El pedido de auditoría a la SCPL fue el tema principal de tratamiento durante la segunda sesión de abril. Los referentes de los cuatro bloques se expidieron al respecto y argumentaron con precisión el motivo de esta solicitud al Tribunal de Cuentas Municipal que deberá realizar el procedimiento de información económico financiera durante 90 días y enviar informes parciales al Concejo Deliberante en relación a los servicios concesionados por la Municipalidad.
La auditoría solicitada, potestad avalada por el artículo 73, inciso 22 de la Carta Orgánica, comprende la necesidad de información respecto al período de los últimos seis años, concretamente desde el 1 de enero del 2012 al 30 de abril del 2018. Se establece que los resultados parciales de la auditoría serán enviados al Concejo Deliberante a medida que vayan concluyendo, debiendo el primero de ellos ser elevado antes del 1 de agosto de 2018, es decir dentro de los 90 días.
La concejal de Integración Chubut Somos Todos, Norma Contreras advirtió que “esto está abriendo un debate duro pero necesario”. Recordó que cuando se opuso al último incremento tarifario aprobado a la Sociedad Cooperativa, “dije que quería una cooperativa fuerte, con la capacidad operativa que realmente tuvo, pero el apoyo al concepto cooperativo no puede ser por cualquier cosa. No le hacemos ningún favor a la SCPL si avalamos aumentos sin fundamentos. La administración de la SCPL se viene manejando con altísimos niveles de arbitrariedad. No me queda claro cuánto defiende los intereses de los usuarios que pagan sus facturas, ni me queda claro qué pagan los que pagan”.
El concejal Ricardo Gaitán fue uno de los más enérgicos. Comenzó argumento que en esta decisión “primó y reinó entre los 12 concejales la necesidad de llevar un manto de claridad a la hora de tener que definir un monto tarifario”. También cuestionó las declaraciones en conferencia de prensa por parte de Gabriel Tcharián, al decir que “estos últimos días hemos sido objeto de improperios. Considero una falta de respeto las declaraciones del presidente de la SCPL, en donde sistemáticamente culpa a este cuerpo de la situación económica que tiene la SCPL, cuando sistemáticamente este cuerpo le ha planteado a la SCPL que necesitábamos que se abran los números de una entidad que creo que algunos de sus integrantes la toman como propia y es de todos los ciudadanos”. El edil apuntó directamente contra los directivos jerárquicos: “Cuando uno pedía información, se encontraba con actitudes de soberbia de algunos integrantes de la SCPL. ¿Se creen que somos tontos? Particularmente me refiero a Fernando Lebrún, a quien le exigimos permanentemente información y siempre queda algo escondido. ¿Por qué esconden? Si es una cooperativa de todos los habitantes de esta ciudad. Después escuchar versiones de que si no hay tarifa van a tener que privatizar. Ellos mismos están autovaciando la cooperativa”, reprochó duramente. Por último, recordó que “el Concejo es la caja de resonancia del pueblo y la gente está pagando el doble. La SCPL perdió el oído del asociado”.
El presidente del bloque PJ, Guillermo Almirón, aclaró que espera “que la auditoría demuestre que las cosas se estén haciendo bien” y explicó que lo que motiva esta decisión es que “dos años después de la creación del Ente de Control y de la aprobación del nuevo marco de procedimiento de tratamiento de tarifas, la SCPL sigue metiendo todos los servicios en una misma estructura. No se concesiona sepelio; no se concesiona captación, distribución y transporte de agua, porque es un convenio -aunque lo incumple- con la Provincia; ni telefonía e internet. Lo que subyace es que entendemos que muchos servicios no concesionados por la Municipalidad también están escondidos en la estructura de costos de los que sí están concesionados.
Almirón explicó que el año pasado se aprobó un nuevo marco de procedimiento para el tratamiento de las tarifas que no son controladas ni por el poder concedente ni por el concesionario. “Ni la SCPL ni el municipio pueden controlar el valor de la energía -lo fija Nación-, ni el del agua en block -lo fija Provincia- ni las paritarias. El precio luego se traduce en tarifas. Ahora bien, exceptuando el precio de la energía que te viene dado desde Nación, hay que tener en cuenta qué más se incluye en la tarifa: la distribución de energía, porque la SCPL no genera energía, insumos, combustibles, etcétera”. En resumen, el edil puntualizó en “la necesidad de que eso se desglose en la factura y que nos manden cada estructura particular de costos, no toda la estructura de la SCPL que tiene muchos servicios y algunos no son concesionados. Acá no se establecen precios de los servicios, acá se fijan tarifas porque son políticas”.
Desde el bloque Cambiemos, la concejal Cristina Cejas reclamó que “la Cooperativa es de todos y me apena tener que llegar a esto, solicitar al Tribunal de Cuentas que actúe”. Recordó que “en forma personal he enviado varias veces pedidos de informes; en la última solicité que se me informe a qué dirección correspondía la liquidación de sueldos de todo el personal y el gerente de Recursos Humanos contestó que lo hace a través de dicha gerencia pero los empleados no dicen lo mismo”, expresó en referencia a una denuncia que realizaron los propios trabajadores del gremio de Luz y Fuerza cuando los concejales los recibieron la última semana. Para finalizar, la edil puntualizó en el impacto de los aumentos: “Hoy no nos podemos dar el lujo de seguir ahogando a nuestros vecinos con un aumento cuya solicitud no es clara”.
