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Encabezado por el ministro Coordinador, Marcial Paz, el encuentro tuvo como objeto dar solución a reclamos de vecinos de las zonas norte y sur de la ciudad petrolera. “Los ciudadanos se van con compromisos asumidos y rápidas respuestas”, destacó el funcionario.

El ministro Coordinador de Gabinete, Marcial Paz y titulares de diferentes áreas del Gobierno Provincial recibieron este jueves en Comodoro Rivadavia a productores de las zonas norte y sur de la ciudad a fin de escuchar reclamos y ofrecer soluciones inmediatas en materia de seguridad, infraestructura vial y servicios básicos.

La reunión se desarrolló este mediodía en la Residencia Oficial del Gobierno en Km 3. Participaron el jefe y subjefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez y Néstor Gómez Ocampo; el secretario de Cultura, Matías Cutro; el presidente de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), Nicolás Cittadini; el subsecretario de Industria, Leandro Cavaco y jefes de Comisarías de la ciudad.

Rápidas respuestas

Al término del encuentro, Marcial Paz reveló que el gobernador, Mariano Arcioni, “me ha ordenado conducir esta reunión con un equipo muy importante de Gabinete”.

Como balance de la reunión, puso en valor el “alto grado de sinceridad de ciudadanos comodorenses, que son un ejemplo al trabajo y la dignidad” así como los “compromisos asumidos y las rápidas respuestas de las diferentes áreas”.

Paz rescató además “la contundencia de la respuesta del Jefe de Policía y toda la Plana Mayor de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia para con los requisitos que han tenido los productores de Km 14, 12, 17, la extensión del 12, del barrio Padre Corti, Ciudadela”.

Asignación de motocicletas y recurso humano

El jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez, señaló que la reunión es una continuidad de varios encuentros con los propios vecinos, preocupados por los hechos de inseguridad registrados en las distintas zonas de la ciudad.

Gómez reveló que “ellos refieren algunos hechos delictuales que nos preocupan pero que hay que aclarar que no están debidamente denunciados. Ante esas circunstancias, a nosotros no nos permite anticipar o calibrar lo que está sucediendo en la zona conforme lo que nos indica el mapa del delito”.

Sostuvo en esa línea que se les solicitó a los productores “que deben denunciar para que nosotros, por intermedio de los jefes directos de la zona, podamos tener una opinión formada de qué medidas tomar para prevenir”.

El Jefe de la Fuerza indicó que como respuesta inmediata “les garantizamos recurso humano y la asignación de motocicletas, que son las que recientemente adquirió el Gobierno Provincial”. Precisó que además “les vamos a poner un jefe tal como ellos están reclamando, lo vamos a asignar”.

Intervención en caminos y accesos

Por su parte, el titular de Vialidad Provincial, Nicolás Cittadini, sostuvo que la reunión “fue buena” y explicó que se le solicitó intervención en algunos sectores de Km 17 y la ruta 39.

Respecto a Km 17, el funcionario señaló que “reclaman por algunas zonas que están urbanizadas y con acceso a rutas nacionales, y la falta de respuestas que le han dado en los dos lugares”. Cittadini adelantó en ese sentido que “vamos a dejarles a disposición durante toda la semana una motoniveladora que viene para colaborar con todas las calles internas, que son unos mil lotes con productores”.

Agregó que “además de eso, tuve reclamos por la ruta 39, la que va a Diadema, porque hay algunas banquinas lastimadas. Les conté que en la ruta 1 en Km 5 ya colocamos guardarrail, tenemos que terminar y después haremos lo mismo en la ruta 39”.

Nuevo registro de Diseñadores y Manualeros

El secretario de Cultura, Matías Cutro, se manifestó “satisfecho de poder tener este cara a cara en cuanto a las problemáticas habituales”. Indicó que la reunión de este jueves “fue encomendada por el propio Gobernador que nos pidió a cada uno de los funcionarios de primera línea asistir y poder responder inquietudes”.

En el caso particular de la cartera cultural de Chubut, “se abordó lo relacionado al Registro Provincial de Artesanos y aquellos que hoy en día están afuera de ese Registro, de qué forma poder tener respuestas para ellos”. Precisó que “nosotros buscamos también poder generar un nuevo registro de Diseñadores y Manualeros”.

