La defensora técnica de Facundo Jones Huala, Sonia Ivanoff, consideró que el Estado busca instalar una condena social hacia los pueblos originarios debido al informe que realizó el Ministerio de Seguridad.
La defensora técnica de Facundo Jones Huala, Sonia Ivanoff, consideró que el Estado busca instalar una condena social hacia los pueblos originarios debido al informe que realizó el Ministerio de Seguridad donde denuncia a la Resistencia Ancestral Mapuche por delitos en la zona patagónica.
El 30 agosto, un día antes de que se tratara en Esquel la extradición a Chile del lonco Facundo Jones Huala –la que finalmente fue rechazada por la Justicia Federal-, el Ministerio de Seguridad de la Nación realizó un balance de sus primeros seis meses de su gestión donde acusa a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos.
El informe asegura: «sus miembros (de la Resistencia Ancestral Mapuche) están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza».
La defensora técnica del líder mapuche Jones Huala y de otras comunidades de pueblos originarios, Sonia Ivanoff, planteó: «la situación de la revalorización de ley y la problemática del territorio mapuche es uno de los conflictos que el Estado nacional estaría teniendo y que atenta contra la seguridad nacional».
Asimismo, la abogada consideró que la situación le preocupa «no solo como abogada de Facundo Jones Huala sino como abogada de varias comunidades» y manifestó que estas premisas no hacen más de incrementar una brecha de conflictividad y criminalización.
«El Estado busca instalar en la sociedad la condena social hacia los pueblo originarios. El informe plantea que a los pueblos originarios que son como una organización que planea utilizar el temor para implantar sus ideas por la fuerza. Estos puntos son muy interesantes porque nos recuerda a una etapa negra de nuestra historia que tiene que ver con la persecución al que piensa distinto y, en realidad, el pueblo mapuche pretende que el Estado le garantice los derechos que tradicionalmente ocupan», argumentó Ivanoff.
En este sentido, la defensora de Jones Huala aseguró el informe implica que el pueblo mapuche sea juzgado por la Ley Antiterrorista, bajo la órbita de jueces federales. No me extraña que se pida la cabeza de algún líder del pueblo mapuche. Hoy aparecen en la agenda de las autoridades, antes eran invisibilizados porque no les gusta cómo piensan y, en consecuencia, tienen que irse a otro lado, subrayó.
INVESTIGACION
Ivanoff también destacó que el Ministerio de Seguridad reconoció en el informe que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza «tareas de investigación» en las comunidades nativas.
«Me parece las tareas de expionaje se vienen haciendo desde diciembre 2014. Las tareas de inteligencia recorriendo las comunidades indígenas para ver si había organizaciones mapuches o unidades de ideologías radicadas. Esto es muy preocupante y muy perverso por parte del Estado, argumentó.
«Nos preocupa el grado de militarización en la cordillera. El Estado tiene que reconocer el paradigma con los pueblos originarios, tienen derechos y deben garantizarlos», sostuvo la abogada.
Por otra parte, Ivanoff subrayó que los cortes de rutas que se han desarrollado en la zona de Leleque por parte de activistas que responden a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) determinaron un aumento en la seguridad donde la presencia de gendarmes se ha mantenido hasta el momento.
También explicó que Jones Huala sea líder de la RAM sino que lidera la recuperación territorial del espacio y desligó su participación en un incendio en la localidad de El Hoyo y una bomba molotov en Corcovado.
