En el año 2005 Eduardo Chemín era un joven oficial de servicio en la Comisaría de Rawson. Uno de sus superiores en la prevención del delito en la capital provincial, era el entonces comisario Juan Carlos Rossi, a cargo del Área Operaciones. Trece años después, a principios de diciembre pasado, a Chemín le tocó colocarle las esposas y decirle a Rossi que debía detenerlo por estar involucrado en una estafa con terrenos a asociados de la Mutual Policial del Chubut que presidía.
“Debo reconocer que la situación que debí enfrentar fue difícil. Por el solo hecho de ser un superior jerárquico uno construye una imagen profesional y personal. Pero esa imagen fue variando a medida que me adentré cada vez más en la investigación”, expresó Chemín que por estar al frente de la Brigada de Investigaciones de Trelew comenzó a investigar al presidente de la Mutual Policila del Chubut y a su tesorero Leonardo Quilaleo.
En soledad, en octubre pasado, dio continuidad a la investigación que siete meses antes habían iniciado otros tres ex policías provinciales que ahora integran la Unidad Anticorrupción creada por el procurador Jorge Miquelarena. El objetivo de las pesquisas: cotejar el estado patrimonial de Rossi y Quilaleo con la situación financiera de la Mutual en donde la mitad de los cheques que emitía eran rechazados. La investigación se centró en la realización de un relevamiento de las propiedades de los dos imputados. Vehículos, inmuebles y viajes al exterior de ambos en los últimos, años fueron investigados por Chemín.
Los domicilios de ambos imputados fueron allanados sin grandes resultados para la investigación. Pero la Mutual Policial fue allanada tres veces. En la segunda oportunidad, a las 8.30 de la mañana del 5 de diciembre pasado, Rossi y Quilaleo fueron detenidos. Estaban en sus respectivas oficinas en la sede de la mutual en la calle Rivadavia, en Rawson, a menos de una cuadra de la ex Jefatura de la Policía provincial. Los dos imputados se resignaron ante el procedimiento. Sabían que estaban siendo investigados. Rossi se mostró además muy calmo.
En el lugar se secuestraron además los dos autos de ambos, el Toyota Corolla de Rossi y el Renault Captur de Quilaleo. También la comisión enviada por la fiscal general Silvia Pereira se llevó, además de documentación, un revólver calibre 38 con todas sus balas que pertenecía a Rossi y que luego se supo, le había entregado la institución al momento de retirarse.
También cargaron en una camioneta cinco computadoras y la notebock personal de Rossi. Entre la documentación se secuestraron dos mails impresos en donde los imputados le pedían a dos inmobiliarias de la zona que cotice terrenos que, mediante la presunta falsificación de una firma, la Mutual Policial se había hecho como propios y que en realidad pertenecen al Instituto de Seguridad Social de la provincia. El objetivo era el de determinar un precio a fin de venderlo a un comerciante de origen chino, operación que se concretó en unos 175.000 dólares.
Pero además otros terrenos fueron vendidos a socios de la Mutual Policial, en su mayoría policías que confiaron en sus autoridades para así poder contar con el lugar donde levantar su vivienda propia. Muchos de ellos a lo largo de su carrera, también fueron compañeros de trabajo de Chemín. Igual que en el año 2005 cuando su destino laboral coincidió con el de Rossi.
“Como policía mi respeto a mis superiores es para siempre, estén en actividad o se hayan retirado. La decisión de investigar a Rossi y luego de detenerlo, lo superé cuando tuve en cuenta a las víctimas de las estafas. También son compañeros míos de trabajo, policías con sueldos que no son muy buenos y que pagaron los terrenos con mucho esfuerzo. Y resulta que ahora no tienen ni la plata que abonaron ni los terrenos para construir sus casas. Esto fue lo que me motivó a desarrollar la investigación”.
Al día siguiente de las detenciones el juez Fabio Monti abrió la investigación y dispuso el arresto domiciliario de los comisarios (RE) Juan Carlos Rossi y Leonardo Quilaleo, presidente y tesorero respectivamente del Círculo Mutual y Policial del Chubut por el delito de fraude a la administración pública en concurso real en la modalidad de delito continuado, por la venta ilegal de terrenos de la obra social SEROS mediante documentación adulterada.
La investigación también se abrió en contra de la tesorera de la entidad Mónica Weiberger y en contra del escribano Pablo Fossatti por avalar la falsificación de una firma a fin de poder llevar adelante el ilícito que se investiga.