Reunión positiva

Leyla de Kilómetro 17, en la zona de productores y forestadores, remarcó que “la reunión de hoy fue positiva” e indicó que se trató de la continuidad de “un encuentro que tuvimos con anterioridad”.

Manifestó que entre los pedidos a los funcionarios de Provincia “solicitamos que vuelva el comisario de los Kilómetros. A partir de esta tarde ya regresa a la zona así que estamos muy felices de que nos hayan escuchado y entendido”.

La vecina sostuvo que en materia de caminos y accesos “estamos bien, venimos trabajando hace muchos años y ya contamos con agua y luz”. Reveló que “el único deterioro vial que tenemos es en la entrada a Kilómetro 17, estamos pidiendo la ayuda de Vialidad para que pueda interceder en esa zona”.

“Al intendente le pedimos y no tenemos ninguna respuesta”

En tanto, Patricio de la Agrupación Solidaria “El Faro”, precisó que “al intendente y al viceintendente les pedimos el tema del agua y la luz hasta que se regularice la tierra. Nos cansamos de presentar notas y notas y no tenemos ninguna respuesta”.

Señaló que ante esa situación “en esta reunión planteamos la necesidad de que nos pongan los servicios porque hay familias carenciadas y gente grande. Y nos vamos conformes con la respuesta”.

Con anterioridad a la adhesión del gobierno provincial a la Ley Micaela, el Concejo Deliberante de Trelew ya había sancionado una ordenanza para establecer la obligatoriedad de las capacitaciones para el ámbito de la función pública.

En virtud del permanente trabajo en materia de género que se viene realizando desde el municipio, a través de cada una de las áreas, en forma conjunta con el Concejo Deliberante, el intendente Adrián Maderna promulgó la ordenanza municipal N° 12886/19 en el marco de la adhesión provincial a la Ley Micaela, que fuera publicada en el Boletín Oficial, bajo el número 620 del presente año. Y es bueno remarcar, además, que esta determinación se tomó en la ciudad con anterioridad a la decisión del gobierno provincial de adherirse a la ley nacional.

La ordenanza establece además de las capacitaciones obligatorias en temática de género y violencia contra las mujeres para todo el personal que se desempeña en la función pública en los diferentes ámbitos municipales, la determinación de denominar al período legislativo 2019 “Año de la Ley Micaela”, en virtud de la importancia de la Ley Nacional N°27.499/18 que fuera sancionada por el Congreso Nacional en fecha diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho, y promulgada por el ejecutivo nacional el 10 de enero de 2019.

Para poder cumplimentar con el objetivo de capacitación podrán adaptarse materiales, programas o desarrollar el propio, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto de organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres firmadas en el país.

Recordemos que la Ley Micaela lleva el número 27.499/18 en el ámbito nacional y fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el 19 de diciembre de 2018, y promulgada por el Ejecutivo Nacional el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación.

En este sentido, en el ejido de la ciudad de Trelew, las capacitaciones están siendo delineadas por el concejal Juan Aguilar, que impulsó el proyecto, en forma conjunta con Priscila Llancafil, titular del Área de la Mujer de la Municipalidad de Trelew, y Nadia Zúñiga de Diversidad y Género. Y tienen previsto, en primera instancia, comenzar con capacitaciones para el personal del poder legislativo de Trelew, para posteriormente avanzar en el resto de los poderes de la ciudad.

Lo confirmó la secretaria de Familia y Promoción Social, Vanesa Freeman, luego de que el gobernador, Mariano Arcioni, lanzara el “Plan de Formación para una Función Pública con Perspectiva de Género”. La capacitación surge, mientras la Legislatura provincial trata la adhesión de Chubut a la Ley n° 27499, que prevé capacitación obligatoria en perspectiva de género para los funcionarios públicos conocida como la Ley Micaela.

La secretaria de Familia y Promoción Social del Municipio de Rawson, Vanesa Freeman contó que se firmó un convenio específico, relacionado a materia de género con la Universidad del Chubut, a través del cual Rawson se convertirá en el primer municipio que implemente la capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios.

La puesta en marcha de la llamada Ley Micaela en la ciudad capital comenzará a partir del mes de abril y se va a desarrollar en coordinación con la Subsecretaría de Modernización del Estado Provincial y la Universidad del Chubut que estará a cargo de la certificación de dichas capacitaciones.

