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Alemania, Francia, Italia y Malta llegaron este lunes a un acuerdo para un sistema de emergencia y rescate marítimo de migrantes para gestionar los flujos migratorios del Mediterráneo, que expondrán a todos los países miembros de la Unión Europea (UE) y será debatido en Luxemburgo el 8 de octubre.

El acuerdo, a nivel de ministros del Interior de estos cuatros países, fue confirmado este lunes por el titular maltés de esa cartera, Micheal Farrugia, en el curso de una rueda de prensa conjunta al término de la reunión mantenida en La Valeta, bajo la presidencia finlandesa de la UE y con la participación también del comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos.

Farrugia expuso que los ministros de los cuatro países llegaron al acuerdo que plasmaron en un documento común, que será entregado a los Estados miembros antes de ser publicado, informó la agencia EFE.

Avramópulos, por su parte, señaló que la gestión de la inmigración hacia Europa debe ser común y por ello abogó porque todos los países europeos apliquen un mecanismo «solidario», que libere presión a los Estados miembros que reciben inmigrantes por distintas rutas del Mediterráneo, así lo informó télam.

Apple denunció este martes la decisión de Bruselas de obligarlo a devolver a Irlanda 14.300 millones de dólares(13.000 millones de euros) de ventajas fiscales indebidas, una sanción que según el gigante tecnológico «desafía el sentido común».

«¿Apple ha diseñado y desarrollado el iPhone en Irlanda? ¿El iPad o el iPod? ¡No! La respuesta está escrita en cada producto de Apple: ‘Diseñado por Apple en California'», señaló Daniel Beard, el representante de la compañía de California ante el Tribunal General de la Unión Europea, en Luxemburgo.

«Apple paga sus impuestos y entiende la importancia de hacerlo. Pensamos que Apple es el mayor contribuyente del mundo», añadió para defender los argumentos del grupo contra la decisión de la Comisión Europea, publicada en agosto de 2016.

El pedido de la UE «desafía a la realidad y al sentido común», declaró Beard. «La decisión de la Comisión tiene que ser anulada», añadió.

La audiencia, que durará dos días, empezó poco después de las 9.30 (hora local) en presencia de numerosos periodistas.

La comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, anunció esta solicitud de reembolso el 30 de agosto de 2016, tras dos años de investigación, una decisión calificada de «basura política» por el patrón de la empresa de Cupertino (oeste de Estados Unidos), Tim Cook.

Según la investigación, Apple reagrupó en Irlanda entre 2003 y 2014 todos los ingresos obtenidos en Europa (así como en África, Oriente Medio e India) porque en ese país tenía un trato fiscal preferente.

El grupo habría evitado así el pago de la mayoría de los impuestos que debería haber abonado durante ese período, unos 13.000 millones de euros, algo que para Bruselas constituye una «ayuda de Estado» ilegal.

¿Reescribir historia de Apple en Europa?

Estos ingresos iban a parar a una «sede» situada fuera del país, un «fantasma» que Dublín rechazó examinar. Nada ilegal, no obstante, en virtud de la ley irlandesa.

Como estos miles de millones de beneficios no imponibles en Irlanda no se repatriaron a Estados Unidos, Apple se libró de abonar esos impuestos durante varios años.

La compañía considera sin embargo que el análisis de Bruselas sobre el caso tiene errores de bulto.

«La Comisión Europea intentó reescribir la historia de Apple en Europa, ignorar las leyes fiscales de Irlanda y, al hacerlo, perturbar el sistema fiscal internacional», estimó Cook en 2016.

El grupo defiende que, según las reglas internacionales, debe pagar la mayoría de sus impuestos en Estados Unidos, donde invierte en investigación y desarrollo y por tanto crea riqueza, no donde realiza las ventas.

Apple señala además que desde la reforma fiscal puesta en marcha a fines de 2017 por Donald Trump, el grupo repatrió a Estados Unidos los beneficios acumulados durante años en el extranjero, comprometiéndose a pagar los impuestos correspondientes.

La empresa se beneficia de un tipo impositivo inferior al 35% que estaba en vigor previamente en Estados Unidos, pero debe enfrentar además una deuda fiscal de unos 37.000 millones de dólares por los últimos años.

Los representantes de Irlanda aseguraron por su parte este martes que la Comisión se equivoca «fundamentalmente» y que habría «ignorado la ley irlandesa».

«Caso sólido»

Apple asegura haber previsto cada año ese monto en sus cuentas, consciente de que algún día debería abonarlo.