Desde la misma bancada, también se expresaron Pablo Martínez y José Gaspar. El primero planteó que “habíamos dicho en el anterior pedido de aumento que si había tarifa iban a tener que mejorar la calidad del servicio, algo que no sucedió. Hay exigencias de planes de acción que deben desarrollar las prestadoras de los servicios públicos”. Concluyó en que “todo tiene una historia, no es que de la noche a la mañana a este Concejo se le ocurrió realizar una auditoría. Varios de los usuarios reclamaban que ni siquiera en su página web colocan la información”. En tanto Gaspar, recordó que “en la ordenanza 042 del 2013, mediante la cual se prorrogó el contrato con la SCPL, decía claramente que tenía que enviar la estructura de costos y nunca lo hizo”. El Ente de Control también se llevó críticas en su rol: “esto es una falla del Ente de Control de los Servicios Públicos porque debe exigir toda la documentación y ante pedidos de este cuerpo tuvo respuestas que no van”.
El intento de frenar las tarifas
Lo sucedido ayer en el Congreso, en donde se buscaba el tratamiento de proyectos de declaración de Emergencia Tarifaria que finalmente no se pudo dar por falta de quorum, también motivó reflexiones en el Concejo, dando además un marco al no tratamiento de las tarifas a nivel local.
Nicolás Caridi recordó que “hubo varios proyectos, uno de ellos el de Cristina Fernández de Kirchner, pero no era el único: estaba el de Lavagna, muy interesante, que establecía que las tarifas no podían superar el aumento salarial. Es un impacto muy fuerte en todos los municipios. El edil le reclamó a al legislador nacional de Cambiemos al aclarar que “de nuestros cinco diputados nacionales, solo uno no se presentó que fue Gustavo Menna. SI tiene un proyecto superador estaría bien que se hubiese presentado. Una decisión del congreso podría haber impactado favorablemente en la gente”.
Almirón fue más incisivo al expresar que “por fin se despertaron” los diputados porque “los perejiles que tenemos que discutir temas tarifarios en las localidades del interior somos el último eslabón de la cadena”. Advirtió que el intento de frenar las tarifas se da por cuestiones políticas coyunturales: “Estos 6 proyectos que hay es porque se resquebrajó la alianza política, por el efecto que tiene la inflación y las tarifas. Porque la Coalición Cívica y el radicalismo tienen proyectos alternativos. Por eso surge la posibilidad de plantear esto. Porque es insostenible la meta de inflación. El alejamiento de la UCR de la alianza es lo que permite eso”. Además, cuestionó la política energética del gobierno nacional porque “hay una transferencia de recursos a Edenor y a Edesur vía tarifa y no vía subsidio. Cuando era vía subsidio -durante el gobierno anterior- no invertían y ahora tampoco. La transferencia de recursos al sector energético sigue, nada más que ahora la está pagando el usuario que paga el costo del servicio. Nadie niega que había que rever las tarifas por el déficit fiscal, pero no a estos niveles. De los 6 proyectos nacionales, 2 en particular hablan de la reducción impositiva que la hemos pedido 2 millones de veces”.
Obras de reconstrucción después del temporal
En otro orden de cosas, se aprobaron dos convenios en relación a obras prometidas por el gobierno nacional tras la catástrofe climática del 2017. Se trata del convenio de “Colaboración y transferencia suscripto entre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la Secretaría Territorial y Coordinación de Obra Pública del Ministerio del Interior-Obras Públicas y Vivienda en referencia a la 2nda etapa de repavimentación parcial del B° Juan XXIII. El otro proyecto es el convenio entre la Municipalidad y el Ministerio del Interior de la Nación para la obra de infraestructura comunitaria de mejoramiento de hábitat en el barrio Las Américas.
El concejal José Gaspar expresó que “para todos los concejales es una satisfacción estar aprobando estos convenios hoy, porque son compromisos que se asumieron después del temporal. Por un lado, satisfacción y por otro lado bronca porque ya pasó un año y las respuestas aparecen recién ahora. Esto demuestra que de nada sirven los enfrentamientos políticos porque los que pagan los platos rotos son las personas”. Su compañero de bancada, Pablo Martínez también manifestó su beneplácito de que “esté en nuestras manos este proyecto”.
Ingresó el pedido de aumento de tarifa de transporte
Durante la sesión también ingresó y tomó estado parlamentario el proyecto que envió el Poder Ejecutivo solicitando un aumento en la tarifa de transporte público, tanto de la empresa Patagonia Argentina como de Diadema Argentina. El mismo fue enviado a las comisiones de trabajo para ser analizado. Establece un aumento en cuatro tramos desde la aprobación del proyecto hasta enero.
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