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Eduardo Casal no hizo lugar a lo solicitado por el magistrado de Dolores. Además le pidió que le haga saber si requirió «la imputación de algún funcionario del Ministerio Público Fiscal».

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, rechazó el pedido del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para que inicie una investigación interna a raíz de la denuncia contra el fiscal Carlos Stornelli.

Ramos Padilla es el magistrado que abrió una causa tras la denuncia penal que hizo el empresario Pedro Etchebest, luego de que este dijera haber sido extorsionado por el abogado Marcelo D’Alessio para ayudarlo con una supuesta mención que se había hecho en su contra en la causa cuadernos. D’Alessio decía hacer la gestión en nombre de Stornelli.

Ayer, Ramos Padilla le envió una carta a Casal solicitando la intervención de la Procuración, para que sea abierta una investigación interna sobre Stornelli y sus colaboradores de la fiscalía. También pedía «garantizar que no se pierda la información y prueba necesaria para la investigación respetando la investidura y las investigaciones que pudiera estar llevando adelante el Sr. Fiscal en el ámbito de esa dependencia».

Un día después, se conoció la respuesta de Casal, que fue negativa. «No es función del Procurador General de la Nación realizar las medidas que ordena», sostuvo en el escrito, al que accedió Infobae.

A su vez, el procurador le hace saber a Ramos Padilla que no tiene conocimiento sobre si hay «imputación de algún funcionario» del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

A continuación, la respuesta de Casal a Ramos Padilla:

En atención a lo solicitado, hágasele saber al magistrado oficiante que no es función del Procurador General de la Nación realizar las medidas que ordena porque, más allá de lo dispuesto en los artículos 116 y 120 de la Constitución Nacional, ellas son propias de las atribuciones de su jurisdicción y más aún cuando por la generalidad con que aparecen formuladas, su realización implicaría un grado de discrecionalidad, valoración y selección que son de exclusivo resorte del magistrado a cargo de la investigación (artículo 199 del Código Procesal Penal de la Nación) a partir de su conocimiento de las constancias del sumario que sólo es público para las partes (artículo 204 id.).

Claro está que se brindará la colaboración necesaria a la investigación penal en la medida que ello no implique subrogarse en las facultades que son propias del juez o de la delegación prevista en el 196 del CPPN.

Sin perjuicio de ello, a los efectos que pudieran corresponder en virtud de lo que se desprende de lo requerido, le solicito al señor Juez, me haga saber si se ha requerido la imputación de algún funcionario de este Ministerio Público Fiscal de la Nación.

 

INFOBAE

José Daniel Baiz (33) resulto imputado como presunto autor del delito de robo simple. La fiscalía lo investigara por la sustracción de una maquina hormigonera que se encontraba en una obra en construcción en el barrio «Parque 21 de junio». El juez Alejandro Rosales otorgo un plazo de cuatro meses para los representantes del Ministerio Publico Fiscal terminen sus tareas investigativas.

En la sala de audiencias de la oficina judicial se desarrollo una audiencia de formalización de la investigación preparatoria de juicio. El acto judicial fue presidido por el juez Alejandro Rosales. La fiscalía estuvo representada por la funcionaria Marisol Sandoval. El sospechoso recibió el asesoramiento técnico legal de los abogados de la defensa publica, Marcelo Catalano y Gustavo Oyarzun.

En la oportunidad, Sandoval relato que el hecho que investigaran se registro el 24 de septiembre del 2018 a las 15:00, en una obra en construcción ubicada en calle Etchezar del barrio «Parque 21 de junio».

Para los investigadores, en esa ocasión José Baiz rompió el vidrio de una ventana y sustrajo una máquina hormigonera. Luego traslado este elemento hasta una vivienda ubicada sobre la calle Etchezar en inmediaciones del barrio «25 viviendas». Finalmente indico que mediante una orden de allanamiento lograron recuperar la maquina hormigonera.

Asimismo, solicito un plazo de cuatro meses de investigación y que el imputado concurra a las oficinas de criminalística a los fines de que se le aplique el protocolo único de identificación de personas.

A su turno, Catalano no formulo oposiciones a la pieza de apertura y tampoco a los requerimiento del ministerio Publico Fiscal.

Así las cosas, Rosales resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio contra José Baiz, en orden a los hechos descriptos y la calificación legal escogida por la parte acusadora. Asimismo hizo lugar a los pedido realizados por la funcionaria Sandoval.

