EL MAGISTRADO TAMBIEN ACEPTO QUE LA FISCALIA DE ESTADO DE CHUBUT SEA QUERELLANTE
El ex diputado provincial Carlos Lorenzo y los senadores Mario Cimadevilla y Laura Montero por la Unión Cívica Radical (UCR) fueron citados a declarar en forma testimonial en la causa que investiga el presunto pago de sobornos en la extensión del contrato de Cerro Dragón. La medida fue adoptada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien libró numerosos oficios.
A casi un mes del pedido, finalmente el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, aceptó el viernes que la Fiscalía de Estado de Chubut, que dirige Miguel Montoya, sea querellante en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos en la extensión del contrato por el yacimiento de Cerro Dragón.
Fue luego de que el 18 de marzo el propio Montoya se presentara en el despacho del magistrado para realizar el pedido y también solicitar la declaración indagatoria al ex gobernador Mario Das Neves, y a su ministro Coordinador, Norberto Yauhar.
Según la información a la que pudo acceder este medio, este último punto no fue tenido en cuenta por el juez, quien también rechazó al pedido del apoderado de Pan American Energy (PAE), Rodolfo Díaz, que había solicitado ser querellante.
Por otro lado, Canicoba Corral decidió citar a tres referentes de la Unión Cívica Radical: el ex diputado provincial, Carlos Lorenzo, y los senadores Mario Cimadevilla y Laura Montero. Además de los abogados Roberto Dromi y Jorge Vanossi.
La decisión fue tomada conforme a los pliegos de interrogatorios presentados por el fiscal federal Guillermo Marijuán. De esta forma, los dirigentes radicales deberán presentarse el 5, 6 y 7 de mayo, respectivamente, o bien declarar por escrito, mientras que los abogados deberán hacerlo el 11 y 12 de mayo.
OFICIOS A PROVINCIA
Y AL JUEZ OYARBIDE
Las medidas autorizadas por Canicoba Corral son considerablemente significativas, teniendo en cuenta que además de las declaraciones también libró numerosos oficios: uno al Ministerio de Coordinación y Gabinete provincial, solicitando documentos que forman parte del “Título de Concesión” de las aéreas “Anticlinal Grande-Cerro Dragón”, “Chulengo” y “Cerro Tortuga-Las Flores”.
Otro oficio será enviado al Juzgado Federal N° 5 a cargo del juez Norberto Oyarbide, para que remita la documentación secuestrada en el allanamiento del 19 de abril de 2013, en la firma Epsilon Sociedad de Bolsa, que en 2011 habría fugado unos 30 millones de dólares a nombre de terceros.
A este Juzgado también se le pedirá información relacionada a alguna transferencia de dinero por orden y cuenta de compañas ligadas a PAE y British Petroleum, realizadas desde 2007 en adelante y que hayan tenido como destino al JP Morgan o cualquier entidad bancaria del exterior.
En tercer lugar, Canicoba Corral libró un exhorto al juez federal con jurisdicción en Washington, Estados Unidos, solicitando al Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones-CIADI (Tribunal of International Centre por the Settlement of Investment Disputes) todo lo actuado en el marco de dos casos desistidos voluntariamente por Pan American Energy.
A estos pedidos también se suman otros cuatro oficios enviados al Registro Provincial de Empresas Petroleras de la Secretaría de Hidrocarburos y Minería de Chubut; la Dirección de Personas Jurídicas y al Registro Público de Comercio provincial Chubut; la AFIP y la Comisión Nacional de Valores, en este último caso solicitando los legajos de inscripción de las compañías extranjeras Pan American LLC y British Petroleum; y en los restantes para brindar información sobre las empresas Cliveden Petróleo Argentina SA, Intgergra Investment SA, Kilwer SA, Basur Desarrollos Energéticos SA y Northwood Argentina SA
Diario El Patagonico