Irlanda apoya en su lucha a la compañía creada por Steve Jobs. Dublín recurrió también la decisión de la Comisión y rechaza que se la presente como un paraíso fiscal.

«Presentaremos un caso muy sólido», prometió el ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe.

Los dos días de vistas se desarrollan en un tenso contexto comercial entre la UE y Estados Unidos, donde el presidente de Donald Trump reprocha a los europeos su ofensiva contra los gigantes tecnológicos del país.

A la espera de la decisión judicial, Apple bloqueó en una cuenta el monto reclamado. El grupo, presente en Irlanda desde los años 1980, emplea a unas 6.000 personas en Cork (sur), la segunda ciudad del país, informó La Nación.

El Gobierno confirmó esta tarde a autoridades de más de 40 cámaras empresariales que la Unión Europea (UE) destinará un «fondo específico» para las pymes del Mercosur a fin de que puedan reconvertirse y tener competitividad en el marco del tratado firmado recientemente entre los bloques.

El Presidente recibió por la tarde en la Quinta de Olivos a empresarios de diversos sectores para brindarles precisiones sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El Gobierno confirmó este miércoles a autoridades de más de 40 cámaras empresariales que la Unión Europea (UE) destinará un «fondo específico» para las pymes del Mercosur a fin de que puedan reconvertirse y tener competitividad en el marco del tratado firmado recientemente entre los bloques.

El presidente Mauricio Macri les ratificó esta iniciativa a los empresarios durante un encuentro que mantuvieron en la Quinta de Olivos para explicar con más profundidad los detalles y alcance del acuerdo entre Mercosur y la UE luego de que fuera recibido con tibieza en algunos sectores productivos.

«Va a haber un fondo específico de la UE para las pymes de la Argentina y el Mercosur. Es en general, no por rubro y el objetivo es nivelar y que haya competitividad de las pymes del Mercosur», sostuvo el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, al finalizar la reunión.

Fuentes gubernamentales señalaron que participaban de la reunión, entre otros, autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), del foro empresario de IDEA, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y de la Unión Industrial Argentina, de la cámara alimentaria COPAL y de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

El campo, en tanto, estuvo representado por la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, FAA y CRA. Asimismo, tomaron parte representantes de cámaras de sectores como componentes, calzado, industrias textiles, bancos, farmacéuticos, industria láctea, vinos e industria maderera.

También intervinieron empresarios vinculados con la producción avícola, la industria molinera, la yerba mate, el sector cárnico, productores de acero, hoteleros y gastronómicos, semilleros y productores de equipamiento médico, entre otros.

Macri recibe a empresarios en Olivos en busca de respaldo al acuerdo Mercosur-UE
El ministro de Producción, Dante Sica, aseguró que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea «es un entendimiento justo», y consideró que las críticas que recibió la iniciativa «son rápidas, ligeras y reflejan la impotencia» por parte de algunos sectores de la oposición.

«Es un acuerdo equilibrado que respeta las demandas de los dos bloques y de las economías regionales. Quienes lo critican reflejan la impotencia por no haber alcanzado un acuerdo como este en 12 años de gobierno», señaló Sica en una conferencia de prensa formulada en la Residencia de Olivos al término de una reunión de Gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: la emoción del canciller Faurie cuando le informó a Macri

Sica evaluó que el entendimiento logrado entre el Mercosur y la Unión Europea «fue producto del liderazgo regional» que posee Macri, quien «se preocupó de tratar con cada uno de los líderes europeos los aspectos críticos» de este tratado.

«Hay sectores que se expresan desde la ignorancia, la incapacidad o desde una postura política que siempre será contraria a lo que haga este Gobierno», subrayó el funcionario.

Por su parte, el canciller Jorge Faurie, presente durante este encuentro con la prensa, afirmó que el acuerdo se trata de «una oportunidad para ambos bloques», y que con este tratado se genera «un mercado de 800 millones de consumidores».

La Eurocámara aprobó este miércoles la prohibición en la Unión Europea de la mayoría de los plásticos de un solo uso, como los bastoncillos para los oídos o las pajillas para beber, a partir de 2021.

Los productos plásticos que tienen uso por una sola vez como los sorbetes, los tenedores o los cuchillos no podrán ser usados a partir del año 2021 en la Unión Europea. Por 560 votos a favor, 35 en contra y 28 abstenciones, los eurodiputados los prohibieron y pidieron a los fabricantes reforzar sus esfuerzos hacia más productos reciclables.

