Este martes, acusada de ser coautora de lavado de dinero, Cristina Kirchner debe declarar en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, un expediente por el cual el empresario kirchnerista Lázaro Báez lleva preso dos años y medio, acusado de haber blanqueado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013.
La ex Presidenta vuelve a los Tribunales de Comodoro Py para ser indagada por lavado de dinero. No lo hará en cualquier contexto pues sobre ella pesa su sexto procesamiento. Este lunes, el juez Claudio Bonadio la procesó como jefa de la asociación ilícita que se dedicó al cobro de coimas y además, requirió su prisión preventiva.
La de este martes, es la primera vez que Cristina Kirchner debe responder ante la Justicia en esta causa cuyo principal acusado es Báez. Esta instancia ocurre a raíz de una orden dictada por la Cámara Federal porteña que planteó el 31 de agosto, que no se podía excluir de la maniobra a la ex Presidenta por sus lazos comerciales con Báez y por el delito precedente que originó esos fondos que finalizaron en operaciones de blanqueo: la defraudación en la obra pública.
Los lazos comerciales entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez y las operaciones comerciales que los unieron por años, entre ellas los negocios hoteleros y el direccionamiento de obra pública a favor del Grupo Austral, condujeron a la ex presidenta a una nueva instancia de indagatoria en la justicia federal, donde ya acumula seis procesamientos.
Esta causa, que cuenta con 25 imputados, entre ellos Báez y sus cuatro hijos, se encuentra en instancia de juicio oral. El mismo dará comienzo el 30 de octubre, por ahora, sin la presencia de Cristina como procesada, a pesar de que el fiscal Guillermo Marijuan pidió su indagatoria en dos oportunidades.
Sin embargo, en caso de resultar procesada y confirmada la acusación, podría ser incluida en el juicio ya en curso o considerarse una nueva instancia para juzgarla a ella.
Todos los involucrados en esta investigación fueron procesados por “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013, un delito agravado por la habitualidad”. El juez Sebastián Casanello, que instruyó la causa, tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza” por parte de Báez, lo que complicó la situación judicial del empresario K que, hasta entonces, había sido procesado por sacar dinero y reingresarlo al país para blanquearlo.
La última acusación que pesa sobre Báez fue por haber lavado 60 millones de dólares y esto le valió un embargo de 600 millones de dólares: es decir, diez veces la suma de los fondos blanqueados, tal como estipula la ley de Lavado de Dinero.
Según la investigación por la corrupción en la obra pública, Cristina favoreció a Báez con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Fueron, según la investigación, licitaciones “plagadas de irregularidades” donde confluyeron otros agravantes: la mitad de las obras no se terminaron, se les aplicó un sobreprecio del 65% y se armaron pliegos a la medida de Austral Construcciones, entre los puntos más relevantes.
La Sala II de la Cámara federal porteña fue la que determinó que esos flujos millonarios de fondos que recibió el Grupo Austral son el “delito precedente” del lavado, pues parte de ese dinero se volcó al blanqueo ilegal.
No terminó todo allí. Los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens indicaron que una porción de esos fondos fueron derivados al patrimonio de la familia Kirchner a través de otros negocios celebrados con Báez: el alquiler de habitaciones de los hoteles y la administración de los mismos (Hotesur SA) y los contratos de locación celebrados con Los Sauces SA (inmobiliaria de la ex Presidenta). La sumatoria en ambos expedientes donde se investigó el lavado de dinero arroja ingresos a favor de la ex familia presidencial por más de $ 50 millones entre 2009 a 2015.
Según la Sala II de la Cámara, que ordenó la indagatoria a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA), no sólo la base de que el dinero blanqueado por Báez proviene, en parte, de los contratos financiados por el Estado, sino que esto permitió un crecimiento patrimonial del 1.200%, que no respondería exclusivamente a sus bienes sino que podría haber oficiado como un “prestanombre” de la familia Kirchner.
Por estas conexiones comerciales que son investigadas en otras causas, Cristina vuelve a los Tribunales de Comodoro PY después de ser procesada por el juez Claudio Bonadio como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de sobornos. Este martes debe declarar como coautora de las maniobras de lavado que encabezó su socio comercial, Lázaro Báez.
Clarín