Luego de la feria y el receso legislativo, habrá novedades en el expediente por el naufragio del submarino.

De la mano de la feria judicial de enero y del receso legislativo, no fueron pocas las voces que se alzaron alertando sobre la paralización de las investigaciones en torno a la desaparición del submarino ARA San Juan, ocurrida en noviembre de 2017.

Sin embargo, y al margen de la ansiedad propia de las familias de los 44 marinos fallecidos para desentrañar lo más rápido posible las causas del siniestro, la jueza federal Martha Yañez (quien en este momento tiene a su cargo también el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia) retomó luego de una corta licencia la investigación. Desde Caleta Olivia señalan que “se avanzó concretamente en la visualización de imágenes y en relación al apoyo informático que permitirá acceder a la totalidad del contenido. Se está permanentemente relevando nueva información como la obtenida en el secuestro de elementos de las taquillas de la base naval de Mar del Plata, también y junto con la Dirección de Bienestar de la Armada y la de asistencia a la víctima se trabajó para que los efectos personales de los tripulantes sean entregados a sus respectivas familias”.

Se pudo saber que desde el Servicio de Hidrografía Naval tienen todo dispuesto para poner a disposición de la justicia los equipos informáticos necesarios para el procesamiento de las 67.000 imágenes aportadas por Ocean Infinity y que una nueva ronda de testimoniales está en carpeta de la magistrada. Asimismo, en el juzgado confían en que los familiares que tengan datos que aportar ofrezcan su testimonio.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Defensa aseguran que en muy corto plazo habrá novedades relativas al sumario militar que lleva adelante el Estado Mayor Conjunto de las FFAA en torno a las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder a la cadena de mandos naval involucrada en las operaciones del submarino.

Las investigaciones preliminares permiten afirmar que en los últimos años y en las tres FFAA se ha venido siguiendo el mismo criterio para todas las ejercitaciones de distintas unidades o componentes militares. No obstante, excepto el Presidente de la Nación, todos los estamentos políticos del área de defensa están sujetos a investigación.

Por el lado del Poder Legislativo, la Comisión Bicameral que investiga el hundimiento de la embarcación retomará su actividad el próximo 19 de febrero, al margen de la labor parlamentaria general que sigue en receso. Dentro de la agenda prevista, los legisladores aguardan con especial interés el testimonio del Capitán de Fragata Eduardo Cella Irigoyen, quien fuera comandante del San Juan con anterioridad al fallecido Capitán Pedro Fernández. La idea es que el marino detalle el estado del submarino cuando estuvo bajo su mando y el listado de tareas pendientes de ejecución para llevar su operatividad al estándar de diseño. Según voceros de la propia bicameral, a mediados de año se estaría en condiciones de emitir un dictamen con las conclusiones acerca de las responsabilidades políticas en el siniestro. La Comisión no tiene facultades para imponer penas o sanciones penales o administrativas.

 

El Comodorense

Walter Luis David Viroche (27) resultó procesado como presunto autor del delito de portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización. El joven fue detenido por la policía el ultimo sábado en la zona de acceso al predio del Club Deportivo Sarmiento, cuando intentaba ingresar al «Festival Interprovincial de Doma y Folclore» portando un pistola calibre 9 milímetros. La Fiscalía obtuvo un plazo de cuatro meses para concluir la investigación.

En la sala de audiencias de la oficina judicial se desarrollo una audiencia de control de la detención y formalización de la investigación preparatoria de juicio. el acto judicial fue presidido por el juez Jorge Novarino. La fiscalía estuvo representada por el fiscal Herminio Gonzales Meneses. El imputado, en tanto, recibió el asesoramiento legal del abogado Sebastián Balochi.

En este marco, Meneses relato que el hecho que investigara ocurrió el 9 de febrero a las 23:00 en el portón de acceso principal al Club Deportivo Sarmiento, ubicado en calle 13 de diciembre y Enrique Angulo.

En ese momento, una ciudadana observo que al imputado se le cayo el cargador de un arma de fuego. La testigo dio aviso al personal policial que se encontraba realizando tareas de control en el sector de acceso.

Según indico el investigador, Viroche arremetió contra los dos uniformados que se acercaron al lugar. Cuando los empleados policiales procedieron al palpado superficial de manera preventiva, detectaron que el joven tenía un arma de fuego.

