Autoridades judiciales suspendieron el mandamiento de la titular del Juzgado de Ejecución Nº 2 de Trelew, María García Abad, para que representantes de la firma Cervecería y Maltería Quilmes, pudieran retirar maquinaria de la planta de Pepsi, donde en las afueras permanecen apostados los trabajadores despedidos.
Los representantes del Juzgado de Ejecución Nº 2, el intendente Adrián Maderna, el dirigente de la CTA Autónoma, Guillermo Quiroga, en nombre de los trabajadores, y autoridades policiales, firmaron un acta acuerdo en la que declararon que «no están dadas las condiciones» para llevar adelante el mandato de la jueza García Abad. El acta firmada cerca de las 12.30, hizo que se descomprimiera el conflicto.
En el acta, que fue leída en voz alta, queda sentada la posición de los ex empleados de Pepsi, quienes esgrimieron que si se retiran las máquinas «corre riesgo cobrar lo que se les debe». También las partes concuerdan en que la protesta se está desarrollando fuera de la planta. «Dejo constancia que la ubicación de ex empleados no es en la planta sino vía pública. No se puede realizar la medida ordenada. Dejo constancia que se encontran todos de acuerdo en que se realice por no estar dadas las condiciones», dice el acta.
No obstante, la orden judicial incumplida sigue vigente y se prevé que se ejecutará cuando estén dadas las condiciones. Durante la jornada hubo llamados telefónicos entre Maderna, autoridades de la Quilmes y el ministro de Producción, Pablo Mamet. Ayer desde temprano, circuló el rumor de que se venía una orden de desalojo en la Planta de Pepsi, que llevó a referentes políticos como el abogado Jorge Hualpa y el dirigente del PSA, Anselmo Montes, a mostrar su solidaridad con los despedidos.
CRECE LA TENSION
Ayer al medidodía, se vivieron momentos de tensión en el acampe que están realizando los ex empleados de la Pepsi en reclamo del cobro de indemnizaciones. Funcionarios judiciales se presentaron en la planta a requerimiento de la jueza García Abad para que la empresa se lleve la maquinaria.
Frente a la resistencia de los ex trabajadores, debió intervenir la Policía del Chubut para intentar despejar la entrada. Las fuerzas policiales estuvieron encabezadas por el segundo jefe de la Unidad Regional, Felipe González. Los empleados pidieron tiempo a los funcionarios judiciales hasta resolver en asamblea la postura frente a la orden judicial.
En medio de las tensiones, la jueza García Abad ratificó vía telefónica que debía concretarse el despeje de la Planta de Pepsi. Según consta en el acta judicial, los ex empleados no quisieron dar a conocer su identidad.
«Manfiestan ser ex empleados que prefieren no identicarse. Manifestan que solos no pueden tomar la decisión y deben realizar asamblea con compañeros. El jefe de notificacioes habló con la jueza García Abad a las 11.20, y les dijo que no es viable esperar la asamblea», reza el acta judicial en uno de los tramos.
PRESENCIA DE MADERNA
Cuando la situación comenzaba a desbordarse, llegó el intendente Adrián Maderna, quien debió mediar entre las partes para que la situación no pasara a mayores. «La empresa (Quilmes) plantea sacar maquinarias específicas para poder llevárselas a otra planta.
Estamos tratando de buscar la mayor solución posible, que no es fácil. Vamos a buscar un equilibrio entre todos», dijo Maderna en el fragor de las negociaciones.
El intendente intentó encontrar un punto de equilibrio entre el cumplimiento de las decisiones judiciales, y la difícil situación de los trabajadores. «Somos respetuosos de las decisiones judiciales, las respetamos a rajatabla como tiene que ser», declaró Maderna en medio de las tensas negociaciones.
Al mismo tiempo, «sé que hay un respeto de los trabajadores porque están protestando de manera pacífica en la vía pública, siempre vamos a apoyarlos en un marco de respeto. Están concientes la autoridades policiales con un sentido común muy fuerte», subrayó Maderna quien llegó acompañado por el titular de la Guardia Urbana, Segundo Almonacid.
También intervino el secretario general de la CTA Autónoma, Guillermo Quiroga, en defensa de los ex empleados. «Con buen criterio el oficial de Justicia acordó que no podía llevarse a cabo (el ingreso a la planta), porque no íbamos a permitir que se perjudiquen los interes con los trabajadores», dijo Quiroga quien ratificó que van a «acompañar y reforzar» el trabajo de los ex empleados desde la CTA.
Luego se hizo presente el dirigente sindical Santiago Goodman, quien estuvo acompañando a los trabajadores. Más tarde llegó al abogado Eduardo Hualpa, referentes de organizaciones sociales y fuerzas políticas, como el «Negro» Ochoa del PJ.
El Chubut