Los fiscales que llevan adelante la investigación del Caso Correa, estiman que los «retornos» por la obra pública mientras habrían llegado a más de 240 millones de pesos, calculando que eran entre 8 y 13 millones por mes en cheques de empresas constructoras.
La información se conoció hace pocos días y motivó que más de un empresario de la construcción se presentara por motus propio ante la Justicia.
Algunos habrían declarado ante los fiscales que serían extorsionados por determinados miembros del Gobierno por entonces, para hacer una suerte de aporte.
Ahora, en el Ministerio Público Fiscal evalúan en qué figura judicial pueden encuadrar determinados testimonios, analizando una situación similar a la del «arrepentido» que, para ser considerada, deberá implicar que los datos suministrados sirvan para encontrar más responsables con pruebas contundentes y que no impliquen datos con las que ya cuenta la fiscalía.
MAS DE 250 CHEQUES
En los procedimientos llevados a cabo en torno a la causa, entre la documentación secuestrada aparecen asientos de más de 250 cheques emitidos por firmas de la construcción. Incluso algunos fotocopiados.
La mayoría sería por montos menores a los 50 mil pesos y al portador. Por lo que se pueden cobrar por ventanilla. Ahora se haría el seguimiento de los mismos para determinar quién o quiénes cobraron esos cheques.
Pero también hay otros por montos muy superiores que llegan hasta el millón de pesos. En esos casos, se habría utilizado para cobrarlos a las empresas Dual Core y Sepat, atribuidas al ex subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa.
CITARIAN A PAGANI
En más de una oportunidad los fiscales hicieron mención a que el Ministerio de Infraestructura que conduce Alejandro Pagani, pagaba el alquiler de una vivienda desde donde operaba uno de los integrantes de la presunta banda que conducía Diego Correa.
En principio, Pagani sería citado para explicar por qué un inmueble perteneciente a su área ubicado en Playa Unión, el cual ya fue allanado, era utilizado por Correa como depósito.