El juez federal de Comodoro Rivadavia, Enrique Guanziroli, pidió la detención de 14 condenados por integrar una banda narco que operaba en Trelew, Puerto Madryn y Comodoro. Habían sido sentenciados en abril de 2017 pero la pena quedó firme tras la confirmación de la Cámara de Casación Penal.
La orden ya se cumplió con Pablo Gabriel “Gaby” García, Gustavo Baltazar “Junior” Colil, Martín Sergio Ocampo y Walter Alberto “Pelo Duro” Torres. Algunos se entregaron y otros fueron capturados por la Policía.
Los diez que restan son Armando Segundo Enrique Tombesi, Beatriz Margarita “Betty” Ulloa, Néstor Eladio “Medio Pollo” Rojas, Hugo Orlando Villagra, Alejandro Rogelio “Tití” Silveira, Paola Andrea Vázquez, Silvia Rosa Seguel, Ramón “Rama” Vicencio, Inés Almandos “La Turca” Almonacid y César David “Colla” Siuffi.
La organización, compuesta en total por 19 personas, vendía cocaína y recibían hasta motos y autos en buen estado y sin deudas como pago. También actuaban en Río Negro y Santa Cruz. La primera condena fue del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.
La investigación se concentró entre enero del 2011 y abril del 2012, con cientos de conversaciones telefónicas interceptadas desde Villa Regina hasta Puerto Madryn, Trelew, Comodoro, Rada Tilly y Caleta Olivia.
El estupefaciente llegaba del norte del país. La banda guardaba, fraccionaba y transportaba la droga en su circuito comercial en esas ciudades.
La causa comenzó por una denuncia anónima en la División Especial de Investigaciones Policiales de Trelew, que acusó a una pareja de vender estupefacientes en su domicilio de Pedro Derbes al 200.
Se detectó un “grupo cerrado”, pues la venta no se daba por típicos pasamanos o en la vía pública, sino que por contacto de conocidos, para entregarles la droga en delivery. Se observó tráfico al menudeo y en “kioscos”. Se revelaron ramificaciones con otros sujetos de prontuario y en otras provincias. Incluso hubo allanamientos frustrados porque la data de los operativos se filtró a los investigados.
Se descubrieron contactos en Fortín Dragones, Salta; y en Cipolletti, General Roca, Lamarque y Las Grutas.
Según el fallo, los involucrados ocultaban la droga enterrándola, depositándola en casa de gente sin antecedentes y moviéndola en vehículos precedido por otro que detectaba y avisaba los controles policiales. “Lo verdaderamente sorprendente no fue no hallar estupefacientes o pocos, sino justamente lo contrario, es decir encontrarlos”.
El grupo sólo negociaba con personas de su entorno con arreglos telefónicos y mensajes de texto. Por eso los frecuentes cambios de chips de los investigados. “Hubo un plan racional y encubierto destinado a lograr ganancias en las ciudades patagónicas de su aplicación, incluso en especie, que a veces se derivaron a otros lugares”, escribieron en la condena original los jueces Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Cabrera.
Los celulares se usaban y se tiraban, y la droga se guardaba fraccionada para venderla rápido en dosis aptas. El circuito incluyó “sitios de discreción para sus encuentros, cercanos al lugar de expendio, ya que en este tipo de transacciones se abona al contado, aunque la sagacidad de los involucrados admitió el pago en especie, -rodados- como la mejor modalidad para pasar desapercibidos y asegurar sus ganancias”. Algunos escondían las sustancias, otros la preparaban para el expendio y traslado seguros, y otros cobraban.
Por confabulación habían sido condenados Néstor “Caíto” Ferraro y Gustavo Colil a dos años de prisión. Por comercio agravado, César Grosso, Juan “Momia” Almandos Almonacid y Marcelo “Manzanita” Villagra a tres años de prisión y Paola Vázquez, a cuatro años de prisión.
Walter Torres, Martín Sergio Ocampo y Ramón Vicencio fueron sentenciados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a cuatro años de prisión. Eladio Rojas a cinco años de prisión y Silvia Seguel, 4 años y 6 meses de prisión, ambos por comercio de droga.
Por comercio agravado fueron condenados Walter Rodríguez, a siete años de prisión; Beatriz Ulloa a seis años; Hugo Villagra a siete años y el expolicía Alejandro Silveira a seis años de prisión.
También por comercio agravado, en 2017 Pablo García, Armando Tombessi y César Siuffi fueron sentenciados a 6 años de prisión y a Inés Almandos “La Turca” Almonacid a 6 años y 6 meses de prisión.
Para quienes se cumpla el pedido de detención se hará el cómputo de pena para descontar el tiempo que ya estuvieron en prisión preventiva o, si sus condenas son bajas, gozar de la libertad condicional.
La causa tenía otros dos involucrados que fueron asesinados con dos días de diferencia: Marcelo Roque Grosso fue acribillado por un encapuchado en Catriel el 1º de mayo de 2015, y a Diego Monsalves lo mató en Trelew Alejandro “El Gordo” Jara, el 3 de mayo del mismo año.
Diario Jornada