Este elemento fue descripto como una pistola semiautomática, calibre 9 milímetros, con cachas plásticas color negra y carente de numeración. En consecuencia, resolvieron detener a Viroche y lo trasladaron a los calabozos de la comisaria.

El representante del Ministerio Publico Fiscal, pidió al magistrado que declare legal la detención y un plazo de cuatro meses de investigación. Al no existir elementos que requieran medidas de coerción, solicito el cese de la misma. También requirió que el imputado se presente en las oficinas de criminalística, a los fines de que se le aplique el protocolo único de identificación de personas.

A su turno, Balochi no formulo objeciones en relación a la detención y tampoco cuestiono la pieza de apertura de investigación. Por último, requirió que se disponga la inmediata libertad de su defendido.

Así las cosas, Novarino resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio respecto de Walter Viroche, en orden al delito calificado como portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal en calidad de autor. Asimismo declaro la detención y otorgo el plazo de investigación peticionado por la parte acusadora.

La fiscalía investiga las denuncias por estafas telefónicas registradas en las últimas semanas en Sarmiento y Rio Mayo. Los estafadores, se comunican vía telefónica haciéndose pasar por un familiar que necesita en forma inmediata una transferencia de dinero. El presunto motivo de la urgencia es a raíz de un percance vehicular que habrían sufrido. Luego, le brindan a la victima los datos de un número de cuenta y la Clave Bancaria Uniforme (C.B.U), para que les transfieran determinados montos.

En este marco, se supo que los damnificados sufrieron pérdidas de entre 30.000 a 80.000 pesos aproximadamente. En una de las intervenciones, los investigadores lograron la restitución del dinero.

Un problema vehicular

El ultimo miércoles, a las 12:30, un hombre de la localidad de Rio Mayo atendió una llamada telefónica de una persona que se presento con el nombre de uno los integrantes de la familia y le manifestó que habría tenido un problema con su automóvil.

En razón de este supuesto percance vehicular, le requirió que le transferirá en forma urgente una suma de dinero de aproximadamente 30.000 pesos.

En este contexto, el estafador le indico los datos de un número de cuenta y del CBU. Así las cosas, el damnificado se contacto con una de sus hijas a quien le relato la situación y le pidió que realizara la operación bancaria para ayudar a su primo.

La mujer cumplió con el pedido. Luego regreso a su casa y llamo al presunto familiar a los fines de confirmar si había recibido el dinero. Fue en ese momento en el que se anoticio que el integrante de la familia se encontraba en la ciudad de Dolavon y que no había tenido inconvenientes con su vehículo. También aseguro que no se comunico telefónicamente con sus familiares de Rio Mayo.

Los damnificados hicieron la denuncia en forma inmediata. Esto permitió que los investigadores del Ministerio Publico Fiscal, realizaran una serie de diligencias en las entidades crediticias que lograron la restitución del dinero. Asimismo, obtuvieron datos importantes para el inicio de la investigación.

En tanto, se supo que al menos dos casos similares se habrán registrado en las últimas semanas en Sarmiento y Rio Mayo. En función de esta situación, se considera oportuno recordar los recaudos y prevenciones para este tipo de casos

Recaudos y prevenciones para evitar estafas

Ante los reiterados casos de «estafas» a personas de avanzada edad y en situación de vulnerabilidad, desde el Ministerio Público Fiscal, se reitera la advertencia sobre los recaudos y prevenciones para evitar ataques a los adultos mayores.

El modus operandi que se caracteriza por ser siempre de la misma forma. Un hombre llama al teléfono fijo de diferentes domicilios, hasta poder dar con personas que generalmente son muy mayores. Luego se inicia una conversación, haciéndose pasar por “nietos o nietas”. Si aciertan con el nombre de algún integrante de la familia, comienza la operación.

A la “abuela” le recomiendan que junte el dinero, porque desde el banco informaron que van a cambiar los billetes. Asimismo, agregan que deben entregarlos rápido a la entidad bancaria para obtener la nueva moneda.

Más tarde, los sujetos llegan a las casas de las víctimas y se presentan como «empleados» de un banco que vienen a retirar el dinero, a los fines de que la «abuela» no tenga que trasladarse hasta una sucursal.

