«Alguna vez el Estado deberá rendir cuentas,» dijo Mario Das Neves. Aquella cita, casi profética, pareciera ser que muy pronto lo tendría al propio gobernador como protagonista principal.
Esto se daría en el marco de las irregularidades múltiples que se van conociendo en el IPV Chubut, ente que de acuerdo a la Ley dada hace 42 años, depende del Poder Ejecutivo Provincial.
Son de dominio público las anomalías en el Instituto de la Vivienda. Arbitrariedad en la selección de postulantes a una vivienda o a un préstamo individual; la distribución geográfica inequitativa de las casas; la arbitrariedad en la asignación de planes a determinadas Entidades Intermedias; La ejecución sin el control pertinente de las Obras Delegadas; el escaso recupero de cuotas, con una alta morosidad y con valores inmorales en otros casos; el descontrol en la administración del IPV, que impiden saber con certeza cuántas viviendas se han construido, en qué lugares están ubicadas y a quienes se las han adjudicado; si ingresaron o no más de 293 millones de pesos entre 2009/2010, son parte de los motivos por los que el Estado deberá dar explicaciones.
Pero más allá de que el Estado deberá rendir cuentas ante la Justicia y Diputados, a nivel privado y como era de esperar y prever ante tantas injusticias en algún momento aparecerían las denuncias y las demandas contra el IPV Chubut.
Las mismas se harían reclamando por el daño económico que el accionar del Instituto habría causado a miles de postulantes que se vieron postergados indebidamente, y como consecuencia entre otros aspectos han tenido que seguir pagando alquiler en muchísimos de esos casos.
Se supo hace unos días que en un reconocido estudio de Abogados de Trelew, hace algún tiempo que comenzó el análisis del tema y a estudiar la reglamentación vigente que debería cumplir el IPV.
Uno de los hombres de derecho comento:» creemos que habría fraude cometido por quienes disponen a su arbitrio, en contra de la reglamentación vigente, el procedimiento para la adjudicación de viviendas del IPV, en perjuicio del orden de prelación de los anotados en el registro, causándoles a ellos y a los bienes del estado que administran un daño económicamente mensurable.»
A esta altura y con toda la difusión que medios de la provincia hacen sobre el tema IPV, muchos ciudadanos del Chubut conocen y hablan sobre el Instituto.
Sin embargo pareciera ser que para algunos Fiscales y el Procurador Jorge Miquelarena, principal responsable del Ministerio Público Fiscal, lo que pasa en el IPV sería desconocido, y por lo tanto no es denunciado e investigado por ellos mismos actuando de oficio.
Donde si se sigue avanzando con el trabajo sobre el IPV Chubut es en la Casa de las Leyes. En Julio la Legislatura, aun con los votos negativos del Chu.So.To., aprobó la Ley XXV – N° 56 que dio creación a una Comisión Especial que tienen la misión de Investigar lo actuado por el IPV Chubut desde 2004 a la fecha.
Volviendo a la novedad sobre la demanda en análisis en el estudio de abogados de la ciudad de Luis, la fuente informante señaló que también están siguiendo lo que pasa con el tema de las 81 viviendas en barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia.
Como se sabe este es un caso testigo sobre irregularidades, que investiga la Fiscal Camila Banfi Saavedra y tiene como imputados al ex Delegado del organismo en la ciudad petrolera y a otros siete agentes.
La Fiscal Banfi Saavedra en la audiencia de apertura de Investigación realizada el pasado mes de mayo, dijo que en el IPV comodorense se cobraba entre 80 y 100 pesos de coima y hasta se pedía favores sexuales a cambio de una vivienda.
Esta causa se inicia con una denuncia realizada por Ricardo Trovant quien por entonces era el Presidente del IPV Chubut, que no hizo otra cosa que cumplir con la obligación que manda el artículo 262 del Código Procesal Provincial.
Este artículo obliga a los funcionarios a denunciar todo delito de acción pública que conozcan de hecho en ejercicio de sus funciones, aunque la salvedad es que están exceptuados de denunciar si razonablemente arriesgan la persecución penal propia.
Un analista político, muy conocido por su larga trayectoria en los medios del Chubut, comentó y se preguntó: «¿los Fiscales del Chubut no actúan por si en el caso del IPV porque arriesgan la persecución penal propia, o porque se arriesgan a desatar la ira de Mario Das Neves?”
Por Luis Dupuy
dupuy2019@gmail.com