Julio Cittadini, impulsor del proyecto «Burros Patagones», defendió la legalidad de la faena en el Valle y apuntó contra la parálisis judicial: «Hay un temor a lo mediático». Denunció que recusaron a la fiscal Florencia Gómez.
El debate en torno a las facultades de fiscalización alimentaria abrió un fuerte conflicto de competencias que mantiene frenado el desarrollo de alternativas ganaderas en el territorio chubutense. En diálogo exclusivo con el programa «La Voz de la Meseta» por #LA17, Julio Cittadini, impulsor del innovador proyecto «Burros Patagones», defendió la legalidad de los procedimientos ejecutados en el Valle del Chubut y aseguró que la comercialización tiene un encuadre estrictamente provincial.
“Nosotros hicimos la solicitud de habilitación de un matadero para el faenamiento de los burros a nivel provincial, como corresponde y para tránsito provincial. Entonces, eso se define exclusivamente en la provincia”, puntualizó Cittadini, quien detalló que el circuito comercial se estructuró bajo las exigencias y un protocolo riguroso de prueba piloto del Ministerio de la Producción de Chubut.
Controles locales y antecedentes nacionales
El productor recordó que la salida al mercado del producto incluyó la fiscalización de las dependencias municipales antes de habilitar la venta al público. Personal del área de bromatología supervisó las tareas desarrolladas en las instalaciones del Frigorífico General San Martín, liberando posteriormente las partidas de carne para su venta al mostrador y para una degustación gastronómica que se realizó en la ciudad de Trelew.
Cittadini argumentó que existen claros antecedentes vigentes en el país: «Culturas productivas del litoral y del norte argentino sostienen la faena y comercialización de especies como el búfalo, la llama y el guanaco mediante habilitaciones provinciales, a pesar de que ninguno de estos tres productos se encuentra incorporado formalmente en el Código Alimentario Argentino. Y sin embargo, es legal su distribución dentro de cada jurisdicción», remarcó.
Denuncias de «hipocresía» y recusación a la fiscal
La firma promotora del proyecto lamentó que el expediente se encuentre congelado por una supuesta cautela excesiva de los funcionarios ante las repercusiones en redes sociales. “Yo estoy convencido de que hay un temor a lo mediático. Pero acá lo que hay que ver es la ley y las reglamentaciones vigentes», enfatizó el productor, quien además denunció una paradoja jurídica: “A mí no se me ha notificado de absolutamente nada. Yo no tengo conocimiento oficial del expediente”.
Por otro lado, tildó de «hipocresía» las trabas para el mercado local en comparación con el circuito exportador supervisado por Senasa: «Se acepta que el burro se faene para exportación y no se acepta que se faene para consumo interno. Es una incoherencia; el faenamiento es legal”.
Finalmente, el empresario confirmó que recusaron formalmente a la fiscal Florencia Gómez, argumentando que sus intervenciones y la inclusión de 20 organizaciones no gubernamentales foráneas en el expediente responden a motivaciones particulares antes que a evaluar impactos reales. Aseguró que las acusaciones de maltrato o afectación ecológica carecen de sustento material y que la actividad se encuadra dentro de los parámetros aplicados a cualquier ganado doméstico tradicional.