Es necesario alertar a los ciudadanos de Sarmiento, Rio Mayo, Facundo, Alto Rio Senguer, Lago Blanco, Buen Pasto, Aldea Beleiro, Aldea Apeleg y Ricardo Rojas, dado que esta modalidad delictiva ha puesto en vilo a un sector muy vulnerable como lo son los adultos mayores.

PREVENCIONES

Para ello se debe tener en cuenta algunos puntos que son claves, para intentar contrarrestar el futuro delito:

a) Los llamados se producen por la mañana, entre las 8 y las 14 horas. Ese es el horario en que los bancos desarrollan sus actividades.

b) Siempre captan a las víctimas llamando a teléfonos fijos.

c) En principio solo se van a hacer pasar por “nieto”. Por esta razón, la persona que recibe el llamado NO debe nombrar a ningún familiar directo.

d) Los bancos NO han dispuesto algún tipo de cambio de moneda, por lo que es falso el llamado para realizar determinada operación. Además, las entidades bancarias NO cuentan con personal que acuda a los domicilios para buscar dinero y realizar algún tipo de cambio.

e) Es imprescindible que el dinero familiar, lo tenga en sitio resguardado y no bajo la tutela de un adulto mayor. Una persona de avanzada edad, es más vulnerable al engaño por parte de aquellos que cometen los ilícitos.

f) Si la persona que realiza el llamado insiste en hacerse pasar por un familiar, el adulto mayor debería cortar la comunicación, llamar al familiar más directo y cercano para que se presente en el domicilio.

g) Tratar de observar y/o detectar la presencia de vehículos que puedan estar haciendo inteligencia en el domicilio donde pretenden ingresar para llevarse los elementos.

h) Llamar inmediatamente a la policía marcando el 101 o teléfono fijo: 4893005 (Sarmiento) y dar conocimiento al personal de la división policial de investigaciones. También pueden llamar a las oficinas del Ministerio Publico Fiscal 4898090-4898067

El juez federal Claudio Bonadio ayer procesó al ex intendente de Esquel, Rafael Williams, por presunta malversación de fondos públicos destinados al programa de Residuos Sólidos Urbanos, durante la gestión entre 2013 y 2015.

Williams integra una extensa nómina de procesados con otros 91 intendentes de todo el país, que percibieron fondos de Nación durante el kirchnerismo.

El juez Bonadio investiga la ruta de más de 600 millones de pesos de las arcas del Tesoro que estaban asignados, a través de la Jefatura de Gabinete, al financiamiento del programa de Residuos Sólidos Urbanos, que comprendía a más de 190 municipios.

Entre junio y diciembre del 2019, cerca de un centenar de intendentes, ex intendentes y funcionarios municipales desfilaron por el juzgado para prestar declaración sobre el tratamiento de dichos fondos debido a las sospechas de defraudación.

En la misma causa ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina; al igual que los ex secretarios de Medio Ambiente Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y el ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete Andrés Meiszner.

Paralelamente, Bonadio ya dictó los sobreseimientos de los ex intendentes Omar Goye (Bariloche), Nancy Sand Giorasi (Bella Vista) y Carlos Espínola (Corrientes), en tanto que Ricardo Moccero (Coronel Suárez) recibió la falta de mérito.

Los intendentes procesados en su mayoría son de Chaco, y también le siguen de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.

El Chubut

Brian Gómez fue brutalmente golpeado el 15 de septiembre del 2018 a la salida de un pub céntrico y perdió la vida ocho días después. A cuatro meses de la muerte del joven todavía no hay ningún detenido, ni avances en la causa. Hoy cumplirá 24 años y su familia lo recordó con un emotivo mensaje en las redes sociales.

Este viernes se cumplieron cuatro meses de la muerte de Brian Gómez, que agonizó ocho días tras una brutal golpiza afuera del pub «Draw», en pleno centro de la ciudad, en el mes de septiembre. Sus familiares y amigos siguen exigiendo Justicia y nuevamente venden rifas para costear trámites judiciales.

