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Como los días 4 de cada mes desde hace 18 años de manera ininterrumpida, los vecinos salieron a las calles de Esquel al canto de No a la Mina, la movilización se dio en simultáneo en las principales ciudades y localidades de la provincia impulsando además la Segunda Iniciativa Popular en pos de colectar la cantidad de firmas necesarias para volver a la Legislatura provincial con otro proyecto de ley creado por el pueblo.

El siguiente texto es el documento al cual se le dio lectura en la concentración de la Plaza San Martín:

Vecinos/as:

Nos volvemos a encontrar en esta plaza, la plaza que nos ha congregado en tantas oportunidades. En esta ocasión con fuerzas renovadas ante el reciente lanzamiento de la Segunda Iniciativa Popular. El proyecto surge ante la necesidad de mejorar la legislación vigente; nuestra ley XVII Nro 68 más conocida como ley 5001 sólo prohíbe la megaminería con uso de cianuro y a cielo abierto, lo que permitiría el extractivismo de otras formas no menos contaminantes.

Pero quienes habitamos la provincia de Chubut ya hemos presentado en la legislatura un proyecto de ley para prohibir la megaminería. En esa oportunidad el entonces diputado Muñiz, mientras ocupaba su banca en supuesta representación del pueblo, recibía mensajes en su teléfono celular para cambiar el articulado de la ley a favor de la minera nada menos que del entonces gerente de la multinacional. Se votaba una ley espuria, en una sesión viciada de nulidad que posteriormente sería vetada. Han pasado los años y nuestro proyecto de ley que fue escrito por el pueblo, para el pueblo aún no ha sido tratado. Y peor aún, hemos tenido que estar alerta ante la inminente posibilidad que presenten proyectos para habilitar la megaminería en la provincia, cuando no cuentan con licencia social.

Desde el día de su lanzamiento en toda la provincia se acercan vecinos y vecinas para apoyar el proyecto de ley que será presentado en legislatura provincial para su tratamiento. Y no sólo en Esquel: la rueda de la decisión comunitaria está en marcha y nada podrá frenarla. Este nuevo proyecto por Iniciativa Popular cuenta con el apoyo y el aval de Lago Puelo, Cushamen, Trevelin, Corcovado, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén, Alto Río Senguer, Lago Blanco, Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, José de San Martín, Paso de Indios, Las Plumas, Paso del Sapo, Gualjaina, Los Altares, Tecka, Vuelta del Río, Cerro Cóndor, Chacay Oeste, Yala Laubat, Gan Gan, Gobernador Costa, Ricardo Rojas, Facundo, Gaiman, Dolavon, Trelew, Rawson- Playa Unión, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Río Mayo, Río Pico, Puerto Pirámides y Puerto Madryn.

Muchos de los barrios de estas ciudades chubutenses han sido marcados por el ministro de seguridad Massoni en la conferencia del día 3 de julio, bajo el estigma de ser habitados por delincuentes. En el caso de Esquel los barrios criminalizados han sido el Ceferino y Badén. A sabiendas que esta situación profundiza aún más las desigualdades en este contexto, se financia y empodera a la policía para justificar represión y destrato en pos de una supuesta seguridad social. Como asamblea no podemos avalar estas prácticas de mano dura y discriminación contra los vecinos y vecinas del territorio. Tanto la anterior Iniciativa Popular como la que se encara esta vez, dan cuenta del trabajo comunitario que nos acerca entre vecinos y vecinas, para seguir reforzado y construyendo redes.

Este segundo proyecto de Iniciativa Popular surge del pueblo al igual que en el año 2012. Es un proyecto consensuado por todas las asambleas que conformamos la Unión de Comunidades Chubutenses; y especialmente lo volvemos a llevar adelante por el simple motivo de QUE NOS DEBEN UNA LEY. Por eso repetimos, diputados y diputadas chubutenses: los estamos observando porque nos deben una ley.

¡¡¡No es No!!!

¡¡¡No pasarán!!!

¡¡¡No Pasarán!!! Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina

«Estamos dispuestos a aceptar críticas constructivas para poder mejorar la ciudad», dijo Maderna al comenzar la charla. Fue con vecinos de los barrios Corradi y San José, a través de las redes sociales. La experiencia se repetirá con otros barrios de la ciudad.

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, inauguró ayer una nueva instancia de diálogo con los vecinos de la ciudad, adaptándose a las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19. Se trata de una serie de encuentros en vivo realizados a través de sus cuentas de Instagram, Twitter y Facebook.

