La Justicia de Rawson analiza un caso que involucra a una agente policial acusada de presentar un certificado médico presuntamente falso.
La jueza de garantías propone explorar un acuerdo entre fiscalía y defensa para resolver la causa sin necesidad de juicio oral, minimizando costos y el impacto sobre la imputada. Según La17.
Acusación y contexto de la causa
La suboficial identificada como Ch. B. está imputada por el delito de uso de certificado falso en calidad de autora, con una pretensión punitiva de dos años de prisión más las costas del proceso.
El hecho se remonta al 6 de mayo, cuando la agente presentó un certificado médico en la oficina de Sanidad Policial con sus datos personales. El documento fue entregado por un taxista no identificado, lo que despertó sospechas en el procedimiento administrativo.
Al revisar el certificado, el médico de contralor de la Policía detectó irregularidades y confirmó que la firma del profesional figuraba de manera falsa. Esto dio inicio a la denuncia y al proceso judicial que ahora se encuentra en etapa preliminar.
Audiencia preliminar y búsqueda de acuerdo
Durante la audiencia realizada este lunes, la jueza Karina Breckle destacó que aunque el expediente cumple con los requisitos para avanzar hacia un juicio, todavía existe margen para una resolución consensuada.
“Las partes debieron haberse esforzado más para llegar a un acuerdo por una vía más pacífica, menos costosa y con menos perjuicio para la imputada”, expresó la magistrada.
Por la defensa participó el abogado Claudio Fernández, mientras que la fiscalía estuvo representada por la fiscal general Laura Castagno y las funcionarias Agostina Torne y Silvina Barone. Todas manifestaron su disposición a explorar un acuerdo que evite el juicio oral.
Próximos pasos del proceso judicial
El caso continúa en etapa preliminar, a la espera de que la defensa y la fiscalía definan si es posible una salida alternativa o si la causa avanzará hacia el debate público. El objetivo es una resolución más rápida y con menor impacto económico y social, priorizando una solución justa para la imputada.
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