Brian, este 1 de febrero, estaría cumpliendo 24 años y su familia lo recordó con un emotivo mensaje en las redes sociales. “Hoy 01/02/19 cumplirías 24 añitos angelito nuestro y seguramente estaríamos todes esperando las 0 horas para abrir una sidra, darte un fuerte abrazo, un beso y decirte todo lo que te amábamos. Pero hoy, nada de eso va a pasar y, en tu cumpleaños, encendemos una vela pidiendo justicia y verdad porque vos hoy tendrías que estar acá junto a nosotres. Te amaremos por siempre. FELIZ CUMPLEAÑOS QUERIDO BRIAN!”, dice el posteo en Facebook.

Su padre, Walter Gómez aseguró a El Patagónico, un mes atrás, que de no tener avances en la investigación, «escracharía» a un efectivo policial que estaría señalado como el responsable del homicidio. “Al milico lo voy a empezar a escrachar porque ya están los testimonios, puede que entorpezca la causa si lo empiezo a escrachar. La declaración de los testigos que lo sindican ya tiene un mes y medio a dos meses y todavía estamos esperando que se muevan, que hagan un rueda de reconocimiento y lo guarden”.

Los familiares de la víctima sostienen que en la madrugada de su muerte Brian fue expulsado del Draw junto a un grupo con el que mantuvo diferencias en el interior del local.

En el exterior se reanudó el enfrentamiento, por lo que intervinieron policías y personal de seguridad privada. Pero cuando la pelea finalizó, Brian apareció inconsciente en el suelo y fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional, donde permaneció internado en coma y falleció ocho días después.

El Patagónico

 

La joven, actualmente de 22 años, contó en las redes sociales que sufrió “una violación en manada” en 2012, cuando tenía 16 años y estaba en una casa de Playa Unión.

En su denuncia, compartida por miles de personas, acusa a seis jóvenes, dos de ellos cómplices, con nombre, apellido y fotografías. La joven además indicó que tras este hecho padeció varias amenazas.

“Fue en septiembre de 2012. Tenía 16 años y fue en la ciudad de Playa Unión. Fuimos a una fiesta que era en una casa. A poco tiempo de llegar perdí la consciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones”, describió.

El caso se viralizó en las redes sociales de la provincia y el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, abrió un expediente pero indicó que era necesaria la ratificación de la víctima para poder avanzar con el caso. La situación se habría dado, ya que desde la Justicia ordenaron el allanamiento del Hospital de Puerto Madryn, donde se secuestraron historias clínicas; y la escuela a la que asistía, donde también se secuestró documentación.

Uno de los involucrados habría declarado como arrepentido y complicó la situación de sus amigos. La causa está caratulada como Abuso sexual con acceso carnal agravado por pluralidad de autores y no se descarta que se realicen detenciones.

¿Quiénes son los «nenes bien» acusados de violación?

Los jóvenes Ezequiel Quintana, Leo del Villar, Luciano Mallemaci y Robertino Viglione están acusados de violar a una menor de 16 años en Playa Unión en 2012. La víctima también sindica como partícipes a Joaquín Pérez y Tomás Soriano, que sostenía la puerta “evitando que alguien entre o que yo pueda salir”.

Los cinco jóvenes madrynenses, todos de entre 22 y 30 años, están acusados de violar a una menor de 16 años. A última hora de ayer, según pudo saber Madrynoticias, se realizaron allanamientos en el Hospital y la Escuela, y no se descarta que los jóvenes sean imputados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado”.

EZEQUIEL QUINTANA. Abogado, actualmente vive en Buenos Aires.

LEANDRO DEL VILLAR: Jugador de squash y corredor de karting, está vinculado al transporte y al puerto.

LUCIANO MALLEMACI. Hijo de José Luis Mallemaci, dueño de Mallemaci propiedades, una inmobiliaria que alquila y vende propiedades.

ROBERTINO VIGLIONE. Nieto del ex gobernador de Chubut Atilio Viglione, el joven actualmente es productor de televisión en Telefé.

TOMAS SORIANO. Hijo de Gonzalo Soriano, un empresario de rubro de las algas y la pesca, el joven actualmente vive en Miami donde maneja la empresa Patagonian Sea Products

JOAQUÍN PÉREZ. Hijo de Raúl “Rabanito” Pérez, un hombre vinculado al puerto; es dueño de la cancha de futbol Maracaná y con participación en Mall Don Bosco.

Madryn Noticias

 

El juez de garantías del Chubut Sergio Piñeda hizo suyo los argumentos del fiscal general de Rawson Fernando Rivarola y rechazó el pedido del juez federal Claudio Bonadío para que la justicia de esta provincia investigue presuntos ilícitos en torno de la construcción de viviendas con fondos federales.