Freeman detalló que “si bien se está sancionando la adhesión a la Ley Nacional en la Legislatura Provincial, las capacitaciones se llevarán a cabo conforme a lo que está establecido en la Ley Provincial N°1526 que fue recientemente sancionada en nuestra provincia”.

“Ley Micaela”

La Ley Micaela, surge en homenaje a Micaela García, la joven de 21 años violada y asesinada en 2017 en la localidad entrerriana de Gualeguay.

Desde diferentes sectores se propició la adhesión de Chubut a la Ley Nacional N° 27.499, conocida como “Ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en las temáticas de género y violencia contra las mujeres, para quienes integran los tres Poderes del Estado provincial.

La norma fue sancionada en diciembre último por ambas cámaras del Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional y publicada en el Boletín Oficial el 10 de enero del corriente año.)

La causa que instruye el juez Claudio Bonadio es una derivación del caso de los cuadernos de las coimas. Habrá indagatorias desde hoy y hasta el 11 de marzo.

El juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a ex funcionarios kirchneristas y a los ejecutivos de casi todas las empresas que realizaron obra pública civil durante los años 2002 y 2015. Lo hizo en una causa que se abrió a partir de las declaraciones de varios arrepentidos que se dijeron culpables en el entramado de pago de coimas por obra pública en ese período.

El caso de los cuadernos se inició a partir de las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer del ex funcionario Roberto Baratta que detalló un sistema de delivery de coimas. Buena parte de los empresarios mencionados aceptaron su responsabilidad en el pago de sobornos y admitieron el delito. Varios funcionarios también admitieron haber cobrado coimas. Baratta niega los hechos relatados por Centeno.

Carlos Wagner, quien fue detenido al comienzo de la causa, fue quien se declaró culpable de haber organizado la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. Había sido presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y confesó haber armado un sistema para pagar coimas por las obras públicas que no eran sometidas a procesos de licitación sino que las propias empresas decidían los ganadores de los millonarios contratos. Involucró en ese esquema de negocios oscuros al ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien negó la acusación.

Otro arrepentido que dio información fundamental para explicar la cartelización de la obra pública fue el financista Ernesto Clarens. Es que las coimas acordadas por los funcionarios y los empresarios se pagaban en sus oficinas. Eso lo admitió tanto Clarens como algunos otros empresarios. El financista confesó que cobró dinero en pesos, lo pasó a dólares y lo entregó a Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado de Néstor Kirchner. Clarens -citado a indagatoria- también entregó planillas que -según dijo- le dieron en la Dirección Nacional de Vialidad y en las que constaban los ganadores de cada licitación y los porcentajes que cada empresa debía pagar de coimas.

José López, ex secretario de Obras Públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista, confesó haber participado de la maniobra y aseguró que le explicó en enero de 2011 la situación a la entonces presidente Cristina Kirchner. Las indagatorias comienzan este miércoles y se extenderán hasta el 11 de marzo próximo.

Entre los empresarios citados a indagatoria se encuentra Angelo Calcaterra, quien en la causa de los cuadernos había admitido haber pagado coimas a Baratta para campañas electorales del kirchnerismo. Pero la acusación contra los empresarios es otra: la cartelización de la obra pública.

Hay varios empresarios arrepentidos que dijeron lo mismo que Calacaterra y ahora se deben enfrentar a más pruebas halladas en el expediente que cuestionan aquellos dichos de agosto pasado. Explican en Comodoro Py que no es lo mismo haber pagado coimas «ocasionalmente» para las campañas que haber participado de un sistema de obra pública cartelizada con licitaciones amañadas y un tarifario de sobornos de acuerdo con los montos pagados por las obras.

Carlos Wagner, Juan Chediack y Gustavo Weiss -los últimos presidentes de la CAC- están entre los empresarios que deberán declarar.

El 25 de febrero será el turno de la indagatoria de la ex Presidente -también por otras siete causas- y el 11 de marzo, cuando culminen las declaraciones, tendrán que presentarse De Vido y López. Y también los funcionarios que estuvieron al frente de Vialidad Nacional, el organismo estatal que controlaba las obras y giraba los fondos para que se hicieran las obras. Y que le aportó -según Clarens- las planillas de cada licitación para controlar el pago de las coimas.

