A partir de la decisión de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, se debe retomar la investigación por las firmas falsificadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas en Trelew. La Justicia Federal deberá procesar al ex secretario académico Pablo Pugh. Pero además podrían considerar como cómplices al ex rector Alberto Ayape y al ex decano Augusto Ferrari.
Desde fines de 2016 estaba pendiente la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en torno a la determinación del juez federal de Rawson Hugo Sastre, quien había dictado la falta de mérito para Ayape, Ferrari y Pugh. Esto pese a que la Justicia Federal había comprobado la adulteración de firmas de docentes de la facultad para favorecer a algún alumno modificando notas.
Recientemente la Cámara resolvió finalmente «revocar la resolución obrante a fojas 83/85, y dictar el procesamiento de Pablo Alfredo Pugh… en orden al delito de adulteración de documento público en carácter de autor».
El abogado Alfredo Pérez Galimberti, uno de los docentes de la Facultad cuya firma fue falsificada para modificar notas de alumnos, ratificó que la resolución de la Cámara implica que «Pugh ha quedado vinculado a la causa y es necesario seguir adelante con el proceso».
Pero hizo hincapié en que «la repercusión sobre las otras dos personas que estaban imputadas habrá que medirlas, porque obviamente si no hay delito inicial, es imposible que haya encubrimiento. Pero si la Cámara afirma que hay un delito inicial, entonces habrá que pensar de nuevo si es que hay o no hay conductas posteriores que tienden simplemente a apoyar o al menos a no poner de manifiesto la existencia de este hecho original».
En conclusión, según la interpretación de Pérez Galimberti «habrá que medir» la situación de Ayape y Ferrari a partir de «lo que va a suceder con el caso original, que es el caso del doctor Pugh; no ha habido juicio, lo que sucede es que el caso está en etapa preparatoria». Ahora, la causa vuelve al Juzgado Federal de Rawson y «veremos qué es lo que hace el juez Hugo Sastre, que es quien desarrolló la investigación. Si considera que no puede seguir adelante y se desprende del caso y lo pasa al juez Lleral, o sigue adelante y hace caso a lo que le está diciendo el tribunal», explicó Pérez Galimberti.
Por otra parte, explicó que todos los docentes afectados «hemos firmado actas que luego fueron modificadas y suprimidas, no podemos erigirnos como víctimas individuales porque en realidad la víctima aquí en todo caso es el Estado. No nos van a reconocer esa condición», para presentarse en la causa como querellantes.
El Chubut