que paguen todos los responsables, con todas las penas que contemplan nuestro código penal».

Por otro lado, Claudia Basso Costa puntualizó que «las primeras campañas las hicimos digitales dirigidas al presidente de la nación, no tuve respuesta. La segunda al presidente de la cámara de diputados. No hubo respuestas». En este sentido, resaltó que «la causa de Tino ya está en organizaciones internacionales a la espera. Primero tenes que agotar todas las instancias en tu país: tuve respuesta del Senado de la Nación. Tuve respuesta del Ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el director de políticas contra la violencia institucional se van a presentar como Amicus Curiae».

«Argentina tiene convenios y tratados internacionales, pero en el exterior funciona más trasparente y yo voy a recurrir a todos los niveles hasta el máximo porque creo que es justo», concluyó.

Se reinició el juicio oral y público contra Pablo Korn y Darío D´AAmico y en una extensa jornada el Tribunal rechazó tres cuestiones previas al debate que planteó el abogado defensor de ambos para lograr el sobreseimiento de sus clientes. La causa lleva más de tres años de proceso e importantes dilaciones que demandaron la intervención de la sala penal del Superior Tribunal de Justicia. El inicio del debate propiamente dicho tiene sin embargo fecha incierta.

Se trata del juicio oral que comenzó de manera semipresencial en la Oficina Judicial de Rawson que tiene en el banquillo de los acusados a Pablo Korn y Darìo D’Amico por la compra de materiales eléctricos por parte de la Subsecretarìa de Servicios Pùblico de la Provincia cuando el primero era titular del organismo y el segundo en carácter de proveedor desde un comercio de ese ramo en la ciudad de Trelew. Fue durante la grave emergencia climática que sufrió la ciudad de Comodoro Rivadavia entre marzo y abril del año 2017.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Administración Pública representada por los fiscales generales Omar Rodriguez y Alex Williams.
Imputaciones

Pablo Korn y Darìo D’Amico están imputados por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado” en calidad de autor (Korn) y de partícipe necesario (D’Amico)”.

El tribunal de juicio está integrado por los jueces Karina Breckle, Silvana Vélez y Ariel Quiroga. El defensor Federico Ruffa cuestionó la participación en el Tribunal de la jueza Breckle, planteó la prescripción de la causa y pidió que para D´Amico se le aplique la suspensión del juicio a prueba. En los tres casos, sus planteos fueron rechazados.

La realización del debate en juicio oral debió haberse iniciado pero los planteos del defensor Federico Ruffa demandaron una extensa jornada con varios cuartos intermedio que necesitó el Tribunal para resolver los planteos del defensor de Korn y D´Amico. En cada uno de los dos primeros planteos Ruffa concluyó en pedir el sobreseimiento para ambos.

Durante meses el caso pasó por varias instancias judiciales superiores, hasta llegar a la sala penal del Superior Tribunal de Justicia. Esta última instancia rechazó los planteos de los defensores de los imputados. En el caso –además de la pandemia por COVID 19 mediante-, el superior Tribunal de Justicia ratificó todas las extensiones de los plazos y avaló las resoluciones de las instancias inferiores.

La audiencia de este lunes realizada en la Oficina Judicial de Rawson con la presencia de algunas de las partes de manera presencial y de otros a través del sistema de video conferencia, fue solicitada por los defensores de los imputados.

Oposición a Breckle como integrante del Tribunal

El tribunal debió realizar tres extensos cuartos intermedios en el debate para analizar y resolver los planteos que realizó el defensor de ambos imputados, el abogado Federico Ruffa. El primero de ellos estuvo relacionado en la conformación del Tribunal, especialmente en la participación de la jueza Karina Breckle que al momento de la audiencia preliminar estaba a cargo de la Oficina Judicial de Rawson y que por ello tenía conocimiento previo de la causa.

En este sentido las instancias judiciales superiores avalaron su participación con el argumento principal de que las tareas realizadas oportunamente en el caso habían sido meramente administrativas. De esta manera el planteo de Ruffa fue rechazado.

Prescripción

El segundo planteo del defensor estuvo relacionado con el paso del tiempo y la falta de resolución del caso que violentaría garantías constitucionales –según el crierio de la defensa- destacando que las demoras “no se pueden achacar a los imputados”, en alusión al derrotero que tuvieron las impugnaciones que realizó ante instancias superiores. Destacó que la causa lleva más de tres años con las consecuencias de indefinición en perjuicio de los imputados.

