La red de apoyo a comunidades mapuches en conflicto denunció que la Gendarmería tiene previsto un allanamiento a la comunidad de Cushamen.
El carácter violento del operativo en preparación se deduce de la consulta realizada hace una semana por un jefe de la Gendarmería al hospital de El Maitén, donde inquirió si sus instalaciones estarían en condiciones de recibir heridos de gravedad.
El allanamiento tendría lugar hoy, por lo que las comunidades se declararon en estado de alerta, responsabilizaron al gobierno nacional y a la Gendarmería, al gobierno de Chubut y su policía provincial, al Geop, a la Infantería y a los responsables del tren conocido como La Trochita, por cualquier daño físico y/o psicológico y de la vida de los hombres, mujeres y niños que viven en la comunidad “Lof en Resistencia Cushamen”.
Lof significa comunidad en mapuche y Cushamen es la localidad de menos de mil habitantes que resiste la enajenación de las tierras de sus antepasados.
En su edición de ayer, el bisemanario digital Perfil publicó una curiosa nota firmada por una periodista cuyas especialidades conocidas son la poesía y la ciencia, en la que señala la existencia de una zona liberada, con presencia de las FARC de Colombia y el tráfico de armas entre Chile y la Argentina para alimentar una forma violenta de hacer política. Esto coincide con las definiciones del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que desde fines del siglo pasado insiste en ubicar entre las “nuevas amenazas” a la seguridad (de ese país, desde luego) al indigenismo o el nacionalismo indígena, junto con el terrorismo, el narcotráfico y el populismo radical.
La nota de Perfil firmada por Cecilia Moncalvo señala que la Gendarmería envió 150 efectivos de refuerzo a la zona, menciona como líder de la resistencia al lonco mapuche Facundo Jones Huala (a quien despoja de su primer apellido) y afirma que “tiene pedido de extradición de Interpol y Chile por incendios, tenencia de armas y su paso ilegal a ese país”.
Hace cien días el juez federal de Esquel, Guido Otranto, declaró nula la causa en la que se tramitaba esa extradición debido a las prácticas ilegales con las que se llegó a formular la solicitud, que incluyeron la tortura a uno de los testigos en contra del líder mapuche.
Dos fiscales y dos comisarios provinciales fueron indagados por ello y está procesado un agente de la AFI que los abasteció de inteligencia sobre movilizaciones sociales y marchas contra la instalación de una mina.
A raíz de ese fallo, que fue apelado ante la Corte Suprema de Justicia, el gobernador Mario Das Neves promovió el juicio político de Otranto ante el Consejo de la Magistratura.
El Grupo de Jones Huala, Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), recuperó tierras que pertenecen a la comunidad pero que fueron adquiridas en forma ilegal por la empresa trasnacional de indumentaria Benetton y reivindica un uso racional de los ríos.
Perfil entrevistó al presidente de la Sociedad Rural de Bariloche, Santiago Nazar, a la oficina de prensa de Das Neves y a voceros de Benetton. Según Nazar “se vive un vacío donde el Estado no está presente”, mientras “este movimiento violento busca el blanco más fácil, que son los terratenientes extranjeros”.
Agregó que el anterior gobierno no intervenía. No hay duda de que el actual ha pasado a considerar los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales no un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal “ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”, según un informe de gestión del Ministerio de Seguridad fechado el 30 de agosto pasado.
Ocho meses antes la Corte Suprema de Justicia rechazó el carácter federal y la aplicación de la ley antiterrorista a la causa que se instruía contra Martiniano Jones Huala, tío de Facundo, y otros representantes mapuche. Por el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, la Corte remitió el expediente a la justicia provincial.
Patricia Bullrich atribuyó a la Resistencia Ancestral Mapuche en aquel informe “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas en las provincias de Chubut y Río Negro” y dispuso que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) centralice “las tareas de investigación”, cosa que no guarda relación con su especialidad.
Sin especificar la fuente, la ensalada que sirve Perfil mezcla ahora a las FARC con “los carteles de Colombia y México” y afirma que aterrorizan a “los vecinos” con un arsenal y temible, que incluye piedras, palos, bombas molotov y armas de fuego. Como modo de acción señala los incendios que realizaría la RAM.
Es llamativo que la asistencia de la Guardia Nacional del estado de Georgia en caso de incendios sea uno de los capítulos del acuerdo que el segundo jefe de esa organización provincial, general de brigada Joseph Jarrard, firmó el 13 de diciembre con el ministro de Defensa Julio Martínez.
Las definiciones de la Guardia Nacional y del Comando Sur indican que el Programa de Asociación Estadual (The State Partnership Program) iniciado en 1991 para asistir a las naciones surgidas del extinto bloque soviético sin suscitar la suspicacia que hubiera producido la presencia directa de los marines o el US Army cerca de la frontera de Rusia, se convirtió en una herramienta clave para los intereses de seguridad de Estados Unidos y los Comandos de Combate de sus Fuerzas Armadas, que así supervisan el proceso político y obtienen mano de obra militar barata.
Luego se expandió a Latinoamérica y el Caribe, donde la Guardia Nacional “conduce compromisos entre fuerzas militares, en apoyo de objetivos de defensa y seguridad.
En los últimos años la Guardia Nacional intervino como fuerza castrense activa en conflictos internacionales en Medio Oriente.
En 2003 la periodista del diario Washington Post Dana Priest describió en su impresionante libro The Mission. Waging War and Keeping Peace with America’s Military cómo en la última década del siglo pasado el establishment militar de su país desplazó a la Secretaría de Estado en la formulación y ejecución de la política exterior estadounidense.
Esto se hizo evidente en forma dramática a partir del 11 de setiembre de 2001, cuando el ministro de Defensa Donald Rumsfeld subordinó en la toma de decisiones al canciller Colin L. Powell y amenaza profundizarse en la inminente administración de Donald Trump, donde tanto el Consejo de Seguridad Nacional como el Ministerio de Seguridad Interior y el Ministerio de Defensa al que se menciona siempre como El Pentágono, quedarán en manos de tres generales (Michael Flynn, John Kelly y James Mattis), algo sin precedentes y que ha levantado dudas sobre la continuidad del control civil de las Fuerzas Armadas, incluso en medios tan tradicionales como The American Conservative.
En su informe 2005 del proyecto Global Trends 2020, el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos define así las amenazas y desafíos para la hegemonía estadounidense: “Para 2020 el PIB de la República Popular China será mayor que el de la mayoría de los países de Occidente y, aunque su poderío es casi una certeza, se mantiene como incógnita si sus relaciones con otros países serán de cooperación o de confrontación.
El Islam, por su parte, tanto en su vertiente religiosa como política, tenderá a acrecentar su influencia y aunque es probable que Al Qaeda ya no exista en 2020, habrá sido reemplazada por otros grupos islamistas radicales mucho más pequeños y eficientes gracias a los avances en la tecnología de la información. ¿Y qué sucederá en Latinoamérica? Nada bueno: la emergencia de movimientos indigenistas políticamente organizados hará tambalear la organización de los Estados y pondrá en serio riesgo la seguridad regional. Los casos de México, Ecuador, Bolivia y Chile ya lo estarían advirtiendo”.
Por Horacio Verbitsky