El primer encuentro virtual fue con vecinos de los barrios Corradi y San José, que pudieron dialogar con el mandatario y sus funcionarios sobre temas relacionados al actual contexto epidemiológico de la ciudad y también plantear sus pedidos, sugerencias y preocupaciones sobre otros temas. Entre los temas planteados por los vecinos estuvieron los relacionados a trabajos de barrido, iluminación, poda y mantenimiento de calles.

El mandatario local estuvo acompañado por el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Sebastián de la Vallina, el secretario de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, Héctor Castillo y el secretario de Desarrollo Territorial, Javier Córdoba. Además participaron funcionarios de diferentes áreas.

«La intención de esto es que cada uno pueda expresarse, estamos dispuestos a aceptar todo tipo de críticas constructivas para poder mejorar la ciudad, la gestión, que ustedes se sientan parte de este proceso nuevo y también aprender de los errores que hemos cometido para tener mayores aciertos y que podamos trabajar en conjunto», indicó Maderna al iniciar el diálogo con los vecinos.

El intendente aseguró que «es muy importante conocer la opinión de los vecinos que son los que conocen el barrio y sus necesidades. Estamos en un contexto económico muy difícil que tenemos que atravesar y la mejor forma de poder salir adelante es uniéndonos, trabajando en equipo, prometiendo lo que podemos cumplir y comenzando a dar respuestas progresivamente», aseguró.

La reunión se concretó este miércoles entre el intendente Adrián Maderna y un grupo de vecinos del barrio 22 de Agosto, quienes reclaman al IPV que se redefina el valor de las cuotas de sus viviendas.

En este sentido, pidieron al Intendente Maderna, acompañamiento en el reclamo y previo a este encuentro, la coordinadora de Intendencia, Sandra Tribuzio, había participado de una reunión gestionada por el Municipio con autoridades del IPV.

Vale señalar que el reclamo de los vecinos comenzó tras recibir una notificación por parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la que se les informaba el inicio del cobro de la primera cuota de las viviendas, luego de 4 años, con montos que rondaban los 30 mil pesos.

Así mismo, se informaba la elección de sistema de amortización de deuda francés o UVI, con un plazo de respuesta de 4 días.

Ante esto, los vecinos argumentaron que en el 2016 los valores de las viviendas rondaban el millón de pesos y en la actualidad se impuso un plan de pago por encima de los $ 8 millones.

De esta forma, se acordó una próxima reunión para la semana que viene, entre la totalidad de los vecinos que reclaman por esta situación y funcionarios del Municipio.

Maximiliano Brandón, en representación de los vecinos del barrio 32 viviendas, expresó que “es increíble que nos quieran imponer una cuota de 30.000 pesos, cuando en realidad no tendría que llegar a los 10.000 ya que las viviendas fueron entregadas en 2016, con un valor de 14.120 pesos por M2 y la superficie de cada dúplex es de 65.93 M2”.

“Una vivienda que vale un millón de pesos, la quieren cobrar en 8 millones”, cuestionó el vecino.

Si bien reconoció que la voluntad de las familias es pagar, señaló la necesidad que dichas cuotas sean “accesibles y dignas”. Además, denunció que pese a haber sido entregadas hace 4 años, ya presentan problemas estructurales en pisos y paredes.

Por su parte, otra vecina, Natalia Davies, explicó que el objetivo es lograr “cuotas fijas en pesos y especialmente pelear el valor final de los inmuebles”, ya que “el monto de 8.700.000 pesos es irracional, para casas que ya están destruidas, con humedad y agujeros en el techo”.

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, aseguró que un gran porcentaje de los residentes del sector Oeste de la ciudad es gente trabajadora que no está vinculada a organizaciones delictivas.

El intendente, se refirió de esta manera a los habitantes de este sector barrial de la zona Oeste de la ciudad, a quienes desde algunos sectores se los busca estigmatizar y se los vincula a la delincuencia y al flagelo de la droga. “El 99% de los vecinos de INTA y Moreira son gente trabajadora, que con mucha dignidad hace todo lo posible para llevar un plato de comida a su casa”, aseguró.

“Siempre desde hace muchos años, no sólo con la pandemia, como se da en diferentes barrios de la ciudad, hay grupos delictivos, en los que trabajamos fuertemente desde distintas áreas municipales. Quizás las cuestiones sociales, las cuestiones del día a día, del trabajo del servicio de protección de derechos, de la policía comunitaria, del área de familia, del área de la mujer, de desarrollo social, que tienen mucha presencia en lo territorial con las organizaciones sociales, no se visibilizan adecuadamente, pero no significa que no se hagan”, explicó.

