“Esto se trata de la respuesta inmediata que tiene la comunidad sobre lo que está aconteciendo”.
Señaló Andrea Bayllet y apuntó a la falta de respuesta estatal. Los tres principales incendios en la provincia de Chubut ya afectaron 21.000 hectáreas.
Brigadas autoconvocadas
De acuerdo con telesur, Brigadas autoconvocadas se encuentran en la primera línea de respuesta frente a los incendios forestales que están arrasando territorios de la Patagonia argentina.
Principalmente en el noroeste de la provincia Chubut. Los vecinos organizados se suman al esfuerzo sobrehumano de brigadistas y bomberos voluntarios que enfrentan las llamas bajo condiciones extremas.
El principal foco inició en Puerto Patriada y se extendió a zonas cercanas a las localidades de El Hoyo y Epuyén. Hasta el momento, en esa región el incendio.
Ya afectó 13.600 hectáreas de bosque, plantaciones y pastizales, además de destruir hogares e infraestructura.
Trabajos continuos
Bayllet agregó que “venimos trabajando desde el incendio anterior tanto en el combate como en la reconstrucción de viviendas”, mientras advirtió el desgaste acumulado que atraviesa la comunidad.
“No hemos podido levantarnos económicamente como sociedad después de los incendios del año pasado, pero sí estamos poniendo gestión y el cuerpo para atender esta contingencia”, agregó.
Asimismo remarcó que “necesitamos la solidaridad de los vecinos y también el reconocimiento de las autoridades, que dicen que está todo contenido.
Cuando en realidad somos nosotros y nosotras quienes hace ocho días estamos dejando el cuerpo y la cabeza para sostener esto que es una catástrofe”.
La ausencia del Estado
Desde el inicio del Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, el presupuesto para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió una reducción real superior al 70 por ciento.
Dejando a los cuarteles con escaso financiamiento, mientras que los brigadistas trabajan bajo condiciones de extrema precariedad.
En paralelo, una investigación de Tiempo Argentino reveló que el Gobierno de Chubut mantiene retenidos 600 mil dólares destinados a programas de prevención de incendios.
Desde el minuto uno, la Casa Rosada y el gobernador Ignacio Torres impusieron frente a los incendios un discurso punitivo y amenazante, centrado en un difuso enemigo público malvad.
Externo, al que presentan como un agresor al acecho. Construyen el debate público sobre la violencia para evitar que la conversación se instale en el desfinanciamiento y su negligencia por la falta de prevención.
A pesar de que los fuegos ya no son novedad.
“Va a haber definitivamente una medida ejemplificadora. No le vamos a dar el gusto a estos violentos”, había referido Torres apenas iniciado el fuego,.
Quien dos días más tarde añadió que “vamos a hacer que los responsables paguen como tienen que pagar; son los mismos violentos de siempre”.
El ministro del Interior, Diego Santilli, insistió en la “tolerancia cero a estos criminales que atentan contra la naturaleza, la propiedad privada y la vida de los seres humanos. Hay que ir a fondo”.
Sin embargo, denuncian que detrás del fuego hay intereses inmobiliarios, al estilo de lo acontecido en Chile, cuando los fuegos arrasaron con Viña del Mar.
En diciembre de 2025, mientras comenzaba una nueva temporada de incendios el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni anunciaba la agenda acordada.
Por el Consejo de Mayo para vaciar las leyes socioambientales de Bosques, Tierras y Manejo del Fuego.
Medios locales y analistas resaltan que al Estado no le interesa combatir el fuego porque preparan el terreno para la apropiación privada de los territorios que habitan las poblaciones y comunidades originarias.
Se trata de una combinación explosiva de ajuste y precarización, desregulación para favorecer intereses económicos y una mayor profundización de la crisis socioambiental.
Criminalización del pueblo mapuche
En este contexto, comunidades Mapuche del Puel Mapu («tierra del este» en mapudungún) denuncian un “desalojo a punta de fuego”, acusando a los Gobiernos nacional.
Y provincial de utilizar los incendios forestales como una herramienta de desplazamiento territorial y de criminalizar al pueblo mapuche mediante acusaciones sin pruebas.
Los voceros de más de una decena de comunidades y organizaciones de derechos humanos denuncian que los señalamientos son una maniobra para desviar la atención de la grave falta de previsión estatal y la ausencia de infraestructura.
“Los medios regionales y nacionales se exaltan y ponen énfasis por el hecho de que sean intencionales.
Pero nada dicen de la falta de previsión por parte del Gobierno, después de lo vivido el año pasado en Epuyen, donde se destruyeron más de 70 viviendas y la mayoría no se han reconstruido.
Aún con ese panorama no hubo ninguna previsibilidad, ni con tanques australianos, ni raleos de bosques de pinos.
Y ni hablar de los trabajadores del Manejo del Fuego, brigadistas, con contratos precarizados, de los cuales se despidió casi el 50 por ciento de los trabajadores, en este último año”, puntualizaron.
En el comunicado repudian la hipótesis de “terrorismo ambiental” planteada por el Ministerio de Seguridad, recordando que las comunidades originarias son las primeras víctimas de las llamas, perdiendo viviendas, animales y bosques nativos.