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez efectuaron argumentaciones que apuntaron a presuntas intencionalidades de extender los plazos como parte de la estrategia de la defensa de hacer expirar el proceso en beneficio de los imputados.

El Tribunal hizo un relevamiento de los plazos procesales y prórrogas especiales, el Tribunal rechazó también este planteo de Ruffa destacando que el proceso vence el próximo 18 de diciembre.

D´Amico: pedido de suspensión de juicio a prueba

Ante los consecutivos rechazos del Tribunal, Ruffa pidió que se aplique para su cliente D´Amico la aplicación de la suspensión de juicio a prueba mediante la aplicación de la figura de la reparación mediante la compra de equipamiento eléctrico para dos vecinos de la localidad de Dolavon. Entre sus argumentos mencionó casos de corrupción en el Chubut que se resolvieron de esa manera, entre ellos a empresarios imputados en la causa

“Revelación”.

Los fiscales le respondieron siguiendo una instrucción del procurador general Jorge Miquelarena, que indica que en los casos de corrupción no es posible de aplicar la figura de “suspensión del juicio a prueba”. Destacaron que los casos de corrupción “degradan el estado de derecho” y consideraron en este sentido al caso como “grave”.

También citaron antecedentes de no aplicación de este instituto, como por ejemplo en la causa “Embrujo” que tuvieron el acompañamiento del Tribunal del juicio y luego ratificado por la Cámara de Apelaciones.

Destacaron además la necesaria publicidad del caso en caso de ser sometido a juicio oral y público, independientemente del resultado. Los fiscales también citaron convenios internacionales a los que adhirió la Argentina respecto de la persecución penal de los delitos de corrupción.

Luis Vivanco que representa a la Oficina Anticorrupción adhirió a los argumentos de los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez.

El debate propiamente dicho con la presencia de testigos e incorporación de prueba documental, tiene aún fecha incierta ya que deberá aguardarse nuevas instancias resolverse por la Cámara de Apelaciones de Trelew.

Luego de más de un año de reclamos a los organismos provinciales, el fiscal Carlos Diaz Mayer ordenó abrir la investigación por el asesinato del vecino de la comarca Martin Alejandro «Tino» John, a manos de un grupo GEOP que lo abatió en su vivienda el 27 de mayo de 2021, según publicó El Extremo Sur. El procedimiento, plagado de irregularidades, se vio demorado por un interés de «manipular» y «ocultar» ciertos aspectos de la causa, según denuncia la familia. Ahora, se espera que el policía Luis Américo Moggiano sea juzgado por homicidio agravado. La pareja de John, Claudia Costa, permanece firme en su lucha por la justicia y exige que sean debidamente procesados todos los implicados en la cadena de responsabilidades.

El pasado miércoles, el defensor público Marcos Ponce adelantó que en el pedido de apertura imputarán a Luis Américo Moggiano, a quien podría caberle una cadena perpetua, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal. En diálogo con El Extremo Sur, Costa define a Moggiano como «el alma oscura» que disparó a su pareja, pero reconoce que hay una «larga cadena de responsabilidad, acciones y omisiones que llevaron a que acaben con la vida de Tino, y no pueden dejarse de lado».

Consultada por su primera impresión al recibir la noticia, dijo que fue de «sorpresa y logro», al igual que cierto alivio, ya que la apertura de investigación era uno de los reclamos centrales que Claudia y la familia sostuvieron desde el día uno.

Subrayó la «exagerada demora» presente en el caso y sostuvo que ésta confirma sus sospechas: «Esta demora habla mucho. Me da la razón. ¿Tanto tardaron para imputar a uno solo? ¿Por qué tuvo que pasar más de un año?». Destacó que, pese a los intentos de manipulación de la escena (probados por el perito de parte Enrique Prueger), hay evidencias preservadas que serían utilizadas en el proceso venidero para esclarecer los hechos.

«Es lo que pienso, si no, no puede demorar un año y tres meses una apertura de investigación. Sus propias acciones hablan de ellos mismos. La prueba es su accionar, si no hay nada que ocultar, nada entrelazado política, judicial y policialmente esto tendría que haber salido enseguida», enfatizó Costa.

«Me da tranquilidad, me preocupaba que no abrieran la investigación. De todas formas, yo iba a seguir luchando», expresó, y agregó: «En medio del dolor y la vida destrozada, sigo viendo el camino, siempre institucionalmente. Nadie puede decir, en el futuro, que no se enteró. Después de la cadena de errores y omisiones del 27 de mayo, se suman muchas otras de gente que miró para otro lado, la lista es cada vez más grande».