Infobae

Tras reiterar la ilegitimidad del «régimen de Maduro», el gobierno nacional suspendió la exención de visas en pasaportes diplomáticos y oficiales; “Venezuela vive bajo una dictadura”, sostuvo Macri en Twitter

Através de un comunicado difundido por la Cancillería Argentina, el Gobierno argentino “desconoce la legitimidad del mandato iniciado en el día de la fecha por Nicolás Maduro”, condena “la ruptura del orden constitucional” y ratifica “su pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano democráticamente electo en dicho país”.

De acuerdo al comunicado, el mandato iniciado en el día de la fecha por Nicolás Maduro “resulta del proceso electoral del 20 de mayo de 2018 cuya legitimidad fuera oportunamente desconocida por la República Argentina”.

A través de un comunicado de la Cancillería, el Gobierno fijó su posición horas después de que el presidente Mauricio Macri afirmara, a través de su cuenta de Twitter, que “Venezuela vive bajo una dictadura” y que Nicolás Maduro “intenta burlarse de la democracia”.

En este contexto, el documento de la Cancillería da cuenta de que la Unidad de Información Financiera (UIF) “emitirá un alerta al sector financiero y bancario sobre los riesgos de realizar operaciones con empresas públicas venezolanas o controladas por el Estado venezolano”.

“No importa cuántos trucos intente (Maduro) para perpetuarse en el poder, su investidura como Presidente ahora carece de la autoridad de las urnas y también de credibilidad internacional”, afirmó Macri, y agregó: “Su poder no es auténtico, aunque trata de escabullirse en la victimización. Maduro se presenta como el presidente perseguido. Pero él no es la víctima, Maduro es el victimario”.

El Palacio San Martín informó que el gobierno argentino “desconoce” la asunción de Maduro, la cual -dice- “resulta del proceso electoral del 20 de mayo de 2018, cuya legitimidad fuera oportunamente desconocida por la República Argentina”.

El pronunciamiento del Gobierno argentino está en línea con la declaración del Grupo Lima del pasado viernes, en la que le pidió a Maduro no asumir y transferir el poder al Parlamento de mayoría opositora, mientras se convocan “elecciones democráticas”.

El documento agrega que “al tiempo de condenar la ruptura del orden constitucional y el estado de derecho en Venezuela, la República Argentina ratifica su pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano democráticamente electo en dicho país”.

Asimismo indicó que el Gobierno argentino comunicó a Venezuela “la suspensión del Acuerdo de Exención de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales con dicho país, prohibiendo el ingreso a la República de integrantes de alto nivel del régimen venezolano”.

Dejó en claro que la Argentina “continuará denunciando las violaciones de derechos humanos y condenando la ruptura del orden democrático en Venezuela tal como se ha venido haciendo desde la asunción del Gobierno por parte del Presidente Mauricio Macri”.

Consecuente con esta posición -agrega-, el Gobierno argentino “solicitó a la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional, junto a otros países, el inicio de una investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país y promovió la suspensión de Venezuela en el Mercosur en virtud del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático”.

Además en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Argentina“sostiene la necesidad de aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana”.

En el plano bilateral, la representación de la Argentina en Caracas “cuenta desde octubre de 2015 sólo con Encargado de Negocios y se han suspendido las negociaciones comerciales y los mecanismos de diálogo político”.

Sostiene que la Embajada Argentina en Venezuela “continuará trabajando para brindar asistencia a los connacionales residentes en dicho país, defendiendo los intereses de empresas argentinas, y manteniéndose en contacto con las organizaciones y movimientos democráticos que consultan a nuestro país”.

Y destaca que “singularmente importante es la acogida que, con brazos abiertos, la Argentinaha brindado a más de 130.000 migrantes y refugiados venezolanos que escapan de crisis política, económica y humanitaria que vive su país, retribuyendo el apoyo que Venezuela diera a los exiliados argentinos durante la última dictadura militar”.

Portal de Noticias

Hubo rechazo de varios sectores a la decisión del Gobierno Provincial. «Una cosa es prevenir y otra causar terror», indicaron funcionarios cordilleranos. Algunos intendentes contradijeron la medida de Provincia y ratificaron realización de sus fiestas populares.

