Diego Correa, el polémico ex secretario privado del gobernador Mario Das Neves, condenado por una serie de delitos que van desde lavado de activos hasta enriquecimiento ilícito, todavía debe abonar una multa de 27,3 millones de pesos, que se fijó al momento de su sentencia en la causa conocida como “El Embrujo”.
El abogado defensor del ex funcionario, Fabián Gabalachis, cuestionó que los fiscales no hayan aceptado aún el ofrecimiento de lotes en Lago Puelo para compensar el pago de la multa que adeuda Correa, por algo más de 27 millones de pesos.
Hay que recordar que tras ser condenado a 10 años de prisión, en octubre de 2019, por una serie de delitos que se le probaron como jefe de una asociación ilícita (enriquecimiento ilícito, defraudación al Estado, lavado de activos y negociaciones incompatibles con la función pública), Correa quedó en libertad condicional desde marzo de este año.
Sin embargo, tiene pendiente el pago de la multa, además de que espera confirmación en otras dos sentencias adversas. En la causa “Revelación” fue condenado a otros 5 años de prisión; y “Emergencia climática”, por otros 4 años de cárcel.
“Los fiscales han sido contradictorios –aseguró el abogado defensor, en diálogo con Actualidad 2.0-. Durante el juicio tuvieron éxito en probar que Correa usó una empresa (Dual Core) para perpetrar los delitos por los que fue condenado, pero ahora se niegan a reconocer que los terrenos que están a nombre de esa sociedad, sean propiedad de Correa”.
La controversia que debe resolverse es porque precisamente la defensa ofrece pagar la multa pendiente con lotes ubicados en Lago Puelo, que están escriturados a nombre de la sociedad, pero no de Diego Correa. Esto llevó a la fiscalía a oponerse que se acepte ese medio de pago, lo que fue ratificado por la jueza Karina Berkley, de allí que la defensa ha impugnado esa decisión y ahora un tribunal debe resolver si acepta o no los terrenos para pagar la deuda.
MIENTRAS TANTO, LA INFLACIÓN VA DEVALUANDO EL VALOR DE LA MULTA
Un dato curioso es que el monto que debe abonar el condenado es el mismo que se fijó al momento de la condena, hace 4 años atrás. Al no haber un sistema de actualización acorde a una economía inflacionaria como la que sufre el país, ese valor representa hoy una mínima parte de lo que era originalmente.
A modo de ejemplo, una simple estimación a través de una aplicación que mide la inflación acumulada permite determinar que el valor actualizado a octubre de 2023 representaría alrededor de 245 millones de pesos. Dicho de otro modo, el monto a pagar representa casi la décima parte de lo que debería abonar si hubiera un sistema de actualización por inflación.
“Nuestro Código Penal está basado en un código de Alemania, del año 1850 y no contempla un mecanismo de actualización –reconoció Gabalachis-. Es cierto que con el paso del tiempo la multa se va devaluando, pero los recursos que interpusimos no se hicieron con esa finalidad, sino para que se permita pagar con tierras que son de su propiedad y que hoy superan holgadamente el valor de la multa”.