Aunque la imputación es un avance, no se siente conforme: «No sólo deben tomar responsabilidad los efectivos del GEOP sino todos los que ordenaron el allanamiento. Lo pedí desde el primer día, Me sentí totalmente subestimada. Para mi, todos los implicados deben estar imputados, en la responsabilidad que le quepa a cada uno».

La mujer recuerda y ratifica lo que dijo durante su discurso en el acto del Día contra la Violencia Institucional, en Buenos Aires: «Yo vivo en un gueto que se llama Chubut, donde gran parte del poder político, policial y judicial está entrelazado.»

La palabra de los hijos

Apenas se hizo pública la noticia de la apertura de investigación, los tres hijos de John se expresaron vía redes sociales, repudiando el accionar de los poderes policiales, judiciales y políticos.

«El 23 de agosto del corriente, el fiscal Carlos Diaz Mayer pidió la apertura de investigación. La misma tendrá lugar el 13 de septiembre. Sin embargo, vemos que en tal pedido, el fiscal da por sentado muchas cosas. Como por ejemplo, que nuestro padre era alcohólico, lo cual es una ferrea mentira y desconocemos en que se basa para tal acusación», escribieron Donato, Martín y Dana: «Son hechos que no hacen más que seguir ensuciando la memoria de nuestro padre.

Los hijos apuntaron nuevamente contra la negligencia de los funcionarios judiciales, quienes estaban obligados a contar con los recursos necesarios para tranquilizar el estado nervioso de John, en lugar de «neutralizarlo» bajo el argumento ya desterrado de que se trataba de un hombre «extremadamente peligroso».

«Desde el primer momento hemos pedido que se lo aparte de la causa», dijeron sobre Díaz Mayer», y agregaron: «Lo unico que ha demostrado el señor fiscal es ser un soberbio incompetente».

«Sabemos que esta misma gente ha resuelto casos en meses. Esto no se va a resolver tan rápido, pero que no digan que no hay pruebas o que el operativo fue un éxito. No fue un éxito: se perdió una vida», pedía Donato tres meses atrás, en diálogo con este medio: «Ellos prometieron investigar, dijeron que estaba todo mal hecho. Queremos una respuesta, no solamente nosotros sino toda la comunidad».

Bloqueo mediático y la indiferencia de los funcionarios

«Me dolió mucho escuchar a Díaz Mayer decir que iban a pedir una tercera pericia para ‘desempatar’. Me resonó y vi la cara de Tino. Ahí se ve la seriedad con que toman esto, la indiferencia. Quieren hacerme creer que la justicia es lenta, es desprolija. Para mi no se trabaja desprolijamente, es a propósito», comentó la pareja de John.

Al igual que en entrevistas anteriores, Costa habló del bloqueo mediático: «Quisiera saber, también, qué pasó con la cobertura mediática nacional. En televisión nacional me hicieron una sola entrevista. Estuvieron a metros de la casa donde asesinaron a Tino y nadie habló de él. Vinieron todos los canales a cubrir lo de los incendios, el incendio del Club Piltriquitrón, el tema del Lof Quemquemtrew. Eso, para mi, es otra prueba: ¿qué es lo que están tapando?», se cuestiona.

Durante los meses posteriores al asesinato de Tino John, el entonces Ministro de Seguridad Federico Massoni fue duramente criticado por la falta de protocolos de Salud Mental de los efectivos. Pese a la promesa de mejorar la capacitación de las Fuerzas, Massoni dejó su cargo con denuncias severas de violaciones a los Derechos Humanos, y el área no registró mejoras ni avances.

«El protocolo existe, la Ley de Salud Mental existe», subrayó Costa, «pero no se cumplen». Cree que sería poco probable que hoy se diera una situación similar a la de su pareja, no por el cumplimiento efectivo de protocolos si no por el antecedente de John: «No sé si hoy pasaría lo mismo, tristemente por lo de Tino. Quisiera pensar que no, sería grotesco.

Otro reclamo central que no fue cumplido es el pedido de apartar a quienes participaron el operativo, en tanto una fuerza ajena al Ministerio Público Fiscal investigara el caso. De lo contrario, señalan los familiares, «es la Policía investigándose a sí misma».

«Yo quiero pensar que, después de la performance que han tenido, de alguna forma u otra van a tener que demostrar lo que han parecido hasta ahora. Yo sigo adelante. Creo en la justicia, creo que se va a hacer lo que corresponda. No creo que haya que acostumbrarse a la falta de justicia. Justicia sería que Tino regrese. Cómo no va a pasar, estoy dedicada a esto, como forma de honrarlo y defenderlo», concluye Costa.

