El reclamo para suspender a la Nación que preside Nicolás Maduro del bloque de la OEA es impulsado por siete países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Perú.
En su intervención ante los cancilleres del continente, Faurie remarcó que la crisis en Venezuela constituye “una amenaza para la estabilidad y seguridad regional” y sostuvo que “los países de la región no pueden ser indiferentes frente al sufrimiento de un pueblo hermano”, sino “debemos redoblar los esfuerzos para hacer frente a esta dramática situación”.
“La OEA no puede dejar de abordar la grave crisis que atraviesa Venezuela, tanto político-institucional como humanitaria”, señaló el funcionario argentino, quien consideró que “frente a la ruptura del orden democrático, la OEA tiene un instrumento bien claro: la Carta Democrática Interamericana”.
E insistió: “Debemos defender la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela mediante la aplicación de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos”.
La Asamblea de la OEA (foto) en la capital estadounidense fue presidida en esta ocasión por el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga.
La Argentina, al igual que otros países, desconoce la legitimidad del proceso electoral venezolano del 20 de mayo y cuyo resultado que dio ganador a Maduro, “por no respetar las garantías mínimas de libertad y transparencia”.
“La crisis humanitaria en Venezuela se ha agravado y profundizado de manera alarmante, provocando un éxodo creciente de venezolanos: más de 900.000 han migrado a diferentes países de nuestra región entre 2015 y 2017”, mencionó Faurie.
Las elecciones venezolanas del 20 de mayo, en las que Maduro fue reelecto, fueron desconocidas por Estados Unidos y el Grupo de Lima, integrado por Canadá y trece países latinoamericanos.
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