Tras diversos procedimientos donde se produjo la detención de dos personas, se llevó adelante una audiencia de control y posteriormente se tomó declaración como anticipo jurisdiccional de prueba, a una de las afectadas en un caso donde se imputa el favorecimiento de la prostitución.
La audiencia tuvo lugar en sala de la oficina judicial, ubicada en el tercer piso de tribunales, con la representación del Ministerio Público Fiscal ejercida por el funcionario de fiscalía Aldo Nizetich y la defensa para las dos personas involucradas de Sergio Rey, aunque posteriormente se hizo cargo Fabián Gabalachis.
El funcionario de fiscalía dio detalles de las diligencias realizadas, a partir de la denuncia efectuada por una mujer en la seccional primera, contando como había llegado a nuestra zona desde Santa Fé y la forma en que fueron alojadas y trasladadas hacia el lugar donde las hacían trabajar. Para el Ministerio Público Fiscal, Alejandro Zamora y María Casataro, sabiendo lo que hacían y con el propósito de favorecer y explotar el ejercicio de la prostitución ajena, conformaron una sociedad en la cuál el hombre procuraba captar a mujeres que voluntariamente decidieran ejercer la prostitución, afrontaba los gastos necesarios para el traslado a esta ciudad, además de los derivados del alojamiento, que llevaba adelante en un domicilio de la calle sarmiento, de su propiedad. Además, propiciaba un lugar ubicado sobre ruta 3, donde actuaba como socio gerente, y allí se llevaba adelante el intercambio de sexo por dinero.
En tanto, Casataro se ocupaba del traslado de las mujeres desde el lugar de alojamiento hasta el local en ruta 3, donde oficiaba como gerente. Llevaba el control de las actividades desplegadas por las afectadas y recaudaba el dinero que percibían a cambio de sus servicios, calculado en un 50 por ciento del total, ganancias que luego eran repartidas con Zamora.
Calificación
La calificación esgrimida por el Ministerio Público Fiscal es la de facilitación de la prostitución en concurso ideal con la explotación de la prostitución ajena en calidad de coautores, de acuerdo a los artículos 125 bis, 127 y 54 del código penal, con una expectativa de pena de cuatro años como mínimo. Se solicitó la apertura de investigación y medida de coerción, quedando a cargo en primera instancia la fiscal general Griselda Encina y luego pasaría a manos de Arnaldo Maza. El doctor Nizetich además detalló los elementos secuestrados en los distintos allanamientos practicados, vinculados con el caso y solicitó otras medidas, entre ellas la realizada posteriormente, basada en la deposición de la denunciante como anticipo jurisdiccional de prueba.
Tres meses
De tal manera, el Juez Sergio Piñeda, quien además había autorizado los procedimientos, resolvió la apertura de investigación por los hechos y la calificación expuesta por la fiscalía, considerando que se da la probabilidad de autoría y existe el peligro de fuga, para imponer la prisión preventiva por el término de tres meses a los dos imputados, mientras se realizan medidas pendientes y solicitadas por los investigadores y otras por parte de la defensa.