Se sumaron al planteo de remover al fiscal Luciani y al juez Giménez Uriburu porque ambos jugaron al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Se aguarda la contestación de la fiscalía sobre eso.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez adhirieron hoy al pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner para remover al fiscal de juicio Diego Luciani y a uno de los jueces del Tribunal que la juzgan por fraude en la obra pública durante su gobierno.

Se trata del pedido de Cristina Kirchner para remover al fiscal Diego Luciani y al presidente del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu: el motivo, es porque ambos jugaron en al Quinta Los Abrojos de Mauricio Macri un partido de fútbol.

Además, se sacaron fotos junto al intendente de Cambiemos de San Miguel y alguien muy vinculado al actual jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Al reanudarse la audiencia, el secretario del Tribunal informó que las defensas de De Vido y Báez, así como Nelson Periotti de Vialidad Nacional se sumaron al pedido de la vicepresidenta.

Además, se prevé que la defensa del exsecretario de Obras Públicas José López también presente una recusación.

Tras la presentación de todos los planteos se espera que el fiscal Luciani, tal cual lo pidió, conteste a los planteos uno por uno.

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez adhirieron hoy al pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner para remover al fiscal de juicio Diego Luciani y a uno de los jueces del Tribunal que la juzgan por fraude en la obra pública durante su gobierno.

Se trata del pedido de Cristina Kirchner para remover al fiscal Diego Luciani y al presidente del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu: el motivo, es porque ambos jugaron en al Quinta Los Abrojos de Mauricio Macri un partido de fútbol.

Además, se sacaron fotos junto al intendente de Cambiemos de San Miguel y alguien muy vinculado al actual jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Al reanudarse la audiencia, el secretario del Tribunal informó que las defensas de De Vido y Báez, así como Nelson Periotti de Vialidad Nacional se sumaron al pedido de la vicepresidenta.

Además, se prevé que la defensa del exsecretario de Obras Públicas José López también presente una recusación.

Tras la presentación de todos los planteos se espera que el fiscal Luciani, tal cual lo pidió, conteste a los planteos uno por uno.

Durante la mañana de este miércoles se realizó en la Oficina Judicial de Rawson la audiencia preliminar en el marco de una causa en la cual se ha investigado a una docena de personas por presuntas designaciones irregulares en el estado provincial y transferencias de fondos a cuentas de una funcionaria provincial.

La audiencia está a cargo de la jueza penal Ivana María González y la principal imputada por el hecho es la exministra de Familia de la provincia, María Cecilia Torres Otarola, además de personas vinculadas de manera personal y laboral con quien fuera también diputada provincial.

Pasadas las 9:30 de esta mañana se dio inicio a la audiencia, que se realiza de manera mixta ya que tanto la magistrada como la mayoría de los imputados asisten de modo virtual a través de videoconferencias en tanto que la fiscalía y las defensas técnicas lo hicieron de manera presencial.

Antes de la formulación de la acusación general y de que se detallen cada uno de los hechos imputados, el Ministerio Público Fiscal representado por el Dr. Omar Rodríguez y la Dra. Analía Acuña, solicitaron el sobreseimiento de seis imputados, algunos de manera parcial y en otros por todo el proceso.

Así, se solicitó el sobreseimiento de Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofre, como así también de Silvana Cañumil y Torres Otarola, estas últimas por un hecho cada uno. La acusación sobre la cual se pidió el sobreseimiento estaba vinculada a la designación de los dos primeros en el ámbito del Ministerio de Familia, como así también la presunta transferencia de parte de sus ingresos a la responsable de la cartera provincial.

También se solicitó el sobreseimiento de la causa de Alberto Gilardino y de su madre, Patricia Antonio, en ambos casos de manera definitiva, a la cual se dio respuesta afirmativa.

Imputados

En la causa se encuentran imputados María Cecilia Torres Otarola, Marcelo Neira, Jacquelina Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Cundari, Facundo Solari, Mara Rodera, Silvana Cañumil, Miguel Reto Trelles, y José Facundo Rodera.

La defensa técnica de los imputados es representada por los abogados Fabián Gabalachis y Jorge Rubiolo, como así también los defensores públicos Omar López, Damián Dantonio, Miguel Ángel Moyano y Zulma Manllauix.