Para otros tipos de artículos, el objetivo es reducir su consumo a nivel nacional, ser más exigente en su diseño y su etiquetado, o crear nuevas obligaciones para los productores en materia de gestión y de limpieza de los deshechos.

«El plástico envenena nuestros mares, mata a sus habitantes y nos amenaza, a nosotros, al final de la cadena. Era urgente actuar», aseguró el ponente del acuerdo, el eurodiputado liberal belga Frédérique Ries.

La UE también señala los plásticos llamados oxodegradables (considerados abusivamente como biodegradables aunque en realidad sólo se fragmentan en partículas minúsculas), así como los recipientes de poliestireno expandido, que suelen usarse para llevar comida.

La legislación, que las instituciones europeas negociaron a fines de diciembre y ahora debe confirmar el Consejo de la UE, también crea el objetivo de reciclar el 90% de las botellas de plástico para 2029. Su fabricación deberá contar además con un 25% de material reciclado para 2025 y un 30% para 2030.

El texto también refuerza el principio de que quien contamina paga, en particular para la industria del tabaco, que tendrá que cubrir los costes de recogida y reciclado de los filtros de cigarrillos a partir de 2023. «Una colilla lanzada al mar contamina entre 500 y 1.000 litros de agua», subrayó Ries.

Los productos cubiertos por esta legislación representan, según la Comisión, más del 70% de la basura marina, cuyos residuos se hallan en muchas especies como tortugas, ballenas y aves, pero también en peces y moluscos destinados al consumo humano.

Cuando presentó en mayo de 2018 su propuesta, Bruselas advirtió contra el riesgo de ver más plásticos que peces en el océano para 2050, si no se hacía nada para luchar contra la contaminación.

 

 

 

es.rfi.fr

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sentenció hoy que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) debe permitir el acceso a estudios de toxicidad y carcinogenicidad de la sustancia activa del glifosato, herbicida sobre el que alertó la Organización Mundial de la Salud en 2015.

La corte anuló así dos decisiones de la EFSA que denegaban el acceso a detalles sobre estudios relativos al herbicida más utilizado y polémico del mundo, empleado por multinacionales como Monsanto, para el que la Comisión Europea (CE) acordó en noviembre de 2017 renovar hasta 2022 la licencia en la Unión Europea (UE), pese a la oposición de países como Francia.

La EFSA había denegado la solicitud de acceso a distintas partes de estudios científicos de esa agencia relativas al impacto sanitario y medioambiental del glifosato que habían cursado un ciudadano europeo y los europarlamentarios ecologistas Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Benedek Jávor y Bart Staes.

Los demandantes recordaron en su solicitud que el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) concluyó en marzo de 2015 que el glifosato presentaba potencial carcinogenicidad y que, sin embargo, en noviembre de 2015, el examen por los homólogos de la EFSA había concluido que probablemente no presentase ningún riesgo carcinógeno para el hombre, indicó la corte.

La EFSA argumentó su rechazo a permitir el acceso a esos documentos, entre otros motivos, en base a que su divulgación supondría un perjuicio serio para los intereses comerciales y financieros de las empresas que presentaron los informes de estudio, y aduciendo no existía un interés público superior que justificase la divulgación.

Esa agencia de la UE consideraba también que «el acceso a las partes de dichos estudios no era necesaria para verificar la evaluación científica de los riesgos realizada de conformidad con el Reglamento relativo a la comercialización de productos fitosanitarios», agregó el Tribunal de Luxemburgo.

Sin embargo, el TGUE sostiene en su fallo que el público debe tener acceso «no sólo a la información sobre las emisiones (…) sino también a la relativa a las consecuencias a más o menos largo plazo de estas emisiones sobre el estado del medio ambiente, como los efectos de dichas emisiones sobre los organismos distintos de aquellos a los que va destinado el producto».

El fallo del TGUE, que admite recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), establece además que el acceso a esos documentos «reviste un interés público superior con respecto al interés basado en la protección de intereses comerciales de una persona física o jurídica».

Tras conocerse la sentencia, el eurodiputado español de EQUO Florent Marcellesi del grupo Verdes/ALE del Parlamento Europeo señaló que el fallo supone «una victoria en la lucha contra el secretismo cuando hay riesgos medioambientales y sanitarios de productos peligrosos como el glifosato».

«Gracias a la publicación de todos los estudios disponibles, en el futuro otros científicos independientes tendrán la posibilidad de hacer doble control sobre la ciencia que está detrás de las evaluaciones de los plaguicidas», añadió. EFE

 

 

 

La Vanguardia