“Hay un trabajo muy fuerte con las bibliotecas, con las escuelas, con los movimientos sociales, con diferentes cooperativas, y las distintas áreas municipales, en busca de poder sacar a los chicos adelante mediante capacitación y alternativas laborales. Además, ofrecemos posibilidades desde lo productivo con la entrega de tierras para autoabastecerse de alimentos y comercializar también”, indicó posteriormente.

“Hay gente preparada y ejemplos claros de que se puede salir adelante, como la orquesta del barrio INTA, que es para destacar. Es una lucha desigual en muchos casos, pero en los que debe estar la presencia del Estado fortaleciendo los núcleos familiares y trabajando en red con otras instituciones”, concluyó Maderna.

Los vecinos y ambientalistas autoconvocados de Chubut lanzaron una campaña para reimpulsar, como lo vienen haciendo desde el 2012 y por la que habían presentado 13 mil firmas, la Iniciativa Popular que posibilite la sanción de una ley antiminera en la provincia.

«Porque nos deben una ley, hoy podemos decir SÍ a esta segunda Iniciativa Popular», expresaron en un comunicado los integrantes de la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses.

Comunicado de los vecinos y ambientalistas: 

¡Buen día, vecinos!

Este es un muy importante anuncio del que seremos parte.

Documento presentación IP 2020

La provincia de Chubut tiene una ley que la protege de los estragos que produce en los territorios la minería a gran escala. Esta ley, sancionada en el año 2003 como Ley 5001 y denominada ahora XVII-Nº 68, prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro como método de extracción.

Por esta razón, en el año 2012, las asambleas de vecinos de comunidades chubutenses que nos oponemos a la minería (UACCH) nos propusimos impulsar una legislación que ampliara la protección ambiental de la Ley 5001, utilizando para ello un mecanismo de democracia semidirecta establecido en la Constitución Provincial y denominado Iniciativa Popular.

El arduo trabajo de las asambleas que conformamos la UACCH permitió presentar en mayo del 2014 en la Legislatura Provincial un proyecto de ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras que fue acompañado con 13.007 firmas. Los diputados postergaron hasta el último día su tratamiento y el 25 de noviembre de 2014 cometieron impunemente un «fraude legislativo», torciendo así la voluntad del pueblo y aprobando por 15 votos a favor una ley que elles, durante el transcurso de la sesión, transformaron en ley minera.

Más allá de la indignación, se solicitó a la justicia la nulidad de la sesión, fundamentada en que no se había respetado la esencia del proyecto y en el conocimiento público de que les legisladores actuaron influenciades por empresarios mineros, tal como se pudo observar en la foto en la que se plasmaba el intercambio de mensajes entre el diputado Muñiz y Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold.

La Justicia no anuló la sesión y la Legislatura consideró que el proyecto de ley había sido tratado. Sin embargo, la ley resultante, que deshonra el rol de nuestres representantes ante el escándalo producido, nunca fue aplicada y fue derogada un año después. Nos robaron la democracia en la primera aplicación de la iniciativa popular.

Les vecines de la UACCH nunca nos detuvimos y desde entonces seguimos reclamando que aún nos deben una ley: una ley basada en los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional, principios que deben garantizar el presente y el futuro, que deben impedir el colapso de la naturaleza, que deben modificar el sentido antropocéntrico de las actividades humanas y así poder ubicarnos en un equilibrio con todos los otros seres que habitan el planeta.

La estupidez humana que nos llevó a la pandemia que nos atraviesa, producida por la inagotable ambición de les dueñes del poder, en lugar de originar una reflexión de sus conductas los lleva aceleradamente al más voraz extractivismo: Argentina paralizó todas las actividades en nombre de la prevención, pero dio rienda suelta a la deforestación, al fracking y a la minería a gran escala.

Nosotres somos el pueblo; el del territorio que sufre y se agota; el que es aplastado por el poder político-económico que nos deja aun sin el más vital de los elementos: el agua. Luchamos por una ley que garantice el agua pura a todes les chubutenses; pero además, por expresar a les gobernantes y empresaries que la minería metalífera en Chubut no cuenta con licencia social.

La Licencia Social para Operar es un concepto que forma parte del vocabulario de cualquier industria, es el requisito indispensable para el desarrollo de las actividades y sólo es otorgada por la aprobación y la aceptación de las comunidades. Resulta inútil intentar mecanismos de participación social en los proyectos, si en esencia, se trata de una actividad mundialmente conocida por los estragos que produce y no cuenta con garantías reales de sustentabilidad.