Hoy se celebró una nueva audiencia por el juicio contra Goodman, Castro y Ancaleo, por los incendios en Legislatura y Casa de Gobierno.

La jornada de hoy fue larga, con testigos aportados por la Fiscalía, que es la parte acusadora.

Entre los testigos estuvieron el actual Ministro de Educación, el señor Grazzini, Marcelo Piñero, segundo jefe de la seccional Esquel, Nestor Gomez Ocampo, quien era jefe segundo de la comisaría Rawson en 2019, el Comisario Juan Garcia y algunos efectivos de investigaciones, y bancaria.

El en caso del Ministro, sus declaraciones no aportaron demasiado al debate, pero si se presentaron las cámaras de seguridad de Legislatura del día 17 de septiembre de 2019.

En las imágenes se puede apreciar claramente que dentro de la casa legislativa había humo. Que el fuego nunca ingresó al edificio, pero si humo, el cual fue mencionado reiteradas veces por todos los testigos del día, la Fiscalía insiste en preguntar y repetir la cantidad de humo que ingresó al edificio ese día, intentando centrar la atención en el riesgo que corrieron los efectivos que allí se encontraban.

Luego declaró Gomez Ocampo, quien tuvo varias contradicciones entre su primer declaración en el MPF y el actual testimonio.

Ocampo aseguró que esa noche salio desde Legislatura a casa de gobierno, acompañado por otros policías, y describió como se iba sucediendo el avance de los manifestantes a la Casa de Gobierno, desde el momento en que estos tiran las vallas, hasta que comienzan los incidentes. Lo curioso del testimonio, es que luego al ser repreguntado por la defensa, cambia la versión , indicando que desde Legislatura se retiro hacia su casa, se higienizó y cambió el uniforme y luego se dirigió a Casa de Gobierno. Lo que evidencia que el relato anterior, donde describe lo de las vallas, la rotura de vidrios, etc, no fue algo que él personalmente pudiera observar.

También manifestó que no intentaron apagar el fuego que se comenzaba a encender en el exterior de la legislatura.

Se mostró alterado por tener que responder estas preguntas, dirigiéndose en un tono alto y casi agresivo para con el defensor.

Similar a las declaraciones de Piñero, quien se mostró más tranquilo, e hizo mención al malestar, la impotencia y la tristeza de los manifestantes en esa jornada, luego de que se conociera la noticia del fallecimiento de las docentes Cristina y Jorgelina, quienes perdieron la vida mientras regresaban sus hogares, en Comodoro Rivadavia, luego de la jornada de manifestación que había sido masiva, pero pacífica, hasta este fatal desenlace. Comentó y se vio en videos que dialogó con docentes que querían ingresar a Legislatura y que alguien les recibiera.

Por su parte el Comisario Juan García, señaló a Goodman y a la Señora Ancaleo, y los situó en legislatura durante la tarde, bajando cubiertas de un utilitario blanco. Lo que no se condice con el resto de la totalidad de los testimonios. Además, sugirió que Goodman organizaba los incidentes, por una supuesta llamada y señas que él dice haber visto, e interpretar como «directivas». Lo que no es raro de García, que ya es conocido por dar testimonios mentirosos y funcionales a las causas que se han llevado contra manifestantes en varias ocasiones.

En definitiva, se sigue evidenciando que esta causa es más que nada un intento más del Estado, de criminalizar y disciplinar a quienes reclaman sus derechos, y que los acusados fueron elegidos a dedo. Esto lo afirmamos por entender que la acusación para los tres imputados es, en calidad de coautores de Incendio estragoso (el que aún no se ha podido demostrar) y daños. Pero ninguno de ellos fue acusado como autores materiales, o intelectuales del hecho.

Entendiendo que cualquier persona que alimentara el fuego, o arrojara piedras, tendría la misma acusación, y a pesar de contar con muchísimas imágenes fotográficas y de video, donde se ven claramente muchísimas personas, solo han sido señalados estos tres dirigentes como acusados.

Mañana se retoma una nueva audiencia, a las 9hs en la Oficina Judicial, de Rawson.

Fuente: Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia

También resaltó que algunas personas cambiaron sus testimonios en el juicio, en relación a lo que habían dicho en la etapa preparatoria.

La fiscal del caso conocido de violación en grupo conocido como “la manada de Chubut”, María Bottini, dijo que el pedido para un nuevo juicio se basa en 3 argumentos principales, entre los que se cuenta la agresividad de una de las defensas contra algunas mujeres testigos y la falta de perspectiva de género a la hora de expedirse el tribunal, que declaró inocentes a los imputados por la violación ocurrida en 2012 contra una menor de edad en Playa Unión.