Comerciantes, emprendedores turísticos y funcionarios de las comunas de la comarca andina del Chubut, discreparon sobre las medidas que tomó el Gobierno Provincial para mitigar los efectos del brote de hantavirus que tiene como epicentro a Epuyén, y cuyas consecuencias temen que se traslade al turismo que está en plena temporada. Incluso, intendentes aliados políticamente con el gobernador Mariano Arcioni contradijeron la medida del Gobierno y anunciaron que realizarán sus fiestas populares.

Frente al brote que se cobró 6 vidas y con 23 casos confirmados, el Gobierno del Chubut anunció la suspensión de las fiestas populares que incluyen recitales y eventos al aire libre como la «Fiesta de la Fruta Fina» en El Hoyo, la «Fiesta del Asado» en Cholila, la «Fiesta del Tren a Vapor» en El Maitén y la «Fiesta del Bosque» en Lago Puelo, a la que se sumó la Fiesta del Artesano en Epuyén, que fue la que originalmente se canceló. En total fueron 12 las fiestas postergadas.

«LA FIESTA DEL BOSQUE SE REALIZA»

La primera intendencia en reaccionar frente a la medida que según las autoridades sanitarias «tiene un fin preventivo para evitar la propagación del virus», fue la municipalidad de Lago Puelo, aliada políticamente con el gobernador Mariano Arcioni, cuyo intendente Raúl Ibarra anunció que «se tomarán todas las precauciones pero la Fiesta del Bosque y su entorno se realizará normalmente».
«Para la fecha en que está prevista realizar el evento que va del 15 al 17 de febrero se estima que el pico del brote habrá sido superado y la situación estaría volviendo a la normalidad», expresó el intendente.

En el mismo sentido, la secretaria de Turismo de Lago Puelo, Marcela Zambrano, aseguró que «la actividad turística se está desarrollando con total normalidad a punto tal que el camping está lleno, hacemos ferias y fiestas en la ciudad con mucha concurrencia y no hemos tenido problemas».

Zambrano habló ayer en FM EL CHUBUT y dijo que «a todos nos sorprendió» la postergación del Gobierno «porque estamos trabajando en conjunto con el área de Sanidad del Hospital de Lago Puelo y el director del Area Programática Esquel, Pablo Noveau, siempre vamos en conjunto para dar la información necesaria, así que esta noticia nos tomó por sorpresa».

«A Lago Puelo los tiempos nos dan y estamos decidiendo; pero si hay cambios se van a anunciar», dijo la funcionaria, para señalar que el intendente Ibarra estará participando de un encuentro comarcal alusivo en las próximas horas.

En el medio de este anuncio, Ibarra ha sufrido la pérdida de su madre, por lo que en la víspera hubo duelo en esa localidad.

FUERTE IMPACTO

El brote de hantavirus ha impactado en la zona. «Y nos estuvimos reuniendo los representantes del Municipio a nivel turístico y realmente estamos ocupándonos de ese impacto. Si bien hubo algunas bajas, pero fueron en un primer momento cuando se necesitaba información», dijo Zambrano, de Lago Puelo.

«El fin de semana, tuvimos un éxito total en la Fiesta de las Colectividades -continuó-, con participación importante de gente, muchos turistas y locales y la verdad que fue para disfutar y compartir. Estuvo llegando gente y sigue llegando. Hubo una repercusión que es lógica, pero los visitantes siguen llegando y disfrutan».

Hay una ocupación de un 75 por ciento y «lo importante y lo principal es que la gente se está informando, los centros de informes estan disponibles para sacar cualquier duda. En Puelo no hay ningún caso ni nada que nos alerte para detener las actividades previstas para el período estival», dijo Zambrano.

«CAUSAN TERROR»

Por su parte, la delegada en Esquel de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Lilia Kinsella reconoció que «hay amigos que nos eligieron como destino que llaman preocupados para saber cuál es la situación real y cambian el temor que tienen cuando le aportamos información y datos reales, porque una cosa es prevenir y otra causar terror».

La preocupación de la FEHGRA se remonta al antecedente de lo que ocurrió en la localidad rionegrina de El Bolsón en 1996, cuando fallecieron más de 15 personas a raíz de un brote que tuvo efectos devastadores para el turismo con la caída de todas las reservas en esa comarca.