Por su parte, las empresas haciendo mal uso de la Responsabilidad Social Empresarial la utilizan como herramienta para comprar voluntades y generar una suerte de clientelismo empresarial. Este recurso, usado por Meridian Gold, Yamana Gold y Panamerican Silver no ha logrado revertir el rechazo a los proyectos mineros y el incremento constante de comunidades concientizadas de que no es éste el camino para el crecimiento provincial.

Además, estas comunidades, conocen y apuestan por otras actividades que son verdaderamente amigables con su entorno.

Porque confiamos en nosotres, con la dignidad que nos caracteriza, con la fuerza de este pueblo y el convencimiento de que estamos en el camino de la vida.

Porque nos deben una ley, hoy podemos decir SÍ a esta segunda Iniciativa Popular.

Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses

Chubut, 22 de junio de 2020.

El intendente, Augusto Sánchez, recibió a vecinos y vecinas de Paraje Golondrinas quienes solicitaron una presentación judicial por la situación de inestabilidad en la provisión de servicios de electricidad y agua en esa zona del ejido municipal.

Durante el encuentro, Sánchez aceptó trabajar tanto en las gestiones políticas para garantizar el cumplimiento del acta acuerdo (entre la provincia y el sindicato de la DGSP regional noroeste), como en la presentación de la acción de amparo colectivo por parte de los vecinos junto con el Municipio.

Las y los vecinos usuarios del servicio de energía eléctrica de las Golondrinas y otros parajes de noroeste de Chubut solicitaron que se “adopten las medidas adecuadas a los fines de solucionar y hacer cesar los cortes del abastecimiento de energía eléctrica y adoptar medidas para prevenir que esos cortes se reiteren”.

El Intendente recibió el reclamo y comunicó las acciones llevadas a cabo por la Municipalidad de Lago Puelo durante el fin de semana a fines de restablecer el suministro de energía en dicho paraje, al tiempo que informó respecto al acuerdo al que llegaron los trabajadores de la Dirección General de Servicios Públicos del Noroeste de Chubut y el Ministerio Infraestructura, Energía y Planificación, por el cual se levantó la medida de fuerza.

La Feria Trelew Primero contó con una gran cantidad de vecinos en su primer día de la semana, en el predio de la Sociedad Rural de Edison y Av. Rawson. Seguirá hoy con el mismo horario, de 9 a 14, y una hora antes de finalizar habrá entre todos los que concurrieron ambos días un sorteo especial por el Día del Padre con artículos donados por los feriantes y expositores del paseo de compras.

La tradicional variedad de productos artesanales y frescos del Valle a precios accesibles de esta feria convocó nuevamente a muchos vecinos, incluyendo también en esta oportunidad gran variedad de productos para regalar a papá a precios accesibles.

A las 13 de hoy en tanto, se realizará un sorteo especial por el Día del Padre, con un premio que incluye un borrego, una canasta de verduras, set de productos artesanales, entre los que se encuentran jabón líquido, set de lapiceras, jabones de jarilla y comestibles como pastafrola, yogurt natural, un turrón de girasol y miel, torta galesa.

Vale recordar que el ingresó al predio es de acuerdo a la terminación de DNI, por lo que hoy tocará a los que terminan en numeración impar; en tanto que se hizo saber a los vecinos que la feria cuenta con todas las medidas de prevención sanitaria para resguardar a la comunidad y asimismo a las personas que asisten a realizar sus compras.

Unos 25 vecinos se congregaron en las afueras del establecimiento escolar ubicado en la intercepción de Lisandro de la Torre y Juana Azurduy. “Nos vamos a quedar acá hasta que venga algún funcionario y nos muestre la verdad”, apuntaron.

En el lugar se vivieron momentos de tensión durante la jornada y aseguraron que adentro de la escuela habían camas y equipamiento, aunque desde el municipio señalaron que la idea de instalar el Hospital de Campaña quedó desestimada.

La posibilidad de que la Escuela 517 se convierta en un Hospital de Campaña despertó la furia de los vecinos de los barrios 1300 viviendas y Ñiaco. Desde la municipalidad habian anunciado que dicho establecimiento sería utilizado para recibir pacientes leves de COVID-19.