La audiencia de impugnación realizada el miércoles 6 de julio busca que el Superior Tribunal de Justicia anule la sentencia anterior y ordene la realización de un nuevo juicio, algo que la fiscal reconoció como difícil, pero indicó que “debíamos intentarlo”.

“Entre los fundamentos para el nuevo juicio, entendíamos que algunas cuestiones en el juicio no se hicieron acordes al Código Procesal Penal, como algunos interrogatorios que se hicieron en forma casi violenta contra algunas testigos –explicó Bottini-. También la forma en que se referían a la víctima, que no la trataban como tal, sino como ‘la presunta víctima’”, detalló.

La fiscal precisó además que la víctima fue interrumpida en su alocución final, lo que incidió en el fallo de las juezas que terminaron por absolver a los imputados. “Fundamentalmente, no actuaron con perspectiva de género, que es lo que permite tener en cuenta las desigualdades estructurales que todavía hoy existen entre hombres y mujeres”, explicó Bottini, en diálogo con Actualidad 2.0.

“No se tuvo en cuenta la particularidad de que al momento de los hechos era una joven adolescente de 16 años y el impacto emocional que esto tiene en las personas, por lo que era necesario tener distintos cuidados e interpretar bien las palabras de la víctima en esa clave”, añadió la acusadora pública.

Bottini añadió que ante el Superior Tribunal también se planteó la crítica sobre el análisis de la prueba que hicieron las juezas al momento de resolver la sentencia absolutoria, ya que lo hicieron de forma separada, sobre cada testimonio y no de manera conjunta.

Al ser consultada sobre los dichos del abogado Guillermo Iglesias, defensor del imputado Quintana, quien había expresado que el desistimiento de la fiscalía para interrogar a la víctima hizo caer el caso, Bottini respondió:

“Por eso es que esperábamos que se analizara con perspectiva de género –admitió-, porque la querella y la fiscalía entendimos el pedido de la víctima, de no volver a exponerse a un interrogatorio en el que no tenía más información para aportar, porque ella no recordaba nada de lo ocurrido y esto se demostró en la pericia psicológica, a la que se sometió durante 4 horas. Era exponerla a lo mismo que habían vivido algunas de sus amigas en el interrogatorio, por lo que de alguna forma se hubiera revictimizado”.

La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, indicó que el Ministerio de Economía busca acordar una nueva fecha de reunión con el Club de París, prevista originalmente para este miércoles.

La funcionaria remarcó el propósito de «coordinar» el trabajo con «todos los organismos» del área económica e indicó que, con el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, están tratando de «tener una hoja de ruta».

Ese trabajo coordinado, añadió, permitirá «evitar saltos en la economía que afectan a las empresas, pero también a la gente que se asusta con estos cambios».

En lo que respecta a la actividad desarrollada durante la jornada, fuentes oficiales indicaron que Batakis está trabajando en el Ministerio de Economía con el objetivo de poder completar el armado de su equipo de colaboradores, el que se dará a conocer apenas se concrete.

En particular, busca completar el organigrama del Ministerio con los nuevos secretarios de Hacienda, de Política Tributaria, y de Política Económica, como también las áreas de Finanzas, de Asuntos Económicos Internacionales, y de Legal y Administrativa, cuyos titulares recientes conformaban el equipo de Martín Guzmán, así como todas las subsecretarias del área.

Un caso aparte se presenta con el secretario de Energía, Darío Martínez, un dirigente del Partido Justicialista de Neuquén que llegó meses atrás al Ministerio de Economía tras el desprendimiento de esa área de la cartera de Desarrollo Productivo, que no renunció al cargo y espera la confirmación o no de su continuidad en el gabinete de la nueva ministra.

«Esta mañana arranqué hablando con él (por Pesce) y ayer tuve una muy buena reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli», dijo Batakis en declaraciones radiales.

La ministra también afirmó que «los salarios no son la causa de la inflación» y reafirmó que el propósito del Gobierno es «no sólo recuperar lo perdido (en términos reales) sino también ganar» poder adquisitivo.

Al respecto, recordó que, «en el último año de la gestión anterior (encabezada por Mauricio Macri), los salarios cayeron muchísimo y la inflación fue del 54%».

En otra comparación con la gestión de Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio- Batakis subrayó que «bajar la inflación no es una pavada, como dijeron otros», y sostuvo que no se podrán reducir los niveles actuales «a un dígito (anual) en el corto plazo».

