Omnipresente. Así es el escándalo que enfrenta el Gobierno del presidente costarricense Carlos Alvarado Quesada luego de que este viernes 28 de febrero fuera allanada la casa presidencial en el marco de las investigaciones que realiza la Fiscalía por un caso de presunto espionaje y acceso ilegal a datos sensibles de personas y organizaciones en todo el país centroamericano.
En el ojo del huracán está la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que fue creada por un decreto publicado el pasado 17 de febrero y que cuatro días después el mismo presidente Alvarado derogó debido a la lluvia de críticas por parte de la oposición y otros sectores, los cuales alegaban la posibilidad de que dicha unidad accediera a datos confidenciales de los ciudadanos.
La polémica se centra específicamente en el artículo 7 del decreto, en el cual se estipula que «las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada secreto de Estado».
El artículo agregaba que «también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Dicha información mantendrá en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD».
Si bien el Gobierno asegura que el decreto buscaba institucionalizar el equipo de análisis de datos que trabaja en la casa presidencial desde hace 18 meses, el mismo Alvarado reconoció que hubo «errores» en la redacción del texto, por lo cual fue derogado.
El Ejecutivo también asegura que nunca hubo acceso a datos sensibles porque «ese no era el objetivo y porque además las leyes lo impiden». Según el mandatario, su objetivo al derogar el decreto era abrir un espacio de discusión sobre la necesidad de crear una política pública basada en la ciencia de los datos.
La Fiscalía sospecha que se pudo violar la privacidad de los datos
El ente investigador emitió un documento en el que expone que entre 2018 y 2019 se reveló el nombre de varios funcionarios que «se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal».
Según los investigadores, los allanamientos al palacio presidencial, al Ministerio de Planificación y a algunas viviendas de otros funcionarios, se debe a que «se presume que, entre las labores de este grupo (UPAD), se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto».
En total, las pesquisas se realizan específicamente a ocho personas entre las que se encuentran el presidente Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y otros funcionarios cercanos al Gobierno.