«Estamos en la peor crisis económica de la historia de Chubut». El diagnóstico sobre la realidad política y financiera de la provincia del sur del país se repite en los pasillos de Casa Rosada.
Pero a esta crisis en las cuentas públicas, que incluye una deuda millonaria de 29.000 nillones, un déficit mensual de 500 millones de pesos, estatales en pie de guerra por el cobro fraccionado de los sueldos y movilizaciones con incidentes, hay que sumarle la renuncia de medio gabinete del gobernador Mariano Arcioni y la desintegración política por las denuncias de corrupción que involucran a actuales funcionarios, a ex, a empleados judiciales y empresarios.
El septiembre del año pasado, diputados del Frente para la Victoria (FPV) realizaron una denuncia a raíz de documentación anónima que apareció en la Legislatura provincial sobre supuestas contrataciones irregulares que realizó la gobernación, en el marco de la Ley de Emergencia Climática que se aprobó por la inundación que afectó la ciudad de Comodoro Rivadavia a principios de 2017. Fue la punta del ovillo.
«De un primer análisis de la documentación se advierte que el domicilio de una empresa que había sido contratada coincidía con el domicilio particular de uno de los secretarios de la Unidad Gobernación, de nombre Diego Correa. Por eso, consideramos que se investigaran dos causas en paralelo, en las fiscalías de Trelew y Rawson: irregularidades en la aplicación de la Ley de Emergencia Climática y otra sobre delitos contra la administración pública, a esta se la denomina El Embrujo», explicó a Infobae Jorge Miquelarena, procurador general de Chubut.
En un allanamiento se encontró un libro contable paralelo que da cuenta de movimientos de dinero que van de 8 a 13 millones de pesos por mes durante todo el 2017.
La Justicia investiga, así, un esquema de corrupción y lavado de dinero que tiene a Correa, mano derecha del fallecido ex gobernador de Chubut Mario Das Neves, como protagonista. El funcionario quedó detenido de manera preventiva a principios de marzo de este año; por disposición del juez de garantías Sergio Piñeda, la policía provincial fue a buscarlo a su casa, y también apresó a su mujer, y otras 4 personas, entre ellos un reconocido empresario y otro funcionario de la Unidad Gobernación, Diego Lüters.
Las dos causas mencionadas están siendo investigadas por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, integrada por los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, que durante la investigación recibió una extraña amenaza: «Te vamos a prender fuego la casa», le hicieron saber. El propio Williams, la semana pasada, cuantificó en 200 millones de pesos el monto aproximado del desfalco contra el Estado, de los cuales 24 millones habrían quedado en manos de Correa.
«El Embrujo ya tiene a 7 personas detenidas, a otras personas sospechadas y tiene un ritmo que nos impone medidas todos el tiempo», aseguró Miquelarena, que ya se comunicó con el Procurador General, Eduardo Casal, para solicitarle el apoyo técnico de la Proselac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos).
El Procurador General de Chubut, consultado por Infobae, reconoció que la Justicia investiga un listado de funcionarios actuales y ex funcionarios durante la administración Das Neves, vinculados políticamente al partido Chubut Somos Todos (ChuSoTo). En Casa Rosada siguen el caso con atención: «Es un problema de corrupción súper profundo como se pueden encontrar en otras provincias. La matriz se repite: desvíos en el pago de obra pública y esto pasa, salta, porque Das Neves ya no está», advirtió un funcionario nacional ante la consulta de este medio.
Miquelarena, en tanto, detalló: «En un allanamiento a una de las propiedades de Correa apareció una contabilidad paralela que sería el dinero en negro que ingresaba en la provincia de distintos empresarios, de qué modo se distribuía ese dinero y cómo se gastaba». Y amplió: «Es un libro diario, con una columna de ingresos y egresos. Esta caja negra, que no necesariamente es la única, daba cuenta de importes que van de 8 a 13 millones de pesos por mes, durante todo el 2017».
Una de estas medidas también dispuestas por la Justicia fue la intercepción de los teléfonos del principal acusado y del resto de las personas investigadas. Como resultado de este proceso, el propio Miquelarena realizó una denuncia porque en una de las escuchas, Correa asegura saber que tiene el teléfono intervenido y afirma que al Procurador General «lo tienen apuntado».
«Denuncié algo que sabíamos el 21 de febrero. Surge de las escuchas, en donde Correa asegura que se reúne en Capital Federal durante gran parte del día y, que esa misma tarde habla con su mujer y le cuenta que está recibiendo asesoramiento sobre cómo manejarse ante la crisis. Al día siguiente se comunica con un ex funcionario de Trelew y le dice que sabe quienes son los policías que lo están escuchando», señaló Miquelarena, y agregó: «Uno se da cuenta que ha generado un cimbronazo muy importante en todos lados».
En los últimos días, el caso tuvo más ramificaciones. El juez Piñeda ordenó la semana pasada la detención preventiva de Federico Gatica, un contador vinculado a Correa e investigado por el delito de «lavado de activos en concurso real».
Uno de los socios de Gatica en su estudio contable privado es Mario Glades, el actual contador general de la provincia de Chubut, el encargado de autorizar el pago a los proveedores. Por esa situación, los legisladores del FPV Los diputados Gabriela Dufour, Blas Meza Evans y Alejandra Marcilla, los mismos que realizaron la denuncia inicial, analizan la posibilidad de solicitar un jury contra el funcionario provincial.
DÉFICIT Y DEUDA
Este cimbronazo, como calificó Miquelarena, más las dificultades económicas, complican la gestión de Mariano Arcioni, que asumió el cargo el 1 de noviembre del año pasado, tras la muerte de Mario Das Neves. Del ex gobernador heredó cuentas en rojo, conflictos sindicales, las denuncias de corrupción que la justicia investiga, y debe convivir con allanamientos judiciales todas las semanas en diferentes áreas.
El déficit para poder pagar los sueldos está en el orden de entre los 500 y 600 millones de pesos mensuales. Si se suman los gastos corrientes, el déficit provincial se acercaría a los 1.000 y 1.100 millones por mes, mientras que Chubut recauda entre 1.200 y 1.300 millones, con un compromiso salarial de 1.800, según las estimaciones oficiales.
En menos de cinco meses, renunció medio gabinete. El último funcionario en hacerlo fue el fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, tras hacerse público los audios de las intervenciones telefónicas a Correa. En la escucha, Zapata asesora al funcionario detenido, reivindica a Das Neves y critica al diputado kirchnerista Blas Meza Evans.
Por la delicada situación económica, los gremios que nuclean a los trabajadores estatales anunciaron una serie de medidas de fuerza que comenzaron el mes pasado, con manifestaciones en las principales ciudades de la provincia, como Comodoro Rivadavia, Trelew y Rawson. Es más, en la puerta de la sede del gobierno provincial se registraron incidentes entre trabajadores y las fuerzas de seguridad, y a causa del forcejeo un policía murió producto de un infarto.
Frente a esta situación, Arcioni pasa varios días al mes en Buenos Aires para buscar un salvataje económico por parte de Casa Rosada. A mediados de marzo, logró un acuerdo para la firma de un convenio por el cual el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial prestará 938 millones de pesos para atender necesidades financieras de la provincia.
Según se informó de manera oficial, a través de este acuerdo, la provincia se comprometió a implementar «una política fiscal y un programa financiero que asegure el cumplimiento de las pautas establecidas en el pacto fiscal que propone Casa Rosada». En otras palabras, debió aceptar el pacto fiscal que el presidente Mauricio Macri instó a firmar a todos los gobernadores.
Fuente: Por Patricio Tesei (Infobae).
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