La Argentina pidió un waiver -un perdón- ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a «la falta de información» sobre las metas fiscales tras la última auditoría que realizó el equipo técnico del organismo multilateral sobre las cuentas argentinas semanas atrás.
Ese pedido por el aplazamientos en la entrega de datos fiscales, junto a un posible cambio de metas trimestrales, será tratado el próximo viernes durante la reunión del board del Fondo en la que se decidirá además si se aprueba o no el staff report sobre el país y el desembolso de más de US$10.800 millones, el más importante del Stand By- Agreement con el país.
«La tercera revisión en virtud del Acuerdo Stand-By, solicitud de exenciones (waiver) de la aplicabilidad de los criterios de rendimiento, revisión de garantías de financiamiento y solicitud de modificación de los criterios de rendimiento», enumeró el Fondo Monetario en su agenda del 5 de abril sobre los puntos a discutir sobre la situación de la Argentina.
Según aclararon en el Ministerio de Hacienda a LA NACION, el pedido argentino se debe a «cuestiones puramente técnicas» y a la «falta de algunos datos» reclamados por el organismo sobre las metas fiscales del cuarto trimestre de 2018 (las que debían revisarse, según la tercera auditoría) y del primero de 2019 que exigió ver el FMI en febrero pasado. Cerca del ministro Nicolás Dujovne aclararon que algunos de esos datos no estaban disponibles al momento de la vista del FMI y se pidió un aplazamiento para presentarlos.
Los funcionarios que tratan con el FMI detallaron que la tercera auditoría iba a realizarse en marzo y terminó siendo en abril. Ese «atraso» determinó -esgrimieron- que el organismo revisara también datos del primer trimestre y no sólo los números a diciembre de 2018. Debido a que esos números fiscales al 31 de marzo aún no estaban aún disponibles, el Gobierno debió pedir el » waiver de aplicabilidad técnica», señalaron desde Hacienda.
Sin embargo, allí admitieron que algunas metas fiscales trimestrales podrían llegar a cambiar por «la debilidad de la recaudación», pero no la anual, que establece un déficit cero (que, en rigor, es de un rojo primario de 0,5% del producto bruto interno). La definición se conocerá el próximo viernes con la publicación del staff report por parte del board del Fondo.
Desde fin de año pasado, la recaudación muestra signos de mayor debilidad a la esperada por Hacienda y por el equipo del italiano Roberto Cardarelli, pese al superávit del primer semestre. Por caso, en marzo, la recaudación creció 37,3% y se ubicó por debajo de la inflación por quinto mes consecutivo. Para ese mes, incluso en Hacienda, se esperaba un mayor rojo en las cuentas públicas por el pago de actualizaciones de haberes y asignaciones (el Gobierno anunció un alza de 46% de la AUH a comienzos de marzo).
A fines del mes pasado, ya había dudas entre los economistas sobre el frente fiscal ante los flojos datos de la recaudación tributaria y particularmente sobre el bajo monto recolectado por retenciones. La polémica creció con el último comunicado del FMI en el que se reclamó mayor ajuste sobre las cuentas fiscales, particularmente una «mayor restricción en el gasto».
«Las autoridades han cumplido con su objetivo de déficit primario de 2018, demostrando determinación en la eliminación de la vulnerabilidad asociada con el desequilibrio fiscal de Argentina. Lograr un déficit primario cero en 2019 requerirá una mayor restricción en el gasto gubernamental. Estos esfuerzos colocarán a la deuda de Argentina en relación al PIB en un camino decisivo a la baja. Será fundamental que los programas de gasto social de alto impacto se conserven durante este año y más allá», afirmó el FMI en su comunicado del 18 de marzo.
La débil actividad económica y la alta inflación están teniendo impacto. En este contexto, apoyamos firmemente los esfuerzos de las autoridades para mitigar el impacto social de las políticas de estabilización necesarias, incluso a través de aumentos recientemente anunciados en el gasto social (que se ajustarán al programa a través de un aumento en el gasto de asistencia social de 0.2 a 0.3 por ciento de PIB)», señaló entonces.
La Nación