Familiares de acusados por crímenes de lesa humanidad quieren cambiar la ley que les impide declarar contra sus progenitores.
Meses atrás, hijos de represores argentinos se rebelaron contra sus padres y se unieron para exigir que no salgan de la cárcel. Ahora piden al Congreso cambiar la legislación que les impide declarar contra ellos en juicios por crímenes de lesa humanidad. Los familiares agrupados en el colectivo «Historias desobedientes» denuncian que una vez decididos a romper el pacto de silencio familiar ahora son las leyes argentinas las que les impiden testificar sobre las atrocidades cometidas durante la última dictadura (1976-1983).
Es el caso de Pablo Verna, dispuesto a declarar contra su padre, el excapitán Julio Alejandro Verna, médico militar. Frente al Congreso, Verna, impulsor de la ley, recuerda que comenzó a sospechar cuando tenía 11 o 12 años, aún sin un punto de vista crítico. Fue «un camino muy largo» llegar a escuchar la verdad, cuenta a EL PAÌS. «Le pregunté muchas veces y él siempre me negó su participación», dice. Tuvo que esperar hasta 2013. «Yo tenía conocimiento de los hechos por mi madre y él lo admitió. Admitió que participó en los vuelos de la muerte, inyectando a personas que viajaban en los vuelos con anestesia que los dejaba prácticamente inmóviles», asegura. Desde ese dìa no ha vuelto a tener contacto con él. Detalla que su padre está acusado por la querella, pero no ha sido imputado por el fiscal.
El Código Procesal Penal argentino prohibe que una persona denuncie o declare contra un familiar directo a menos que éste sea la víctima directa del delito. El colectivo quiere modificar los artículos 178 y 242 que lo impiden. «Esta reforma es para que estas prohibiciones sean removidas cuando se trate de delitos de lesa humanidad, habilitando a las hijas, hijos o familiares de genocidas, que en forma voluntaria quieran dar su testimonio, y de esa manera puedan aportar a la causa», sostiene el proyecto legislativo publicado en la página web de Historias Desobedientes.
«Nosotros sufrimos un mandato de silencio familiar, para que lo que se hablaba no saliera de la puerta de casa. Pero la ley es también una mordaza que nos impide hablar», asegura Laura Delgadillo, cuyo padre, comisario de policía, murió sin condena. «Quizás (poder declarar) no sea de gran ayuda en los juicios, pero queremos colaborar en la reconstrucción de la memoria colectiva», agrega Delgadillo.
Argentina tiene abiertos en la actualidad 16 juicios por crímenes cometidos durante la última dictadura. Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, han sido condenadas 818 personas en 193 sentencias desde la anulación en 2003 de las leyes de amnistía.
El colectivo nació poco después de la gran movilización social contra una sentencia que permitía reducir el tiempo de condena de los represores, el pasado mayo. En esa marcha participó Mariana, la hija de Miguel Etchecolatz, uno de los peores torturadores de la dictadura. En una entrevista posterior, definió como «un monstruo» a su padre y mostró su inquietud por que fuese excarcelado.
Pocos días después, comenzaron a levantarse voces similares, como la de Analía Kalinec, hija de Eduardo Kalinec, alias doctor K, un conocido represor que cumple cadena perpetua. O la de Erika Lederer, hija de Ricardo Lederer, el obstetra que ayudó a parir a varios hijos de desaparecidas y se suicidó en 2012 al ver que le iban a condenar. Algunos decidieron unirse. De la media docena inicial, con el paso de los meses cerca de 50 se han acercado a preguntar y a hablar.
El País