El acuerdo de la «probation» no tiene marcha atrás, pero ahora los fiscales elevaron las exigencias en cuanto a la reparación. Analizan «ampliar» los trabajos ofrecidos por los tres empresarios y en algunos casos no descartan solicitar la construcción de dos obras.
La suspensión del juicio a prueba requerida por los empresarios en el marco de la causa por los retornos de la obra pública para conformar una caja negra de la política cambia minuto a minuto.
Las polémicas suscitadas a partir de la «probation» y consecuentemente la reparación ofertada por Patricio Musante (Sudelco S.A.), Esteban Torraca (Edisud S.A.) y Juan Salaberry (Arteco S.A.) genera idas y vueltas en la causa por el presunto pago de coimas.
Una fuente del Ministerio Público Fiscal confirmó a EL CHUBUT que dependiendo la importancia de la empresa «no descartamos solicitar la realización de obras públicas». En la misma senda, agregó que la finalidad «es lograr una verdadera reparación que también sirva como disciplinamiento para que de una vez por todas deje de existir este mecanismo».
Bajo este paradigma, dependiendo «el poder de fuego» de la empresa constructora, el titular deberá realizar una o dos obras para sanear su conducta por el presunto pago de coimas a exfuncionarios de la gestión de Mario Das Neves.
Lo que sí está claro, es que la propuesta efectuada por los tres empresarios no será aceptada y recibirá modificaciones sustanciales. Días atrás, el fiscal Héctor Iturrioz había deslizado la posibilidad de que los empresarios «chicos» concreten obras por un monto «no menor a $ 1 millón», mientras que los denominados «grandes del club de la obra pública», desarrollen infraestructura por cifras que ronden entre los $ 3 millones y los 5 millones de pesos.
El Chubut