Un proyecto de ley que ya ingresó a la Cámara de Diputados propone sacarle a la Armada el comando de las operaciones de Búsqueda y Rescate (SAR por las siglas en inglés de Search and Rescue) y pasarlo a manos de la Prefectura Naval Argentina (PNA). De aprobarse, la modificación sería sustancial, ya que, de la órbita del Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, recaería en el de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich. La idea del gobierno de Mauricio Macri sería que en el mar «exista una sola armada como ocurre en los países de la región»; y esto es la Marina, y que Prefectura Naval Argentina (PNA), «se retire cada vez más a la costa, es decir patrullando los ríos y profundizando los controles contra el narcotráfico» que ingresa a nuestro país con fuerza utilizando la Hidrovía Paraná-Paraguay, y los cursos de agua fronterizos en el norte de nuestro país.
La iniciativa se produce en dos momentos claves. El primero, y quizás el más importante, es político y también económico. Fuentes gubernamentales le aseguraron a Infobae que se está elaborando un proyecto -que llevará tiempo- para que la Armada y Prefectura no compartan las mismas tareas, como por ejemplo el combate contra la pesca ilegal que hoy por hoy deberían realizar ambas.
Para la Casa Rosada, este hecho hace que se «dupliquen esfuerzos y presupuesto». En la práctica la mayor presencia de efectivos y recursos, por ejemplo en la denominada «milla 201» corre por cuenta de Prefectura. Sin embargo, la Armada de la República Argentina (ARA) lo reconoce como una actividad propia.
De hecho, el submarino ARA San Juan tenía como una de sus misiones el «control del mar», esto era fotografiar y filmar pesqueros extranjeros que depredan la Zona Económica Exclusiva Argentina, aunque nunca una de esas delicadas tareas derivó en una denuncia judicial.
Como sea, la idea del gobierno de Mauricio Macri sería que en el mar «exista una sola armada como ocurre en los países de la región»; y esto es la Marina, y que Prefectura Naval Argentina (PNA), «se retire cada vez más a la costa, es decir patrullando los ríos y profundizando los controles contra el narcotráfico» que ingresa a nuestro país con fuerza utilizando la Hidrovía Paraná-Paraguay, y los cursos de agua fronterizos en el norte de nuestro país.
De hecho, el Ministerio de Seguridad de la Nación ya adquirió cuatro lanchas rápidas de producción israelí, modelo Shaldag, para la Prefectura Naval Argentina, que serán utilizadas por esa fuerza policial en zonas fronterizas calientes, y que forman parte de un ambicioso plan de protección de fronteras.
Como se ve, cuando de agua se trata, tanto Defensa como Seguridad, intentan ocupar los mayores espacios y preponderancia. El proyecto de gobierno es darle a la Armada tareas específicas propias en momentos en que, por fortuna, la Argentina no tiene hipótesis de conflicto con fuerza navales extranjeras.
Si bien desde gobierno entienden que detrás del proyecto parlamentario que intenta pasar de la Armada a la Prefectura el comando de la Búsqueda y Salvamento, «está la Prefectura», Infobae pudo saber -aunque públicamente se negará- que la iniciativa de los diputados nacionales del Bloque Propuesta Republicana Héctor Antonio Stefani y Antonio José Carambia, contaría con el visto bueno de la ministra Bullrich.
De seguir su curso parlamentario y ser aprobado, la Prefectura no solo tendrá la «actividad operativa como lo viene realizando desde 1981, sino que será la autoridad de aplicación del convenio internacional SAR». Es decir que tendrá la conducción y coordinación plena de los casos de búsqueda y rescate, pasando a ser, así, la Agencia Nacional SAR, según el proyecto.
El segundo momento en que ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados, esto es el 8 de junio pasado, son los siete meses que se cumplieron de la desaparición del ARA San Juan, y del mayor despliegue de un operativo SAR que se produjo en el mar argentino para hallar al submarino y sus 44 tripulantes.
El impactante despliegue contó con la participación de las mayores fuerzas navales del mundo, como la de los Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña.
Las razones
Entre sus fundamentos, el proyecto afirma que mediante la ley 22.445, dictada en 1.979, durante la presidencia de facto del genocida general Jorge Rafael Videla, se aprobó el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento marítimo aprobado en la ciudad alemana de Hamburgo durante la Conferencia Internacional llevada a cabo con el auspicio de la Organización Marítima Internacional (OMI) en la que se dispuso que «la autoridad de aplicación del SAR fuera el Comando en Jefe de la Armada a través de sus organismos competentes, entre los que se encontraba por ese entonces la Prefectura naval Argentina institución especializada en la materia».
Como recuerda el mismo proyecto, el 19 de octubre de 1984, durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, y a través del decreto 3.399 se modificó la «dependencia orgánica» de la PNA y se la pasó de la Armada al ministerio de Defensa desprendiéndola completamente de la órbita militar.
El 14 de diciembre de 2010, a través del decreto 1.993, ya con Cristina Fernández de Kirchner en el poder, Prefectura terminó recalando en el ministerio de Seguridad.
El proyecto no solo se detiene en cuestiones históricas de relevancia y de dependencia de la Prefectura, sino también estadísticas.
Por eso da cuenta que «desde la ratificación del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo en el año 1981 hasta la actualidad, la Prefectura Naval Argentina afectando recursos humanos y materiales propios ha dirigido y resuelto el 99,5 por ciento de los casos suscitados en el país».
El cuadro con ejemplos es contundente. En el año 2014 PNA participó, resolvió y dirigió 500 casos SAR, en 2015 fueron 488 salvamentos y así año tras año hasta llegar a los 171 que se realizaron en los primeros meses de este 2018, contando el actual operativo SAR desplegado en el sur de nuestro país y que intenta dar con los cuerpos de tripulantes del malogrado pesquero Rigel.
En concreto el artículo 1° del proyecto intenta sustituir el artículo 2° de la ley 22.445 para que quede redactado de la siguiente manera: «La autoridad de aplicación del instrumento citado (SAR) en el Artículo 1° será el ministerio de Seguridad a través de la Prefectura Naval Argentina».
El solo ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados ya generó resquemores no solo en el ministerio de Defensa, sino también en la Armada que no quiere resignar, a manos de Prefectura ningún tipo de actividad.
Para que quede claro, el presupuesto de Defensa no contempla ninguna partida especial para las búsquedas y rescates, así que, al menos en este caso, el tironeo no es por dinero.
Solo como ejemplo, cuando el ministro Aguad declaró en la Comisión Bicameral parlamentaria que investiga la desaparición y búsqueda del ARA San Juan, aseguró, ante una pregunta concreta, que se destinaron para el despliegue SAR unos 750 millones de pesos que salieron de las arcas de la Armada y que debería ser compensada.
Infobae
