El 12 de junio de 2014 se sancionó la Ley 527 declarando de utilidad pública los bienes de la empresa Alpesca, tras un largo conflicto con el personal, que reclamaba el pago de los haberes adeudados por Omar Segundo, quien en ese entonces era el propietario de la mencionada firma.
A partir de esto, el Juzgado Civil y Comercial a cargo de la jueza María Laura Eroles se hizo cargo del expediente que aún se tramita sin solución.
Se declararon de utilidad pública la planta que se ubica en el Parque Pesquero y los buques de la flota, y el gobierno, en ese entonces encabezado por Martín Buzzi comenzaron a buscarle “una novia” a Alpesca.
La novia llegó tiempo después, con la empresa Red Chamber, a quien la provincia le alquiló la planta, pero en medio habían “pasado cosas” como un feroz temporal que dejó a gran parte de la flota de buques varados en la costa, inservibles, otro amarrado en muelle con daños y dos abandonados en el puerto de Mar del Plata.
Ventas extrañas
Además, hubo una serie de maniobras como mínimo extrañas, con una supuesta venta de las acciones de Alpesca SA y de AP Holding a Federico Otero y su madre Rosa Chico, que posteriormente la Justicia comprobó que era una venta ficticia por parte de Omar Segundo, su hijo Paulo y Otero y su madre. Curiosamente por esto el único que no fue condenado fue Omar Segundo.
También hubo una supuesta venta de acciones de Otero a Renato Aleua, que forma parte del expediente penal, ya que en medio hubo una nueva elaboración de libros contables y de directorio.
Durante años, la Justicia civil tuvo el expediente parado, ya que no se sabía a ciencia cierta quien era el dueño de Alpesca, a quien habría que pagarle la indemnización una vez resuelta la expropiación, sin embargo, a punto de cumplir cinco años, el expediente civil sigue sin resolverse.
Emergencia económica
Mientras tanto, al decretar la emergencia económica el gobierno provincial, dejó previsión presupuestaria en caso de que saliere durante este 2019 la expropiación, cuyo monto ha quedado desactualizado en medio de tantas devaluaciones producidas en los últimos tres años por el Gobierno Nacional, lo que será motivo de discusión.
Mientras se defiende Segundo de una condena a nueve años de prisión por narcotráfico, que ya fue confirmada en dos instancias judiciales, a su vez espera cobrar un monto millonario por la expropiación.
El Chubut