Asimismo, aseguró que el dólar «está en niveles competitivos» en su actual cotización oficial y que el Tipo de Cambio Multilateral (cotización promedio que se calcula en comparación con las monedas de los principales socios comerciales) «está en los niveles que tiene que estar».

En ese sentido, indicó que el país necesita que «los exportadores exporten más» y que «no especulen con lo que van a hacer el mes que viene», y remarcó que, para eso, se cuenta con un Tipo de Cambio Multilateral que está «en niveles competitivos como en otros momentos de la Argentina».

Batakis dijo que iba a «intentar hablar» con representantes del FMI en el transcurso de este martes y remarcó que en el Gobierno «a ninguno nos gustaría tener este diálogo, pero está, hay un acuerdo y tenemos que cumplirlo».

La titular del Palacio de Hacienda advirtió que «viendo las metas de cada revisión, seguramente habrá algunas modificaciones» debido a que «el mundo está cambiando por el tema de la guerra», con alzas en los precios internacionales que derivaron en un aumento en los montos de importación de energía.

«Creo que el segundo trimestre se cumplió y el segundo semestre es muy complejo, hay muchos vencimientos y muy fuertes», manifestó.

Al referirse a esos vencimientos, señaló que «hay uno muy fuerte en septiembre, también en julio hay uno fuerte y eso, obviamente, va a generar tensiones».

«Tenemos que ser realistas y honestos, las tensiones van a existir, pero tenemos que trabajar de manera conjunta» para arribar a una solución, sostuvo.

Sobre la inflación

En cuanto a las razones de la inflación, Batakis tuvo una mención especial al calificativo de «multicausal», utilizado recurrentemente e incluso incorporado en los documentos del FMI.

«Multicausalidad es una palabra muy linda, pero uno tiene que identificar cuáles son las causas y cuál es la ponderación» de sus componentes, señaló.

Al respecto, señaló a «la inercia» como una de esas causas, pero diferenció la actitud de «la gente que trata de preservar su poder adquisitivo contra la inflación», que consideró «totalmente entendible», de la «inercia especulativa» que, sentenció, «no podemos permitir».

“Estoy de acuerdo en asumir los hechos ilegales y reconozco todo lo actuado por el Fiscal”. Palabras más, palabras menos, así se expresó cada uno ante la jueza Karina Breckle. Se trata de Daniel Schdmith y Jorge Santucho, dos de los imputados en la causa del Ministerio de Educación, junto a la ex ministra Graciela Cigudoza, entre otros imputados.

“Que se tenga la posibilidad de llegar a un acuerdo en juicio abreviado, significa que hemos llegado a la verdad y la certeza de que los hechos ilegales ocurrieron tal como los investigamos. Esto es lo que quiero destacar, para que no quede latente, que se llegó a esta medida con ligereza”, dijo el fiscal general Omar Rodríguez, luego de hacer un repaso de la contundencia de las pruebas logradas a lo largo del proceso. Entre ellas citó detalles del momento en que Shmith intentó hacer desaparecer documentación en la tarde en que se allanó su oficina en Rawson. La policía pudo rescatarla parte en la rejilla del baño, y otra parte al levantar la cámara séptica.

En los papeles parcialmente destruidos, además de manera manuscrita, el imputado había descripto la estrategia a seguir ante la inminencia de los allanamientos y las detenciones. Esposado, fue trasladado a una dependencia policial y estuvo detenido un mes.

JUICIO ABREVIADO

El reconocimiento de los hechos ilegales por los que fueron investigados, es una de las condiciones para que puedan someterse a la aplicación del llamado “juicio abreviado”. De esta manera se evita que sean sometidos al Juicio Oral y Público, con la posibilidad de penas de prisión de efectivo cumplimiento. Con estos dos imputados, suman ya tres de las personas investigadas en esta causa que reconocen los hechos ilegales que cometieron.

Fue en la audiencia preliminar realizada este miércoles en la Oficina Judicial de Rawson. En la audiencia se expusieron los términos del acuerdo entre acusadores y defensores para que Schmith y Santucho sean sometidos a la llamada “suspensión del juicio a prueba” que implica que los imputados reconozcan haber producido el ilícito por el que fueron investigados. Se acordó además penas menores a la que podría producirse en caso de ser sometidos a juicio oral.

Ambos también ofrecieron reparar económicamente al Estado las suma total de 400.000 pesos (divido en mitades iguales cada uno), más los intereses de la fecha de los ilícitos (principios del año 2019) que serían destinados al Ministerio de Educación o a alguna entidad de bien público.

