La Oficina Anticorrupción (OA) intimó al secretario de Modernización, Eduardo Martelli, a que «haga las aclaraciones patrimoniales que estime pertinentes», luego de que una nueva publicación de los Panama Papers revelara que figuró como apoderado y accionista de una sociedad panameña, dueña de propiedades en Punta del Este. El funcionario no lo había informado en su declaración jurada.
El organismo que conduce Laura Alonso abrió una actuación administrativa sobre Martelli, que tiene un plazo de diez días hábiles para responder. Una vez que reciba la respuesta del funcionario,»se analizará y decidirá si se profundiza el análisis», informaron fuentes dela OA
El segundo del Ministerio de Modernización, hombre de confianza del ministro Andrés Ibarra y muy cercano al presidente Mauricio Macri, aparece en un certificado de Cristina Finances SA emitido el 6 de mayo de 2016, como titular del 100% de la acciones. Hasta ese momento, eran al portador por lo cual su verdadero dueño permanecía en el anonimato. Para entonces, hacía ya cuatro meses que Martelli se desempeñaba en el Ejecutivo nacional, luego de acompañar a Macri durante sus dos mandatos como jefe de Gobierno en la Ciudad.
La información se desprende de los nuevos documentos del estudio panameño Mossack Fonseca, compartidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con más de 100 periodistas miembros en todo el mundo. De Argentina, tuvieron acceso exclusivo Infobae, La Nación y Perfil.
Ante la consulta del equipo argentino de ICIJ, Martelli explicó que se trata de «una sociedad familiar de hace 45 años», que recibió junto a sus dos hermanas «como herencia» cuando falleció su madre en 2002, y que solo figuró como accionista «por un día». Lo justificó por «un error administrativo» del estudio uruguayo Damiani que actuó como intermediario, y que al otro día «le cedió» la totalidad de las acciones a su hermana Andrea.
El secretario de Modernización sostuvo que «en el reparto de bienes, Cristina Finances y la casa en Punta del Este que está a su nombre, quedaron para Andrea (Martelli), porque ella vive en Uruguay». Aportó una copia en blanco y negro de un certificado accionario con fecha del día siguiente, 7 de mayo del 2016, en la que titular de las acciones es su hermana. El documento está firmado por un panameño designado por Mossack Fonseca como presidente de la sociedad, que según los registros asumió en ese cargo recién seis meses después. Este hecho, sumado a que el 7 de mayo fue sábado – y el Registro Comercial de Panamá solo abre de lunes a viernes-, hace presumir que el documento pudo haber sido antedatado, algo que es ilegal según las normas del país caribeño.
Plazo para responder
Martelli debe contestar la intimación de la Oficina Anticorrupción dentro de los diez días. Si no responde dentro de ese plazo, se reitera el pedido. «Ante una respuesta no satisfactoria o la falta de respuesta al segundo requerimiento -lo que constituye un indicio-, se inicia una investigación preliminar», informaron desde la OA.
El organismo también puede solicitar la intervención de la AFIP o la Unidad de Información Financiera (UIF), así como la apertura del Anexo reservado de su declaración jurada 2016, previa autorización del ministro de Justicia, Germán Garavano. En el Anexo podría, por ejemplo, figurar si cumplió el rol de director de esa sociedad, ya que los funcionarios están obligados a informar sus antecedentes laborales hasta tres años antes de asumir, para prevenir un posible conflicto de interés.
Según la parte pública de sus declaraciones juradas -que pueden consultarse on line- Martelli declaró para fines de 2016 un patrimonio de casi $ 6 millones, 5,4% más respecto del año anterior. Pero no informó ninguna sociedad, bien o cuenta en el exterior.
«Beneficiario final»
Según surge de los intercambios internos entre Mossack Fonseca y Damiani, el estudio uruguayo solicitó a Panamá en octubre de 2010 la emisión de un poder a favor de Martelli y su hijo Nicolás, en ese momento de 19 años. El poder, que debía ser lo suficientemente amplio como para permitirle «abrir una cuenta en el exterior y todo lo que ello implica», fue renovado en agosto del 2013.
Antes de que ese poder venciera, comenzaron las gestiones entre el bufete panameño y Damiani para que Martelli quedara como titular del 100% de las acciones de Cristina Financies. Los intercambios se extendieron casi tres meses hasta reunir la documentación requerida por Mossack Fonseca. En el medio, el bufete panameño detectó que Martelli había sido nombrado secretario de Modernización y, por ende, se convertía en Persona Política Expuesta (PEP), por lo que pidió más papeles.
En las decenas de mails que intercambiaron, el estudio uruguayo se refería siempre a Martelli como el «accionista» y el «beneficiario final» o «BO» (por «beneficial owner» en inglés). Nunca apareció mencionada su hermana Andrea, ni antes, ni inmediatmente después de la emisión de las acciones en favor de Martelli.
El posible cambio de titularidad -sin identificar al futuro accionista- recién se planteó como una posibilidad a fines de septiembre de 2016, aunque el cambio de agente registrado no permite saber si efectivamente se concretó. Los últimos mails de Mossack Fonseca con Damiani son de diciembre de 2016. El estudio panameño fue reemplazado por Avantgarde Legal.
Según los documentos del Registro Público de Panamá consultados por el equipo argentino de ICIJ, Andrea Martelli asumió formalmente como presidente de Cristina Finances un año y medio después. Así lo refleja el acta del 28 de diciembre de 2017 que informa el cambio de directorio, en el que por primera vez aparece ella como presidente, en lugar de los panameños designados por el bufete de abogados hasta ese momento. Eduardo Martelli no aparece entre las autoridades de la compañía. Ni antes ni luego del cambio de directorio.
Inmuebles en Uruguay
De los intercambios de mails también surge que al tener que informar a qué se dedicaba la empresa, la respuesta de Damiani fue: «Propietaria de Inmuebles en Uruguay».
Ante la consulta del equipo argentino de los Panama Papers, Martelli sostuvo en un primer momento que Cristina Finances solo tenía «una vieja casa de veraneo en Uruguay de unos 200 metros cuadrados» en Punta del Este. Pero en un análisis a fondo de los nuevos documentos de Mossack Fonseca, ICIJ detectó que Cristina Finances fue dueña de más propiedades.
Según una escritura del 14 de septiembre de 2005, Cristina Finances SA vendió seis terrenos vecinos con vista al mar en Punta Ballena, en el departamento de Maldonado, por una cifra millonaria en dólares, debido a la ubicación privilegiada de los lotes.
En el entorno de Martelli confirmaron la información y explicaron que los lotes formaban parte del predio de la casa en el balneario uruguayo, y que una parte de ellos fue puesto a la venta, aunque no precisaron quién debía tributar por esos ingresos al patrimonio familiar.
La omisión maliciosa como funcionario en la declaración jurada es un delito previsto en el artículo 268 (3) del Código Penal, y tiene una pena de prisión de quince días a dos años, e inhabilitación especial perpetua. Más allá de la falta penal, implica una violación a la Ley de Ética Pública, que conlleva un sanción administrativa y/o política, dependiendo del rango del funcionario.
Martelli fue funcionario durante las gestiones de Macri como jefe de Gobierno porteño entre 2008 y 2015, primero como jefe de Gabinete en la Secretaría Legal y Técnica y, luego, como subsecretario de Gestión de Modernización Administrativa. Con la llegada de Macri a la Casa Rosada asumió como el segundo de Ibarra en el Ministerio de Modernización, donde está a cargo de digitalización y el acceso a la documentación pública que maneja el Estado.
Infobae