Rivarola había emitido un dictamen propiciando que el juez Piñeda rechace el pedido del juez Federal Claudio Bonadío para que la justicia del Chubut investigue la presunta existencia de sobreprecios en el marco de dos programas de viviendas federales de los años 2004 y 2005. De esta manera, tras conocerse la decisión de Piñeda, ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que deberá resolver cual es la jurisdicción que se hará cargo de la investigación.

En agosto del año pasado el juez Bonadío entendió que la investigación debía realizarlas las justicias de las respectivas provincias. En el caso de Chubut, el pedido del magistrado federal ingresó a la Fiscalía de Rawson, el fiscal general Fernando Rivarola se expidió y el juez de garantías Sergio Piñeda le dio la razón por lo que ahora todo fue devuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Rivarola basó su argumentación en que del material remitido no surge que exista una investigación previa que permita identificar los hechos que se investigan, conductas que constituyan el o los delitos y el lugar de la comisión del ilícito. Agrega que “los elementos aportados por el denunciante no permite dilucidar el verdadera alcance delictivo” y que “corresponde al juez que previno (Bonadío) profundizar la investigación para dar más precisión a los sucesos”. La denuncia fue realizada en el año 2006 por el abogado Ricardo Moner Sans.

También Rivarola se basó en un informe que a pedido de la Fiscalía de Rawson realizó el Instituto Provincial de la Vivienda del Chubut, que indica que “las empresas contratistas que llevaron a cabo las obras en cada convenio particular suscripto en los programas federales, en particular Gotti S.A. Austral Construcciones S.A. y Juan Felipe Gancedo S.A. no han resultado contratistas de ese Instituto provincial”.

Se trata del Programa Federal de Construcción de Viviendas del año 2004 y el Programa Plurianual de Construcción de Viviendas del año 2005. La causa está caratulada como “De Vido, Julio Miguel y otro sobre delito de acción pública. La investigación de Bonadío se inició en agosto del año 2007 por la presunta existencia de sobreprecios e irregularidades en la adjudicación de licitaciones para la construcción de viviendas mediante acuerdos del gobierno nacional de entonces y las provincias de Corrientes, Chubut, Rio Negro y Buenos Aires, entre otras. Las obras estaban a cargo de las empresas Gotti Hnos. S.A., Costilla y Austral Construcciones.

Rivarola concluyó en su resolución que “luego de analizar los hechos denunciados, arribo a la conclusión del rechazo de la competencia de esta jurisdicción, por no contar con elementos adecuados y eventualmente calificaciones jurídicas adecuadas a esos hechos”.

El hecho fue denunciado por una joven de la localidad que logró escapar del agresor. El acusado dejó abandonado el vehículo y se dio a la fuga.

La Comisaría de Lago Puelo investiga un hecho de presunto abuso sexual denunciado por una joven de esa localidad, luego de que una joven oriunda de esa localidad denunció lo ocurrido.

Según el relato de la víctima, se encontraba haciendo dedo a la salida de El Bolson, en dirección a Lago Puelo. cuando un sujeto detiene su vehículo y se ofrece a llevarla.

Antes de llegar a Lago Puelo, y en pleno tránsito por la ruta Nº 16, el hombre comenzó a tocar las partes íntimas de la joven, la cual intenta defenderse y se produce un forcejeo. “En medio de esa situación la joven acciona el freno de mano del auto, se produce un derrape y esto ocasiona que se destalone una cubierta del vehículo” contó el comisario González, jefe de la comisaría.

Mientras la mujer se escapó rumbo a la localidad de Lago Puelo, el hombre también se dio a la fuga y dejó abandonado el vehículo a la vera de la ruta, en proximidades de una maderera.

Al tomar conocimiento personal policial concurrió al lugar, y encontró el rodado abandonado, “el sujeto ya no estaba y se irradia el alerta en la zona con los datos del sujeto que había aportado la denunciante” señaló el comisario.

La policía dio intervención a la fiscal de turno, se dispuso el secuestro de la unidad y se concretó una orden de requisa, en la que intervino personal del área criminalística. De acuerdo a los primeros datos conocidos se relevaron huellas dactilares y se logró secuestrar dos cabellos de una persona que sería de sexo femenino.

Red 43