Desde el Gobierno provincial niegan que «la difusión y el tono que se le quiera dar a los partes diarios que emite Salud sean perjudiciales porque nuestro deber es ser objetivos, e informar lo que ocurre porque estamos para prevenir y lo hacemos con la mayor seriedad».

El Chubut

La Cámara Federal porteña ordenó la liberación del jardinero Ricardo Barreiro y el recaudador Raúl Copetti.

La Cámara Federal porteña revocó este viernes los procesamientos por asociación ilícita, dictó la falta de mérito y excarceló a ex secretarios y empleados de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos el jardinero Ricardo Barreiro y el recaudador Raúl Copetti, en la causa que investiga supuesto pago de sobornos a raíz de los cuadernos de la corrupción, informaron fuentes judiciales.

También quedaron en libertad los exsecretarios Roberto Sosa y Daniel Álvarez. Todos ellos estaban detenidos en el penal de Marcos Paz. El también ex secretario de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez fue excarcelado anteriormente al haber declarado como arrepentido.

El 22 de octubre pasado, el juez Claudio Bonadio los procesó con prisión preventiva por considerarlos miembros de una asociación ilícita que comandaron «Néstor y Cristina Kirchner» y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que pagaban las empresas contratistas del Estado.

En una extensa resolución, Bonadio había señalado que se vislumbraba la participación de todos ellos, «en el traslado y ocultamiento del dinero ilícito obtenido por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández mediante las maniobras relatadas por los testigos que declararon en la causa».

Para el magistrado,  «existió el propósito colectivo para organizarse con el fin de cometer delitos en forma indeterminada y permanente.»

«La prueba recolectada en estas actuaciones dejó al descubierto la existencia de varios sistemas de recaudación que funcionaban en el ámbito del citado Ministerio, en lo concerniente a la obra pública, las concesiones viales y el transporte, cada uno de ellos con una forma establecida y personas encargadas de coordinar y retirar los pagos realizados por directivos de empresas que obtenían dichos contratos», recordó en ese momento Bonadio.

Para procesar a los ex secretarios y colaboradores de los Kirchner, Bonadio utilizó -entre otros- los testimonios del ex piloto de la flota presidencial, Sergio Velázquez, y de personal de la Fuerza Aérea. «De estos testimonios se desprende que había equipaje de la comitiva presidencial que se subía al avión sin ser controlado por el escáner, circunstancia que generó reclamo de alguno de los pilotos para que se cumpla con tal requerimiento por que implicaba un riesgo para la seguridad del vuelo, siendo esto ignorado por los pasajeros de la comitiva», remarcó.

Clarin

Así lo indica un trabajo de la Universidad Austral, que también compara los índices de transparencia con los demás gobiernos de la región.

Ese porcentaje lo ubica por encima de legisladores, jueces, policías y empresarios. También por encima del promedio respecto de quienes ejercen la misma institución presidencial en Latinoamérica (50%).

“El primer mandatario (Mauricio Macri) y sus funcionarios superan la media latinoamericana de corrupción junto a los empresarios argentinos. No le va mejor a los parlamentarios, la policía o los magistrados que son percibidos con altos índices de sospecha de estar implicados en hechos de corrupción”, señaló el coordinador del estudio, Marcelo Bermolén, profesor de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales y director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.

Entre las conclusiones, destaca: “Además, si ya era delicado que en 2017 el 61% de los argentinos consultados por Latinobarómetro creyeran que la lucha contra la corrupción no había progresado, más relevante es aún que el 56% de los encuestados en 2018 expresen que perciben un aumento de la corrupción”.

Si bien esos valores están por debajo del promedio de América Latina, son lo suficientemente altos para encender las alarmas del gobierno nacional y analizar con detenimiento la eficacia -o ineficacia- de las políticas de combate a la corrupción desde la percepción social.

La encuesta sobre corrupción del Foro Económico Mundial (WEF) refleja que continúa la tendencia de ligera mejoría en la calificación respecto al “Desvío de fondos públicos” y “Pagos irregulares y sobornos”. Pero lo cierto es que la Argentina integra el lote de países con peores indicadores, situándose para el primer valor en el puesto 121º y para el segundo en el 98º. Mostrando en conjunto una notoria falta de avances.