Para el primero además la pena de dos años y seis meses de ejecución condicional y para Santucho, dos años también de ejecución condicional.

FALSA COMPULSA

La maniobra investigada consistió en un aparente trámite de concursos de precios, en donde aparecían pujando distintos proveedores, los cuales concretaban ofertas para que en definitiva el Estado eligiera a la empresa que iba a ejecutar la obra en función del mejor precio.

Según los fiscales, detrás de este velo de aparente legalidad, se escondía la verdadera intención de los nombrados, que era quedarse con las obras simulando una falsa competencia, toda vez que los nombrados tenían estrechas relaciones entre ellos. El objeto del trámite fue el mantenimiento y reparación de 24 escuelas por un monto cercano al millón y medio de pesos al año 2019 en que se habrían producido los ilícitos.

Ambos están imputados por el delito de defraudación a la administración pública en la modalidad de delito continuado en carácter de autores. A mediados de la próxima semana, la jueza Breckle dará a conocer si acepta o no el acuerdo entre los investigadores y los imputados.

La Cámara Penal de Trelew modificó de manera parcial la sentencia. Atenuaron las penas para los ex ministros Cisterna y Pagani; ratificaron las condenas a Correa, Carpintero, Bortagaray, Oca y Luthers. Absolvieron al empresario Castillo.

La Cámara Penal de Trelew integrada por los jueces Alejandro Defranco, Roberto Barrios y César Zaratiegui, ya notificaron a las partes sobre su resolución vinculada a las personas enjuiciadas y condenadas en primera instancia en la llamada causa Revelación, por hechos de corrupción.

El fallo de los jueces de la Cámara implicó la absolución de Martín Castillo, empresario que fuera condenado en primera instancia por el delito de cohecho activo, quien se vio favorecido por el beneficio de la duda.

También se absolvió al ex ministro de Infraestructura durante la última gestión provincial de Mario Das Neves, Alejandro Pagani, quien había sido condenado por el delito de cohecho activo (el funcionario que recibe una coima). Sin embargo, a Pagani se le confirmó, por mayoría del tribunal, la condena por su participación en la asociación ilícita, debiéndose ahora redefinir la pena que le habían impuesto en primera instancia, según informó la agencia ADN Sur sobre el fallo de la Cámara.

Otro de los que se vio favorecido por la sentencia de Cámara es el ex ministro coordinador Víctor Cisterna, para quien su abogado Fernando Lirman había solicitado la nulidad de la condena, por entender que resulta contradictoria con la sentencia de la causa Embrujo, en la que Cisterna no fue condenado.

Se confirmó la condena por su rol como organizador de la asociación ilícita, conformada para establecer un circuito de coimas.

Sin embargo, la Cámara ordenó que la condena de Cisterna no respeta «los principios de proporcionalidad e igualdad ante la ley», por lo que reenvió los antecedentes al tribunal de primera instancia para que revise la pena que le habían impuesto, de 7 años y medio de cárcel.

La comparación se habría hecho con respecto a la situación de Diego Correa, a quien le dieron 5 años y medio de prisión pese a probarle su participación en 19 hechos, mientras que a Cisterna se le probó un hecho y obtuvo una pena claramente mayor (ambos fueron considerados organizadores de la asociación ilícita, lo que es más grave que el rol de miembros o partícipes).

A propósito de Correa, la Cámara confirmó en todos sus términos la condena a 5 años y 6 meses de prisión, por los delitos de organizador de la asociación ilícita, exacciones ilegales y cohecho pasivo.

 

CONDENAS CONFIRMADAS

La Cámara sí confirmó las condenas de Martín Bortagaray (ex ministro de Familia) a 4 años y 8 meses de prisión, por ser miembro de la asociación ilícita y por el delito de cohecho pasivo; también confirmó la condena a Gonzalo Carpintero (ex secretario privado de la Gobernación), a tres años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.

Otro de los que no tuvo cambios en su situación es Diego Luthers, a quien le ratificaron la condena a 3 años de prisión, por ser miembro de la asociación ilícita.

Además, también confirmó las penas de Pablo Oca (ex ministro de Economía), a 3 años de prisión, como miembro de la asociación ilícita y por exacciones ilegales, en concurso real con cohecho pasivo. En este caso, la pena podría definirse en forma condicional, por lo que se reenvió el expediente para que se dispongan normas de conducta.

En todos los casos, la pena añade la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.