El Gobierno nacional y la Universidad de Buenos Aires quedaron en el centro de una fuerte disputa por el manejo de los fondos destinados a hospitales universitarios.
Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias se lanzó una dura acusación de “extorsión política” y se cuestionó el esquema de distribución presupuestaria vigente.
Acusaciones cruzadas por el manejo del presupuesto
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, denunció que la UBA intenta concentrar la mayor parte de los recursos destinados a la red de hospitales universitarios del país. Según afirmó, la casa de estudios exige quedarse con el 95% de los fondos nacionales, lo que equivale a unos 75.000 millones de pesos.
En ese marco, sostuvo que para el resto de los hospitales universitarios quedarían apenas 4.000 millones de pesos, generando un fuerte desequilibrio en la asignación de recursos.
Álvarez vinculó el conflicto a una “extorsión política” impulsada por el vicerrector Emiliano Yacobitti, a quien acusó de utilizar la situación sanitaria como herramienta de presión pública.
El esquema de fondos y el conflicto por el Hospital de Clínicas
El reclamo de la UBA surgió tras advertir una supuesta falta de envío de fondos para el Hospital de Clínicas. Sin embargo, desde el Ejecutivo nacional desmintieron un desfinanciamiento y afirmaron que los recursos fueron girados correctamente.
El presupuesto universitario contempla dos grandes componentes: fondos mensuales para cada institución y un fondo anual extraordinario de 80.000 millones de pesos destinado al sistema de salud universitario.
Álvarez explicó que la UBA busca concentrar gran parte de ese fondo en los primeros meses del año, lo que generaría un desequilibrio en la distribución general.
Auditorías, transparencia y disputa política
Otro de los puntos centrales del conflicto es el control de los fondos. El Gobierno insiste en avanzar con auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), mientras que la UBA mantiene su rechazo y plantea auditorías posteriores a través de la Auditoría General de la Nación (AGN).
“La ley es clara: la auditoría interna corresponde a la SIGEN”, sostuvo Álvarez, quien cuestionó la negativa de la universidad a ser supervisada en tiempo real.
El funcionario también apuntó contra el uso político del conflicto y aseguró que detrás de la disputa hay intereses ajenos a la educación y la salud.
Reforma del sistema universitario y debate por recursos
Álvarez planteó la necesidad de reformar el esquema de distribución presupuestaria, que actualmente depende de criterios históricos y negociaciones políticas. Propuso un modelo basado en indicadores objetivos como cantidad de alumnos reales, graduación e infraestructura.
También cuestionó la baja tasa de egreso en la UBA, que estimó en torno al 30%, y denunció irregularidades en el registro de estudiantes, señalando duplicaciones y falta de actividad académica real en parte del alumnado.
Además, puso el foco en el financiamiento de estudiantes extranjeros, especialmente en carreras como Medicina, donde aseguró que representan cerca del 50% de la matrícula.
La disputa entre el Gobierno y la UBA expone una tensión de fondo sobre el financiamiento, la transparencia y el rol del sistema universitario público en la Argentina. Mientras el conflicto continúa, la discusión sobre cómo se distribuyen los recursos promete escalar.