Una última encuesta del WEF referida a 16 “factores que limitan la capacidad de hacer negocios” en Argentina, muestra una perdida de peso relativo de la corrupción entre esos rubros respecto del año anterior, cayendo de la cuarta posición a la séptima. Si bien, una primera lectura permitiría pensar en una mejora de las condiciones de este factor, lo que habría sucedido es una agravamiento de las otras condiciones en un contexto de inestabilidad político económico y notables dificultades. Adquieren una mayor relevancia en el ultimo año, condiciones tales como la inestabilidad, las regulaciones laborales o la burocracia ineficiente que se suman a la inflación, las altas tasas de impuestos y el financiamiento como factores centrales.

“El comportamiento ético de los empresarios del país obtiene una de las peores evaluaciones a nivel mundial (puesto 130° sobre 137 lugares)”, afirmó Bermolén.

Portal de Noticias

La jueza de garantías Mirta Moreno resolvió abrir la investigación por nuevos hechos y además imputar a más personas en la causa que investiga la adquisición irregular de elementos y alimentos que en principio iban a ser destinados a la emergencia climática que vivió la ciudad de Comodoro Rivadavia entre marzo y abril del año pasado.

Los fiscales generales Omar Rodriguez y Alex Williams realizaron la descripción de cinco hechos que consideran ilegales y que involucra a ex funcionarios provinciales y a proveedores del Estado. En algunos casos los elementos adquiridos por el gobierno de entonces nunca llegaron a destino. En otros casos se pagaron sobreprecios a cambio de retorno de dinero que los proveedores entregaron en mano a algunos de los funcionarios involucrados.

Se trata de la adquisición de leña, colchones, frazadas, pañales, alimentos secos, fardos de pasto, pañales y agua mineral, entre otros. Los imputados por estos hechos son los ex funcionarios Alberto Gilardino, Vanina Barale, Marcelo Suárez, Diego Correa, Diego Lutter, Leticia Huichaqueo. Por parte de los proveedores, los nuevos imputados son Marta Franco, Cecilia Sadava, Bruno Taurelli, Estanislao Giniguerra y Guillermo Williams.

En todos los casos desde el Ministerio de Familia (Suárez, Huichaqueo y Barale) se iniciaba el trámite y fraguaba documentación de los elementos habían ingresado a los depósitos, y desde la Unidad Gobernador y la Coordinación de Gabinete (Correa, Luter y Gilardino) se decidía el pago y que ingresen los “retornos”.

Blanquería que nunca llegó

El primero de los hechos se refiere a la provisión de colchones, mantas y toallas efectuadas por “Blanquería Matices” de Marta Franco, una de las nuevas imputadas en la investigación. La compra fue por casi 3 millones de pesos y los elementos adquiridos nunca llegaron a destino. Desde el Ministerio de la Familia de iniciaba el trámite para la adquisición que era refrendado desde la privada del ex gobernador Mario Das Neves, además del Ministerio de Coordinación de Gabinete que conducía Gilardino para que se agilicen los pagos.

El segundo de los hechos involucra a Bruno Taurelli en carácter de proveedor de leña, fardos de pasto, verdura, artículos de limpieza, papas, cebada por parte de “La agrícola S.R.L”. El pago total por parte del Estado fue de 3.141.000 pesos “sin que exista correspondencia entre el pago y la mercadería entregada”, tal como indicaron los fiscales. En algunos casos los expedientes no se pagaron merced al secuestro oportuno de los mismos que realizaron los fiscales. Se sospecha que se utilizaron facturas falsas y que el sobreprecio de la mercadería orillaba el 200%.

Los retornos

La fiscalía tiene datos que los funcionarios cobraron 250.000 pesos de retorno y que fueron entregados personalmente en la casa de Diego Correa. Los elementos en muchos casos no ingresaron nunca en los depósitos del Gobierno y en este sentido se considera clave el papel que cumplía la funcionaria Viviana Barale. Luter, desde la secretaría privada de la Unidad Gobernador anotaba minuciosamente las compras y los pagos, y también los retornos, además de mantener fluidos contactos con los proveedores.

