Manuel Vázquez declaró que ofició como nexo entre el dueño de IECSA y el ex secretario de Transporte kirchnerista por el negocio del soterramiento del tren Sarmiento. Sostuvo que se pagaron coimas por 20 millones de dólares.
Manuel Vázquez, el testaferro de Ricardo Jaime, se arrepentió ante el fiscal Franco Picardi en el caso del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y, según indicaron a Infobae fuentes judiciales, apuntó contra Angelo Calcaterra, a quien sindicó como el gestor del millonario negocio junto al ex secretario de Transporte kirchnerista. Vázquez señaló a Calcaterra como quien le propuso a Jaime el proyecto del soterramiento.
Según el testimonio de Vázquez, Jaime pidió 5 millones de dólares para empezar a hablar y después para que la empresa IECSA confeccionara el pliego de licitación a su medida exigió otros 15 millones de dólares. Es decir que el ex secretario de Transporte habría cobrado unos 20 millones de dólares de coimas en efectivo.
Como imputado-colaborador, el asesor de Jaime reconoció haber sido un intermediario y confesó haber cobrado dinero que le dio Jaime por la gestión que hizo para que la empresa IECSA de Calcaterra se quedara con el millonario negocio. Aseguró Vázquez que parte del dinero que Jaime le dio por ese negociado lo repartió con ex funcionarios del ministerio de Planifiación para acelerar el expediente.
Según la declaración de Vázquez, Calcaterra y su mano derecha, Javier Sánchez Caballero, se acercaron a él para contactar a Jaime y así quedarse con el negocio del soterramiento. Vázquez también explicó que Jaime se jactaba de hablar de este negocio directamente con su amigo Néstor Kirchner, quien por entonces era presidente de la Nación. No reportó-siempre según Vázquez- en este caso a Julio De Vido, ministro de Planificación de donde dependía la secretaría de Transporte.
El acuerdo de colaboración entre Vázquez y Picardi aún no fue homologado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien investiga si existieron coimas en el marco de la licitación que ganó la brasileña Odebrecht y sus socios locales, entre ellos la empresa IECSA.
Cuando le tocó declarar en indagatoria, Calcaterra, ex dueño de la constructora IECSA, negó las acusaciones en su contra y aseguró que la compañía que dirige no pagó coimas. «Si lo hizo Odebrecht fue por su cuenta», añadió. «La obra del soterramiento del Sarmiento no fue ilegal. Si hubo irregularidades fueron faltas administrativas, no delitos», había agregado en su momento.
Vázquez está a punto de comenzar a ser juzgado, junto a Jaime y otros implicados, por una megacausa en donde se ventilarán el enriquecimiento ilícito y la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Vázquez había sido arrestado junto a Jaime en abril de 2016, aunque por cuestiones de salud cumple prisión domiliciaria. Este sospechoso está en casi todos los casos judiciales en los que fue imputado Jaime. Se lo señala como testaferro y hacedor de negocios sucios de quien fuera el secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner.
Infobae reveló que la familia Vázquez aparecía complicada en la causa del soterramiento: sus hijos Julián y Mariano figuran en el estatuto original de la firma CAESA, empresa que les facturó durante años a muchas de las compañías que hicieron negocios a partir de decisiones de Jaime, entre las que estaban las del soterramiento. Sus hijos Julián y Mariano y sus esposa Marta Margarita Domínguez fueron indagados en esta causa. Esa situación llevó a Vázquez a arrepentirse.
Se sospecha que los desembolsos de IECSA y COMSA a CAESA fueron la antesala de las millonarias coimas que Odebrecht admitió en Brasil haber pagado a funcionarios del kirchnerismo para obtener el negocio.
Según fuentes judiciales, la versión de Vázquez coincide con la información que se acumuló en Brasil en el caso Lava Jato. Allí se estableció que los negocios eran conseguidos por socios locales para que luego llegara Odebrecht.
Ante la consulta de Infobae desde el entorno del empresario Calcaterra negaron la versión sostenida por Vázquez. Señalaron que con la consultora de Vázquez IECSA tuvo una facturación de unos 300.000 pesos. Aseguraron que la declaración del testaferro de Jaime forma parte «de la campaña electoral para las presidenciales de octubre».
Infobae