La Iniciativa Ciudadana para el control del Sistema de inteligencia (ICCSI) se presentó como “amigo del tribunal” en la causa que investiga la responsabilidad de un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dos policías provinciales y dos fiscales en el espionaje ilegal a movimientos sociales y vecinos de Esquel.
La causa judicial es de trascendencia colectiva e interés general: se trata de delitos graves y de funcionarios judiciales que incumplieron la ley y convalidaron actividades ilegales de inteligencia. Por estos motivos, la ICCSI aporta a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia argumentos sólidos que refuerzan el planteo de la querella con el fin de demostrar la responsabilidad penal de los fiscales y los policías por la violación del artículo 43 bis de la ley 25.520 y del agente de la AFI, por la violación de los artículos 43 bis y 43 ter de la ley 25.520.
Las actividades de inteligencia ilegal sucedieron durante 2015: 26 personas fueron objeto de observación prolongada, seguimiento, grabación de comunicaciones e infiltración de reuniones. Todas ellas formaban parte de la organización “No a la mina” y/o de la comunidad mapuche que participaba de la recuperación de territorios ancestrales, en conflicto con la corporación Benetton, en la localidad de Leleque.
El agente de la AFI realizó actividades de inteligencia que no le fueron ordenadas por las autoridades de la AFI ni por una solicitud y autorización judicial. Además, recopiló información sobre personas en función de su raza, ideología política, su pertenencia a organizaciones sociales, políticas y sindicales; todo lo cual está prohibido por ley y vulnera las garantías constitucionales. Esta información fue suministrada a los fiscales que intervenían en la causa judicial sobre el conflicto entre la comunidad mapuche y Benetton.
Los fiscales se vincularon con el agente sin respetar la ley de inteligencia, y aceptaron y almacenaron la información pese a su origen ilegal. Finalmente, los procesamientos también demuestran que el agente de la AFI mantuvo estrecha relación con dos jefes policiales y colaboró en la investigación de los hechos, situación que también es ilegal.
Esta causa muestra prácticas recurrentes del sistema de inteligencia que vulneran los derechos a la libertad de expresión y de asociación y privacidad. Por este motivo, los hechos deben ser investigados en profundidad para determinar qué vínculos existen entre el poder judicial, los actores económicos y políticos y el sistema de inteligencia.
La causa también muestra la enorme discrecionalidad que tienen tanto los miembros de la AFI como los funcionarios policiales para realizar tareas de inteligencia de cualquier índole sin control de sus autoridades operacionales y políticas, la ausencia de normas internas que regulen estas prácticas, y la persistente complicidad de las autoridades judiciales.
En nuestro país, las actividades de inteligencia por cuestiones ideológicas han sido una constante que puede rastrearse en las últimas dictaduras y en estos años de democracia. Hay ámbitos en donde estas prácticas persisten, cuestión que todavía no se asume como un problema sino que, por el contrario, es con frecuencia usufructuada con fines políticos, en este caso para criminalizar a organizaciones sociales.
Por todo esto, desde la ICCSI solicitamos que se extremen los controles (en la AFI, las policías y la Justicia) y se sancionen las conductas ilegales, en pos de que las autoridades políticas que deben gobernar el sistema asuman las responsabilidades indelegables que tienen para su democratización.
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