Otro de los casos investigados es el de la provisión de colchones, frazadas, sábanas, mantas polares y toallas que realizó Estanislao Giniguerra de “Mall Don Bosco”. En este caso se cree que se vendieron y se cobró por 1.800 colchones y se entregaron solo 17, y sobre 430 sábanas se entregaron 134. El “retorno” del que se hacían los funcionarios se cree que fue de 1.200.000 pesos. La venta fue de $6.814.530. A través de escuchas telefónicas, los fiscales comprobaron la existencia de los retornos.

También está imputado como proveedor Guillermo Williams de “Thor S.R.L.” vendedor de colchones que nunca llegaron a destino. También en este caso los fiscales abortaron algunos pagos irregulares tras el secuestro de expedientes, a principios de la investigación, a mediados del año pasado. El titular de la cuarta empresa fue imputado por facturar más de 2 millones por la venta de colchones, que nunca se habrían entregado. “En realidad la venta nunca se realizó”, dijeron los fiscales.

Agua mineral con sobreprecio

Uno de los casos emblemáticos es el de la adquisición de 1.500 botellas de agua mineral. El kiosco “Emanuel” de Trelew no hizo más que revender las botellas que habían sido adquiridos a la distribuidora “Friosur” de Trelew. Lo hicieron a un sobrecosto del 200% cuando en realidad bien pudieron ser adquiridos a “Friosur” que también era proveedor del Estado. Los fiscales aseguraron que el kiosco “Emanuel” ni siquiera “tenía la capacidad de almacenar en su local la cantidad de botellas que luego le vendió a la Provincia”. En este caso la imputada es Cecilia Sadava.

En todos los casos desde el Ministerio de Familia (Suárez, Huichaqueo y Barale) se iniciaba el trámite y fraguaba documentación de los elementos habían ingresado a los depósitos, y desde la Unidad Gobernador y la Coordinación de Gabinete (Correa, Luter y Gilardino) se decidía el pago y que ingresen los “retornos”.

Las imputaciones

Los ex funcionarios provinciales están imputados del delito de “defraudación con administración fraudulenta, en carácter de coautores en la modalidad de delito continuado. Los proveedores Sadava, Giniguerra, Williams, Taurelli y Franco, están imputados del delito de “defraudación y administración fraudulenta en carácter de partícipes primarios”.

Los defensores Fabián Gabalachis, Emilia Galende, Omar López, Miguel Moyano, Javier Romero y Lisandro Benítez no se opusieron a la apertura de investigación. López realizó algunas observaciones técnicas a la descripción de los hechos y la jueza Moreno profundizó en el mismo sentido, a la vez que le pidió a los fiscales que en caso de prosperar el proceso y llegar a la instancia de la acusación, todas esas observaciones sean salvadas por los investigadores.

Los querellantes que representan a la Fiscalía de Estado y a la Oficina Anticorrupción, adhirieron a la investigación realizada por los fiscales y prometieron presentar los respectivos escritos con algunas ampliaciones.

El juez de garantías Sergio Piñeda resolvió en la causa denominada “Revelación” que los imputados Diego Correa, Pablo Bastida, Pablo Oca, Víctor Cisterna, Federico Piccione, Gonzalo Carpintero continúen con las medidas de coerción. En los casos de Diego Luther resolvió autorizar a una única salida de cuatro horas para poder estar junto a su familia y en el caso de Alejandro Pagani, lo autorizó a viajar a la ciudad de la Plata y realizar visitas a su madre que se encuentro con problemas de salud.

En el marco de la audiencia de control de detención que se realizó por la mañana en la oficina judicial de la ciudad de Rawson. El juez Sergio Piñeda alrededor de las 0930 hs. formalizo el inicio. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, los cuales solicitaron que se mantengan todas las medidas de coerción que recaen sobre los imputados hasta la audiencia de elevación a juicio. Los defensores que asistieron a la audiencia fueron, el Dr. Emilio Galende como defensor de Víctor Cisterna, el Dr. Fabian Gabalachis por los imputados Diego Correa, Pablo Bastida y Pablo Oca, el Dr. Federico Ruffa por el imputado Gonzalo Carpintero, el Dr. Lisandro Benítez por Diego Luther, el Dr. Salt por el empresario Federico Piccione.

Cabe recordar que esta causa denominada «revelación» involucra además de altos funcionarios provinciales, una treintena de empresarios de la construcción de toda la provincia del Chubut, en perjuicio del estado.