Por esta razón, vecinos de los barrios se congregaron sobre la intercepción de Lisandro de la Torre y Juana Azurduy para repudiar la decisión del municipio. “Luque hoy a la tarde confirmó que el colegio estaba preparado para traer pacientes acá. Tienen el predio ferial, ¿por qué quieren traerlo a este barrio que es humilde?”.

Aproximadamente 25 vecinos permanecían a las afueras de la Escuela y denunciaron “a la mañana vino Luque y los matones y sacaron a la gente que estaba pidiendo que no se instalen acá”.

“Hay gente acá a dos cuadras que no tienen gas, luz ni agua, y quieren traer infectados acá. Es un barrio rodeado de gente adulta y menores, nosotros mismos nos cuidamos. Hay gente que no tiene recursos ni para higienizarse las manos. Luque quiere traer a los infectados acá porque sabe que es un barrio humilde”, apuntaron.

Hasta el momento, anunciaron que “nos vamos a quedar acá hasta que venga un funcionario y nos muestre la verdad. Queremos que abran la Escuela para estar seguros”.

Fuente: El Comodorense Radio por FM La Petrolera.

El presidente del Concejo Deliberante de Trelew, Juan Aguilar, prohibió por resolución bloquear a los ciudadanos de las redes sociales que administre dicho organismo, actitud que sí toman otros ámbitos oficiales y que a menudo reciben el repudio social. Además, obliga a publicar en la página web del Concejo y en las plataformas virtuales el Orden del Día de cada sesión. Una decisión que aporta celeridad al trabajo de la prensa y es útil para que los trelewenses conozcan con anticipación qué temas llevarán los ediles al recinto.

Aguilar, en la resolución, destaca la importancia de publicar en la página web y redes sociales institucionales del Concejo el Orden del Día “a fin de garantizar el acceso a la información pública, cumplir con los objetivos de transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía”.

Aclara que “por privacidad se exceptuarán de dicha publicación las notas presentadas por parte de terceros mediante las cuales los vecinos suelen solicitar ayuda social”.

Regulación

Aguilar considera “pertinente” avanzar en la regulación institucional del uso de las plataformas públicas o redes sociales en lo referido al derecho a la información pública, estableciendo que las cuentas oficiales del organismo, las cuales difunden actividades oficiales, “no pueden bloquear a ciudadanos y ciudadanas”. Este criterio “fue avalado por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de México en 2019, que hizo lugar a un amparo a favor de un periodista que había sido bloqueado en su cuenta de Twitter por el fiscal general de Veracruz, luego de que el comunicador realizó una nota criticando su desempeño como funcionario. En su presentación, dicho periodista alegó dicha acción vulneraba su derecho de acceso a la información, pues le impide conocer datos de interés general vinculados al ejercicio del cargo público que ostenta la autoridad responsable”. Además el bloqueo “viola su derecho a la libertad de expresión, pues impide que, en su calidad de periodista, acceda a la información que el fiscal publica en su cuenta.”

Ante este planteo, tal como destaca Aguilar, “la Corte mexicana sostuvo que bloquear al periodista implica una restricción al acceso a la información pública debido a que no había motivos suficientes para considerar a la cuenta del Fiscal General como privada”.

Relevancia pública

Por la relevancia pública y por ser información de interés general “se ordenó al funcionario a que proceda a desbloquear al periodista y además estableció la prohibición de bloquear a cualquier ciudadano en virtud de su función pública”. Según la sentencia, “el bloqueo corresponde a un acto de autoridad que implica una restricción indebida al derecho de acceso a la información del periodista”.

Refirió además el presidente del HCD que “una situación análoga sucedió en EE.UU., donde una jueza le prohibió al presidente de ese país, Donald Trump, bloquear a sus contactos en Twitter, alegando que cuando un funcionario utiliza su cuenta para proveer información pública no puede bloquear a ningún ciudadano”.

En ambos casos, consigna la resolución “se reconoce que el ejercicio y la protección de derechos en el mundo real, también debe aplicarse en el ámbito digital”.

Como las redes sociales de los organismos públicos son un instrumento de información estatal, “la Presidencia del Concejo comparte el criterio de que el Estado no puede bloquear a sus ciudadanos; en consecuencia, se establece la prohibición de ejercer esa acción desde las cuentas institucionales del cuerpo, a los efectos de que todas las personas puedan acceder a la información brindada y expresar libremente su conformidad o disconformidad con el servicio legislativo prestado”.

La prohibición de bloqueo “no alcanza a las cuentas personales de los concejales del cuerpo en respeto de su autonomía; sin embargo, se los invita a adherir a ese criterio”, se expresa por último.