Cordillera

Touriñan criticó a Miquelarena por el cierre de la causa de espionaje a ciudadanos de Esquel

El titular de la bancada del Frente para la Victoria (FpV) en la Legislatura, Javier Touriñan, cuestionó ayer al procurador Jorge Miquelarena por haber dado por cerrada la causa de espionaje a habitantes de Esquel, en la que se acusó a los fiscales de esa localidad por haberse valido de material acercado por un espía y que consistía en datos personales y filiaciones políticas de ciudadanos vinculados a la causa antiminera.
Touriñan aseguró que «es llamativo» el planteo de Miquelarena de intentar vincular al espía con funcionarios de la gestión anterior, ya que se trata de «un hecho de inteligencia donde ha habido un espía que ingresó en las oficinas de la Fiscalía y ha tenido acceso a una computadora del Ministerio Público Fiscal, que estaba en resguardo de los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini. No cualquiera entra a una oficina y se mete en una computadora», afirmó.
El diputado dijo que la Fiscalía de Esquel tenía pleno conocimiento de las actividades de espionaje sobre vecinos, y recordó: «el caso más notorio fue el de la toma de tierras de la estancia Leleque, donde se ubica a Jones Huala, tema que Miquelarena conoce porque estaba presente conmigo, cuando le presentaron una carpeta los fiscales involucrados, y en la carpeta aparece una foto de Jones Huala que había sido aportado por esta persona, claramente había pleno conocimiento del hecho que estaba teniendo lugar», sostuvo.
En el mismo tono, Touriñan señaló: «no hay nada que certifique los dichos de Miquelarena, que diga que hay vínculos entre esta persona y el anterior gobierno», expresó.
Y lo atribuyó a «la corporación judicial que funciona y que se amparan entre ellos, porque el único vínculo que aparece con funcionarios son los mismos fiscales que defiende Miquelarena, y eso marca que la corporación judicial existe y se abroquela en defensa de sus integrantes».
Touriñan también opinó: «es una vergüenza que la causa quede cerrada, y que desde la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia no se haga nada, porque hablamos de investigaciones sobre personas que están prohibidas por los pactos de derechos humanos y ahora quedan en la nada, como si nada hubiese pasado».
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